Las respuestas del Estado

 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda asume un rol protagónico en la Cámara de Diputados. El ingreso de la ley de Presupuesto, el tratamiento del aporte extraordinario y la discusión sobre la refinanciación de las deudas provinciales mantiene pendientes a las y los diputados. Mientras el oficialismo busca fortalecer las respuestas económicas del Estado, la oposición asegura que las propuestas son improvisadas y de avanzar en ellas el futuro será muy negativo.

Esta semana inició el debate en la comisión de presupuesto por el impuesto a las grandes fortunas. La discusión por el aporte —que alcanzaría a un universo de 10.000 personas— comenzó en un ámbito de tranquilidad y con el pasar de las opiniones se tornó en una reunión enfebrecida. Carlos Heller, Presidente de la comisión, abrió el debate y aclaró: “Estamos hablando de un aporte extraordinario en una situación extraordinaria”. Lo recaudado por el aporte será distribuido de manera federal y, “para poner fin a las interpretaciones”, se definió que el proyecto se creará con carácter de emergencia y por única vez. 

La oposición no está unificada. Mientras que un sector de Juntos por el Cambio ve al proyecto como un castigo a los empleadores, otro considera que es positivo porque abre una discusión necesaria. Estas diferencias podrían traducirse en la consolidación de un dictamen de minoría. La idea que hoy estudian es la creación de una sobretasa sobre el impuesto de bienes personales a futuro y que lo recaudado sea distribuido de acuerdo a la coparticipación. De esta manera creen que se evitaría una doble imposición, que si bien no es inconstitucional aseguran que puede devenir confiscatoria en tanto sustrae una parte sustancial del capital.

Luis Mario Pastori, diputado del Bloque UCR, anticipó el rechazo del bloque y dejó en claro los motivos por los cuales creen que el proyecto es de género tributario. “Es un impuesto porque contiene todos los elementos: es una ley, es de carácter coactivo, está expresado en dinero, no tiene una correspondencia directa y ayuda a solventar el gasto público”, dijo. Además agregó que la iniciativa planteada “viola el principio de igualdad, atenta contra la inversión, el ahorro y empeora las expectativas empresariales”. 

En cambio, el ala más joven de la UCR se muestra más conciliadora. Coinciden con el FDT en que el sistema tributario argentino es regresivo y —al igual que el oficialismo— opinan que lo deseable sería tender hacia un sistema progresivo en donde los que más tienen sean quienes hagan mayores esfuerzos. 

Alejandro Cacace, diputado por San Luis, expresó: “El trabajo de Heller acierta en que el impuesto recaiga sobre las personas y no sobre las empresas”. En diálogo con El Cohete a la Luna el diputado de treinta y cinco años continuó: “Los impuestos directos sobre las empresas terminan afectando a los consumidores y a los trabajadores”, en referencia a los efectos de los tributos. Sobre los aspectos legales puntualizó que son “discutibles” y cree que debería ser un impuesto coparticipable ya que “nació como un aporte para financiar los gastos de salud” de la pandemia y hoy “la gran parte de esos gastos los afrontan los gobiernos locales”.

Fernanda Vallejos, diputada del Frente de Todos, aclaró que “este aporte extraordinario recae sobre 0.02% o menos de nuestra población, un universo muy pequeño”. De aprobarse el proyecto tendrán que aportar quienes hayan declarado un patrimonio por encima de los 200 millones de pesos. Según la diputada eso indica que “en una Argentina donde la pobreza alcanza al 40%”, los aportantes serían personas muy privilegiadas y esta medida “no los afectaría en sus estándares de vida”.

El Frente de Izquierda tildó al proyecto como “pobre” e “insuficiente”. Por este motivo no va a acompañar el dictamen mayoritario y presentará uno propio. El diputado Nicolás del Caño dijo que “este debate llega seis meses después de tomadas las medidas por ASPO". Luego recordó que su bloque presentó un proyecto propio “para recaudar cinco veces más”.

Tanto el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo —integrado por José Luis Ramón, Antonio Carambia y Pablo Ansaloni— como el bloque Justicialista —Eduardo Bucca y Zottos— acompañarían el proyecto de ley. El apoyo devino luego de que las modificaciones propuestas sean tenidas en cuenta, sobre todo en lo vinculado a los subsidios a las pymes.

El oficialismo busca dictaminar mañana, para que cuando las autoridades de la Cámara lo consideren sea tratado en recinto. Desde la Presidencia de la comisión anunciaron que en la próxima reunión podrían contar con la presencia de Mercedes Marcó del Pont, directora de la AFIP, que estaría invitada para brindar información técnica.

 

Deudas Provinciales

Fernanda Raverta, titular de la ANSES, y Lisandro Cleri, Director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, asistieron a la reunión conjunta de las comisiones de presupuesto y previsión social. Allí el oficialismo firmó un dictamen mayoritario sobre el proyecto de Defensa de los Activos del FGS. Mientras tanto, el bloque de JxC y el Frente de Izquierda, firmaron distintos dictámenes de minoría que acompañarán al recinto. En busca de la media sanción, el proyecto será tratado en la próxima sesión. No se esperan mayores complicaciones para su aprobación ya que el oficialismo hizo eco de las críticas de algunos sectores e incorporó modificaciones al texto final. 

En la presentación, Raverta dijo que el proyecto “viene a traer soluciones sobre cinco problemas”. Entre ellos: el financiamiento del Programa de Reparación Histórica (RH), los Préstamos con las Provincias, las Inversiones Productivas del FGS, la regularización de los créditos de la ANSES y los derechos políticos de las acciones de sociedades en cartera del FGS. 

La gestión anterior resolvió que el pago de RH se financiaría con el dinero incorporado a partir del blanqueo de capitales y con los activos del FGS. El gobierno de Fernández busca que los fondos provengan de recursos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y en caso de déficit transitorio, lo cubra el FGS. Raverta agregó que “el FGS es para los más de 7 millones de jubilados y pensionadas, y la Reparación Histórica es únicamente para un colectivo de 900.000”.

El debate alcanzó su punto más álgido al abordar el apartado sobre las deudas provinciales con la ANSES. El oficialismo propuso una nueva forma para refinanciarlas. Para esto se estableció un plazo de ocho meses durante los cuales las provincias pueden rediscutir los préstamos tomados en el año 2016. “Es de difícil cumplimiento y la pandemia pone a las provincias en una situación compleja para resolver sus obligaciones”, puntualizó la titular de ANSES. 

La letra del proyecto autoriza al FGS a suscribir acuerdos de refinanciación a condición de pagos mensuales de intereses. También se contempla la opción de conversión del capital adeudado a un bono de mercado con vencimiento a mediano plazo. En tanto, Carlos Heller aclaró: “Algunos interpretan que los ocho meses son el plazo para pagar. Los ocho meses son un plazo para negociar con las provincias y llegar a un acuerdo, y ese acuerdo consistirá en la emisión de un bono de largo plazo en las condiciones que se acuerden”.

Luciano Laspina, diputado del bloque JxC y ex Presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo: “Las jubilaciones del futuro se van a preservar en la medida que la economía crezca y que el gobierno deje de revolear beneficios a personas que no han cumplido con sus aportes, que es lo que hizo el kirchnerismo durante sus dos o tres períodos de gestión”. Su discurso quebró el clima de debate y señaló “a los adultos mayores de bajos ingresos en sectores vulnerables hay que darles una prestación universal”. Por último, contrastó afirmando que esa situación no se puede equiparar con “quien hizo treinta años de aporte porque a ese tenemos que premiar de alguna forma, para que los que estamos aportando ahora tengamos un incentivo a seguir aportando”.

 

 

Hoja de ruta

El martes a última hora ingresó la Ley de Presupuesto a la Cámara de Diputados. Si bien se esperaba la presencia del Ministro de Economía, la cita se pospuso para pasado mañana, martes 22. Según el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, el presupuesto se estructura en base a dos principios. El primero es que “no hay estabilización macroeconómica que sea posible sin una recuperación de la actividad económica”. Sobre esta premisa se apunta a que el Estado juegue un rol central partiendo de una situación de profunda recesión. El segundo es la “sostenibilidad fiscal”, que implicará “esfuerzos consistentes en pos del equilibrio fiscal que sean compatibles con un sendero de crecimiento inclusivo”.

El gobierno de Alberto Fernández aspira a un modelo de desarrollo con inclusión social, que promueva una economía dinámica y estable en términos macroeconómicos. Para la actual administración será primordial “recuperar las fuerzas productivas” luego del impacto de la pandemia. Fuentes de la oposición aseguran que los indicadores económicos que tiene en cuenta el presupuesto son “poco creíbles”

El presupuesto presentado es el primero de la administración de Fernández. El mismo representa una hoja de ruta donde se prevé un crecimiento de la economía del 5,5%, una inflación en torno al 29% y una cotización promedio del dólar de $102,4 por unidad. “El Presupuesto es la dirección hacia la que vamos a transitar para tranquilizar a la economía”, aseguró el ministro Martín Guzmán.

Según la cartera económica las prioridades se reflejarán en seis pilares de la política de inversión pública:

• Infraestructura productiva y social: se duplicará la inversión real en infraestructura productiva y social respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en $835.000 millones o 2,2% del PBI.  
• Innovación y Desarrollo: aumentará en un 160% la inversión real en innovación y desarrollo respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en $187.000 millones o 0,5% del PBI que permitirá sostener el nivel de gasto real extraordinario de 2020.
• Salud Pública: habrá un aumento de un 49% de la inversión real en Salud Pública respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en $199.000 millones o 0,5% del PBI. 
• Educación y Conectividad: se incrementará en un 11% la inversión real en Educación y Conectividad respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en $483.000 millones o 1,3% del PBI.  
• Inclusión social activa: aumentará en un 49,5% la inversión real en Inclusión Social Activa respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en $270.000 millones o 0,7% del PBI.  
• Género y diversidad: en 2021, se elevará casi en 1.350% la inversión real en Género y Diversidad respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en $6.205 millones.

El presupuesto incorpora por primera vez en la historia la perspectiva de género y diversidad de manera transversal en todas sus áreas de gobierno. En este sentido, se busca achicar las brechas de género que dificultan el desarrollo económico en el país y refuerzan mecanismos de exclusión, precarización y pobreza en la sociedad. Según la letra de la ley, esto significa “un paso firme en la construcción del modelo de desarrollo económico inclusivo y sostenible, reconociendo y revalorizando el aporte de las mujeres a la economía, y generando mejores condiciones de vida para todas y todos”.

 

 

 

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