Las feministas no votamos a Larreta

 

"Con el feminismo bien entendido, yo soy feminista", aseguró Horacio Rodríguez Larreta en una reciente entrevista televisiva. El jefe de gobierno porteño también dijo que en la ciudad "hay muchas políticas para generar igualdad de oportunidades". No sabemos qué entiende Rodríguez Larreta por feminismo, pero sí que sus políticas están muy lejos de serlo. En esta nota te contamos por qué las feministas no votamos a Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una guía de bolsillo para compartir en la mesa familiar y la parada del Metrobús.

Trabajo. Según datos de la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad, en el segundo trimestre de 2019 el desempleo subió al 10,9%, lo que equivale a más de 185.000 desocupadxs en una ciudad con casi 3 millones de habitantes. Entre las mujeres, la cifra asciende al 13,1%. Si bien la crisis afectó a todo el país, el impacto en la ciudad de Buenos Aires es injustificado si tenemos en cuenta que se trata de la ciudad más rica del país y que el gobierno porteño cuenta con un presupuesto que le permitiría aplicar políticas contracíclicas para contener la crisis que generó Cambiemos a nivel nacional. “Estructuralmente, las mujeres tienen mayores dificultades para insertarse laboralmente. Esto está relacionado a factores extra-mercado, como la desigual carga de tareas reproductivas que repercuten en las dificultades para ascender en las jerarquías, para conseguir trabajo de calidad y formal y en una mayor tasa de desempleo. Además, las profesiones de mayor feminización tienen peores pagos aún controlando por variables como años de estudio, experiencia y jerarquía. No debe llamar la atención que la crisis entonces, tenga un impacto diferencial en las mujeres”, explicó a LATFEM la economista e integrante del Centro de Economía Política (CEPA), Eva Sacco.

Vivienda. Buenos Aires es la ciudad más inquilinizada del país: al menos el 35% de lxs porteñxs son inquilinxs y si se tienen en cuenta otras formas precarias de acceso a la vivienda, la cifra de porteñxs que no cuenta con una vivienda propia asciende al 50%. Según un informe del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en agosto una familia porteña compuesta por una pareja con dos niñxs, necesitó ingresos mensuales de $53.197 para cubrir el alquiler y los servicios básicos. Un requisito que cumplen menos del 40% de las familias en la ciudad. En el caso de un hogar unipersonal, unx porteñx necesitó $24.847, algo que cumple menos del 50% de la población ocupada en la ciudad. En este panorama, cada vez son más lxs inquilinxs que abandonan las viviendas antes de terminar los contratos de alquiler y 4 de cada 10 inquilinxs tiene dificultades para pagar. Además, según un relevamiento reciente de dicho organismo, las mujeres son las que más dificultades tienen para sostener el pago del alquiler en tiempos de crisis: iniciaron el 68% de los trámites vinculados con ese tema y sufren mayores abusos que los hombres por parte de las inmobiliarias.

La calle no es un lugar para vivir. Según datos del último Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad junto a más de sesenta organizaciones sociales, hay al menos 7.251 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. 40 de ellas son mujeres embarazadas y más de la mitad está en la calle por primera vez. La cifra representa un aumento del 23% respecto a 2017 y se enlaza directamente con otras deficiencias de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta a la hora de dar respuestas: en la ciudad más rica de la Argentina, ante la crisis, el gobierno de Cambiemos ajusta en desarrollo social, salud, educación, trabajo y vivienda.

Educación. Se estima que en Buenos Aires faltan 22.000 vacantes en la escuela pública. La problemática crece año a año y cada vez son más lxs pibxs que se quedan sin escuela en la ciudad, sobre todo en la zona sur donde vive la mayor población en edad escolar pero donde la oferta educativa es menor. Además de vulnerar el derecho básico a la educación de niños, niñas y adolescentes, el déficit de vacantes escolares tiene un fuerte impacto de género. “El rol del Estado, especialmente en los primeros años de vida de lxs menores, es central para distribuir socialmente las cargas de cuidados. Cuando el Estado no da vacantes en las guarderías, da una vacante en una escuela muy alejada o en horarios que dificultan la organización familiar, o no exige a las empresas que cumplan con guarderías en los espacios laborales, eso impacta directamente en las mujeres. Es la madre la que abandona el trabajo, no el varón (esté o no presente en la crianza) si el salario no es suficiente para afrontar el costo de cuidado en el mercado. Otras veces recae sobre otras mujeres de la familia, como una hermana mayor que ve interrumpida o dificultades su escolarización para cuidar a lxs hermanitxs. La falta de ofertas de cuidado gratuitas reproducen, además, las desigualdades de género pero también las desigualdades de clase porque justamente son las mujeres con menos experiencia laboral, las más jóvenes, con menos estudios, las que tienen salarios más bajos y mayores dificultades para insertarse laboralmente. No es menor que gran parte de los jóvenes “ni-ni” son chicas que cuidan a sus hijxs o a sus hermanxs y que la mayor tasa de desempleo se dé entre las mujeres jóvenes de menos de 29 años”, analizó Sacco.

Violencias machistas. En 2019 sólo se destinó el 0,08% del presupuesto total de la ciudad para la Dirección General de la Mujer, el área que brinda asistencia, orientación y acompañamiento a víctimas de violencia machista. Se trata de 250 millones de pesos para atender alrededor de 19.000 casos en el año. La cifra equivale a menos de 40 pesos por día por víctima. Mientras tanto, se destinan 2.300 millones para el arreglo de veredas. Sí, en la ciudad PRO, las veredas valen más que la vida de las mujeres.

Violencia institucional. Las imágenes de represión a la protesta social por parte de la Policía de la Ciudad se grabaron en la memoria feminista en los últimos cuatro años. El 8 de marzo de 2017, la policía porteña reprimió la marcha del Primer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans dejando una veintena de detenidxs: 16 mujeres, una de ellas menor de 18 años, y cuatro varones fueron detenidxs de manera violenta por policías uniformados pero sin identificación y hombres de civil. Las escenas de represión y violencia institucional se repitieron una y otra vez en la ciudad desde 2015: el 1 de agosto de 2018, tras la masiva movilización para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado; en la persecución contra la comunidad senegalesa; en el lesboodio policial contra Mariana Gómez, condenada a un año de prisión en suspenso por ser una lesbiana visible que besó a su esposa en público y luego se resistió a una detención arbitraria e ilegítima; y esta semana, cuando la Policía de la Ciudad reprimió con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos una protesta de organizaciones sociales en solidaridad con el pueblo chileno y detuvo arbitrariamente a seis personas, entre ellas a Myriam Selhi, periodista e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien estaba registrando la manifestación y el operativo policial.

 

 

 

 

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