Las tierras por ahora no se tocan

 

A veinticinco años del primer intento, el gobierno provincial de Rio Negro debió paralizar la intención de incorporar al mercado la totalidad de las tierras fiscales bajo su jurisdicción para abrirlas a la explotación de hidrocarburos y expandir la frontera de los desarrollos turísticos y residenciales VIP, desconociendo los derechos adquiridos por el pueblo mapuche-tehuelche y los pobladores criollos que ejercen la ocupación tradicional del territorio. El proyecto deja en posición de privilegio para acaparar más tierras rurales de alto valor estratégico a la reina de los Países Bajos Máxima Zorreguieta, los capitales de los Emiratos Arabes, Tavistock Group (Lewis), Edizione (Benetton), así como a los operadores criollos diversificados a todo tipo de emprendimientos.

Quince días después de anunciarlo por la prensa, Alberto Weretilneck, gobernador saliente y senador nacional electo por Juntos Somos Río Negro, se comprometió ante representantes mapuche a no enviar el proyecto de derogación de la Ley N° 279 de Tierras “sin consenso” en una reunión fuera de agenda el jueves 14 en Ingeniero Jacobacci. De todos modos, representantes mapuche en organismos públicos de aplicación de legislación específica y de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche (una de las organizaciones propias en la Argentina), exigieron formalmente el cumplimiento de la consulta previa, libre y debidamente informada dispuesta por el Convenio 169 de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que está firmado por el país. También propusieron que se inicie un proceso de debate amplio de por lo menos un año con distintos actores y sectores de la sociedad directamente involucrada.

Por su parte, Arabela Carreras, gobernadora electa por el mismo partido político provincial, no ha dicho una sola palabra sobre el proyecto que pretende reestructurar el espacio territorial a la medida de los capitales de las nuevas rentas de la naturaleza, así como para las extractivas intensivas ya en marcha. En el borrador del año pasado estaba incluida su firma, cuando estaba al frente del ministerio de Turismo y ni ella misma imaginaba que reemplazaría a Weretilneck en la fórmula para la gobernación luego que la justicia vetara la del propio Weretilneck y todos pensaron en Pedro Pesatti como sucesor.

Pesatti, presidente de la Legislatura e intendente electo de Viedma, puede haber presionado para que el oficialismo desistiera de imponer esta ley con la mayoría propia, ya que rápidamente la rechazaron asambleas ambientalistas, colectivos culturales, investigadores, las dos CTA, cuerpos de delegados de gremios, además de partidos políticos de la oposición. En caso de forzar la reforma, Pesatti hubiera quedado en el centro del repudio durante la sesión legislativa prevista para el 25 de noviembre, la última de su período como vicegobernador.

Mientras corrían las horas de descuento previstas por los trámites legislativos, el miércoles 13 un hombre del ministerio de Gobierno informó a voceros del Parlamento Mapuche que el Ejecutivo no enviaría el proyecto. Al día siguiente el gobernador recibió en mano el reclamo formal de las autoridades del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), órgano de aplicación de la ley provincial Integral del Indígena N°2287, acompañado por miembros de comunidades y organizaciones propias. Una copia similar ya había sido ingresada a la Legislatura en pleno y al Ejecutivo, demandando la implementación de la instancia de la consulta previa antes de cualquier medida que afecte a los territorios tradicionales protegidos por la Constitución Nacional, tratados internacionales y numerosas normas internas en vigencia.

 

 

Capitales en posición adelantada

En 2016 y el año pasado se conocieron dos borradores de reforma estructural del régimen de la tierra rural y urbana en toda la provincia, con pocas diferencias entre uno y otro, que habrían sido redactados por Enrique Alvarez Costa, que dejó la dirección de Tierras para abocarse a este proyecto según se anunció en su momento. Llama la atención que el segundo texto extraoficial, que no tomó estado parlamentario, iba a ser ingresado a fines de 2018, probablemente impulsado por el desembarco de las inversiones del Emir de Qatar en la cordillera de la mano del ex tenista Gastón Gaudio y con el aval del Presidente Macri. En esta oportunidad no trascendió aún ningún texto borrador, por lo que tomamos como propuesta la última conocida en las comisiones legislativas, que perdió estado parlamentario.

Entre otros objetivos, el gobierno busca incorporar las áreas naturales protegidas al mercado de la tierra a través de comodatos y prevé que en el caso de fracciones pequeñas que no sean consideradas unidades productivas rentables los propietarios linderos tengan preferencia de compra en concurso público. Esas medidas beneficiarían directamente a Máxima Zorreguieta con tres campos de tres mil hectáreas a su nombre en el paraje Pilpicura, junto al río Pichileufu, que lindan con algo más de cuarenta mil hectáreas fiscales sin mensurar, de las que una fracción es parte del área natural protegida Rio Limay creada por ley. A la vez, otra fracción de ciento veinte hectáreas fiscales quedan rodeadas por la reina y otros propietarios privados criollos del Alto Valle de Río Negro, que difícilmente superen la apuesta real en un concurso de precios.

 

 

 

El 24 de enero del año pasado en Davos, Suiza, el Presidente Macri se reunió con el Primer Ministro de Holanda, Mark Rutte, y luego anunció la firma del contrato entre Fundación Pallas e INVAP para el diseño y construcción de un reactor de investigación y producción de radioisótopos para usos medicinales, luego de que la empresa estatal con participación de Río Negro ganara la licitación. Weretilneck estuvo presente durante la firma de la adjudicación a INVAP.

 

 

 

Un mes después publicamos que Zorreguieta omitió declarar todas las mejoras y, por tanto, evadía los impuestos inmobiliarios correspondientes (https://www.elcohetealaluna.com/evasion-real/). Rutte recibió pedidos de informes en el parlamento holandés. Y aunque la embajada holandesa en Buenos Aires negó cualquier irregularidad, fue la única de todos los millonarios evasores que se puso al día hasta el último ladrillo, según corroboramos en los registros públicos la semana pasada para este informe. A cambio el gobierno dispuso inmediatamente un cerrojo informativo a los documentos públicos que instrumentó Rodolfo Origlia, gerente de Catastro. Agrimensor de amplia trayectoria en el Alto Valle y a punto de jubilarse, recibió las quejas de los colegios de agrimensores, escribanos y arquitectos porque se vieron privados repentinamente del acceso fluido a la documentación vía el sistema electrónico, según nos informaron en estos diez meses de restricción arbitraria de acceso a la documentación pública que perjudicó directamente nuestra labor.

 

 

Avances/retrocesos

Según el interés político y económico que se represente, son avances o retrocesos algunos hechos del proceso de apropiación del territorio registrados la última década en esta provincia. Los últimos ocho años los gobernó Weretilneck.

En este período la zona de la cordillera registró una importante transferencia de tierras fiscales a manos privadas.

 

 

 

Sobre el límite internacional con Chile, al oeste de Hidden Lake SA, el campo insignia de Tavistock de Joseph Lewis, pasó de fiscal a privado buena parte del paraje El Manso, al norte del río del mismo nombre rodeado por el sur-oeste del Parque Nacional Nahuel Huapi. Al sur, cruzando ese mismo tramo del Manso, el Estado mensuró y subdividió una amplia superficie fiscal que pasó a manos privadas, justo en la línea de exportación a Chile de energía hidroeléctrica producida por la central de paso Río Escondido de Patagonia Energía SA (Tavistock). Permanece fiscal una superficie de algo más de 600 hectáreas al norte de Lago Escondido, ocupado desde hace décadas por una familia que fue víctima de una operación de compra fraudulenta por parte de la inmobiliaria Van Ditmar de Bariloche, lo que fue documentado por una comisión especial de la Legislatura en 2011. Ahí mismo compró un campo fiscal Damián Mindlin, quien revendió a un inversor de Dubai, el mismo que través de otros argentinos sumó dos fracciones más.

También en zona andina, en la franja que corre entre la ruta N°40 que une Bariloche con El Bolsón al oeste, y el Cerro Carreras y el río Alto Chubut hacia el este, se transfirieron numerosas fracciones fiscales vía testaferros argentinos a capitales belgas y de estos a qataríes. Por su parte, los empresarios argentinos Marcelo y Damián Midlin recibieron ilegalmente tierras fiscales, que revendieron a argentinos para los mismos qataríes dejando encerrados pequeños relictos de bosque de lenga nativa de propiedad fiscal.

Si avanza cualquier reforma legal en los términos que proponen los dos anteproyectos conocidos, esas “islas” fiscales de bosque nativo que supuestamente están protegido por ley puedan pasar con opción de preferencia a esos mismos propietarios privados vecinos.

En esa misma zona, en el Catastro de acceso público aparece como fiscal sin mensurar un campo de un poco más de 600 hectáreas que ocupa desde hace décadas una mujer mapuche integrante de la comunidad Kom Kiñé Mu. El resto del territorio de esa comunidad está indicado como fiscal con mensura en el catastro público consultado para este informe.

Uno de los pocos golpes fuertes que recibió este proceso sistemático de transferencia ilegal —o al menos irregular de tierra fiscal a manos privadas— fue la nulidad de una compra-venta en la meseta de Somuncura, al sureste de la provincia, cerca del límite con Chubut. Somuncura es área natural protegida, un sitio de altísimo valor espiritual para el pueblo mapuche-tehuelche y verdadero refugio para los sobrevivientes de las avanzadas armadas de fines del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Riquísima en biodiversidad, con agua subterránea de origen fósil y los hidrocarburos emergiendo a la superficie en forma natural en varios puntos. La Legislatura primero y la justicia ordinaria después anularon la compra de El Tomillal SA de tres fracciones fiscales ocupadas por crianceros que no dominan la lectoescritura. Esta firma la formaron Huberto Esteban Luis Rey, que representa capitales franceses, y Mauricio Alejandro Montes, personero del grupo de firmas de Van Ditmar. 

 

 

 

 

Aún cuando no se disponga de prueba documental, numerosos elementos registrados en quince años indican que esos movimientos de van Ditmar en Somuncura fueron simultáneos y complementarios de los que hizo para Lewis en la costa atlántica, a pocos kilómetros al este. Los campos de Bahía Dorada SAU, firma del grupo de Lewis en Argentina, limitan con un área natural que protege un islote con aves y fauna marina.  Somuncura también está en la mira estratégica de los capitales chinos que con altibajos sostienen la minera de hierro con salida al océano por Punta Colorada.

El freezer es eso, sitio de conservación por un tiempo determinado para sacarlo cuando sea el momento oportuno.

 

 

• Javier Grosso realizó la búsqueda y análisis del Catastro, imágenes satelitales, la cartografía e ilustración para este informe.

 

 

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