Las razones de Trump en América Latina

 

El hostigamiento del gobierno de Donald Trump contra los gobiernos progresistas de América Latina posee un componente endógeno, ligado a la lógica electoral de Estados Unidos. La gran mayoría de los colegios electorales estaduales que eligen al primer mandatario votan de forma previsible desde hace 6 décadas. Demócratas y republicanos ya conocen el resultado de las elecciones en 39 de los 50 Estados. La expectativa está focalizada en los 11 restantes, a quienes se cataloga como localidades péndulo (swing states), capaces de aportar votos imprevisibles respecto del resto. Dentro de estos últimos existen dos Colegios Electores relevantes, que aportan una suma considerable de votos dada su cantidad de población: Ohio y Florida. Esta última aporta 29 de los 270 electores necesarios para obtener la presidencia. Desde 1964 el Colegio Electoral tiene 538 electores y el candidato que recibe la mayoría de los votos del estado obtiene todos los electores de ese Estado. La inmensa mayoría de los académicos y analistas políticos acuerdan con que el resultado en Florida es clave para las ambiciones de reelección de Trump. En 2016 Hilary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que su oponente pero la victoria fue para el magnate neoyorquino, dada la configuración de los colegios electorales de los 50 Estados.

Florida posee una gran cantidad de habitantes provenientes de Cuba y Venezuela, la mayoría de los cuales abominan de los gobiernos de La Habana y Caracas. Varios de sus referentes políticos, como Marco Rubio, han asumido una cruzada orientada a desestabilizar a los líderes de ambos países. Como parte de dicho hostigamiento han buscado aislarlos de otros gobiernos de América Latina y –sobre todo— han buscado impedir que las políticas de sus vecinos se orienten a viabilizar la distribución del ingreso o la riqueza, por considerar dichas medidas como populistas, homólogas a las generadas por el castrismo o el chavismo.

Con el objetivo explícito de lograr un triunfo en las elecciones del próximo año, Trump ha delegado el vínculo con América Latina a los cruzados de Miami, enemigos de toda política progresista en la región. Las elites de La Habana y Caracas refugiadas en Florida se han consolidado como los referentes y defensores del neoliberalismo regional, constituyéndose además en las garantes de las fugas de capitales de las corporaciones trasnacionales con sede en Latinoamérica.

El inicio del proceso de destitución (impeachment) iniciado por la Cámara de Representantes contra Donald Trump ha generado un incremento del poder de lobby del colectivo latino de Miami. Su incidencia dentro de las orientaciones políticas del Departamento de Estado se ha hecho más evidente en relación al denominado Hemisferio Occidental, el área que pretende auditar el comportamiento político de la región en connivencia con el Comando Sur.

Según la constitución de Estados Unidos, la destitución puede enmarcarse en “el soborno, la traición u otros delitos o faltas graves”. Las acusaciones contra el magnate neoyorquino incluyen el abuso de poder y la obstrucción de la justicia, “para lograr la interferencia de un gobierno extranjero en provecho propio, de cara a la elección presidencial de 2020”. Trump fue denunciado por condicionar la ayuda militar a Ucrania –comprometida en un conflicto bélico con Rusia— a cambio de deslegitimar a su potencial oponente demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. Para que dicha acusación pueda ser tramitada, la Cámara de Representantes debe aprobarla por mayoría absoluta. Dado que los demócratas poseen legisladores suficientes, es posible que dicha imputación pueda ser girada al pleno de los Senadores. Sin embargo, en esa última instancia debería sumar –para ser aprobada— la voluntad de dos tercios de sus integrantes, situación imposible dada la mayoría republicana.

 

 

 

 

A pesar de esta evidencia, con el objeto de desgastar a Trump, la semana pasada el comité judicial de la Cámara de Representantes ha recibido el mandato de redactar los artículos de la destitución, situación que condicionará la campaña del magnate neoyorquino. Este proceso acompañará tanto la selección de los candidatos demócratas como las primarias y el acto electoral del próximo martes 3 de noviembre de 2020. En ese marco, el trayecto que va hacia las elecciones de 2020 implicará una mayor capacidad discrecional del lobby de Miami para operar sobre América Latina. Trump le ha dejado la región a Marco Rubio y Ted Cruz a cambio del aporte de decenas de millones de dólares para la campaña y el compromiso por aportar los 29 delegados de la Florida.

Esa concesión de la administración de Trump a los grupos latinos explica la participación descarada de funcionarios de Washington en el golpe contra Evo Morales y el contradictorio comportamiento de la delegación enviada por el Departamento de Estado a la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La cancelación repentina de la visita a la Argentina de Mauricio Claver-Carone, asesor de Trump, en protesta por la presencia de un ministro chavista, puso en evidencia un aparte de los dispositivos planificados por los sectores de Miami: forzar a Trump para apretar aún más el cerco sobre La Habana, Caracas y Managua si es que pretende obtener las 29 voluntades de La Florida. Claver-Carone fue Director Ejecutivo de Cuba Democracy Advocates, uno de los grupos más activos en darle continuidad al hostigamiento contra la isla caribeña y el gobierno de Nicolás Maduro. (http://bit.ly/2YJ8Ki5) Además, coherente con esta misión, fue el encargado de viabilizar –como responsable del sitial estadounidense dentro del FMI— el crédito concedido al macrismo en junio de 2018 a cambio de ser parte activa del grupo de Lima y de liderar el acoso a Maduro. La permanencia en el país del subsecretario interino del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, muestra a las claras el doble comando imperante en la política exterior hacia la región, dividida entre Miami y Washington.

La pretendida extorsión contra la cancillería argentina tendrá como eje la negociación sobre la deuda externa y, como contrapartida, el desafío al tradicional principio diplomático argentino de no intervención en los asuntos internos de otros países. El intersticio que existe entre ambos es un desfiladero minado.

 

 

 

 

 

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