Las venas abiertas de la energía
Las compañías energéticas tuvieron ganancias de casi 6.000 millones de dólares en los últimos dos años
El perito experto de sendas energéticas en sus demandas contra la Argentina ante el CIADI, luego Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria con Aranguren hasta enero de 2018, y desde entonces titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Andrés Chambouleyron, escribió en el diario La Nación en junio de 2007: “Las tarifas de los servicios públicos deben reflejar el costo económico de la prestación de esos servicios, incluyendo la inversión y una rentabilidad sobre ella. Un ajuste de tarifas reducirá el ritmo de crecimiento de la demanda y les permitirá a las compañías invertir en la expansión de las redes y evitar problemas de desabastecimiento en el mediano plazo". Visionario... con el ajuste. Una vez apoderadas del Ejecutivo, las empresas y la oligarquía energética desplomaron la demanda, redujeron drásticamente las inversiones y desregularon el sector. Las productoras, generadoras, transportistas y distribuidoras, mediante la tarifa y los precios del gas y los combustibles, acumulan ejercicio tras ejercicio ganancias abusivas y confiscatorias, apropiándose de la renta energética nacional y contribuyendo así al desmantelamiento del mercado interno y a la desindustrialización —deliberados objetivos del régimen neoliberal—, el empobrecimiento masivo del pueblo argentino y la descapitalización del país. El presente trabajo se concentra precisamente en la cuestión de la renta energética como punto de partida del debate tarifario.
Debajo, la misma tabla pero con los resultados integrales netos (ganancia neta):
Ganancias operativas (2017 y 2018) y dividendos (2018 a abril de 2019)
Detalles de la tabla precedente para cada una de las empresas seleccionadas. Resulta crucial mencionar que son los resultados operativos los que permiten mensurar, en el caso de las licenciatarias, el impacto del incremento tarifario en las ganancias por prestar el servicio público, como el incremento de los precios del gas en boca de pozo en las ganancias derivadas de la comercialización del gas natural, para el caso de las productoras. (2)
- Pampa Energía: nave insignia de Marcelo Mindlin. Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 35.464 millones; en dólares, 1.255 millones. No repartió dividendos en 2018 ni en lo que va de 2019.
- Central Puerto: nave insignia de Nicolás Caputo. Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 33.607 millones; en dólares, 969 millones. Esta empresa, además, repartió dividendos en 2018 por 1.417 millones de pesos (49 millones de dólares).
- Transener: co-controlada entre Pampa Energía y IESA (ex ENARSA). Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 8.766 millones; en dólares, 339 millones. Repartió dividendos entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 por 4.964 millones de pesos (135 millones de dólares).
- TGS: co-controlada por Pampa Energía; participan como accionistas minoritarios los grupos económicos de las familias Sielecki y Werthein. Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 18.973 millones; en dólares, 647 millones. Repartió dividendos en abril de 2019 por 7.182 millones de pesos (168 millones de dólares).
- TGN: co-controlada por Techint (a través de Tecpetrol) y CGC (Eduardo Eurnekian). Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 5.821 millones; en dólares, 203 millones. Repartió dividendos en abril de 2019 por 2.378 millones de pesos (56 millones de dólares).
- Edenor: controlada por Pampa Energía. Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 6.435 millones; en dólares, 250 millones.
- EDEN, EDES, EDELAP, EDEA (Grupo DESA): Controladas por Rogelio Pagano, entre otros. Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 10.498 millones; en dólares, 346 millones.
- Gas Ban: controlada por Naturgy (española). Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 4.223 millones; en dólares, 139 millones. Reservó al pago de dividendos futuros, según lo dispuesto en la Asamblea General Ordinaria del 26 de abril, 1.324 millones de pesos (31 millones de dólares).
- Camuzzi Pampeana: controlada por Macfarlane y Britos. Ganancia acumulada en 2017 y 2018, en pesos 6.509 millones; en dólares, 205 millones. En 2018, repartió dividendos por 782 millones de pesos (27 millones de dólares). En asamblea del 21 de junio del corriente, resolvieron destinar a distribución de futuros dividendos 3.383 millones de pesos o 79 millones de dólares.
- Camuzzi Sur: controlada por Macfarlane y Britos. Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 5.716 millones; en dólares, 184 millones. En 2018, repartió 350 millones de pesos (12 millones de dólares). En asamblea del 21 de junio del corriente, resolvieron destinar a distribución de futuros dividendos 3.375 millones de pesos o 79 millones de dólares.
- Gas Cuyana: controlada por Central Puerto (Nicolás Caputo, entre otros). Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 2.581 millones; en dólares, 87 millones. En 2018, repartió dividendos por 855 millones de pesos (30 millones de dólares).
- Tecpetrol: petrolera de Techint. Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 4.982 millones; en dólares, 111 millones.
- PAE: petrolera de Bulgheroni, BP y la petrolera china CNOOC. Ganancia acumulada años 2017 y 2018, en pesos 31.925 millones; en dólares, 1.051 millones.
En síntesis, tomando las dos mega-corporaciones energéticas del país (Pampa Energía y Central Puerto), la transportista de extra alta y alta tensión eléctrica (Transener), las dos transportistas de gas (TGN y TGS), dos de las principales distribuidoras y comercializadoras de electricidad (Edenor y las del Grupo DESA), cuatro distribuidoras de gas de las nueve (Gas Ban, Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur y Gas Cuyana) y apenas dos petroleras de las primeras cinco (Tecpetrol y PAE), las ganancias de los dos últimos años totalizaron 175.507 millones de pesos o unos 5.786 millones de dólares.
Respecto de la distribución de dividendos realizada por muchas de ellas entre 2018 y primeros meses de 2019 (en esta muestra: Central Puerto, Transener, TGS, TGN y Gas Cuyana), el monto asciende a 438 millones de dólares. Asimismo, tenemos los ejemplos de Gas Ban, Camuzzi Pampeana y Camuzzi Sur que este año ya decidieron reservar para futuros dividendos un total de 189 millones de dólares.
Por último, cuatro cuestiones importantísimas:
- En la mayoría de los casos, las ganancias registradas si no se vuelcan a dividendos se destinan a “reservas facultativas” y/o a “resultados no asignados”. ¿Qué significa esto? No solamente que no se vuelcan a la reinversión, sino que tranquilamente pueden terminar siendo distribuidos como dividendos a futuro.
- La reexpresión de los balances de 2017 que figura en los de 2018, al ser ajustados por inflación a la moneda de diciembre del año pasado, disimula las diferencias entre 2018 y 2017 al agrandar los números de este último.
- Se observa una recompra generalizada de acciones, lo cual es una forma encubierta de pagar dividendos (capitalización de dividendos).
- Las ganancias contemplan la inflación, es decir, son ganancias por encima de la inflación.
El caso de la provincia de Buenos Aires
¿Cómo afecta tan desproporcionada apropiación de la renta energética a los municipios y sus habitantes?
En abril pasado, un interesantísimo y desconocido informe elaborado por la Comisión de Economía del PJ Bonaerense, que contó con la participación directa de intendentes del interior, estimó ese impacto de los incrementos tarifarios y de los combustibles sobre los municipios, los ciudadanos y las ciudadanas de la Provincia de Buenos Aires.
“Los incrementos en los precios regulados han significado una fuga de ingresos disponible para los distritos bonaerenses del orden de los 5.998 millones de pesos por mes. Dicha cifra representa una transferencia de ingresos anuales de 71.987 millones de pesos. Este valor representa más de dos veces los gastos de la totalidad de los municipios bonaerenses en licitaciones de obras, insumos y servicios”, afirma. El período bajo estudio es enero de 2016 a diciembre de 2018.
Asimismo, encontraron que “la distribución del costo por habitante arroja que los municipios más perjudicados por la transferencia de ingresos fuera de sus distritos son los de menor tamaño (menos de 50.000 habitantes). El costo por habitante en los distritos más pequeños alcanza 489 pesos por persona, lo que implica que sobre una familia tipo (de cuatro miembros) recae una sobrecarga de 1.955 pesos”. Debajo, la tabla con la fuga mensual de ingreso disponible según tamaño del municipio:
La demagogia anti-tarifazo de FIEL
El año pasado arrancó con una furibunda crítica hacia la política tarifaria desde el interior de Cambiemos. Algo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; algo de Elisa Carrió, entre otros y otras. Lógicamente, las demagógicas críticas quedaron en la nada.
Ahora bien, en ese brote de críticas carentes de toda profundidad y seriedad, hubo una más que fundamental y paradójica por su procedencia, y por esto mismo, censurada. El 24 de abril, el economista jefe de FIEL, Fernando Navajas, planteó durante su exposición en un evento organizado por el centro de estudios energéticos del ex secretario de Energía Jorge Lapeña, que la quita de subsidios a la energía entre 2016 y 2017 no había sido otra cosa que una "operación de transferencia colosal de ingresos desde la demanda, equivalente a 5 puntos del PIB, la mitad [recayendo] sobre las familias (sic)". El economista ubicó esa transferencia entonces en 16.500 millones de dólares. Debajo, la diapositiva clave enseñada por el economista jefe de FIEL al respecto:
Las empresas del gas y la electricidad (en palabras de Navajas: "la cadena de valor energética") recibieron durante los primeros dos años de gestión neoliberal 16.500 millones de dólares desde los bolsillos de la ciudadanía, las pymes, la industria, los municipios, etc. La mitad de ese monto —unos 8.250 millones de dólares— los cedieron de sus ingresos vía tarifa millones de hogares usuarios de los servicios públicos del gas por redes y la electricidad, pero como si se tratara de un aumento de impuestos.
Este análisis de FIEL fue el único en cuanto al cálculo de la apropiación de renta energética en 2016 y 2017 por parte de las empresas y consecuencia del tarifazo. Como para tener en cuenta.
Conclusión
Trece de las más importantes empresas de energía registraron entre 2017 y 2018 ganancias por 175.507 millones de pesos o 5.786 millones de dólares. De esas trece, unas ocho repartieron dividendos y muy probablemente repartan en lo que va de 2019 cerca de 600 millones de dólares.
Semejante nivel de apropiación de la renta energética nacional en manos de un conjunto de empresas (fijarse todas las que no fueron incluidas en este estudio) resulta incompatible hasta con la menor iniciativa de desarrollo con equidad e industrialización para cualquier nación, aunque mucho más en el caso de la Argentina, país en vías de desarrollo. Dicho de otra manera, la transferencia de ingresos desde la ciudadanía, las pequeñas y medianas empresas, las industrias y la producción en general hacia un puñado de empresas es, ciertamente, insostenible para todo Estado-nación que se precie de tal.
Y es precisamente por esta razón que resulta indispensable una revisión completa de las tarifas de los servicios públicos, así como de los precios del gas y los combustibles, por supuesto más allá de la necesidad de terminar con la dolarización de precios y tarifas, la cartelización y los abusos de posición dominante, los negociados VIP (que involucran a los amigos/parientes/socios del Presidente Macri, así como al propio Macri), los conflictos de interés y la cooptación de los entes de regulación por parte de las empresas.
Las irrazonables, injustificadas, inconstitucionales y confiscatorias sumas multimillonarias de dinero que se van depositando en los bolsillos de Mindlin, Caputo, Pagano, Macfarlane, Rocca, Eurnekian, Brito, etc., etc., se verifican en paralelo a servicios públicos que empeoraron o mantienen la misma calidad que cuatro años atrás, desinversiones masivas, expansiones de las redes de gas y transporte eléctrico en sus peores niveles desde la crisis de 2001 y, por supuesto, en paralelo a una ciudadanía víctima de una precarización sin precedentes, igual que la destrucción del mercado interno y del aparato productivo e industrial (víctimas de esa misma confiscación de ingresos por la vía tarifaria).
Ninguna economía puede reactivarse, ningún mercado interno volver a crecer ni ninguna pyme reabrir sus puertas con semejante nivel de transferencia de renta hacia un puñado de familias de privilegiados y sus socios accionistas locales y extranjeros.
¿Vamos a continuar con la definición de la tarifa provista, implementada y defendida por el señor Chambouleyron que transcribimos al comienzo, con todas sus consecuencias y flagelos a cuestas? ¿O vamos a elaborar y hacer cumplir una nueva definición compatible con una nación genuinamente desarrollada, económicamente moderna y socialmente justa? En este sentido, consideramos oportuno trabajar urgentemente en una nueva definición de la tarifa de los servicios públicos, base de una igualmente nueva política tarifaria.
La obligada revisión de los cuadros tarifarios macristas basada en dicha reconceptualización, con eje en un justo reequilibrio del reparto de la renta energética entre todos los actores sociales y económicos del país, no solamente podrá derivar en un sendero de reducción de la tarifa —que incluso asegure balances positivos para las licenciatarias—; no solamente permitirá la creación de tarifas diferenciales y de una verdadera tarifa social para el tendal de empobrecidos energéticos heredados, sino que también podrá generar los fondos capaces de concretar nueva y mejor infraestructura —tal y como se verificó entre 2003 y 2015 en el marco del Plan Energético Nacional ejecutado por el Ministerio de Planificación—, consiguiendo así retomar la expansión de las redes de gas y electricidad demorada o abandonada por el neoliberalismo en la Rosada.
Resultaron estratégicas para la confección de este informe las recomendaciones y correcciones efectuadas al autor por el economista Cristian Girard, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores. Especial agradecimiento a los aportes de las economistas Mercedes La Gioiosa y Débora Giorgi.
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