Las Marías y un tribunal en aprietos

 

Después del contundente alegato del fiscal Flavio Ferrini, el tribunal que decide en el denominado Juicio a Las Marías decidió postergar la posición de la defensa y el veredicto para este jueves 23 de agosto. Evitaron el ruido de la calle. La fiscalía pidió imputar a Navajas Artaza por otros casos.

En un proceso judicial cargado de irregularidades, al que ya nos hemos referido en numerosas ocasiones, el denominado Juicio a las Marías todavía no llega al final. Para este martes 21 se esperaban los alegatos de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la fiscalía, de las defensas y el veredicto del tribunal. Pero la importante y ruidosa concentración de familiares, víctimas y organismos de derechos humanos y el contundente planteo del fiscal que acompañó en su totalidad la querella institucional, obligó a los jueces a postergar su decisión.

Ferrini pidió seis años de prisión para el único imputado, el militar y empresario Héctor María Torres Queirel, y enviar copias del expediente a la Fiscalía de Paso de los Libres para investigar la responsabilidad del emblemático dueño de Taragüí, Las Mañanitas, Unión y La Merced, Don “Toco” Adolfo Navajas Artaza, por delitos por los cuales no se lo había investigado.

 

 

Los resquemores de las víctimas y acusadores respecto de la actuación del tribunal recrudecieron cuando los magistrados le habilitaron más tiempo a la defensa del acusado. Desde la fiscalía explicaron sin embargo que por disposiciones procesales, de haber permitido el cierre de los alegatos para el mismo día, el tribunal no podría haberse demorado más de veinticuatro horas en dar a conocer su decisión. Y necesitan pensar.

El denominado Juicio a Las Marías comenzó el pasado julio en Gobernador Virasoro, localidad del norte correntino, donde ocurrieron los delitos de lesa humanidad que se juzgan, con audiencias recargadas de gendarmes. A esta instancia se llegó después de doce años de proceso judicial, durante los cuales el juicio fue suspendido en dos oportunidades, se absolvió a Navajas Artaza sin indagatoria, se excusaron 19 jueces y fueron corridos varios imputados, mientras que otros fallecieron. De la veintena de víctimas sólo se investigó, finalmente, la desaparición del trabajador rural Marcelo Peralta, ocurrida el 29 de junio de 1977 en la estancia María Aleida, propiedad del imputado Torres Queirel.

 

La fuerza del alegato

“En primer lugar debo decir que este crimen de lesa humanidad debe ser analizado dentro del contexto del Plan sistemático de la última dictadura militar diseñado para suprimir y eliminar a los enemigos del régimen, con la particularidad que incluía no sólo a militantes políticos, estudiantes, o militantes sociales, sino la desarticulación de la organización obrera con la eliminación de la organización gremial”.

Así comenzó Ferrini la instancia de alegatos. Sus palabras dibujaron ante los jueces un proceso histórico que excedieron los estrechos marcos de una mirada netamente jurídica del hecho investigado. El objetivo fue destacar el rol de Torres Queirel no sólo como integrante de una patronal yerbatera interesada en la eliminación de los sindicatos rurales y de la alimentación, sino en ser el operador local de una maquinaria represiva ilegal y desaparecedora.

 

 

El alegato describió la estructura económica de la región desde mediados del siglo XX, centrada en producción de la yerba mate. “Todos los establecimientos yerbateros de la región debían procesar su producción en la empresa de los Navajas, generando una especie de sistema de establecimientos satélites que respondían a los intereses de la empresa Las Marías”, indicó Ferrini.

En su exposición también destacó el rol militar que tuvo el ahora nonagenario emblema de Las Marías, durante la dictadura de 1966 a 1973, desde donde llegó a oficiar de interventor provincial. También historizó la organización gremial de los trabajadores al reiniciarse la vida democrática en 1973. Apoyándose en los testimonios de ex trabajadores incorporados a la causa o brindados en las audiencias orales, Ferrini relató las oleadas represivas de 1976 y 1977 en la zona y las argucias judiciales que se instrumentaron para detener, secuestrar y desaparecer a los trabajadores y dirigentes gremiales.

Resonó en la sala la lectura de las propias palabras que arrojó Navajas Artaza en 1978, en sede judicial, en la causa que le permitió detener a los principales activistas: Pablo Franco, Marcelo Acuña y Ramón Aguirre: “A partir del 25 de mayo de 1973 la actitud de una parte del personal del establecimiento, sobre todo la que respondía a la conducción gremial, fue de abierta rebelión contra las normas de trabajo implantadas en la empresa”. En aquel entonces el empresario aseguró que “a partir de marzo de 1976 esta clase de hechos han dejado de producirse en su totalidad”.

 

 

Luego, a partir de una abundante documentación militar, particularmente las directivas 504/77 del Ejército y su Anexo 3 sobre la represión en el ámbito fabril, Ferrini situó las responsabilidades políticas y militares del entonces empresario y teniente del Ejército, Torres Queirel, que desde el día del golpe del 24 de marzo fue instalado como interventor del municipio de Virasoro. Identificó con precisión su rol en el marco de los operativos “Toba II” y “Consolidación”, planes de acción cívica y psicológica cuyo fin inmediato era organizar las actividades de inteligencia y garantizar el flujo de información desde la población civil hacia las estructuras de la represión ilegal. En este punto se evidenció la importancia del Director de Rentas municipal e importante contratista de tareferos, Ignacio Balbuena, como recolector de información y habilitador de la represión, que respondía directamente y por doble vía al imputado. Ferrini recordó además que Torres Queirel albertó en su establecimiento un vivac militar que sirvió de base a los operativos represivos en tiempos del secuestro de Neri Pérez (hoy desaparecido), de Carlos Escobar, Héctor Sena y de Marcelo Peralta, cuya desaparición es la única investigada.

Ferrini recordó que Torres Queirel se defendió alegando desconocimiento de los hechos, que según el imputado si hubiesen sucedido debería haberse enterado. Y aseguró que “si bien es cierto que en el acto en sí del secuestro no se pudo identificar físicamente a las personas que participaron en él”, existen indicios “unívocos, concordantes y congruentes” para determinar su responsabilidad penal.

Así concluyó Ferrini: “Es imposible suponer que un Teniente, designado como interventor Municipal en el marco del golpe militar, en una localidad en la que se presumía actividades subversivas, que al mismo tiempo debía requerir la solución de problemas directamente relacionados con el planeamiento y ejecución de operaciones militares, según las directivas militares a la que se hallaba sujeto, no conociera ex antes las acciones que llevarían a cabo, máxime en un establecimiento de su propiedad y que además era en el que residía”.

Las palabras del fiscal generaron un evidente ruido en esta instancia final del juicio. “Les cambió el eje a los jueces, porque si seguían hoy y dictaban sentencia y absolvían como creo que tenían preparado, no les iba a ser fácil acomodar los argumentos en función de lo planteado por el fiscal”, señaló una conocedora de estas causas al finalizar la audiencia, quien después afirmó irónicamente: “Al menos los mandamos a estudiar unos días”.

Es que la intervención de la fiscalía además levantó el ánimo de las víctimas, sus familiares y de quienes llegaron desde distintas partes del país para dar su apoyo. “Buscan desmovilizar para no pagar costos, porque el ruido que hicimos en la calle se escuchaba en la sala”, coincidieron los presentes, quienes a través del Whatsapp hicieron circular sus fotos con banderas de apoyo, sus recuerdos de la gran Chicha Mariani y mensajes con más de dos líneas de aplausos.

 

 

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