Las mil y una caras de la privatización educativa
La restauración conservadora no se limita a lo económico
El porcentaje de estudiantes que asisten a las escuelas privadas no ha dejado de crecer desde mediados del siglo XX. En la década del '40 esta cifra alcanzaba a un 7% y en la actualidad el promedio es de aproximadamente un 30% del total de la población estudiantil. La primer salvedad que hay que hacer es que este crecimiento se detuvo a partir del año 2008. La otra salvedad es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde gobierna el PRO desde hace más de diez años, es la única jurisdicción en la que la matrícula de la educación privada (52%) supera a la de la educación pública.
Si bien el crecimiento de la matrícula de estudiantes es una de las caras más “visibles” de la privatización, es necesario tener en cuenta que hay otras formas de privatizar la educación que hace tiempo están proliferando a escala mundial y que, en Argentina, han encontrado el campo orégano a partir de la llegada al poder de la Alianza “Cambiemos”.
Una de las principales formas que asume la privatización es a través de los convenios y acuerdos suscriptos por el Ministerio de Educación de la Nación con empresas privadas nacionales e internacionales, Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y fundaciones vinculadas al ámbito educativo, y universidades privadas. Estos “acuerdos” parecen ser una de las principales líneas de la política pública que despliega el gobierno en el campo de la educación. De este modo, los referentes del sector privado se transforman en los interlocutores privilegiados a la hora de definir las políticas públicas en educación al tiempo que encuentran un nuevo ámbito para sus negocios en la medida en que gran parte de los funcionarios de esta gestión son o han sido accionistas, gerentes, consultores, asesores o directamente dueños de las empresas privadas, ONGs o fundaciones que se presentan para hacer sus negocios con la educación.
Entre los principales casos se encuentra la empresa Internet Media Services (IMS) que firmó un convenio en el área de Educación y Formación de Recursos Humanos en TICs con el objetivo de “promover el desarrollo de capacidades y recursos requeridos para realizar prácticas concretas sobre marketing y publicidad digital en las instituciones”.
El Director de Marketing de IMS es Ignacio Sánchez Zinny, hermano de Gabriel Sánchez Zinny, ex Director del INET, actual Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, Peugeot-Citroën, Samsung y el Banco Itaú firmaron convenios con el Ministerio de Educación de la Nación para llevar adelante acciones tendientes a fortalecer la calidad de la Educación Técnico Profesional e implementar programas de formación para docentes y alumnos, pasantías y prácticas profesionalizantes. Lo que se traduce en resguardo normativo para el ingreso de jóvenes al mundo del trabajo en condiciones de precariedad laboral y vulneración de los derechos de los trabajadores. Es decir, la preparación de mano de obra barata adaptada a los requerimientos del mercado.
Convenios similares se han firmado con la empresa Nestlé S.A. y con la Fundación Loma Negra, donde se especifica que los programas a implementar serán para el “entrenamiento” y prácticas profesionalizantes y para promover la “empleabilidad de los alumnos”.
Los convenios con Fundaciones y ONGs se constituyen en una de las principales formas de privatización en la actualidad y tienen el objetivo de reestructurar el Estado bajo los principios del paradigma "gerencial” con la introducción de los fundamentos de la Nueva Gestión Pública.
“Enseñá por Argentina” —que forma parte de la Red Global Teach For All— es una de las fundaciones con las que se han firmado convenios para convocar y seleccionar a jóvenes profesionales para participar por dos años en un programa de “formación en liderazgo” social y educativo. Estos profesionales se desempeñan como educadores en instituciones educativas, bajo la figura del co-docente. El modelo se sustenta en la idea de que cualquier “joven exitoso” puede desempeñarse como docente, no siendo necesario un serio proceso de formación, pues aparentemente alcanzaría con un entrenamiento en liderazgo y con vocación para lograr buenos resultados.
Enseñá por Argentina tiene unos 40 socios corporativos, entre los que pueden mencionarse Ledesma, Swift, DirecTV, Banco Galicia, Johnson&Johnson, Grupo Renault, Banco Comafi, Banco Santander Rio, Visa, Swiss Medical, Roche. Además tiene alianzas con universidades privadas, como Universidad de San Andrés, Universidad del Salvador, Universidad Católica Argentina.
Otro caso destacado es el de la Fundación Varkey, una organización “sin fines de lucro”, creada “para mejorar los estándares educativos de los niños menos favorecidos de todo el mundo”. Desde hace tres años ha implementado el “Premio al Docente Global”, que otorga 1 millón de dólares a un "docente excepcional, que haya hecho una contribución sobresaliente a su profesión".
Este modelo de premiar a los mejores no sólo fue ensalzado por el Ministro de Educación, sino que además se anunció que Argentina se sumaría al listado de 20 países que, inspirados en el premio de la Fundación Varkey, implementará el premio nacional al mejor docente: Premio Maestros Argentinos. También han impulsado una inserción de mayor alcance de la Fundación en el país. En el año 2017 se firmaron convenios y se desarrollaron acciones con las provincias de Jujuy, Mendoza, Corrientes y Salta, cada uno de los convenios suscriptos es de aproximadamente 5,4 millones de dólares.
Educar 2050 es otra de las Fundaciones referentes para el gobierno. La fundación tiene como misión “incidir en política pública, así como también concientizar a la sociedad civil a cerca de la importancia de educación de calidad”. El fundador y Presidente es Manuel Alvarez Trongé, un conocido abogado que ha ocupado altos cargos en grandes empresas nacionales y extranjeras como Pérez Companc, Telefónica de Argentina y Telefónica de España y que, desde diciembre de 2015, es Vice-Presidente de Aerolíneas Argentinas. Para cumplir con su “misión”, desarrollan su actividad a través de programas como el de formación en liderazgo para directores que se ejecutan en alianza con la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. El Proyecto Educar 2050 tiene apoyos y avales de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Banco Santander Río, el Grupo Clarín, el Diario La Nación.
La Fundación Cimientos es otra de las organizaciones de referencia del gobierno en la definición de las políticas públicas. Su presidente es Miguel Blaquier, ex abogado de la empresa familiar Ledesma. Tiene el apoyo de una gran cantidad de corporaciones privadas, entre las cuales se destacan Pan American Energy, Techint, Coca Cola, Natura, y varios bancos como HSBC, Galicia, Superivelle, Itau o J.P. Morgan.
En 2017 el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación firmó un convenio con esta fundación para que la misma preste asistencia técnica y capacitación al Programa Nacional de Tutorías del Secundario, por un monto superior a los 5 millones de pesos.
Otra variante es la Fundación Eidos, “que se especializa, desde hace más de 10 años, en la creación, desarrollo y ejecución de programas y políticas públicas orientados a fortalecer aptitudes y talentos individuales, y potenciar la capacidad de los jóvenes para generar soluciones innovadoras y sustentables a las grandes problemáticas actuales”. La fundación desarrolla una serie de programas que conjugan el ámbito de la educación con los valores del liderazgo y el emprendedorismo.
En síntesis, los principios de la Nueva Gestión Pública que ya estaban presentes en la reforma de los '90, se reactualizan con el gobierno actual con algunos rasgos distintivos, como la idea de una gestión “profesional” del sector público a través de un Ministerio de Modernización, la importación de estilos de gestión y administración provenientes del sector empresarial, la presencia de CEOs de empresas y funcionarios formados en instituciones privadas en la gestión de programas y proyectos del sector público, y un mayor énfasis en el establecimiento de estándares y medidas de desempeño como "solución" a los problemas del sistema.
Los interlocutores privilegiados de las autoridades educativas son las ONGs, las fundaciones, los empresarios y las universidades privadas, mientras que, por otro lado, se recurre a una descalificación de los sindicatos docentes e, incluso, a ataques y persecusión a sus principales dirigentes.
La restauración conservadora en educación hoy significa la apertura del sistema educativo a los negocios privados (a través de convenios y contratos), la atracción de capitales privados y de fundaciones internacionales no sólo para “asesorar” al Ministerio sino también para participar directamente en la implementación de políticas, mientras se desmantela la esencia de lo público y la idea de educación como derecho social y se limita la participación de las organizaciones gremiales representantes de los docentes.
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