Las joyas de la abuela naturaleza

 

Los recursos naturales pueden ser una bendición para los países que los poseen, o una maldición a veces, según sea la historia de cada uno y la utilidad que les han podido extraer en cada caso. La historia económica tiene lecciones muy fuertes en ese sentido. Lo que no hay duda es que son parte de la madre naturaleza, de las riquezas del planeta, de la casa común. El primer deber de todos los habitantes es cuidarlos, lo que no significa dejarlos en su estado natural. Por el contrario: se trata de  aprovecharlos con extrema precaución e inteligencia para el beneficio común, pero especialmente el de aquellos que conviven con los recursos.

Sobre ese pensamiento se asienta el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece con claridad que, en el marco de la preocupación por el ambiente, las actividades productivas tengan presente a las generaciones futuras y se haga una utilización racional de esos recursos. Lo que se resume en un cuidado especial de todo proceso económico y social basado en la utilización de los recursos naturales. Y, para que no quede duda en nuestro marco institucional, se produce allí una delegación expresa de las Provincias a la Nación para que esta regule y legisle sobre los presupuestos mínimos de ese especial cuidado. Tanta precaución normativa viene a cuento de las habituales depredaciones y saqueos que han realizado los países sobre sus recursos, y a menudo sobre los de territorios ajenos, con violencia e impunidad.

Nuestro país viene avanzando lentamente en esa protección que manda la norma fundamental de convivencia. Hay en ese camino una agenda más inclinada a la conciencia ambiental -paso fundamental y necesario- que a las consecuencias mismas de la utilización desaprensiva de nuestros recursos.  Así el suelo, el agua, las riquezas del subsuelo, la flora, la fauna, la biodiversidad, son interesantes para la academia, pero su uso y abuso encuentran siempre y pronto las justificaciones de la urgencia y, a menudo, de los intereses espurios de los grandes capitales, locales o extranjeros.

Este recuento del problema es más importante que nunca con el previsible endeudamiento al que nos sometió el macrismo. De esa gravísima secuela para nuestra economía rápidamente surgió la necesidad de enfrentarla de alguna manera. Casi con naturalidad se fue imponiendo el principio de honrar las deudas, a pesar de que la del FMI fue ilegítima, ilícita y de mala fe, tanto de parte del organismo acreedor como del gobierno deudor, acaso impugnable de nulidad. Cómo cumplir con aquel objetivo en circunstancias tan dramáticas de nuestra economía es el desafío. Sin embargo, enseguida se recurrió al viejo ejemplo recorrido en nuestra historia económica: los manoseados y siempre disponibles recursos naturales, las verdaderas “joyas de la abuela naturaleza” están entonces para resolver el problema.

Fue así que, analizada la cuestión, desde algún pensamiento económico surgió la decisión de “repetir”: cumplir con el objetivo logrado en esta oportunidad por el macrismo y sus promotores, honrar la deuda deshonesta, ya que Argentina tiene siempre recursos naturales disponibles para cualquier crisis importante. Allí están los provenientes del recurso suelo: agricultura y ganadería, que aunque son los de mayor valor económico y estratégico no resultan  los únicos salvadores para esta ardua y compleja tarea. El suelo también ofrece las mejores tierras del mundo para asentar molinos de viento en nuestro querido sur. Allí fueron rápidamente las multinacionales a hacer sus negocios eólicos y sus derivados, ya que el viento de esas tierras figura entre los que otorgan el mejor rendimiento a esa generación eléctrica, y además se aprovechan los beneficios de certificar de “verde” cualquier industria novedosa, como la del hidrógeno. Eso sí, en este último caso todo es para exportar, nada para el consumo interno: esa producción es extremadamente cara para nuestros costos. A pesar de lo cual, ofrecimos un enclave territorial en Río Negro, y allá veremos si queda alguna divisa de esa renuncia. Recursos renovables éstos que, entre otros más, suponen insumos importados, y un modelo de remuneración que encarece el precio eléctrico nacional.

Pero también tenemos otros recursos naturales, y entonces aparecen las nuevas normas para su promoción: exentos de todo pago normal que realiza cualquier industria en el país, con tal de conseguir hipotéticas divisas, se desarrolló un proyecto de hidrocarburos con la vista puesta en la exportación de petróleo y gas y en especial para atraer a los capitales multinacionales, a los que se ofrece todo tipo de prebendas y garantías. El objetivo, loable, de producir mayores cantidades de gas para abastecer el consumo interno sin tener que importarlo, no implica supeditarnos al fuerte incremento de los costos para la demanda nacional que supone ese proyecto. Es el que impone esa salida exportadora con el intento de obtener divisas, nunca debidamente mensurado ni aclarado en los montos y proporciones que se obtendrían de ellas por esa vía, especialmente dirigida a las multinacionales de hidrocarburos. Nuevamente, coincidimos con la necesidad de divisas, y en la explotación del recurso gas para ello, pero ¿con qué mecanismos de estímulo? ¿Con qué recaudos para que los resultados beneficien a la industria y al empleo nacional? ¿Con qué límites a la concentración económica de las grandes multinacionales que este modelo acarrea, que termina dominando el perfil soberano de nuestras instituciones?

En minería, también con el pretexto de la necesidad urgente de divisas se sostiene y promociona el modelo del menemismo. Aparte de la contaminación de los sistemas de producción, el negocio minero argentino padece una legislación que otorga sólo hasta el 3% de regalías a las provincias, cuando su valor es del 12% para todos los recursos naturales en el país. Ese es el meollo del negocio. Aparte de innumerables excepciones de impuestos de todo orden. Esa es la gran estafa al pueblo argentino, dueño de  los recursos naturales. Ley que vence el año que viene y que debiera anularse para el futuro, legislando a partir de los intereses nacionales y provinciales.  A lo cual se suman las irregularidades en las declaraciones juradas de lo producido, y en el casi nulo valor agregado local de esa industria. Nuevamente la excusa son las divisas, en realidad lo que quede de ellas en los distintos pasos mencionados. Es una gran fiesta de multinacionales, especialmente canadienses, australianas y suizas, ahora cebadas también con los negocios del litio. Una adecuada política de minería, multiplicaría por 10 o más las divisas y riquezas provenientes de esta industria: apenas se controle mejor su producción, se exija la industrialización y/o valor agregado en el territorio de un porcentaje creciente del producto, con la consecuencia de empleos estables y desarrollo económico, esa meta es posible. Sin tocar aún el lamentable 3% de las irregulares regalías.

Si a todo esto sumamos la moda exportadora de otras producciones, como la del aluminio, subsidiada y promocionada desde el gobierno nacional, estamos frente a un gran desafío y dilema: ¿cuánto necesitamos entregar de nuestros recursos naturales para su exportación con el fin de pagar los endeudamientos del macrismo, y qué beneficios aparte de esas eventuales y escasas divisas le quedan al país por ese modelo de concentración de capitales y poca o nula industrialización?

El modelo exportador productivista funciona detectando el recurso que mejor renta otorga al capital dispuesto a producirlo, capital que salvo el caso de la dispersa titularidad del agropecuario, siempre es el que al mismo tiempo lo exporta, sin intermediarios, sin dejar ningún valor en nuestro país: de la naturaleza al exterior. Ello implica transnacionales, a veces asociadas, concentración extrema del sistema productivo, intervención del territorio a través de infraestructura dirigida sólo al mercado externo, escaso o nulo valor agregado y mano de obra, nula tecnología local, ruptura del entramado social.

Los beneficios económicos de este modelo exportador en nuestro país han sido profusamente estudiados y explicados. Los beneficios en divisas son escasos, pero las desventajas sobre el desarrollo de la economía nacional son enormes. Empero, no debemos caer en la trampa de elegir entre el extremo de combatir el extractivismo ó el de defender a cualquier precio la producción de recursos naturales para su exportación y obtención de divisas. Entendemos que es urgente y propicio promover la exportación de excedentes de los recursos naturales que producimos para nuestro consumo. Es más, auspiciar la explotación racional, inteligente y cuidadosa de todo tipo de recursos, condicionado ello al desarrollo de su valor agregado local, acceso a las tecnologías respectivas, control estricto de la producción, control del territorio y de las prácticas de cuidado ambiental.

Ya que se supone que en el país están en pugna dos modelos de país sustancialmente diferentes, en el Frente de Todos proponemos el de la productividad, la industrialización, el empleo, el consumo y la inclusión social.

¿Cuánto tiene de nuestro modelo esta inclinación por cumplir con los endeudamientos irregulares a costa de la fuga de riquezas naturales al exterior, dejando las migajas de algunas divisas, para honrarlos? La exportación a todo trapo de los mejores recursos naturales de la patria, ¿cumple acaso con aquel mandato constitucional de su protección y cuidado? Esa acelerada y acuciante corriente exportadora, ¿contiene los elementos para el progreso de nuestra estructura productiva? ¿Para la industrialización local que esas materias primas permiten? ¿O para transformar aquellas riquezas en la mejora del bienestar social del pueblo? La necesidad de divisas para pagar deudas irregulares, deshonestas, ¿justifica ese modelo exportador a como dé lugar? ¿Es inevitable la primarización de nuestra economía? No tengo la respuesta definitiva, pero considero que un debate sobre estos interrogantes es necesario e imperioso en defensa del interés nacional.

 

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