Les jueces del papa

 

Dos noticias publicadas en los diarios de mayor circulación del país me sorprendieron y pusieron en estado de alerta.

El diario La Nación del miércoles último tituló una de ellas Un grupo de jueces conforma un foro bajo la guía del Papa, y comienza haciendo referencia a la “Justicia franciscana” en el sentido de una Justicia con carácter más social que es impulsada por el papa Francisco, relatando que  tuvo su presentación formal en nuestro país frente a decenas de jueces y de referentes del derecho. Estuvieron desde el maestro Raúl Zaffaroni –quien participó entre el público en primera fila—, hasta la jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weimberg de Roca, quien fue propuesta por el actual gobierno –a partir de conocer a Macri en el gimnasio— para ocupar el lugar de la perseguida Alejandra Gils Carbó en la Procuración General. La pluralidad de participantes se manifestó también en los oradores del evento, por un lado el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo, el ex Procurador del Tesoro de la Nación Carlos Balbín –designado y echado por Macri— y el juez porteño Roberto Gallardo, reconocido por el dictado de sentencias en defensa de los usuarios, trabajadores y sindicatos y bastante cuestionado por el gobierno porteño. Gallardo, afirma la noticia, fue nombrado presidente del Comité Panamericano de esta iniciativa. La actividad incluyó la lectura de un correo electrónico que había enviado Bergoglio y se afirmó que el foro de magistradxs tiene como eje la encíclica Laudato si, que pone el foco en los derechos sociales y el respeto por los recursos naturales.

Se trata de una convocatoria realizada por el papa para repensar el derecho y tuvo su origen en una primera cumbre realizada en el Vaticano en la que asistieron jueces y juezas de distintos países de la región. El cierre del encuentro, que se realizó en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estuvo a cargo de Balbín, quien expresó que “no convocamos a los jueces por su ideología, sino para que contribuyan a un país más igualitario".

Ese mismo día, el diario Clarín publicó una nota sobre la presentación de un documento de la Conferencia Episcopal, titulada Dura crítica de la Iglesia contra la 'ideología de género' y el aborto. Según aquel documento, que lleva el nombre El dios de la vida y del amor humano y que fue presentado por el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Oscar Ojea junto con el obispo Pedro Laxague, la Iglesia Católica sostiene que la ideología de género es una negación de la realidad porque niega la diferencia y reciprocidad natural entre la mujer y el varón. Asimismo, ese texto condena el aborto y las prácticas anticonceptivas, la degradación de los vínculos interpersonales y la violencia doméstica, especialmente contra la mujer, las adicciones a las drogas y a la pornografía, la indiferencia – todas ellas de modo sucesivo. Continúa afirmando que a esto se suma la desorientación antropológica que tiende a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico cultural, estructurándose como pensamiento único y clausurado a un diálogo abierto y plural y, por tanto, excluyendo al encuentro.

La lectura de ambas noticias me causó un fuerte impacto, primero por mi condición de trabajadora del derecho, docente de la Universidad de Buenos Aires y militante feminista. Como primera cuestión, a esta altura no se puede desconocer la historia de los movimientos de expansión religiosa protagonizados por el cristianismo, tanto en la época medieval como en la era de la colonia. Actualmente, a pesar de la expresa separación de la religión y el derecho, nos encontramos con una intromisión de la Iglesia Católica en el ámbito jurídico, lugar que pasa a ser un terreno de disputa, tanto para instalar ciertas interpretaciones jurídicas, para legitimar algunas reivindicaciones y, sobre todo, para obtener una eficacia simbólica del derecho. Un claro ejemplo de ello es la criminalización del aborto en nuestro país y la formulación de un discurso jurídico y de control sobre las mujeres, pero especialmente sobre nuestros cuerpos.

Sumado a esto, la idea de que una doctrina jurídica papal esté pensada y dirigida centralmente a magistrados y magistradas de nuestra región es aún más preocupante en razón de que nos encontramos en un momento de gran debilidad de los Estados nacionales y de los principios republicanos, lo que justamente facilita la inclusión de acciones más potentes de intereses parciales como este.

Llama la atención el discurso de la iglesia católica en cuanto a que la, por ellos denominada, ideología de género se estructura “como pensamiento único y clausurado a un diálogo abierto y plural y, por tanto, excluyendo el encuentro”, cuando es por todos sabido que el catolicismo —al igual que todas los cultos monoteístas— es una religión monopólica denominada de superioridad moral, en cuanto pretende controlar con exclusividad el discurso del bien y de la redención. Tal como señala Rita Segato, “la retórica de estas religiones se alimenta de un discurso de superioridad moral y afirma la cohesión del grupo precisamente en los signos de 'moralidad' exhibidos por sus miembros y, en especial, en el control de los cuerpos de sus mujeres”. (La Nación y sus Otros, pág. 344.)

Dicho esto, mi preocupación es la militancia de una doctrina iusnaturalista de carácter social, que emana desde el máximo líder de una de las religiones que ha sido fundamental para el sostenimiento y la producción de normas que oprimieron y subordinaron –y aún lo siguen haciendo— a las mujeres. Que aquella doctrina busque influir y adoctrinar a los jueces y juezas de las más variadas ideologías y posicionamientos políticos, solo agrava aún más mi sana y fundada preocupación.

Frente al naufragio de la vida común, de la pluralidad de voces, miradas y matices, de la violencia como pulsión vincular de nuestros tiempos, que además de tenernos como víctimas privilegiadas a las mujeres y a las diferentes identidades sexo afectivas incuba otras formas de violencia y crueldad, debemos aquellas mujeres trabajadoras del derecho pensar críticamente nuestra práctica diaria, elaborar marcos teóricos contra-hegemónicos, feministas y plurales, no permitir que en los ámbitos académicos ni de la administración de justicia se desdibujen las líneas delimitadoras entre el derecho y la religión/moral, para no ser cómplices de la violencia que produce y reproduce el derecho –en particular el sistema penal— en relación a las mujeres y las diversas identidades sexo afectivas.

 

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