LAS DEMONIAS

 

Un juez federal de Bariloche reflotó la teoría de los dos demonios al fundamentar el rechazo a un nuevo pedido de excarcelación de las presas políticas mapuche que llevan siete meses privadas de la libertad en prisión domiciliaria con sus once hijxs, por un delito todavía no juzgado que tiene una pena de cumplimiento en libertad. Este contenido ideológico reforzó el alcance político de la medida judicial, ya que en los hechos el Poder Judicial desde el fuero penal interrumpió la ocupación de un territorio en conflicto con el pueblo mapuche en Villa Mascardi (Parque Nacional Nahuel Huapi) en beneficio directo de los organismos públicos nacionales y los privados que debían reclamar por la vía civil sus supuestos derechos de propiedad a once fracciones de tierra en discusión.

Gustavo Villanueva, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén y subrogante del de Bariloche, en el último rechazo a un pedido de liberación de las mujeres mapuche, estableció una analogía con la prisión preventiva de los genocidas que cometieron crímenes de lesa humanidad en Neuquén y parte de Río Negro durante la última dictadura cívico-militar. Citó el fallo en el caso de los militares que pidieron prisión domiciliaria por su edad avanzada y problemas de salud (causa “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/delito c/la libertad y otros s/incidente de apelación de 2008”). Luis Virgilio Sánchez y Laura Taffetani, de la Asociación Gremial de Abogadxs, en representación de tres de las imputadas, apelaron el fallo de Villanueva y calificaron de “extrapolación impropia de jurisprudencia obtenida en juicios de lesa humanidad” la argumentación que usó para mantener la detención de las integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu.

El 4 de octubre del año pasado, la jueza Silvina Domínguez allanó el territorio comunitario reivindicado por Lafken Winkul y debutó el Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, dispositivo de control federal que se mantiene hasta el presente. Con el argumento del incendio intencional de un puesto móvil de Gendarmería Nacional, la jueza desalojó de hecho algunas parcelas y otorgó su posesión a particulares que reclaman su propiedad, ahorrándoles el trabajo de tener que recurrir a la demanda civil y sin que sea su competencia.

De las siete mujeres detenidas originalmente, permanecen con prisión preventiva domiciliaria cuatro: Betiana Ayelén Colhuan (machi, autoridad espiritual), Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas en Bariloche; y Celeste Ardaiz Güenumil en Carmen de Patagones.

 

 

 

 

 

 

Atajo penal violento

El Poder Judicial —tanto el federal como el ordinario— aparece como el ejecutor de una estrategia del Estado nacional y los gobiernos provinciales, en acuerdo estratégico con los defensores de la propiedad privada, de armar escenarios de violencia y militarización para justificar el desalojo del territorio y así evitar, por todos los medios, discutir en el fuero civil el derecho al territorio de los pueblos originarios en la Argentina.

En esa hipótesis, Villanueva es un jugador reincidente. Él dispuso el primer desalojo en Mascardi en noviembre de 2017, en el que un pelotón del grupo especial Albatros de Prefectura Nacional acribilló por la espalda a Rafael Nahuel e hirió a por lo menos dos jóvenes más. En esa oportunidad no dispuso ninguna detención. Todavía no se realizó el juicio oral y público por ese crimen, previsto para este año en Fiske Menuco (General Roca).

Cinco años después, el mismo juzgado usó un supuesto ataque incendiario a una casilla de Gendarmería ocupada por cinco efectivos para volver, no con los Albatros, sino con todo un Comando creado por decreto. Las mujeres están procesadas y cumplen prisión por un legajo iniciado por ese ataque, del que no hay ninguna prueba ni la más mínima mención en la elevación a juicio oral y público cuya fecha debe resolver la Cámara Federal de General Roca, la misma que juzgará al comando asesino de Rafa Nahuel. El presunto ataque permitió ganar las pantallas de la TV de Buenos Aires y, en los hechos, unificar en horas los casos de presunta usurpación.

Domínguez se jubiló este año y Villanueva volvió a subrogar. En la elevación a juicio y en el rechazo del último pedido de libertad de las presas, argumentó que se trata de cinco años de usurpaciones, cuando el legajo de las detenciones no se origina en ninguna supuesta usurpación, sino en el ataque incendiario de autoría incierta jamás probada.

 

 

 

Zig-zag

La carrera judicial de Villanueva se inició en la justicia neuquina, hasta ingresar al fuero federal en 1995. Estuvo a cargo de la Secretaría Penal del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, que en ese entonces se encontraba a cargo del juez Guillermo Labate. En ese cargo intervino en la primera etapa de la investigación de los crímenes cometidos durante el plan del terrorismo de Estado en la región. En 2011 fue designado en el Juzgado Federal Penal de Neuquén en 2011; cinco años se hizo cargo de la subrogancia del de Bariloche.

Intervino en causas de interés colectivo de fuerte impacto, tales como:

• La situación de hacinamiento y violación de derechos a los condenados detenidos en una unidad de Neuquén capital.
• Trata de personas por explotación laboral y/o sexual.
• En 2018 procesó a ex magistrados federales que participaron del plan terrorista, entre ellos, Pedro Laurentino Duarte. A principios de este año, procesó al copiloto y al mecánico del avión que trasladó desde Neuquén a Bahía Blanca a un grupo de detenidos durante la última dictadura militar.
• En la investigación de la desaparición forzada del estudiante Sergio Ávalos en un local bailable en 2003, le prohibió a Sánchez, abogado querellante en ese momento, dar información a la prensa del estado del caso mediante una resolución.
• También es quien ordenó la detención de Facundo Jones Huala, lonko de la Lof Resistencia Cushamen, por la causa de extradición a Chile.

Ahora, este mes, con la argumentación del rechazo a la liberación de las detenidas mapuche, dio una vuelta de tuerca a su conocimiento acumulado de las causas de lesa humanidad. Aseguró que son equiparables la situación de la prisión preventiva de las mujeres mapuche con la que tenían en 2008, previo al juicio condenatorio, ocho militares responsables de torturas, desaparición forzada y participación activa del centro clandestino de detención “La Escuelita” de Neuquén en docena de casos del plan sistemático. Oscar Lorenzo Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera, Enrique Braulio Olea, Hilarión de la Pas Sosa, Mario Alberto Gómez Arenas, Sergio Adolfo San Martín, Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Francisco Julio Oviedo gozaron de la protección y la impunidad por décadas. Betiana (21 años) sufrió innumerables allanamientos desde pequeña, aguantó los gases lacrimógenos junto a sus hermanos, todo antes de asumir su responsabilidad como machi y emplazar un rewe (sitio espiritual sagrado) en el área de Villa Mascardi. Una mujer, la jueza Domínguez, impidió que Romina diera a luz en el territorio reivindicado. Con el embarazo a término, la aislaron en el hospital público de Bariloche donde algunos profesionales evitaron acompañarla y le negaron las prácticas tradicionales del nacimiento. Son más conocidas las vejaciones durante la detención en Bariloche, el traslado a Buenos Aires y el regreso a Bariloche el año pasado.

Villanueva, quien no rindió cuentas por su responsabilidad en el operativo que terminó con el crimen de Rafa, cruzó una frontera. En nombre de los crímenes de ayer, se blanquean los de hoy contra el pueblo mapuche-tehuelche.

 

 

 

 

 

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