Las fuerzas de la tierra

 

El ex panelista televisivo que hoy gobierna la Argentina demostró en tiempo récord que las alusiones a la casta fueron apenas un trampolín para abalanzarse sobre el patrimonio de toda la sociedad. En efecto, educación, salud, recursos naturales, jubilaciones, empresas públicas, industria, ciencia y tecnología, en decir, todo el patrimonio construido, no sin dificultades y contramarchas, por generaciones de argentinas y argentinos, pretende ser convertido de la noche a la mañana en el botín de un reducido contingente de piratas de las finanzas y grupos económicos locales y extranjeros. La alianza que conformó con el ex Presidente Macri no busca gobernar en democracia sino dar vuelta como una media el sistema jurídico y constitucional argentino, reconvertirlo para hacerlo a la medida de las necesidades de los poderosos de este país.

Ni los decretos de necesidad y urgencia, ni la Ley Ómnibus, que mete dentro de un paquetazo todo tipo de materias, forman parte del procedimiento legal para reformar nuestra Constitución. Una vez más, quienes se dicen liberales no respetan los más mínimos principios democráticos de institucionalidad y división de poderes. Precisamente el liberalismo surgió como respuesta al absolutismo monárquico que Milei cree encarnar inspirado en “fuerzas del cielo”.

Luego de pulverizar los ingresos con la devaluación cuyos efectos continúan, el grupo de empresarios y especuladores que gobiernan diseñaron dos esperpentos jurídicos para eliminar de cuajo toda expectativa favorable a las mayorías. Por un lado, el contenido del DNU, que pretende llevarse puestas 330 leyes aduciendo necesidad y urgencia, fue redactado por los poderosos grupos dominantes del sector financiero y empresario de la Argentina en sus propias consultoras. Por otro, la Ley Ómnibus significa una profundización brutal de los aspectos represivos necesarios para la aplicación del ajuste y la entrega del país. Entre ambos mamarrachos legales, el Presidente y sus mandantes pretenden llevar a cabo una transformación institucional, económica, política, social y cultural sin precedentes.

Desde el punto de vista económico se plantea una desregulación de la economía y un achicamiento del Estado al mismo tiempo que se deja a la población completamente desguarnecida ante las fuerzas del mercado. La desregulación abarca todo tipo de mercados: salud, combustibles, alimentos, transporte. Implica la libertad de precios y la competencia del mercado interno con el mercado externo. En el caso de los bienes exportables como la carne, la leche, harina, alimentos en general, combustibles, hidrocarburos, bienes esenciales o estratégicos, se quitan los cupos de exportación y herramientas como los fidecomisos que impedían el desabastecimiento local, o la posibilidad de desacoplar los precios internos de los precios internacionales o el tipo de cambio. De esta forma se garantiza rentabilidad a los sectores productores ante un mercado interno completamente empobrecido sin posibilidades de acceder a estos bienes básicos.

La apertura comercial dará el golpe final a las pequeñas y medianas empresas que, con un mercado interno minimizado, costos energéticos e insumos dolarizados, no podrán enfrentar la competencia de la producción importada.

Al mismo tiempo se destruyen las capacidades del Estado de planificar, promover, proteger cualquier actividad económica con sentido estratégico en cualquier ámbito de interés social, desde la planificación energética, la protección de recursos naturales, del patrimonio nacional y territorial hasta la producción cultural, científico-tecnológica, de salud, de educación. Se lleva a cabo de esta manera una amputación de la enorme mayoría de las funciones del Estado.

Sin embargo, como lo demuestra la historia, el neoliberalismo en realidad no reniega del Estado, lo transforma en un gendarme de los intereses corporativos nacionales y extranjeros. Deja en el abandono y la desprotección a todo el pueblo argentino, pero se asegura el beneficio de los más poderosos sosteniendo abiertas con su pie las puertas para el saqueo. Como parte de esta estrategia, se genera un verdadero vaciamiento y enajenación del patrimonio público. Se planea privatizar más de 40 empresas públicas (YPF, Banco Nación, ARSAT, Nucleoeléctrica —Atucha I, II y Embalse—, AYSA) además de quitarle a la ANSES el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para dejarlo en manos del Tesoro Nacional, con la posibilidad de utilizar esos recursos pertenecientes a los trabajadores, para gastos corrientes.

Por último, como si fuera poco, se pretende habilitar nuevamente al Poder Ejecutivo a tomar deuda externa sin el permiso del Poder Legislativo, tal cual se definió la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública.

En definitiva, no solo están en peligro los derechos laborales, la Patria está en peligro. Están en grave riesgo las conquistas sociales y económicas que se fueron logrando a lo largo de los años, y también todo lo que conquistó el pueblo argentino en relación a la vigencia de los DDHH, el respeto a los derechos ciudadanos y las libertades públicas. Estamos frente al intento de instalar una tiranía que sueña con convertir al Congreso de la Nación, y a quienes forman parte de sus Cámaras, en piezas absolutamente decorativas, del mismo modo que pretende convertir en reliquia de museo la Ley de Contrato de Trabajo, las conquistas laborales, los derechos sociales. Vienen con el revanchismo acumulado de la Revolución Fusiladora y la Dictadura Cívico-Militar del ’76 a cumplir lo que aquellos golpes no pudieron, a restaurar privilegios que creen otorgados por derecho divino.

Pero el golpe económico y político con el que pretendía noquear a la sociedad para avanzar sobre las ruinas está produciendo el efecto contrario. Sus brutales medidas económicas corroen día a día la legitimidad otorgada por la elección ganada en segunda vuelta y se ha puesto en marcha la lucha del campo popular mostrando una unidad también sin precedentes. El paro nacional del 24 de enero y las movilizaciones que vienen registrándose en todo el territorio nacional tanto de manera espontánea como organizada muestran que hay una ciudadanía dispuesta a defender esa patria en peligro. La decisión anunciada hoy por la CGT, a la que nos sumamos desde el Plenario de las dos CTAs, la UTEP, el movimiento Pymes, las cooperativas y los organismos de DDHH, es consecuente con la convicción de que ya no son los intereses de uno u otro sector de la clase trabajadora y el pueblo. Es con todos porque vienen por todos. Frente a la fuerza de los de arriba comienza a levantarse sin demora la fuerza de los de abajo. Frente a los que se creen iluminados por el cielo, la dignidad de los que somos parte de esta tierra.

 

 

• Hugo Yasky es secretario general de la CTA y Diputado Nacional

 

 

 

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