LAS INMOBILIARIAS DEVORAN EL BOSQUE

 

El conflicto estructural por el control y la renta de los bienes de la naturaleza en la región patagónica también emerge al momento de aplicar la Ley Nacional 26.331 de presupuestos mínimos de protección a los bosques nativos, que fijó criterios y categorías para “su uso sustentable, conservación de la biodiversidad y de los servicios ambientales que estos prestan”. Las provincias de Río Negro y Neuquén están demoradas en la presentación de documentación de base exigida en aplicación de esa ley, que exige una actualización cada cinco años de los mapas oficiales de las zonificaciones locales.

Los gobiernos provinciales y municipales crearon instrumentos administrativos y jurídicos para eludir sistemáticamente esas normas de protección del bosque nativo, subordinados a los intereses concretos y particulares de los desarrolladores y urbanizadores a lo largo de toda la franja cordillerana, según nuestro análisis del proceso iniciado en 2011 con la sanción de la ley nacional. La intención y necesidad de flexibilizar los mapas originales aprobados por las respectivas legislaturas prueban que, tanto la norma nacional como las leyes provinciales de aplicación, son barreras al avance del capital inmobiliario que devora tierras rurales o de baja densidad poblacional.

Los ejidos municipales de San Martín de los Andes (SMA), Villa La Angostura (VLA), Traful y Pehuenia —con las áreas rurales provinciales aledañas— son algunos de los escenarios de conflictos más claros en Neuquén por flexibilizar la aplicación de la Ley 2780 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN) en beneficio de proyectos inmobiliarios VIP. El reclamo constante de comunidades mapuche directamente afectadas en su territorio tradicional y de organizaciones de base movilizadas permitieron, al menos en los casos de San Martín y La Angostura, controles sociales y políticos mínimos a la voracidad inmobiliaria con la intervención directa de una trama estatal provincial y municipal.

Dos urbanizaciones de Eidico SA y Nieves del Chapelco SA son algunos de los beneficiarios directos de las políticas de flexibilización de la aplicación de la OTBN en el área SMA, según la documentación oficial entregada recientemente a la Asamblea Socioambiental, espacio de articulación de varias ONG y vecinos movilizados. De acuerdo a esa documentación del ministerio de la Producción –autoridad de aplicación del OTBN en Neuquén—, son por lo menos catorce los proyectos beneficiados por resoluciones ministeriales que en los últimos cuatro años reajustaron las categorías de conservación para “legalizar” desarrollos en pleno bosque nativo y en cotas altas.

La documentación oficial fragmentada e incompleta no cumple con uno de los requisitos de ley, que estableció con claridad la información previa a la comunidad para realizar talleres participativos donde se concreten los reajustes necesarios a los mapas oficiales de zonificación de las tres categorías de protección. Durante el segundo semestre de este año, el ministerio de la Producción realizó esos talleres participativos y otros técnicos para analizar los reajustes a los mapas de ley ya elaborados por su cuenta por la autoridad de aplicación, flexibilización a la medida de los proyectos privados y de la intensificación de la trama urbana, según se cuestionó en los talleres.

La ley estableció tres categorías de conservación con una consecuente zonificación: zona roja (categoría I), máxima protección, intangible; zona amarilla (categoría II) y zona verde (III) que permite desarrollo urbano. El reajuste gubernamental llevado a los talleres participativos como hecho consumado pretende cambios de categorías para urbanizar en zonas rojas, pasar zonas amarillas a verdes e introducir, por fuera de toda previsión legal, zonas blancas que quedarían fuera del alcance de la ley y a merced de la voracidad urbanizadora.

 

 

Los mapas “reajustados” todavía no son definitivos. Deben ser presentados y aprobados por la Legislatura donde el oficialismo del Movimiento Popular Neuquino (MPN) puede sumar aliados para el despojo.

 

Capital privado bajo protección estatal

El ejido de San Martín tiene 14.000 hectáreas. Al norte limita con la cabecera del lago Lolog, del que toma el agua para consumo humano, y al oeste con el Parque Nacional Lanín y el lago Lácar. Al suroeste linda con el territorio tradicional ocupado por comunidades mapuche e incluye el área del cerro Chapelco. Desde hace años se analiza la ampliación del ejido municipal hacia el este, con tierras rurales de jurisdicción provincial. El loteo y urbanizaciones de antiguas estancias impone de hecho esa extensión de la trama urbana por fuera y por encima de cualquier planificación local, violentando la aplicación de la ley de protección de bosques nativos como la de humedales y recursos hídricos, entre otras.

Leandro Bertoya, ex ministro de Producción, junto con Uriel Mele, ex director general de Recursos forestales, y Mauricio Mazzuchelli, ex director de Gestión de Bosque Nativo, produjeron el andamiaje jurídico-administrativo que habilitó el desarrollo de proyectos en áreas prohibidas, lo que podemos corroborar en numerosas resoluciones fechadas a partir de 2014 con expedientes iniciados inmediatamente después de promulgada la ley.

• En 2014 la autoridad de aplicación aprobó el reajuste de categoría para permitir la urbanización Villa Lolog en 62 hectáreas del área rural de colonia Maipú, propiedad de la familia Wood;
• En 2015 en resolución ómnibus aprobó un reajuste dentro del ejido municipal para permitir las urbanizaciones cerradas “Las vertientes”, “La reserva”, “La lonja”, “Raitral”, “Rincón radales”, “Euskalduna”, “El abrojal / Ecopatagonia”, club de campo “Los ñyres” y “Peñón del Lolog”. Todos presentados por el ejecutivo local porque estaban aprobados en fecha anterior a la ley de bosques;
• En 2015 aprobó un reajuste solicitado por Nieves del Chapelco SA para instalar y habilitar una telesilla, obra de infraestructura que encubre una operación inmobiliaria con tierras provinciales;
• El proyecto del consorcio Valle escondido mereció dos resoluciones flexibilizadoras: una de 2015 firmada por Bertoya y otra de 2016 por José Brillo. Las solicitudes las inició Esteban María Bosch, representante de Eidico para la Patagonia, candidato a intendente de San Martín de los Andes por Cambiemos y ex secretario de Turismo de la actual gestión comunal.
• De 2015 es la resolución en favor del club de campo estancia Miralejos, vecina a Valle Escondido en área rural de la colonia Maipú, también presentada por Bosch. Según se cuestionó en el taller participativo, se trata de 360 hectáreas de bosque de lenga (especie nativa característica del bosque andino-patagónico) ubicado por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, área de máxima protección en la ley vigente.
• El mismo día de noviembre del 2015, Bertoya firmó la resolución en favor de Chacras altos del Lolog a solicitud de Carla Vanesa Parvanas;
• En área rural aledaña también fue favorecido el proyecto Rancho de montaña SA, siempre en el hiperactivo 2015 de Bertoya;
• Ya durante la gestión del ministro Brillo en 2016 se aprobó el reajuste en favor de la urbanización “Las pendientes” impulsado por Fernando Carvajal, apoderado del consorcio de copropietarios;
• Este año, el ministro Facundo López Raggi aprobó dos resoluciones en favor de proyectos para esa zona: loteo Loma Redonda, iniciado pro Facundo Rodríguez Taschler (copropietario) y subdivisión de un lote urbano propiedad de Martín José Zimmermann Pereyra Yraola.

 

La ley de bosques en la agenda empresaria

Este invierno el Presidente Mauricio Macri recibió a empresarios y operadores de negocios vinculados al turismo en el hotel Llao-llao (Bariloche). Uno de los socios de la empresa que tiene la concesión del cerro Catedral aprovechó la oportunidad para instalar en la agenda pública la supuesta necesidad de ajustar el mapa de aplicación de la ley de bosque nativo en Río Negro para permitir el desarrollo inmobiliario en el área del Catedral.

Catedral hizo valer su peso económico y político, cuya ola favorable alcanza a todos los centros de esquí de la zona. Nieves del Chapelco ya obtuvo parte de sus metas planteadas; Cerro Bayo intenta lo suyo, según plantearon sus voceros en los talleres públicos.

Aun en la más absoluta desigualdad, distintos sectores de la comunidad —no siempre organizados— exigen el cumplimiento estricto de la ley de protección de los bosques nativos, herramienta de defensa en el conflicto por áreas de alto valor ambiental y de control de bienes estratégicos de la naturaleza.

Cuando esta nota llegue a los lectores del Cohete, Macri estará en su segundo día de vacaciones... en Villa La Angostura, donde uno de los emprendedores es su concuñado.

 

 

 

 

Los mapas provienen de la obra de Federico Werner "Perspectiva en ambiente urbano. 
San Martín de los Andes 2007", ingeniería en Ecología, Universidad de Flores.

 

 

 

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