La verdadera historia

 

Para darle contexto a la noticia, la mujer asesinada fue la esposa del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, torturado y asesinado en la dictadura, aún hoy desaparecido. Su hijo Fernando, detenido este jueves, fue el responsable de llevar a buen trámite la reparación del legajo de su padre.

Desde el primer momento, la fiscalía siguió el rastro de algunas incongruencias y evidencias que apuntaban al entorno de la víctima y, aunque no se agotaron todas las instancias periciales y aún no se conoce el detalle de la prueba, se puede especular con algunos hechos evidentes.

El viernes 2 de agosto por la tarde encontraron el cuerpo sin vida de Susana Beatriz Montoya, de 74 años, en su casa de barrio Ampliación Poeta Lugones, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, víctima de una muerte muy violenta.

La autopsia confirmó que Susana Montoya fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente y luego sufrió asfixia mecánica por estrangulación. También presentaba una herida de cuchillo. En principio, no estaría por completo esclarecida la secuencia exacta que terminó con la muerte violenta, pero al menos en la especulación de algunos peritos, puede plantearse la siguiente reconstrucción.

Hubo una discusión en el interior de la vivienda, el agresor intentó apuñalar al víctima pero fracasó en el intento y quiso extrangularla. Susana Montoya se escapó hacia el patio y allí el agresor la golpeó con un ladrillo, reiteradas veces hasta matarla.

El cuadro legal sería más grave, si la puñalada hubiese sido un acto posterior a la muerte. Pero también se puede especular, cómo lo hacen algunos especialistas, con la suposición de que la escena ocurrió con Albareda en estado de “emoción violenta”, que aún hoy existe como atenuante en el Código Penal.

Lo cierto es que la opinión preliminar de los especialistas sostenía que quien asesinó, lo hizo en un rapto violento. Susana Montoya debió ser velada a cajón cerrado.

La evidencia forense permitió concluir que había sido asesinada unas 22 horas antes de que su hijo Fernando Albareda diese aviso a la policía de que la había encontrado asesinada en el patio de la casa.

En su primera declaración dijo que, como no sabía nada de ella, fue a ver qué pasaba y que se asomó por una tapia porque las puertas estaban cerradas con llave desde el interior. Fuentes de la investigación revelaron que hubo una comunicación telefónica entre madre e hijo un par de horas antes de la visita que terminó con el asesinato.

Seguramente se hará o se hizo una pericia caligráfica sobre la amenaza escrita en una pared que encontraron los peritos que llegaron: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Estaba escrito en rojo, aparentemente con un lápiz labial. No hay confirmación de este detalle, pero igual que con los elementos homicidas, el asesino buscó cubrir sus huellas con lo que tenía a mano.

En paralelo con la confirmación de la imputación y detención, la fiscalía también anunció que la pericia grafológica de las amenazas que denunció el 8 de diciembre del año pasado Fernando Albareda eran falsas y fueron escritas por él mismo.

Si grupos ligados de un modo u otro al terrorismo de Estado a algún sector de la policía de la provincia hubiesen planeado un asesinato para amedrentar a militantes, ¿no habrían planificado una acción a sangre fría, uno o más disparos de arma de fuego, por ejemplo? ¿Por qué la saña? Desde el primer momento la escena indicaba que la asesinaron con lo que encontraron en el lugar.

A todo esto se agregaba el tema del acceso. No habiendo signos de forzamiento, la principal probabilidad era que la víctima hubiese franqueado el acceso al asesino o que éste hubiese tenido una llave.

¿Y el motivo? En las épocas que corren, los investigadores debían verificar si estaban frente a un homicidio en ocasión de robo. Para ello, primero debía constarse el robo, pero además, los perpetradores deberían conocer no solo el historial de la familia, sino también tener algún manejo político como para establecer la amenaza. Difícil, no imposible.

Se había hecho público muy pocos días antes que la mujer estaba por cobrar una millonaria suma de dinero como parte de una reparación histórica por lo sucedido con su esposo secuestrado y desaparecido por miembros de la D-2 de la Policía en 1979. Lo que abría la hipótesis de que alguien hubiese supuesto que habría una suma de dinero en la casa de Susana Montoya. Otra vez, difícil, no imposible.

En la información preliminar, no se podía confirmar que hubiese habido robo; solo se encontró un gran desorden y a la mujer ya fallecida en el patio. La pesquisa confirmó que no se habían sustraído objetos importantes. Nunca se llegó a cobrar el dinero. Nada avalaba la hipótesis del robo.

La investigación del fiscal Juan Pablo Klinger se tomó con la máxima seriedad y profesionalismo. La tarea forense demandó más de una jornada, de donde surgió mucha evidencia: huellas y pisadas, la planimetría considerando posibles formas de acceso alternativas y también algo que a la postre no se requirió pero que podría resultar determinante: Susana Montoya intentó defenderse y arrancó muestras de piel y pelo del agresor.

Ricardo Fermín Albareda era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el PRT / ERP. El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del D2, epicentro de la represión ilegal en la provincia.

Según se pudo determinar en el juicio que se realizó (y que precisamente se conoce como la “Causa Albareda”), fue llevado al centro clandestino conocido como “Embudo” o “La Casa de Hidráulica”, que funcionaba a metros del Dique San Roque.

El titular del D2 era Raúl Telledín y los miembros de la patota de ese campo de concentración eran Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante. Allí Albareda fue salvajemente golpeado y torturado, incluso fue castrado como parte de las vejaciones y torturas a que fue sometido. Algunos testimonios indican que murió desangrado. Su paradero aún se desconoce.

Quienes han leído con atención ese expediente, saben que allí puede leerse el sumario administrativo que hizo oficialmente la Policía de Córdoba para exonerar al comisario Albareda.

No está claro porque se hizo o si se fraguó ese sumario, pero allí hay una nota firmada por Susana Montoya, entonces esposa del comisario, con una testimonial en la que denunciaba a su marido como militante del ERP, con detalles tales cómo que leía la publicación Estrella Roja, publicación oficial del ERP, con visitantes que llegaban a su casa.

Tampoco está claro si la captura y asesinado de Ricardo Fermín Albareda ocurrió por esa delación o, como relató Charlie Moore, por la delación de un bancario que cayó en el 1979, poco antes de la detención de Albareda. Sí se sabe que desde 1974 la policía provincial buscaba al comisario sin éxito.

También en la causa está acreditado que el comisario no actuaba “vendiendo” información al ERP sino como militante de la organización, que poco antes de su caída le había ofrecido medios para exiliarse, oferta que no aceptó. Una testigo viajó desde España para confirmar estos detalles y cómo se incorporó a la organización.

Por fuera de la causa, se conocen otros detalles. Susana Montoya tuvo otra pareja, un comisario que habría participado de la detención de su marido, y decidió no criar a su hijo Fernando, que por ese motivo pasó su niñez de albergue en albergue.

Las propias publicaciones de Fernando dan cuenta de un vínculo roto, de reclamos reiterados a su madre y a su medio hermano. Más recientemente, sus redes sociales daban cuenta de un vínculo reconstruido.

Algunas de las personas que eran parte de su entorno, señalan su inestabilidad emocional e incluso un episodio muy doloroso, en plena pandemia en 2020, en que fue rescatado del baño en el que se había encerrado y desde donde amenazaba con suicidarse. Hubo una intervención oportuna y terminó internado.

En el círculo más cercano fueron reiteradas las advertencias sobre su estado psicológico. Es complejo aproximarse a historias tan tremendas, a vidas tan golpeadas sin el acompañamiento necesario.

En mayo de este año el gobierno de la provincia de Córdoba reivindicó la memoria de su padre. Decretó su “ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior”.

Y en paralelo, según se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, se produjo la “reparación histórica del legajo laboral” de Albareda, en el marco de la Ley que reconoce a trabajadores que fueron Víctimas del Terrorismo de Estado. Y se confirmó el monto de la reparación monetaria, que supera los 70 millones de pesos. Es difícil no poner este dinero en el medio de las hipótesis.

Lo que queda

Había una convocatoria de los organismos de Derechos Humanos para la ronda del jueves, a la que se llamaba pidiendo por el esclarecimiento del caso. La noticia los encontró marchando.

Allí estuvo Ana Mohaded, hoy decana de la Facultad de Artes de la UNC, pero referencia permanente de esas y muchas otras marchas y batallas; dejó una reflexión que parece buen epílogo para una noticia tan terrible.

“Fui a la ronda ampliada de los jueves. Muchísima tristeza. Pero también de nuevo la profunda certeza de que nuestro camino siempre fue y será construir un mundo mejor. El horror no es hijo de nuestro quehacer. A veces se nos infiltra, pero nuestro quehacer está basado en bajar los daños, calmar el dolor, buscar un modo en el que andar en la vida sea una experiencia disfrutable para compartir. Ahí vamos. Aunque nos cueste”.

 

 

 

 

* Esta investigación fue publicada en el sitio de los Servicios de Radio y Televisión de Córdoba, que el gobierno se propone cerrar. Amadeo Sabattini es nieto del ex gobernador homónimo de la provincia. Esta es la versión original. https://www.cba24n.com.ar/cordoba/la-evidencia-que-condena-a-fernando-albareda_a66b5340d93ddedd467032c54

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