Las huellas de la dictadura

 

En artículos anteriores, hemos señalado que el DNU 70/2023 tiene como propósito desmontar las garantías del ejercicio de los derechos constitucionales de los trabajadores y sus organizaciones sindicales; como así también derogar todas las normas regulatorias de la actividad económica.

Ante la abrumadora mayoría del Senado que lo ha rechazado y las dudas respecto a cuál sería la decisión de la Cámara de Diputados —cuyo presidente, Martín Menem, cree que la mayoría debería alcanzar los dos tercios de los miembros—, el titular del Ejecutivo propone: “Los decretos los podemos separar en siete partes si no pasa por la Cámara de Diputados”.

Parece creer que el descuartizamiento de decretos que son inconstitucionales no por su extensión, sino por su inoportunidad y contenido, los podría transformar en constitucionales y aceptables para la mayoría de los legisladores. Ni siquiera dice que desde el Ejecutivo van a presentar proyectos de ley para que sean debatidos en el Congreso. Cree que su misión es gobernar por decreto, como si las facultades que tiene el Poder Legislativo se le hubieran transferido.

Estas expresiones demuestran que su objetivo es refundar el país, transformándolo en un Estado totalitario.

Hoy se cumplen 48 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Esta dictadura —como todas las del siglo XX— comenzó con el cierre del Congreso, la prohibición de las libertades políticas y gremiales. El plan económico de Martínez de Hoz tuvo como objetivo la “liberación de las fuerzas productivas”, la eliminación de los controles estatales sobre el comercio exterior, la libertad de precios, etc. Su aplicación desató una veloz concentración y crecimiento de ganancias en las clases dominantes y una enorme reducción de la participación de los trabajadores en la renta nacional.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue planificado por los grandes bancos, las corporaciones transnacionales y la gran burguesía argentina —por entonces nucleada en la Asamblea Permanente de Empresarios (APEGE)—, anunciado con mucha anticipación y celebrado por los mismos medios hegemónicos que hoy proclaman su adhesión al actual gobierno.

Las fuerzas armadas no tuvieron demasiadas dificultades para tomar el control absoluto del Estado, ya que buena parte de este ya estaba bajo su control. Cabe destacar que durante el mandato de María Estela Martínez de Perón se dictaron los Decretos 1368/74, que estableció el Estado de Sitio en todo el país; 261/75, que dispuso la intervención del Ejército en Tucumán en el llamado “Operativo Independencia”; 2770, 2771 y 2772/75, por los que se crearon el Consejo de Seguridad, el Consejo de Defensa, la subordinación a este último de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario, y se ordenó el “aniquilamiento de la subversión”. También bajo su mandato las fuerzas parapoliciales de las Tres A (Alianza Anticomunista Argentina) asesinaron a miles de militantes políticos, sindicales y estudiantiles.

En el punto seis de su Carta Abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh sintetiza claramente los efectos inmediatos del plan de Martínez de Hoz: “Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: ‘Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos’".

La dictadura cívico-militar-eclesiástica profundiza la represión contra la militancia popular y los sectores de vanguardia de la clase obrera. Miles de detenidos, cesanteados, torturados y perseguidos, además de los 30.000 desaparecidos, demuestran que existía un perfecto acuerdo entre las tres fuerzas armadas, los grandes bancos, las corporaciones transnacionales y la gran burguesía argentina en desatar un exterminio contra el movimiento obrero y popular. La mayoría de las víctimas de la represión fueron trabajadores conscientes, miembros de comisiones internas, cuerpos de delegados y organizaciones políticas del campo popular, muchos de ellos entregados por las patronales, entre las que cabe mencionar Acindar, Siderar, Ford, Mercedes Benz, Molinos Río de la Plata, Vicentin, Loma Negra, Ingenio Ledesma, La Veloz del Norte.

 

La criminalización de la huelga y la reforma laboral

La defensa de las condiciones generales del modo de producción capitalista frente al avance de los sectores clasistas y combativos del movimiento obrero determinaron que la dictadura cívico militar ocupara las fábricas, interviniera los sindicatos, cesanteara, encarcelara o hiciera desaparecer a miles de trabajadores.

Cabe recordar que hubo una resistencia obrera contra la dictadura: desde los quites de colaboración y la retención de tareas ante la falta de pago de sueldos hasta la huelga de Luz y Fuerza de 1977 —cuyo secretario general, Oscar Smith, fue desaparecido—, el primer paro de 1979 impulsado por la Comisión de los 25, el gran paro activo del 30 de marzo de 1982. Pero no alcanzó para derrocar la dictadura. La debilidad de los sectores combativos, la pérdida de cuadros valiosos como consecuencia de la represión y la ausencia de una dirección política y sindical unificada de los trabajadores determinaron que la dictadura —luego del desastre de Malvinas— pudiera replegarse en relativo orden, acordando con las principales fuerzas políticas lo que pretendía ser una transición “no traumática”.

Pocos días después del golpe, en abril de 1976, la llamada ley 21.297 —obra de los integrantes de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), que funcionaba en el Congreso clausurado por la dictadura— derogó 25 artículos y reformó otros 97 (sobre un total de 301) de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, sancionada en 1974. La llamada Ley 21.400 convirtió la huelga en delito.

Los objetivos de la clase dominante se reflejan en la exposición de motivos de la llamada Ley 21.297: “Restablecer la autoridad del empleador en la empresa”, eliminando las limitaciones a esta, “prescindir de innecesarios procedimientos de contralor”, “eliminar disposiciones que establecen el aumento automático y proporcional de salarios de convenio en caso de modificaciones al salario mínimo vital y móvil”,

Se eliminó totalmente el Capítulo VI de la Ley de Contrato de Trabajo: “Efectos de la huelga y otras medidas de acción directa”, con disposiciones protectorias de los trabajadores en el ejercicio del derecho de huelga:

1. El art. 243 reafirmaba el carácter suspensivo de la huelga sobre los efectos de la relación laboral y que la participación en ella no puede ser causa de despido, ni aun en caso de haber mediado intimación a reintegrarse al trabajo por parte del empleador.
2. Consideraba trato discriminatorio incorporar a algunos trabajadores y dejar afuera a otros luego de una huelga.
3. El art. 244 prohibía contratar “carneros” para sustituir a los trabajadores en huelga.
4. El art. 245 determinaba que correspondía pagar los días de huelga cuando las medidas de fuerza obedecieron a la culpa del empleador.

La derogación de estos artículos permitió que el poder económico pudiera reprimir a los trabajadores durante casi medio siglo:

1. El despido de los trabajadores en huelga puede contarse por centenares de miles desde 1976 a la fecha. Basta recordar el festival de privatizaciones concretado durante los '90 en la presidencia de Menem. Cavallo se ha jactado de haber despedido a 100.000 ferroviarios.
2. La contratación de rompehuelgas o carneros para hacer fracasar la medida de fuerza.
3. El trato discriminatorio hacia los que participan en las medidas de fuerza o en cualquier conflicto. Es posible en la práctica reincorporar a algunos y dejar sin trabajo a otros.
4. Que el carácter suspensivo de la huelga se transforme en los hechos en un motivo de extinción del contrato de trabajo.
5. Que el pago de los días de huelga sea negado, aun cuando el empresario haya reconocido la justicia del reclamo accediendo al este. Y lo más grave es que sea el criterio de la mayor parte de los jueces de nuestro país.

La supresión de estas garantías —no recuperadas hasta hoy— convierte el ejercicio del derecho de huelga, herramienta de resistencia de los trabajadores, en un riesgo para la subsistencia de sus puestos de trabajo, rompiéndose el vínculo entre el derecho colectivo y el derecho individual del trabajo.

Siguiendo los mismos lineamientos de reforzar aún más la autoridad patronal dentro de los lugares de trabajo, el actual Poder Ejecutivo se empeña fundamentalmente en prohibir o hacer inocuo el derecho a huelga y otras medidas legítimas de acción sindical, reconocidas por el art. 14 bis de la Constitución nacional, por los pactos internacionales con jerarquía constitucional y por el art. 2º de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551.

Los propósitos del DNU 70/2023, Capítulo IV, declarado inconstitucional por la Justicia Nacional del Trabajo, tienen como objetivo profundizar aún más el trabajo de destrucción del derecho del trabajo iniciado por la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Hemos desarrollado en anteriores artículos los puntos fundamentales de dicho capítulo.

 

La continuidad jurídica de la dictadura

Hay 417 reglas estatales de la dictadura aún vigentes, que representan aproximadamente el 10 % de las leyes de nuestro país.

La vuelta de la democracia generó un breve debate sobre la validez de estas “leyes”, que se cerró definitivamente en la década del ‘90 con el reconocimiento de la vigencia de esas reglas estatales.

En nombre de la “continuidad jurídica” del Estado, nunca se planteó en nuestro país la nulidad de la legislación de facto. Entre otras, la Ley de Entidades Financieras 21.526, la ley de Inversiones Extranjeras 21.382 —que otorga beneficios a las empresas extranjeras equiparándolas con el capital nacional y sin obligación de reinvertir en el país—, la ley de expropiaciones 21.499, el Código Aduanero —además de la mencionada 21.297 modificatoria de la Ley de Contrato de Trabajo— se hallan aún vigentes.

La mayor parte de estas normas reestructuraron al Estado argentino a la medida de los intereses de la gran burguesía y los grupos económicos nacionales y transnacionales que se alzaron contra la Constitución, diseñaron el plan económico que destruyó la industria nacional, colonizó y endeudó al país.

El DNU 70/2023 como la llamada ley Ómnibus no derogan ninguna de estas normas del último régimen de facto; sino aquellas que han sido producto del intento de los gobiernos democráticos, y particularmente los nacional-populares, de construir un Estado social de derecho en nuestro país. Derogan la Ley de Alquileres 27.551, la Ley de Tierras 26.737, la Ley de Abastecimiento, entre muchas otras.

 

 

La deuda externa y el vínculo indisoluble con el FMI

Cuando el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 derroca a la entonces Presidenta María Estela Martínez de Perón, la deuda externa de la Argentina era de 7.800 millones de dólares.

Entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, la deuda externa escaló a 45.100 millones de dólares (un 364%).

Un Banco Central, dirigido por un joven Domingo Cavallo, luego dos veces ministro de Economía, estatizó la deuda privada de los grupos económicos nacionales, entre los que se cuentan Socma, Bridas, Pérez Companc, Bulgheroni, Renault Argentina, Grupo Clarín, Diario La Nación, Papel Prensa, entre otros, por un monto total de 23.000 millones de dólares. El Grupo Macri se benefició con una deuda estatizada de 236 millones de dólares. La deuda de la totalidad de los grupos económicos pasó a ser deuda de todo el pueblo argentino.

Desde entonces, el endeudamiento externo se convirtió en una enfermedad crónica que corroe la sociedad y la vida de los argentinos, y “honrar la deuda” ha servido de argumento para que sucesivos gobiernos constitucionales justificaran el debilitamiento o el abandono de todo proyecto soberano de desarrollo autónomo. El vínculo indisoluble con el Fondo Monetario Internacional es parte de la herencia dictatorial.

 

 

Continuidad y profundización del neoliberalismo

El gobierno actual y su política destructiva de la economía real y de la soberanía del país se erige en los hechos como garantía de los mismos intereses económicos que gestaron y respaldaron a la dictadura. Todo se justifica en nombre de la “propiedad privada”: que el comercio exterior siga en manos de los oligopolios exportadores de granos, que no existan limitaciones estatales a la exportación. Las retenciones se mantienen porque así lo exige el Fondo Monetario Internacional.

La aplicación a rajatabla de uno de los dogmas ultraliberales, la liberalización total de los precios, provocó un crecimiento incontrolado de estos, sobre todo los de los alimentos, que afecta las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, confirmando una vez más la falsedad de la teoría de que la inflación es un “fenómeno monetario”. Como la teología del libre mercado no le permite controlar precios, recurre a la intervención estatal para liberar las importaciones de alimentos, sin tomar en cuenta siquiera las graves consecuencias sobre la industria nacional y la inutilidad de la medida en un mercado dominado por los oligopolios, que también son importadores.

Como bien lo destaca el economista Alfredo Zaiat, el gobierno distorsiona los datos de la inflación tal como lo hizo la dictadura: “Repite que la inflación proyectada era de 3500%, 7000% y hasta 17.000 % y que su gobierno evitó la hiperinflación imaginaria. Esta cifra es significativa en términos políticos e históricos: es la misma que, con exageración y manipulación anualizando números puntuales, expuso el ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, en abril de 1976, por cadena nacional”. 

 

 

El objetivo de cerrar causas y liberar condenados por delitos de lesa humanidad

Pese a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas durante el gobierno de Alfonsín, y a los indultos de Menem, anulados luego por el Congreso de la Nación por decisión de Néstor Kirchner, gran parte de los responsables militares y policiales del genocidio han sido juzgados y condenados, otros procesos se hallan en trámite, lo que constituye un ejemplo para nuestro continente y para toda la humanidad.

La identificación con los objetivos económicos de la dictadura lleva al gobierno a intentar un nuevo “punto final” en los juicios contra los autores y cómplices militares, policiales y civiles de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado. Se expresa en la intención nunca desmentida de indultar a los condenados después de largos procesos en los que quedaron probados los crímenes que cometieran.

Quienes promueven el indulto, la amnistía o la conmutación de penas olvidan o soslayan que ninguna de dichas alternativas es legalmente posible. La ley 27.156, vigente desde el 1º de julio de 2015 establece en su artículo 1º: “Las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6º, 7º y 8º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”.

Entre los que promueven la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad se halla el ex columnista de la revista fascista Cabildo, hoy del diario La Nación, y jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Manfroni. Ha dicho que no debe haber represores mayores de 70 años en las cárceles. En uno de sus artículos llega a equiparar el accionar del terrorismo de Estado con el del Estado democrático que —a través del Poder Judicial— ha investigado y condenado a los represores: “El poder público violó los derechos humanos de los detenidos y desaparecidos después de 1976. El poder público viola los derechos humanos de los militares y efectivos de las fuerzas de seguridad”. Sostiene que es necesario buscar “una solución” a la situación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, una suerte de Pacto de la Moncloa argentino, viejo anhelo de la derecha local, que el señor Duhalde promovió en la campaña electoral del 2011.

 

 

La impunidad de los cómplices civiles

Al actual gobierno le preocupan fundamentalmente las causas judiciales contra los responsables civiles y eclesiásticos de las desapariciones y otros delitos, que se desarrollan con muchas dificultades, ya que parte del Poder Judicial nunca dejó de poner trabas a su juzgamiento y condena. En particular, han sido beneficiados los empresarios autores y cómplices de delitos cuyas víctimas fueron trabajadores de sus empresas.

Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos fueron procesados en noviembre de 2012 por privación ilegal de la libertad en virtud del secuestro de 29 trabajadores y referentes sociales entre marzo y julio de 1976. En la llamada “noche del apagón”, una serie de cortes de luz en las localidades de Calilegua, El Talar y Libertador General San Martín, se produjo el secuestro de cientos de trabajadores del Ingenio Ledesma, estudiantes y militantes, muchos de los cuales continúan desaparecidos. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictó falta de mérito, revocando los procesamientos, aun cuando se ha probado que se utilizaron vehículos de la empresa para los secuestros. Recién en julio de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió anular el sobreseimiento de ambos, habilitando la continuidad del proceso. Pero como era de esperar el proceso se paralizó en la provincia gobernada por Gerardo Morales; y Blaquier falleció impune el 13 de marzo de 2023.

También siguen impunes los responsables civiles de la represión de los trabajadores de Villa Constitución (funcionarios de Acindar), plan criminal iniciado el 20 de marzo de 1975, con una operación coordinada desde el Ministerio del Interior, a cargo de Alberto Rocamora, y que llevaron a cabo la Policía Federal, las AAA y elementos fascistas vinculados a las patronales metalúrgicas y la burocracia sindical, que invadieron Villa Constitución, asaltaron la combativa seccional de la Unión Obrera Metalúrgica y detuvieron a su comisión directiva. Los crímenes de lesa humanidad, de los que fueron partícipes varios funcionarios de Acindar, consistieron en la entrega, secuestro y asesinato de trabajadores, y el establecimiento de un verdadero campo de concentración dentro de la planta industrial.

Vivimos momentos en que parte del Poder Judicial otorga prisiones domiciliarias y otros beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad, que alarga y/o impide el juzgamiento y condena de los empresarios autores y cómplices de delitos de lesa humanidad, y una Corte Suprema de Justicia de la Nación que pretendió aplicar el 2 X 1 al genocida Muiña, decisión frustrada por la movilización popular. La oficina del Presidente ha anunciado los nombres de los dos candidatos a nuevos ministros de la Corte: Ariel Lijo —para renovar el puesto que dejó vacante Elena Highton de Nolasco—, a quien ya conocemos por su práctica incansable del lawfare, y Manuel García Mansilla, a fin de reemplazar a Juan Carlos Maqueda. García Mansilla es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (del Opus Dei) y participó en el Senado en el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, manifestando su posición contraria a su sanción. De concretarse la conformidad del Senado, tendríamos una Corte íntegramente masculina, con mayoría conservadora, enemiga de los derechos de los trabajadores, que legitimaría el rumbo reaccionario del actual gobierno.

Desde una ciudad castigada desde hace muchos años por el narcotráfico, y luego del asesinato de cuatro trabajadores por sicarios, el gobierno nacional envía fuerzas de seguridad y militares. Más preocupado por las movilizaciones populares que por el narcotráfico, mientras potencia los mecanismos de la represión, envía helicópteros, barcos, móviles y tropa de las fuerzas armadas, absolutamente inaptas para la lucha contra el narcotráfico, en una clara demostración de fuerza. Cabe destacar que el objetivo del gobierno es que las fuerzas armadas tengan un papel fundamental en la seguridad. Los ministros de Seguridad y Defensa han anunciado un paquete de leyes que incluirá penas de prisión para los organizadores de piquetes y bloqueos. El Ministro de Defensa ha dicho que están impulsando alternativas a fin de que las Fuerzas Armadas puedan “realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior”, lo que implica modificar la reglamentación de la Ley de Seguridad Interior para darle facultades que hoy no tiene.

En este día de memoria, verdad y justicia, exijo juicio y castigo a todos los responsables militares, policiales, eclesiásticos y civiles de los crímenes de la dictadura y el cumplimiento íntegro de las penas en cárceles comunes, sin privilegios de ninguna índole; y mi rechazo al indulto, amnistía, conmutación de penas o cualquier pacto que tenga por objetivo la libertad e impunidad de los represores y cómplices condenados y/o procesados. Es también un día de compromiso con la defensa irrestricta de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, a luchar por la recuperación de los que fueran suprimidos por la dictadura cívico-militar-eclesiástica, por el rechazo definitivo del DNU 70/2023, de la ley Ómnibus renovada y del llamado “Pacto de Mayo”, de todos los proyectos de reforma laboral y/o previsional que tienden a privar de derechos a las y los trabajadores y por un derecho del trabajo que se ajuste a los pactos internacionales de derechos humanos, como aporte fundamental para el avance hacia una sociedad verdaderamente democrática, justa e igualitaria.

 

 

 

 

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