La verdad se milita

 

“La verdad no sólo se cuenta, se milita”, decía Rodolfo Walsh. Eso voy a hacer en esta nota. Si mi pasión lo permite, intentaré ser objetivo respecto de lo que ocurrió en materia de seguridad social en nuestra Argentina durante este 2020 que acaba de terminar.

 

Medicamentos gratuitos

Sin duda alguna, lo más osado y revolucionario que sucedió este año, en materia de seguridad social, fue la entrega gratuita de medicamentos a todos los beneficiarios del PAMI que así lo requieran. Esta enorme medida tiene distintas facetas, que es bueno rescatar:

• Tiene un valor simbólico importante, ya que es la mayor expresión de un Estado presente y solidario, en particular respecto de aquellos que más necesitan. Hay que tener presente que el PAMI recibe, en general, a los beneficiarios más pobres, ya que aquellos que cuentan con un gremio que los contiene siguen en la obra social a la pertenecieron como trabajadores activos, mientras que aquellos beneficiarios de mayor capacidad económica por lo general abonan una cobertura médica privada en forma particular.
• Tiene un efecto significativo en la salud de los beneficiarios. Basta recordar que, hasta la implementación de esta medida, el beneficiario tenía dos alternativas: comprar el medicamento en forma particular, para lo cual tenía que disponer del dinero necesario –sea por ahorros, o porque lo solicitaba prestado, o esperar hasta cobrar la jubilación o pensión–; la otra alternativa era embarcarse en una interminable red de trámites para que el PAMI le diera un subsidio que le permitiera cubrir el costo del medicamento, con absoluta incertidumbre respecto de su obtención o no. Tanto en un caso como en el otro podía acontecer un tiempo de espera que implicara la suspensión del tratamiento médico, con las consecuencias que ello trae aparejado. Esta situación ya no se presenta con esta medida, ya que ha dejado de ser necesario realizar trámites para acreditar el certificado de pobre que permita obtener un medicamento necesario para la salud de los beneficiarios y, consecuentemente, tampoco existe ya el interminable tiempo de espera, ya que hoy el beneficiario puede ir del médico a la farmacia para iniciar o seguir su tratamiento.
• Tiene un efecto económico extraordinario. El resultado de bolsillo que implica no tener que pagar los remedios, según cálculos hechos por el PAMI, significan en promedio un ahorro en medicamentos de 3.200 pesos mensuales (más de un 15% del valor de una jubilación mínima) para aquellos que usaron el sistema.
• Tiene un efecto político importantísimo. Ya que se cumplió con una promesa de campaña que, según alertaban los agoreros del neoliberalismo, era de imposible cumplimiento. Por lo tanto, era una apuesta muy arriesgada, lo que tiene un gran valor por respetarse el valor de la palabra.

 

Ley de movilidad jubilatoria

La segunda gran medida ocurrió hace pocos días, con la modificación de la ley de movilidad jubilatoria. La primera ley de movilidad jubilatoria con vocación de mantenerse en el tiempo fue ideada por Amado Boudou y puesta en marcha por Cristina Fernández de Kirchner, y se mantuvo vigente por nueve años. Durante ese lapso  se distinguen dos etapas bien marcadas: la primera entre enero de 2009 y diciembre de 2015, período en el cual hubo un crecimiento de los beneficios en términos reales –es decir por encima de la inflación– del 34,2%. Nunca en la historia había ocurrido un crecimiento sostenido de las jubilaciones y pensiones tan pronunciado; la segunda etapa transcurre desde que Mauricio Macri asume el gobierno en diciembre de 2015 hasta diciembre de 2017, en que es derogada la ley sancionada en el año 2008 y, donde aquel 34,2% baja al 25,6% producto del desastre económico en que estaba inmerso aquel gobierno.

En diciembre de 2017, el gobierno neoliberal de Macri decidió modificar la ley de movilidad jubilatoria. Y ello no ocurrió porque alguien en aquel gobierno siquiera pensara en proponer una mejora en la distribución del ingreso en beneficio de los jubilados y pensionados ni nada que se le parezca, más bien todo lo contrario. Cualquiera que haga un poco de memoria, recordará que la misión del FMI que visitó la Argentina en noviembre de 2016 había recomendado la derogación de la ley de movilidad que rigió entre 2009 y 2017, pero lo más impactante era el argumento que usaba el FMI en aquel momento para fortalecer su propuesta. Decía entonces que la aplicación de la movilidad jubilatoria incrementaba, en forma desmesurada, el gasto social. Claro que Macri no siguió en ese momento las directivas del FMI porque estaban muy cerca las elecciones de medio término, pero apenas pasó el proceso electoral encaró la reforma, que fue sacada a sangre y fuego en el Congreso de la Nación. Aquellos que militamos con pasión la justa distribución del ingreso y que estuvimos en la plaza ese día llevamos las marcas en el cuerpo y en el alma. En el cuerpo por la brutalidad policial, y en el alma por la desazón que sentimos en aquella triste noche.

La nueva ley

La llegada al gobierno de Alberto Fernández fue, en materia de seguridad social, un tanto dubitativa. Por un lado, se otorgó un bono de 10.000 pesos en dos cuotas para aquellas personas que ganaban la mínima, se suspendió la ley de movilidad y se creó una comisión que propondría una nueva fórmula en un plazo de seis meses. La pandemia, a partir de marzo 2020, complicó todo y esos seis meses se transformaron en un año. Pero finalmente, cuando el año llegaba a su fin, el Congreso votó la nueva ley de movilidad jubilatoria, que es una ley hecha a imagen y semejanza de la ideada por Amado Boudou en 2008, aunque incluye una interesante mejora: la actualización ya no será semestral, sino que pasará a ser trimestral. Hay un episodio particular que vale la pena rescatar: ocurrió cuando el proyecto llegaba al Senado para que se emitiera el dictamen de comisión. Hubo una conferencia de prensa en que se anunció que el 5% de aumento otorgado en diciembre sería a cuenta del primer aumento de la nueva ley en marzo. Esto generó reclamos de propios y extraños. Así las cosas, el presidente, a instancias de la vicepresidenta, decidió sabiamente cambiar aquella decisión recuperando en plenitud la ley de movilidad aplicada por Cristina Fernández de Kirchner, con una yapa que fue la ya comentada modificación de pasar de la actualización cada seis meses al reajuste cada tres meses. Lo importante de esta decisión no está sólo en que el cambio mejora la situación de millones de beneficiarios sino en la manifestación de una actitud sensible frente a las necesidades de su pueblo, que no tiene vergüenza de volver sobres sus pasos en beneficio de los que menos tienen, es decir es flexible con los vulnerables, lo cual constituye un gran gesto político.

 

 

¿Qué pasó con los haberes jubilatorios?

En este punto se presentan tres situaciones bien diferenciadas:

• Los que menos ganan tuvieron una mejora sustancial, ya que a la movilidad  hay que sumarle los bonos que en un año significaron 13.000 pesos en todo el período. A su vez, son los más favorecidos por la entrega gratuita de medicamentos que realiza el PAMI. También este grupo se vio beneficiado por la suspensión del cobro de las cuotas de los créditos ANSES e, igualmente, por la suspensión de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos.
• Un segundo grupo, conformado por los que ganan hasta 4 jubilaciones mínimas, que si bien no perdieron contra la inflación, los beneficios indirectos mencionados más arriba los impactaron sólo parcialmente: medicamentos, servicios públicos, créditos ANSES y, por otro lado, no recibieron ningún bono.
• Un tercer grupo, integrado por aquellos que perciben los haberes más altos, son los que perdieron en el reparto. Mucho menos de lo que dicen sus adláteres, pero perdieron.

En conclusión, aquella propuesta de campaña de Alberto Fernández se cumplió a pleno: los que menos ganan le ganaron claramente a la inflación, los del medio salvaron la “ropa” y los que más ganan perdieron un poco. De más está decir que, conceptual y filosóficamente, estoy en un todo de acuerdo con la decisión pero advierto un riesgo: los que más ganan son los que acceden a la justicia y con lo ocurrido con ellos tienen lo que se denomina “caso judicial”. Lo tienen porque a la pequeña pérdida hay que sumarle lo que el macrismo les quitó, y con un poco de imaginación, que a los abogados no nos falta, sumando de a poco, pueden justificar una perdida de alrededor del 30%, mientras que los jueces de la seguridad social, siempre conservadores, reconocerán gustosos esa diferencia ya que así, por un lado, mantienen la necesidad de su existencia, y por otro el deseo de perjudicar al gobierno los motiva aun más.

 

Los desafíos que vienen

Con el desastre que dejó Macri y con la pandemia a cuestas, no es poco lo logrado, pero la seguridad social es una materia en la que nunca se puede dormir en los laureles, porque siempre quedan cuestiones que resultan urgentes de enfrentar:

• La principal es siempre lograr crecimiento económico, nunca hay que olvidar que lo que reciben los más humildes se destina en su totalidad al consumo y ese consumo puede ser uno de los motores del crecimiento económico. Es imprescindible crecer para que la fórmula de movilidad distribuya adecuadamente ese crecimiento. Vale recordar que no hay jubilados ricos en una sociedad pobre.
• Es perentorio encarar la reforma de la Justicia Federal de la Seguridad Social, tal cual explique en mi nota anterior de El Cohete a la Luna.
• Eliminar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que abona el 80% de la mínima y que elevó la edad jubilatoria de las mujeres más pobres de 60 a 65 años, lo que es una discriminación intolerable.
• Igualar las pensiones no contributivas con la jubilación mínima, que hoy percibe el 70% del haber mínimo.
• Empezar un proceso de recuperación de las contribuciones patronales, legado que nos dejó Cavallo y el menemismo, para mejorar la ecuación económica del sistema y de esta forma encarar nuevos desafíos.
• Lanzar un nuevo Plan de Inclusión Jubilatoria, plan que derogó el macrismo con un perjuicio importante para cientos de miles de mujeres pobres.
• Habilitar el ingreso de los trámites cuya gestión se vio demorada producto de la reducción en la actividad provocada por la pandemia.
• Resolver el problema de la verificación de servicios de las trabajadoras de servicio doméstico, que hoy es un auténtico vía crucis y conceptualmente contiene distorsiones importantes.
• El Estado Nacional debe hacerse cargo del pago de las pensiones por discapacidad en todo el territorio nacional. Es intolerable que cada jurisdicción pague lo que le parezca cuando todos los discapacitados son iguales ante la ley.

También queda en la bolsa de la esperanza empezar a trabajar en la utopía mayor, cual es la del Ingreso Básico Universal (IBU), idea nunca abandonada por aquellos que creemos que eliminar la pobreza en la Argentina es posible, necesario y para nada contradictorio con el crecimiento económico.

A pesar de lo bueno y lo malo que ocurrió en el difícil año que terminó, me siento muy feliz por lo logrado y por la esperanza de lo que vendrá, sabiendo que tenemos un gobierno que defiende los intereses de las personas más vulnerables. A pesar de lo ciclópea de la tarea de reconstruir un país para todos luego de la debacle macrista, tengo el deseo ferviente de que el año que empieza nos depare una Argentina donde, una vez más, el amor derrote al odio.

 

 

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