Las manos en la masa

 

Esta semana, la Gobernación de Mendoza recibió un reproche de la Cámara Argentina de la Construcción; uno de sus ministros fue interpelado; un ex subsecretario debió renunciar a su puesto y el diputado nacional Alfredo Cornejo fue en persona a apurar el desafuero de un legislador que había denunciado el negocio detonante de esta catarata de secuelas.

Los intereses detrás de los que está el ex gobernador Alfredo Cornejo, actual presidente del Comité Nacional de la UCR, ya habían sido anticipados por Alejandra Dandan en El Cohete.

Su solitario denunciante es el senador provincial del monobloque Protectora Fuerza Política, Marcelo Romano, quien como abogado denunció a Barrick Gold y tuvo amplia difusión en la prensa porteña por su acompañamiento a las asambleas populares que defienden el agua y la antiminera Ley 7722 que a finales del 2019 provocó la marcha más grande de la historia de Mendoza.

 

 

 

 

Sin embargo, lo que más molesta a Cornejo son sus pedidos de informes respecto de un proyecto hidroeléctrico multipropósito en Malargüe, Portezuelo del Viento, "la verdadera joya de la corona", como denominó Dandan al negocio de 1.023 millones de dólares. Una megaobra por la que la Cámara Argentina de la Construcción envió una carta al gobernador en la que calificó la licitación como “poco transparente” ya que tiende a favorecer a una empresa local y a otras chinas.

Aunque Cornejo terminó su mandato en diciembre, en su lugar quedó otro correligionario y su influencia sobre la Legislatura. Allí, este miércoles, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) aprobó un expediente que pide el desafuero de Romano.

 

 

 

 

En pos de obtener ese dictamen, el mandamás unión cívico se trasladó a hablar con sus correligionarios para apurar el trámite. Y no abandonó la Legislatura hasta no recibir el documento que aquí se reproduce. Permaneció en el pasillo, a la espera, donde fue visto por el presidente del bloque Frente de Todos, Lucas Ilardo, quien lo confirmó a El Cohete.

 

 

Luego de conseguir el dictamen

Ese miércoles a la noche, el gobierno mendocino entregó a su primer alfil: el exsubsecretario Daniel Chicahuala que este año, como asesor del ministro de Infraestructura, Mario Isgró, había diseñado el pliego licitatorio de Portezuelo del Viento. Al mismo tiempo, desde enero del 2020, creó una consultora para asesorar empresas de construcción. Y se vendió en la red Linkedin como responsable de DCH & Asociados, con jornada completa y a la par de su tarea de asesor ministerial.

La decisión de apartarlo fue mantenida en reserva desde la semana previa, aunque fue conocida por el diputado nacional pampeano Hernán Pérez Araujo, como recabó el diario La Arena: "Chicahuala ha dejado de formar parte del gobierno mendocino desde el viernes 8". Es que La Pampa, por donde baja el río Colorado, es una de las provincias que reclama ante la Corte Suprema y ante COIRCO (el ente de la cuenca Colorado) para que la obra no se realice. El representante mendocino ante el COIRCO era Chicahuala.

Su interés y conocimiento de esa cuenca data de 2011, cuando fue a trabajar en un proyecto a cargo de contrataciones por 1.200 millones de dólares en nombre de su mandataria durante una década en Dubai y América del Sur: Odebrecht.

 

 

 

 

 

 

La interpelación

Nada de eso impidió que, el jueves, el ministro Isgró debiera sentarse con los presidentes de bloque en el recinto para dar explicaciones por videoconferencia.

Aquí están las imágenes: a los 41 minutos interviene Romano. Isgro está acompañado por el vicegobernador Mario Abed (ex Intendente de Junín) y por Andrés Peti Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.

 

 

 

 

El PJ quiso priorizar a las empresas mendocinas, por los puestos de trabajo. “Eso se garantizará si hay varios oferentes pero no en el caso de que haya uno solo”, dijo Ilardo.

Luego de la interpelación, Romano evaluó para El Cohete que “lo más importante fue el reconocimiento de que el pliego fue armado por Emilio Guiñazú [subsecretario de Energía y Minería de Mendoza] ex empleado de IMPSA”.

Más que empleado, el subsecretario Emilio Guiñazú Fader había sido intimado por el poder judicial de Brasil mediante cédula RTOrd-0000369-43.2014.5.09.0643 del 8 de junio de 2017 a dar explicaciones por una convocatoria de acreedores en su carácter de apoderado y CEO de una empresa de Enrique Pescarmona.

 

 

 

 

No es el único amigo que el empresario tiene en el gobierno mendocino. Basta oír la larga defensa que el ministro Isgró hizo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA), la única compradora del pliego, a la que ponderó: “no creo que lleguen a diez las empresas en todo el mundo que hagan la ingeniería de estos componentes”, como aparece en las imágenes de la audiencia a la altura del minuto 47´:

 

 

 

 

 

 

Que pasará con el desafuero

El embate se basa en el pedido de la fiscal Gabriela García Cobos, quien quiere avanzar contra él por un presunto “atentado a la autoridad agravado”. Lo acusan de haber amenazado en noviembre a policías que habían retenido a su hija por conducir de manera imprudente.

Romano le explicó a El Cohete: “Mi hija de 20 años fue rodeada por seis patrulleros para ser puesta al costado de la ruta”, en lo que entiende como una operación de amedrentamiento.

La fiscal (que no es familiar de Julio Cobos) fue designada por Cornejo. Al casamiento de ella asistió Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos denunciado por Romano ante el fuero federal en una causa conocida como la “Revisión Técnica Obligatoria”. Esa cercanía fue retratada por los medios locales, lo que motiva sospechas por parte del senador.

A esa ristra de coincidencias de pago chico, se suma un dato de color desconocido: la abuela de Romano, Manuela Neira, era hermana de Daniel Neira, abuelo materno de Cornejo.

Es posible que el desafuero se dé en la próxima sesión, que sería este martes, para la cual la Unión Cívica cuenta con mayoría. En defensa del senador, en tanto, se movilizan las Asambleas ambientalistas como la Autoconvocadxs de Tunuyán desde donde ya señalan “extorsión y persecución institucional”. Una de sus integrantes, Benche Galdame, le dijo a El Cohete: “Quieren sacarse de encima a Romano por ser un histórico defensor de la 7722, la ley que prohíbe el uso de contaminantes en la actualidad minera, y por destapar el escándalo de una obra de 800 millones que se cotizará en más de mil, con un solo oferente argentino: IMPSA, de la que fueron empleados Guiñazú y Chicahuala, funcionarios de Cornejo”.

 

 

 

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