Las promentiras electorales

 

No es ninguna novedad que en las campañas electorales se realizan promesas que luego mayormente no se terminan cumpliendo. La campaña electoral para cargos locales no estaría siendo la excepción, pero presenta algunas particularidades dignas de ser destacadas.

Por un lado, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió que las elecciones para cargos locales y nacionales sean el mismo día (el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las elecciones generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiere). También decidió que la elección se realice con el sistema de emisión electrónica de la boleta única, a diferencia de la votación nacional que se realizará en papel y con lista sábana (votación concurrente).

Ambas elecciones en simultáneo harían pensar que los debates se nacionalizarían por completo y que la agenda urbana quedaría totalmente relegada. Esto no estaría sucediendo. La cuestión de la emergencia urbanística, habitacional y ambiental de la ciudad está tomando una centralidad que está permitiendo que la ciudad tenga un debate propio por fuera de las cuestiones nacionales.

Por otro lado, otra cuestión llamativa es que los principales candidatos a jefe de Gobierno frente a un mismo reclamo de la ciudadanía están brindando la misma respuesta.

A nivel de planificación, hay dos cuestionamientos que no paran de incrementar su peso político: las consecuencias negativas de la aprobación del Código Urbanístico en el año 2018 (norma que establece la capacidad constructiva de las parcelas) y el sistema de convenios urbanísticos que consisten en la autorización de excepciones inmobiliarias para la construcción de megatorres en la Legislatura porteña.

Existe, al menos en lo discursivo, un consenso generalizado entre los candidatos a jefe de Gobierno de que el Código Urbanístico está destruyendo la identidad de los barrios y deteriorando la calidad ambiental y que se deben frenar las excepciones inmobiliarias. Este es un gran logro del movimiento ciudadano urbano ambiental que, desde el 2016 cuando comenzó la discusión sobre la modificación de la planificación urbana, ha denunciado los intereses ocultos detrás de la propuesta de un nuevo Código Urbanístico y pronosticado el desastre urbanístico que está generando. Este movimiento también viene denunciando la pandemia del conveniovirus, donde empresarios afines al gobierno pagan para conseguir sus torres en un sistema de lobby totalmente legalizado.

 

 

 

Lousteau y sus excepciones del pasado

En cada encuentro vecinal, Martín Lousteau afirma que “no puede haber excepciones al Código Urbanístico”. Esto también se refleja en su plataforma de propuestas. Parece que el inicio de la campaña electoral le produjo un cambio radical en su entendimiento urbanístico con relación a las excepciones inmobiliarias institucionalizadas por ley, en los dos últimos años, a través de lo que se denominan convenios urbanísticos.

Su bloque legislativo (UCR-Evolución) es el responsable de haber garantizado a Rodríguez Larreta los votos necesarios para la aprobación de cada uno de los convenios urbanísticos que fueron tratados en la Legislatura porteña, post aprobación del Código Urbanístico, que tuvo como promesa fundamente terminar con las “torres sorpresas”.

En la Legislatura se aprobaron 15 convenios o excepciones urbanísticas a través de 6 leyes para construir mega emprendimientos inmobiliarios (Ley n.º 6.388 “Sastrería Militar”, Ley n.º 6.389 “Fitz Roy 801”, Ley n.º 6.411 “Juana Manso 350”, Ley n.º 6.441 “Estadio San Lorenzo”, Ley n.º 6.476 “Costa Urbana”, y la Ley n.º 6.477 “convenios urbanísticos varios”). Ninguna de estas leyes podría haber sido sancionada sin los votos del bloque legislativo de Lousteau.

 

 

Lousteau, en una reciente entrevista, para explicar su pasado conveniador sostiene que los “convenios urbanísticos, permiten cada vez que hay una situación que amerita mirarse desde otra perspectiva, más allá del Código, exigir una contraprestación por eso. Yo creo que hay algunas que estuvieron bien y que son aquellas que tienen sentido social y otras que no comparto. Y en mi caso no va a haber excepciones en el código”. Sorprende que siempre le haya ordenado a su bloque votarlas, aun aquellas excepciones que le parecieron mal.

Tampoco aclara que la contraprestación mayormente sólo es económica, es decir, que los desarrollares inmobiliarios pagan un monto de dinero por la excepción sin ningún beneficio social o ambiental concreto para la ciudad. Llanamente el que tiene dinero paga por una excepción, un privilegio de desarrolladores afines al gobierno al cual pertenece ya que Lousteau maneja varios ministerios entre ellos el Ministerio de Desarrollo Económico (a través del ministro José Luis Giusti) y la Secretaría de Ambiente (a través de Inés Gorbea).

 

 

Cuando tuvo el poder para frenar los convenios urbanísticos no lo hizo cumpliendo el mandato de su jefe Rodríguez Larreta. ¿Por qué deberíamos creerle que cumplirá su promesa a futuro?

 

 

El Jorge de la campaña y el Macri de la gestión

Jorge Macri salió fuerte con el discurso de que se debe revisar el Código Urbanístico: “No estoy de acuerdo con el último Código Urbanístico. Pone en riesgo zonas residenciales de la ciudad y hay que revisarlo. (…) Si vos transformas a toda la Ciudad en una ciudad que puede tener entre cinco y siete pisos de altura, eso pone en riesgo zonas residenciales de casas bajas de manera innecesaria”. Con el intento de mostrarse ajeno a lo que viene sucediendo en la ciudad a nivel planificación se muestra crítico de la principal ley aprobada por Rodríguez Larreta a nivel de planeamiento urbano, el Código Urbanístico.

Para analizar esta promesa de Jorge Macri resulta pertinente detallar cómo fue su actuación en Vicente López.

Durante su campaña para ser intendente de Vicente López, Jorge Macri aseguró que si ganaba las elecciones se acabarían las excepciones al Código de Ordenamiento Urbano (COU) porque "son corruptas e injustas” y que gobernaría de cara a los vecinos. Una vez que ganó las elecciones, durante sus tres mandatos aprobó más de 500 excepciones inmobiliarias.

 

También, en espejo a lo que ocurre en la ciudad, además de las excepciones aprobadas por el consejo deliberante, utiliza las “interpretaciones” al COU para permitir construcciones en excepción. En Vicente López la planificación es una acumulación de excepciones.

Resulta indudable que Jorge Macri es un claro representante de las corporaciones inmobiliarias que conciben a la ciudad como un lugar netamente para hacer negocios y que buscan ganancias exorbitantes a través del cambio normativo especulativo que implican las excepciones a la planificación urbana general.

Con estos antecedentes de un desfasaje total entre las promesas de campaña y la gestión concreta, ¿podemos creer que Jorge Macri va a frenar la construcción descontrolada en la ciudad y que terminará con la corrupción de las corporaciones inmobiliarias y los funcionarios que actualmente nos gobiernan?

 

 

Larreta

Rodríguez Larreta presentó sus propuestas para afrontar la grave crisis habitacional que vive el país. Entre ellas, “recuperar el acceso al crédito hipotecario con un sistema que sea sostenible para que las cuotas sigan la evolución de los salarios”.

Veamos que hizo Larreta en la ciudad con la política de créditos hipotecarios que depende del GCBA. La Ley N° 341 es la que regula los créditos hipotecarios en la ciudad tanto los créditos individuales como los créditos colectivos.

En el marco de dicho programa, desde el año 2020 hasta el presente sólo se escrituró una vivienda en la línea de créditos individuales.

 

Con relación al programa de créditos colectivos, desde el año 2008 al presente sólo se compraron 3 terrenos para las cooperativas. Y esto surgió en el marco de acuerdos en causas judiciales. Desde el año 2017 hasta el 2023, plena gestión de Larreta, no se compró un terreno más. Desde el 2008 al presente el programa está casi muerto y sólo continúa con la construcción de las viviendas que comenzaron el inicio de obra antes de dicha fecha.

La Ley N° 341 fue una conquista de los movimientos que luchan por el derecho a la vivienda digna y en sus primeros años tuvo un impulso ejemplificador para avanzar con la mitigación de la crisis habitacional para sectores medios y populares a través de créditos hipotecarios accesibles. Paralizar esta ley implica eliminar una de las principales herramientas con la que contaba el GCBA para atender la cuestión habitacional.

También leemos que impulsará un “Pacto para el Crecimiento Territorial ordenado”. En la propuesta se lee que: “Se construyen viviendas en Argentina sin planificación urbana ni desarrollo territorial”. Con dos ejemplos podemos advertir que, en la Ciudad de Buenos Aires, Larreta lo que menos hizo fue impulsar un crecimiento territorial ordenado. En primer lugar, eso se advierte con el levantamiento ciudadano en la mayoría de los barrios porteños contra el Código Urbanístico. Este tampoco surgió de un pacto, sino de la voluntad autoritaria del jefe de Gobierno que lo aprobó en la Legislatura sin el apoyo de ningún sector social ni de ningún otro bloque legislativo o fuerza política.

En segundo lugar, está el Barrio Olímpico, uno de los barrios nuevos creados en años recientes. Este sufre de la carencia de transporte público donde sus habitantes tienen que caminar como diez cuadras hasta llegar a una parada. No tiene equipamiento urbano y viven alrededor de 1.500 familias. Los locales comerciales ubicados en las plantas bajas de los edificios fueron vendidos todos a una sola persona que luego de dos años sólo ha puesto en funcionamiento dos de los cuarenta que el Estado le entregó.

Uno de los principales fracasos de Larreta es su política de planeamiento urbano porque la supeditó a la especulación inmobiliaria para hacer caja política rematando además la tierra pública para grandes negociados inmobiliarios. ¿Podemos creerle que a nivel nacional hará algo sustancialmente distinto?

 

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