Las paradojas de la democracia

 

El abogado Alejandro César Biondini es hijo de Alejandro Carlos, quien hace décadas difunde sus discursos antisemitas, ya sea en Alerta Nacional, ya en el Frente Patriótico Bandera Vecinal, del que fuera precandidato presidencial el año pasado, junto con el ex coronel carapintada Enrique Venturino. Con el 0,2% de los votos no pasaron de las PASO.

Miembros de este partido que se denomina “nacionalista” quisieron participar, el 5 de junio, en la marcha de repudio al caso de gatillo fácil en que un Policía Federal mató a Alan Maidana, de Berazategui. Su oferta fue declinada por parte de las organizadoras de la movilización.

Ahora, fuentes de BV acercaron el contacto con Mirna Lisette, hermana de Franco Daniel Martínez, otro joven al que consideran “desaparecido”, condición de la que hoy se cumplirían treinta días. Pero al cierre de esta edición el cuerpo apareció ahorcado pendiendo de un árbol en la reserva ecológica. La familia no cree que se haya suicidado, y apunta a la policía bonaerense.

Lisette le explicó a El Cohete que Biondini (h) es su abogado aun cuando ni Franco ni ninguno de sus otros cinco hermanos militaban con ellos, “ni en ninguna agrupación, ni partido; no tienen orientación política; no creen en los políticos”.

Con su padre en Formosa y su madre fallecida hace un lustro, el menor de los hijos cumplió 21 años en el mes previo a irse de su casa en ViIla Albertina, partido de Lomas de Zamora, para –según dijo– visitar a un amigo, aunque no explicitó cuál.

Pasadas 48 horas sin noticias de él, radicaron la denuncia en la Comisaría 10ª de Budge, que la elevó a la Fiscalía 5 de Lomas de Zamora, hasta que pasó a la 16ª, especializada en violencia familiar y género.

“La fiscal Marcela Juan no aceptó las medidas que pedimos –reclama la familia–, ni la intervención de la Policía Federal, ni del perro Bruno, ni del instructor Diego Tula. Lo del perro era a título colaborativo, sin descartar lo otro. Tampoco se aceptó el cambio de carátula por la de averiguación de ilícito. Nunca entendimos por qué”.

“Tardaron nueve días en buscarlo; muy tarde –relatan–. Nos habían dicho que no tenía una tarjeta SUBE registrada y que no podían localizar el celular por su baja actividad. Hicimos marchas cada día a la Fiscalía para que nos atiendan y dijeran por qué no hay avances”.

Recién el martes 11, la familia fue anoticiada de que la fiscal estaba aislada debido a un caso de coronavirus en Tribunales. Al día siguiente pudieron dar con Carlos Román Baccini, el fiscal general (designado Interino hace dos meses en reemplazo de Enrique Ferrari, a quien la Suprema Corte bonaerense le otorgó una licencia compulsiva por 90 días a pedido del procurador Julio Conte Grand, en medio de operaciones políticas).

Por Baccini, la familia supo que Franco había solicitado dos permisos de circulación en cuarentena, uno hacia Almirante Brown (al sur) y otro hacia la Ciudad Autónoma. Supieron también que sí tenía una SUBE, que registró un último viaje en colectivo hacia CABA, donde creen que pudiera estar.

De haber accedido a esos datos antes, “no hubiéramos perdido 23 días buscando en Lomas. Necesitamos que la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, tome conocimiento del caso para que nos ayude en la agilización. Estamos atrapados por esta burocracia que para cada cosa requiere de oficios y aprobaciones, que se demoran más con la cuarentena. Pedimos ayuda para poder acceder a las cámaras porteñas”, explicó Lisette.

 

Solidaridad

La búsqueda de Franco obtuvo una módica difusión mediática que se acrecentó a partir del caso de Facundo Astudillo, cuya madre Cristina Castro ha compartido en sus redes la preocupación por el paradero del joven del Conurbano sur.

En el Departamento Judicial de Bahía Blanca no cesa la desconfianza hacia la Policía Bonaerense, después del hallazgo de un cadáver cuya identidad aún no fue determinada pero que estaba a treinta metros de una zapatilla igual a la que portaba Facundo en la última foto que los agentes le tomaran ante un patrullero.

El hermano de la ex novia de Facundo es Marcelo González, quien sintió cada día la intimidación de un patrullero ante su casa, de la que esta selfie es sombría prueba:

 

 

 

A partir del hallazgo del cuerpo, la familia de la ex novia creyó que ya no habría excusas por parte de la Bonaerense (en teoría, apartada de la causa) para que dejaran de presionarla y por lo cual debieron denunciar abusos en los procedimientos de los que fueron blanco.

Desde la noche del hallazgo, hace una semana, El Cohete estuvo en contacto diario con la querella o con Marcelo González, que no vive en Bahía como su hermana, sino en Mayor Buratovich, cuya dependencia policial está bajo sospecha.

La presión que sienten los uniformados parece haber sido trasladada a “este muchacho que no tiene nada que ver”, como denunció Cristina Castro ante quien quisiera oírla.

Por su parte, en su último mensaje de voz a El Cohete, Marcelo G. dio a entender que ya no aguantaba más en ese pueblo: “Me mudé en secreto, por seguridad, salí de urgencia”.

¿Quién es responsable de que este inocente deba comunicarse desde la clandestinidad?

En tanto, sus vecinos y otras voces solidarias, este domingo 23 en que Facundo hubiera cumplido años, se harán oír desde concentraciones en varias localidades del interior rural. El mismo día se cumple un mes de que Franco fue visto por última vez en el Conurbano. Unos y otros compartirán un clamor común: saber qué hicieron con ellos.

 

 

 

 

 

 

 

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