La verdad asoma

 

El jueves se cumplieron 47 años del asesinato del obispo Carlos Horacio Ponce de León, que perdió su vida en la ruta nacional número 9, kilómetro 212, a la altura de Ramallo. Aquel 11 de julio de 1977, el terrorismo de Estado disfrazó su asesinato como accidente de tránsito. A pesar de que existen las sentencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y de la Cámara Federal de Casación Penal, que dispusieron reabrir la investigación, el fiscal federal Matías Di Lello dudaba de pedir las indagatorias a los responsables y analizaba si estaban en condiciones de hacerlo o no porque, según su parecer, “había algunas discusiones jurídicas al respecto”. Un día antes de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato, la fiscalía tomó la decisión favorable y pretende indagar a un represor fallecido.

Di Lello, consultado por El Cohete el 3 de julio, expresó que, luego del fallo de Casación que le dio la razón al planteo de la fiscalía el pasado 30 de mayo, la defensa interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 11 de julio, al ser consultado nuevamente si había tomado la decisión de solicitar las indagatorias, dijo: “Presentamos ayer (miércoles) el dictamen a última hora. Me demoré un poco porque estuve estudiando la situación”.

El fiscal sostiene que hay una cuestión técnica que lo demoró y explicó: “Casación le rechazó el recurso extraordinario a la defensa de (Luis Antonio) Martínez, que fue en queja a la Corte. Existe la posibilidad de que rechace o trate el asunto y hay que ver qué define ahí. Por eso hay una discusión técnica de si está firme o no está firme. En teoría no estaría firme porque hay una posibilidad remota de que la Corte diga algo distinto. No obstante, en la introducción del dictamen que presentamos, en este tipo de causas, más allá de que existan recursos vigentes, hay que tratar de mover la acción. En función de eso, fue que presenté la solicitud de indagatoria”.

Aquel 11 de julio de 1977 una camioneta Ford F-100, supuestamente conducida por Luis Antonio Martínez, acompañado por Sergio Bottini, se le cruzó en forma transversal al Renault 4L que manejaba Ponce de León, que se dirigía esa mañana a la ciudad de Buenos Aires junto a Víctor Oscar Martínez, que siempre sostuvo que fue un asesinato, tal como lo denunció ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP). Los verdugos “disfrazados” de inocentes automovilistas utilizaron la misma metodología que usaron los homicidas del obispo Enrique Angelelli en La Rioja. Horacio Verbitsky reveló el nexo existente entre los dos casos en 2006.

A diferencia de lo ocurrido con el asesinato del obispo Enrique Angelelli, en el que en 2014 se condenó a los responsables de su asesinato, con Carlos Horacio Ponce de León existió y existe una inacción espeluznante debido al entramado judicial y eclesiástico en su asesinato. El 23 de febrero de 2023, la Cámara de Apelaciones de Rosario dispuso reabrir la investigación, como oportunamente informó El Cohete. La Cámara de Casación Penal lo confirmó el 30 de mayo 2024. No hay motivos para que la fiscalía no requiriera las indagatorias de los responsables.

El fiscal Di Lello debió reiterar inmediatamente las indagatorias a varios de los involucrados en el asesinato de Ponce de León. Se justificó diciendo: “Primero había que revertir la cosa juzgada. Ahora creemos que están dadas las condiciones de pedirlas”, después del fallo de la Cámara Federal de Rosario en febrero de 2023 y del fallo de Casación que le dio la razón al planteo de la fiscalía el pasado 30 de mayo. Pero debió hacerlo inmediatamente, porque las indagatorias ya habían sido solicitadas por Adolfo Villate y Juan Patricio Murray, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, ante la audiencia frente a la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rosario.

Cuando Di Lello plantea que primero debía resolverse la cuestión de cosa juzgada —ne bis in ídem, principio que en lo penal establece que nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento—, olvida que esto ya había sido planteado por la defensa de Saint Amant y rechazado por el entonces juez de la causa Carlos Villafuerte Ruzo en el incidente n.º 28917/2007, por considerar que no existía la triple identidad requerida para ampararse en esa garantía.

Villafuerte Ruzo dijo que existía una identidad de hecho, una identidad de imputación y calificación legal de los hechos, pero no había una identidad de imputados. Porque esa sentencia dictada en 1978 por el Poder Judicial provincial solamente podía ser expuesta como cosa juzgada por Luis Antonio Martínez, no sobre los demás responsables que no habían sido imputados.

Por lo tanto, la postura del fiscal Di Lello de no solicitar las indagatorias a los demás responsables del crimen de lesa humanidad hasta resolver la cosa juzgada es un error que les permitió a los involucrados encontrarse primero con la muerte y no con la Justicia. Pero incluso, en un crimen de lesa humanidad, como el que se está investigando, donde se rebatió con prueba pericial la mecánica por la que se dijo en ese expediente dictatorial que había ocurrido el “accidente”, corresponde que Luis Antonio Martínez sea también llamado a indagatoria y no le corresponda gozar de esa garantía.

Ahora, el fiscal federal Matías Di Lello tomó la decisión —a 47 años del asesinato de Ponce de León— de solicitar indagatorias a Bernardo Luis Landa, Omar Andrada, Luis Américo Muñoz, Luis Antonio Martínez, Sergio Carlos Bottini. Lo increíble es que desde la fiscalía pretendan citar a indagatoria a un muerto, pero así es. Muñoz falleció hace dos años. Ese es el trabajo lento y malo de los funcionarios judiciales que tenemos.

 

 

El paso del tiempo, los actores judiciales que hemos padecido, les permite a los represores no terminar juzgados por su responsabilidad en este crimen de lesa humanidad.

• El principal responsable del asesinato del obispo Ponce de León fue el teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, quien acumulaba dos condenas por crímenes de lesa humanidad y murió en 2016, pocos días antes que se cumplieran 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Víctor Oscar Martínez sostuvo —lo que siempre dijo— cuando reiteró su testimonio ante El Cohete: “(luego del impacto) Me sacaron del coche. El Tata Ponce estaba tirado a mi lado. Siento un ruido seco, como cuando se colocaba en descanso el fusil de esa época. Y una voz —la de (Manuel Fernando) Saint Amant— que grita: ‘¡Rematalo!’”.
• Antonio Federico Bossié, quien era mayor del Ejército Argentino, como oficial y jefe de Inteligencia y Operaciones S2 y S3 del Área Militar 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, se encargó de realizar las tareas de inteligencia. La dilación de la causa hizo que evitara la Justicia. Falleció la semana pasada.
• Bernardo Luis Landa, quien era capitán del Ejército Argentino, cumplía funciones como oficial jefe de Personal y de Logística S1 y S4 de la plana mayor del Área Militar 132 y como oficial S1, era ayudante del teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant. Landa tiene 82 años y padece cáncer terminal.
• Omar Andrada, que tenía el grado de mayor en el Ejército Argentino y cumplía funciones como jefe de la sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, sub-unidad de Inteligencia independiente segregada de su unidad de origen y asignada como órgano de inteligencia del Área Militar 132, fue quien realizó junto al mayor Bossié las tareas de recolección de información e inteligencia que llevaron a marcar a Ponce de León como oponente y blanco para eliminar. Con 85 años, su estado de salud no es el mejor, si los funcionarios judiciales siguen con la demora, quizá su deterioro le permita evitar responder por sus acciones.
• A Luis Américo Muñoz, segundo jefe de la Sección de Inteligencia, la muerte lo atrapó antes que la Justicia. Falleció en julio de 2022. Pero el fiscal Di Lello pretende indagarlo.
• Carlos Sergio Bottini, quien integraba el directorio de la empresa Agropolo, propietaria de la camioneta utilizada para producir el homicidio del obispo, fue quien actuó de acompañante del conductor; tiene 79 años, debería responder por su simulacro.
• Luis Antonio Martínez, quien era empleado de la firma Agropolo, dijo ser el conductor en el supuesto accidente de tránsito, supera los 80 años. Debería responder por su falso accionar.

La mayoría de los responsables se van muriendo— si bien algunos de ellos, condenados por otros crímenes de lesa humanidad— sin responder por sus acciones concretas en el asesinato del obispo. La causa Ponce de León perdió un batallador, como lo fue el fiscal federal Juan Patricio Murray, que en 2003 comenzó con la investigación y logró la reapertura por comprobar varias anomalías en aquel expediente de 1977. Realizó un trabajo arduo de recolección de pruebas documentales, testimoniales y periciales. Sustento determinante que permitió comprobar que no se trató de un accidente, sino de un atentado con el objetivo de asesinar al obispo.

A Murray le tocó lidiar con jueces como Carlos Villafuerte Ruzo y Marcelo Bailaque, que se mostraron en sintonía con la dictadura cívico-militar eclesiástica de 1976 y mantuvieron la sentencia que cerró el expediente en 1978 como un caso de accidente de tránsito, tal como lo consideró el Juzgado Penal 3, a cargo de Oberdan Andrín.

 

 

 

Evidencias sobran

La empresa titular registral Agropolo S. A. de la camioneta Ford F100 que se le cruzó en la marcha a Ponce de León, tenía domicilio legal en Viamonte al 1800 de la ciudad de Buenos Aires, lindante con el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Esa empresa no tuvo ningún tipo de actividad hasta 2002, en que finalmente fue inscripta ante AFIP-DGI. Carlos Sergio Bottini, hermano del directivo de Agropolo, Atilio Alejandro Bottini, iba en la camioneta junto al supuesto conductor Luis Antonio Martínez, de acuerdo con las constancias del expediente del año 1977. Era personal civil de inteligencia del Ejército, que prestaba servicios en los momentos del hecho en el Ministerio de Defensa, y posteriormente en la Jefatura II de Inteligencia de Ejército.

Así también, entre las pruebas fundamentales que se encargó de recolectar Juan Patricio Murray para la causa, permitiendo que la verdad asome, se encuentra un elemento decisivo: el peritaje realizado por el ingeniero licenciado en Accidentología Vial, Jorge Geretto. La pericia realizada mediante el programa de última generación PC-Crash de origen austríaco determinó la nulidad de la causa penal de 1977, demostrando que la camioneta estaba atravesada sobre la ruta, sin ocupantes, a la espera del vehículo del Obispo.

El análisis pericial a través del programa constató que la maniobra que el conductor Luis Antonio Martínez dijo realizar con su camioneta, de acuerdo con su declaración en aquel expediente judicial dictatorial, no pudo ser cierta. También se analizó cuál había sido la posición de la camioneta sobre la ruta y se correlacionó mediante fotografías en escala la superposición de la pick-up F-100 y del Renault 4, permitiendo constatar la forma de colisión.

 

 

Se verificó qué pudo haber pasado con los ocupantes de la camioneta utilizando dos muñecos virtuales del programa PC-Crash. Teniendo en cuenta que en ese entonces no existía cinturón de seguridad, se comprobó que el movimiento de los ocupantes de la camioneta tras el impacto les hubiese provocado politraumatismo o heridas cortantes, algo que no padecieron en los hechos. Por lo que resulta posible que al momento de la colisión los ocupantes de la F-100 no se hayan encontrado en el interior del vehículo. Esos elementos básicos de la pericia condujeron a la nulidad de la causa de 1977. Así lo explica Geretto en estos cuatro minutos.

 

 

También Murray reunió prueba testimonial al iniciar la investigación. Más de cien testimonios que declararon que Ponce de León era amenazado de muerte. José María “Cholo” Budassi, incansable luchador, impulsor del camino de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona, que falleció a los 59 años en 2016, fue fundador de Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás. Tenía 19 años cuando fue secuestrado desde el 4 de mayo de 1977 hasta el 24 de diciembre de 1982. Budassi expresó que Ponce de León le había salvado la vida. En la causa Saint Amant II declaró que para la ciudad y la zona: “Ponce de León fue de alguna manera el organismo de derechos humanos”. Por eso era necesario eliminarlo.

Existen documentos que muestran la persecución a monseñor Ponce de León por parte de las autoridades militares y los organismos de inteligencia que tenía origen en la Jefatura del Área Militar 132 a cargo del entonces teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant. La prueba documental, proveniente de la Secretaría de Culto de la Cancillería Argentina y de los archivos de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que está en poder de la Comisión Provincial por la Memoria, forma parte de la evidencia que comprueba que “el hecho que había sido falsamente documentado como homicidio culposo en un accidente de tránsito, se trató de un homicidio doloso programado fríamente en un atentado armado en la ruta nacional n° 9”.

Una de las pruebas que se encuentra en la causa fue el documento de la Secretaría de Inteligencia de Estado, aportado por el periodista Horacio Verbitsky. El sacerdote López Molina, párroco de la iglesia de Ramallo, apresado y acusado falsamente, es con quien se extorsionó al obispo para que deje la diócesis. López Molina pudo exiliarse y así salvar su vida por la intervención de Ponce de León, que lejos de retirarse de su diócesis como pretendía Saint Amant, siguió adelante.

 

 

 

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