Labor inmobiliaria

 

Horacio Rodríguez Larreta dio el lunes 1º de marzo, en forma remota y virtual, su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura porteña. Pero más que analizar las líneas que promete impulsar, el momento es oportuno para evaluar los proyectos de ley que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remitió a los legisladores para su tratamiento durante 2020. En el año de la pandemia y en medio de necesidades acuciantes, mientras en la Ciudad de Buenos Aires se triplicó la indigencia y la pobreza llegó a abarcar a casi la mitad de les jóvenes, Larreta presentó más proyectos vinculados a negocios inmobiliarios que a la suma de iniciativas sobre salud, educación y ayuda económica a pymes y trabajadores.

De los 24 proyectos presentados por el Ejecutivo desde el 20 de marzo de 2020, cuando comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, ocho están relacionados con el remate del patrimonio público y el beneficio a desarrolladoras inmobiliarias; cinco corresponden al Presupuesto 2021 (entre los cuales se destaca la reforma tributaria que autorizó a instaurar el impuesto a las tarjetas de crédito) y sólo dos implicaron algún tipo de beneficio para pymes y trabajadores.

 

 

Acumular superpoderes y disciplinar a la justicia

En abril, mientras salían a la luz negociados y estafas vinculados con la compra de barbijos, los sobreprecios en bolsones alimentarios y las denuncias por millonarios montos presupuestarios destinados a fortalecer a las fuerzas de seguridad para la represión y vigilancia de los porteños, el Jefe de Gobierno buscó garantizarse tres cuestiones claves: a) conseguir una nueva autorización parlamentarias para la toma de deuda pública, b) concentrar más poder público y c) lograr mayor control de la justicia local.

El 1º de abril presentó dos proyectos que la Legislatura convirtió en las leyes 6.289 y 6.300, por las cuales autorizó al Ejecutivo a tomar deuda por 150 millones de dólares y duplicar el monto que tenía permitido para emitir deuda, que pasó de 9.000 a 18.000 millones de pesos. En noviembre, otro proyecto derivó en la Ley 6385, que lo autorizó a tomar deuda por otros 15.000 millones de pesos.

El 22 de abril se presentó el proyecto de ley de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad, aprobado por la Ley 6.301, que le otorgó absoluto poder al Jefe de Gobierno sobre el presupuesto, las condiciones de las contrataciones y concesiones (aún aquellas que requerían autorización legislativa para su modificación), la vigencia y cumplimiento de las leyes, el otorgamiento de beneficios impositivos y el sueldo de la planta estatal hasta el 31 de diciembre de 2020 (luego prorrogado para todo 2021). Ningún Jefe de Gobierno de la historia democrática de la Ciudad ha concentrado tanto poder público como Rodríguez Larreta.

El 24 de abril el Ejecutivo remitió el proyecto aprobado por Ley 6.302 que creó una superestructura que concentra facultades de administración del Poder Judicial. Se llama Secretaría de Administración General y Presupuesto y tiene atribuciones para hacer auditorías en los tribunales para ver si cumplen los plazos establecidos por ley y los reglamentos que dicta el Consejo. También interviene en las compras, la infraestructura, las paritarias, el personal, incluso en cuestiones administrativas. Esta reforma fue denunciada públicamente por ser una intromisión del Ejecutivo y el Legislativo en la autonomía del Poder Judicial, y un mensaje de disciplinamiento hacia los jueces.

Recién en junio impulsó medidas tributarias para alivio de las pymes. La Ley 6.315 de Alivio Fiscal ante la Pandemia Coronavirus dejó sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales del Impuesto Inmobiliario y el ABL de los meses junio y julio respecto de los locales comerciales que desarrollan actividades de venta de bienes muebles, prestaciones de servicio y actividades gastronómicas (restaurantes, bares, cafeterías, pizzerías, casas de comida, heladería, fast food, etc.).

 

 

El caballo desbocado de los negocios inmobiliarios

A partir de septiembre se desbocó la avidez inmobiliaria con la presentación del proyecto para cerrar el ciclo de autorización de la venta de las 17 hectáreas en Costanera Norte del predio conocido como Costa Salguero, para la construcción de un mega emprendimiento inmobiliario. Este proyecto generó una resistencia masiva de la ciudadanía con la inscripción de más de 7.000 personas para las audiencias públicas que se desarrollaron durante diciembre y enero. Participaron efectivamente más de 2.000, de las cuales el 97% rechazó el proyecto inmobiliario en tierras públicas ribereñas.

Además se remitieron tres Convenios Urbanísticos para incrementar la capacidad constructiva en terrenos que fueron comprados por particulares al Estado Nacional durante la gestión de Macri. Vendieron tierra pública barata con baja capacidad constructiva para que Rodríguez Larreta incrementara el valor de estos suelos, ahora privados, otorgando mayor volumen constructivo y altura.

1. Proyecto 2107-J-2020 sobre la manzana IQ en Puerto Madero: tuvo aprobación inicial, se desarrolló la audiencia pública y espera ser sancionado definitivamente en segunda lectura estas semanas.
2. Proyecto 2108-J-2020 sobre un predio en Fitz Roy: fue aprobado como Ley 6.389.
3. Proyecto 2164-J-2020 sobre el inmueble conocido como “Sastrería Militar”: fue aprobado como Ley 6.388.

En noviembre Larreta presentó el proyecto para autorizar la venta de una manzana ubicada en Lavardén y Pedro Chutro, que según el Código Urbanístico debería ser un parque público (Distrito UP).

Le siguieron dos proyectos sobre los cuales esta semana se desarrollan las respectivas audiencias públicas. El primero es una actualización del Código Urbanístico, con la pretensión de que vivamos en espacios más chicos para favorecer al mercado inmobiliario. No aprendimos nada de la pandemia. El segundo es una amnistía inmobiliaria: a los desarrolladores inmobiliarios que violaron el Código Urbanístico –que sólo tiene dos años de vida– construyendo miles de metros cuadrados de más, se los premiará legalizando sus obras con un plan de financiamiento sin intereses a doce meses para que paguen la multa (un Ahora 12 inmobiliario). La planificación urbana y ambiental organizada según los intereses de la especulación inmobiliaria, que no respeta ninguna norma.

Hacia fines de octubre y principios de noviembre, Rodríguez Larreta encaró la cuestión de la movilidad. Con el proyecto que se transformó en Ley 6351 legalizó el arancelamiento de Sistema de Transporte Público de Bicicletas, que había prometido que se concesionaba para seguir siendo gratis. Con el proyecto 2630-J-2020 (aún no aprobado) pretende activar el plan de incremento de los espacios de estacionamiento medido de 4.000 a 80.000 lugares y llevar el acarreo de autos a toda la ciudad.

 

 

Lo que viene

Rodríguez Larreta, con suma coherencia, no perdió oportunidad para agradecer a “legisladores y legisladoras por el esfuerzo que hicieron todo el año pasado”. “Ustedes fueron los primeros del país en aprobar un protocolo para sesionar virtualmente. Y eso les permitió llevar adelante 26 sesiones ordinarias y 500 reuniones remotas, presentar casi 3.000 proyectos y aprobar 108 leyes que le mejoraron la vida a mucha gente”, dijo.

La Legislatura porteña, mejor dicho la coalición de bloques oficialistas, se ganó el agradecimiento porque durante 2020 mejoró la vida de mucha gente, sobre todo de quienes ganan dinero con la privatización de lo público. Este año, desde esos mismos bloques deberán continuar con sus esfuerzos porque se vienen debates un tanto incómodos, como el tratamiento final de la privatización de Costa Salguero, la amnistía inmobiliaria, más convenios urbanísticos y más ventas de espacios verdes públicos.

Hablar de la Legislatura como una escribanía del Ejecutivo no hace honor a la verdad, porque los/as escribanos/as certifican decisiones que respetan la ley. No es el caso de la Legislatura porteña, que aprueba leyes violando constantemente la Constitución de la Ciudad.

 

 

 

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