Ladrones de oro negro

 

La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento de todos los imputados del robo de petróleo a los oleoductos de YPF. Consideró probada la existencia de una asociación de personas que entre marzo de 2019 y el 1º de septiembre de 2020 se apropiaron del hidrocarburo para su traslado y almacenamiento en plantas de tratamiento y posterior procesamiento, desechando los residuos producidos a la cuenca Matanza-Riachuelo, para finalmente comercializarlo y obtener un alto rédito económico.

El crudo delito –como contamos en El Cohete a la Luna en diciembre pasado– incluyó a 22 imputados que cumplieron distintos roles. Robaban petróleo de YPF para luego destilarlo, refinarlo y así venderlo en el mercado formal e informal. Todo surgió a partir de una denuncia radicada en marzo de 2019 en la Comisaría 2ª de Lanús que daba cuenta de operaciones vinculadas a la comercialización de combustibles fósiles y contaminación. La investigación llevada adelante por la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y avalada por el juez federal Juan Pablo Augé, derivó en procesamientos con prisión preventiva domiciliaria y embargos para los responsables. La Cámara platense analizó la prueba y valoró la evidencia.

La denuncia anónima que dio inicio a la investigación señalaba que Néstor Hugo y Carlos Panagópulo trasladaban petróleo crudo, utilizando facturas en la que se consignaban datos falsos para ocultar la maniobra, hasta una planta clandestina del rubro “destilería” manejada por Gerardo Antonio Rodríguez. Allí era donde se refinaba y se arrojaban los residuos generados por el proceso a la Cuenca Matanza-Riachuelo. También señalaba a la empresa encargada de suministrar el crudo: “Transporte de la Mata S.R.L.”. En su resolución, fechada el 24 de agosto, la Cámara sostuvo que “los elementos incorporados con posterioridad robustecen la hipótesis denunciada y llevan a inferir que los nombrados, junto a otras personas que fueron individualizadas con el correr de las medidas ordenadas, conformaban una verdadera sociedad orientada a ejecutar las acciones ilícitas referidas con el objetivo de lograr amplios beneficios económicos”.

 

 

 

 

Roles en la trama delictiva

Néstor Panagópulo fue quien coordinó las maniobras de extracción de petróleo crudo ejecutadas mediante una punción clandestina en el oleoducto perteneciente a Y.P.F. S.A, a la altura de la localidad de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, que tuvo lugar entre el 25 de enero y el 2 de febrero de 2020, cuando se incendió uno de los camiones utilizados para el traslado. En una conversación –interceptada en la causa– que mantuvo con Daniela Posadas, persona de su confianza, le dijo que “la gente ya sabe todo, el tema que son cañerías nuevas que no se saben los caudales, las presiones”. También le explicó que la tarea era “de menos a más (…) es lo planificado”.

De otros diálogos se desprende que las actividades de extracción se dilataron. Eso exigió mantener al personal dedicado más tiempo que el planificado. Era necesario contar con más dinero para poder cumplir con los pagos y Panagópulo pidió recursos –200.000 pesos– a “Gustavito, el de Ramallo”; “padre e hijo”, señaló en comunicación con Posadas. Se pudo establecer que se refería a Gustavo y Gustavo César Degliantoni, quienes figuran como financistas de la operación delictiva.

El 2 de febrero de 2020 en inmediaciones de Coronel Dorrego, a la vera de la Ruta Provincial 72, se halló el semirremolque cisterna incendiado, restos de petróleo esparcido y una conexión clandestina unida al ramal del oleoducto perteneciente a Y.P.F. El semirremolque pertenecía a José Luis Defeo. De ese incendio resultó víctima Edgardo Vargas, quien ingresó al hospital municipal de Coronel Pringles con quemaduras en gran parte del cuerpo. Fue trasladado al nosocomio por una persona que conducía un camión sin acoplado perteneciente a Alberto de la Mata, vinculado con la empresa que lleva su apellido y que proveía el transporte para la actividad ilícita. Días después se produjo la muerte de Vargas por las quemaduras.

 

 

 

Hilda Chaparro Barreto –esposa del fallecido Vargas– declaró que su marido “era chofer de camión, de la empresa tosquera Alberto De La Mata, que lo contrató a mediados de diciembre de 2019 con el fin de viajar al sur, para transporte”. José Luís Defeo era el titular registral del semirremolque que se incendió. Al igual que De La Mata, su participación consistía en el aporte de vehículos para el transporte del producto y de personal capacitado para las tareas. Pedro Blanco se desempeñó como chofer de los camiones. Las escuchas telefónicas determinaron que Panagópulo le indicó a “Pedro” que envíe en colectivo a la terminal de ómnibus de Liniers el “tambor de la puerta” y el “módulo” pertenecientes al camión involucrado en el incendio en Coronel Dorrego. Tales elementos serían recibidos por De La Mata.

Frente al retraso de los trabajos que se estaban realizando en Coronel Dorrego para apropiarse del petróleo crudo, Panagópulo se vio en la necesidad de requerir dinero a los Degliantoni. Prueba de ello aparece en la comunicación entre Panagópulo y Posadas el 29 de enero de 2020, día en que salió el primer camión con hidrocarburo desde Coronel Dorrego: “Lo tengo que llamar al Junior que lo llamo por Télegram”. “Junior”, era el apodo de Gustavo Degliantoni hijo.

Tiempo después, al conversar con Carlos María Laborde, Panagópulo le indicó que fue a ver al “Príncipe” (otro apodo de Degliantoni hijo) para requerirle la suma mencionada. Luego le comentó que Gustavo y su padre, apodado el “Rey”, frente al pedido preguntaron: “¿Vos estás seguro que es para terminar el…?”. A lo que Panagópulo respondió “sí”. En el domicilio de los Degliantoni también se encontraba José Luis Olivetto haciendo la misma solicitud. En privado, Olivetto le habría indicado a Panagópulo que era él quien debía hacer los requerimientos de dinero al “Príncipe”.

En la causa quedó demostrado –y así lo valoró la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata– que los Degliantoni constituían un eslabón más dentro de la organización. Tenían plena conciencia de las acciones que en su seno se desarrollaban. Gustavo Cesar Degliantoni y su hijo Gustavo financiaban las operaciones que desarrollaba la asociación y comercializaban en la planta de su propiedad en el parque industrial COMIRSA. Sus abogados defensores, Juan Carlos Marchetti y Juan Manuel Díaz, requirieron el sobreseimiento de ambos. Expresaron que no había elementos que los vinculen como financistas de la asociación ilícita. También señalaron ante la Cámara de La Plata que no existía una fluida relación entre Néstor Panagópulo y Gustavo Degliantoni. Sin embargo, las pruebas llevaron a la Cámara a confirmar lo actuado por la fiscal Incardona y el juez Augé.

 

 

 

Los pedidos de dinero a Degliantoni padre e hijo se encontraban previstos y los aportantes conocían los objetivos de esa financiación. Néstor Panagópulo mantenía una relación comercial y también afectiva de larga data con los Degliantoni. En la información extraída del teléfono de Panagópulo aparece “Junior” agendado el 23 de enero de 2017. En WhatsApp ambos aparecen intercambiando mensajes desde diciembre de 2015. En julio de 2019 aparecen negociaciones sobre combustibles diálogos para coordinar reuniones. Panagópulo realizó compras a través de la firma “Petrolera Degab S.A.”, cuyo director titular es Gustavo Cesar Degliantoni.

El rol de Carlos Laborde, según las conversaciones interceptadas, abarcaba el arrendamiento de lotes para emprender las excavaciones que permitían acceder al oleoducto objeto de punción, gestionando la logística, consiguiendo las herramientas necesarias, financiando los movimientos y negociando la compra y venta del producto obtenido. Con Néstor Panagópulo se comunicaba de manera asidua y se estableció que ambos mantenían reuniones en el domicilio de Laborde, ubicado en Sierras Bayas, Olavarría.

El 28 de mayo de 2020 se captó una comunicación entre Laborde y Panagópulo en la que mencionaron a José Luis Olivetto y conversaron sobre el pedido de financiamiento que este último le fue a hacer al “Príncipe”. Laborde profundizó: “Si ahora le llega a ir bien en la gestión va a arrancar para allá porque dijo que había hecho bajar la herramienta también, como ya tenía todo preparado ya había dado la orden de que baje la herramienta y la gente para que haga el laburo porque ya tenía el lugar, lo que fue a buscar el financiamiento y ponerse en actividad”. Cuarenta minutos después Olivetto se comunicó con Laborde y le comentó que lo pudo ver y que “estaban los dos ahí” (en referencia a los Degliantoni).

El 2 de julio Olivetto mantuvo una conversación con una persona apodada “Narigón” en torno a negocios vinculados con productos a extraerse de distintos yacimientos, su facturación y su precio. Durante el diálogo, este último hizo referencia al “mano suelta de Ramallo” y Olivetto acotó: “(t)e saca a pasear en lancha”. Se intentaba evitar nombres. Quedaba clara la relación que unía a Olivetto con los Degliantoni. Gustavo César es el propietario de la fastuosa Guardería Náutica Ramallo.

 

 

 

José Luís Olivetto formaba parte de la asociación durante las extracciones ilícitas que Néstor Panagópulo coordinaba desde Coronel Dorrego. Olivetto se presentó en el domicilio de los Degliantoni a solicitar dinero para poder culminar dichas tareas. A ambos los unían idénticos objetivos espurios y cumplían roles preponderantes. Los diálogos que mantenían eran parte de un vínculo extendido en el tiempo. A finales de mayo de 2020 los investigadores pudieron fotografiarlos juntos.

A principios de junio se registraron comunicaciones entre Olivetto y Pablo Bello –otro miembro de la organización– en las que se evidencian las intenciones de ambos de llevar adelante maniobras ilícitas vinculadas con petróleo o derivados. En sus conversaciones refirieron a un producto que denominaron “harina” pero a la vez se los percibe muy sorprendidos cuando comentan que la “pagan por kilo”. Según le indicó Olivetto a Bello “eso no hablás de kilos, hablás de litros”. Luego señaló “por kilo... el fuel”. La conversación en clave no tenía como eje al cereal molido sino al hidrocarburo y sus derivados.

Durante junio y julio de 2020 se repitieron las comunicaciones entre Bello y Olivetto, que giraron en torno a los preparativos para las maniobras y el reclutamiento de mano de obra. Concretamente, de dichas conversaciones y de los mensajes de texto enviados por Olivetto el 5 de julio de 2020 pudo individualizarse a Jonathan Montiel (apodado “Pata”) y a David Israel Contreras (“Peludo”). Bello y Olivetto debatieron sobre cómo hacerse de “herramientas”. Montiel y Contreras dialogaron sobre un “generador… para no andar renegando”. Olivetto y Contreras conversaron sobre unas “palas” que tendrían que llevar y el primero indicó que “nos estamos viendo el martes”. El registro del domicilio de Contreras se produjo el 1 de septiembre de 2020 y el hallazgo de objetos fueron reconocidos por personal de Y.P.F. como aquellos que suelen utilizarse para realizar punciones de oleoductos. Los trabajos que habían comenzado a planificarse a finales de mayo de 2020 no llegaron a ejecutarse debido a la intervención de las fuerzas de seguridad.

Pablo Bello tuvo un rol activo en la organización de la extracción de hidrocarburo que le había propuesto Olivetto a principios de junio de 2020. Estuvo a cargo del reclutamiento de mano de obra y el acopio de herramientas. Por su parte, Jonathan Montiel fue convocado para la realización de los trabajos de punción que venían planificando Olivetto y Bello desde finales de mayo. Noelia Ester Sazo se ocupó de proveer aparatos de telefonía no registrados y vehículos a la organización. Estaba conectada con Olivetto, aunque Oscar Durán actuaba de nexo entre ambos porque Olivetto no quería mantener un vínculo directo con ella.

Carlos Panagópulo fue identificado en la denuncia inicial como una de las personas que trasladaban petróleo crudo hasta la planta clandestina de refinamiento que manejaba Gerardo Rodríguez. En las escuchas se comprobó que sabía con precisión cuáles eran las tareas que llevaba adelante el grupo. En una comunicación expresó: “(b)ásicamente están robando petróleo”. En determinado momento tuvo inconvenientes con su hermano Néstor Panagópulo y con otros integrantes del grupo, y buscó hacerse del capital que había invertido. De algunos diálogos surge que habría cambiado de rubro a actividades vinculadas con el reciclado de plásticos. Sin embargo, su relación con el negocio del petróleo y sus derivados no se había diluido. Conversaciones que versaron sobre el “negrito” y el “liviano” que, según Carlos Panagópulo, estaban por conseguir, dan cuenta de que siguió conectado con la actividad ilegal. El 6 de julio de 2020 le consultó a su hermano si en el caso de conseguir un producto negro puede destilar en “Estándar”.

Otro de los integrantes identificados fue José Gómez, quien mantuvo comunicación con Néstor Panagópulo el 10 de abril de 2020. Ambos planificaban el alquiler de un depósito en cercanías del predio de Y.P.F. para hacérselos “en las narices”. En otra conversación Gómez le dice a Panagópulo: “vine a traer un viaje de combustible robado para un amigo (…) termino y ya me voy para la cueva”. José Gómez y Néstor Panagópulo compartían un depósito en Isidro Casanova, en la calle Antártida Argentina 6982. Cuando lo allanaron encontrados vehículos estacionados, tres tanques y camiones cisternas. Un camión y un semirremolque cisterna tenían pedido de secuestro activo de la Unidad Fiscal 15 de Lomas de Zamora por el delito de robo.

En cuanto al rol de Enrique y Alejandro Del Valle, se encargaban de comercializar el producto que obtenía la organización y utilizaban la planta manejada por Gerardo Rodríguez para su tratamiento. Sus vínculos con Rodríguez –conocido como el “Tucumano”– se enmarcaban en los trabajos en la destilería ubicada en Valentín Alsina. Diego Rodríguez, sobrino de Gerardo, desempeñaba funciones en la planta. En una comunicación donde su tío le pedía que se acerque hasta la planta, Diego refirió que “ellos van a traer hoy el crudo”. Para la fecha del diálogo, Néstor Panagópulo junto a otros integrantes de la organización se encontraban en la zona de Coronel Dorrego trabajando sobre un oleoducto de Y.P.F. para hacerse del petróleo de forma ilícita.

 

 

 

Carlos Scarpelli y Hernán Arce tenían un vínculo con Gerardo Rodríguez, Néstor Panagópulo y Alberto De La Mata. Ambos transportaban crudo o slop oil de barcos de petróleo robado desde Mar del Plata. Los camiones eran traídos por distintas empresas con facturas en las que figuraban productos no codificados, aceite quemado o productos alternativos para calderas, aunque era crudo de petróleo. El producto era traído desde la provincia de Neuquén siempre con facturas apócrifas. Rodríguez lo comercializó a través de la empresa DELPA ENERGY, propiedad de Néstor y Carlos Panagópulo.

Una comunicación de Rodríguez con Scarpelli el 11 de marzo dejó en evidencia la relación comercial y de confianza entre ambos y Hernán Arce, así como el tenor de los negocios que llevaban adelante. Rodríguez manifestó alivio por haber sacado un camión de la planta antes de que le hicieran una inspección, le comentó a Scarpelli que ese vehículo viene “de otra cosa, no te puedo decir por acá”, y añadió: “(v)iste, por eso te decía, Mar del Plata más tranquilo”. Otra comunicación demuestra que Arce y Scarpelli tuvieron oportunidad de planificar una maniobra en la que incluyeron a Rodríguez, que tenía por objeto el traslado de producto desde Río Negro hasta la planta de Rodríguez y luego a Ramallo, donde se encuentra la planta de tratamiento de Degliantoni.

Miguel Dedeyán mantenía frecuente contacto con Rodríguez, Arce y Scarpelli. Los diálogos entre Dedeyán y Rodríguez referían al proceso de “secado” que se llevaba adelante en la planta. Panagópulo y Dedeyán también utilizaban la empresa “Estándar Energy S.A.” para destilar los productos bajo la órbita de la organización. Al allanar el predio pudieron identificarse varios tanques que contenían petróleo crudo, y cerca de ellos 35 precintos azules con la inscripción YPF, que de acuerdo a lo informado por personal de esa empresa serían falsos. La Cámara Federal de La Plata analizó la prueba, valoró la evidencia y concluyó que “se trató de una organización de aquellas que describe el artículo 210 del Código Penal: compuesta por ‘tres o más personas’, y ‘destinada a cometer delitos’”.

 

 

 

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