La ventisca helada en sus iris
Cuatro años después, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado siguen impunes
Son las 11.21 del 1º de agosto de 2017. Los gendarmes de los escuadrones 35 y 36, de El Bolsón y Esquel, aguardan desplegados sobre la Ruta Nacional 40. Son más de 50 efectivos sobre el asfalto. Cuatro portan escopetas antitumulto. El cabo Andrés Ahumada, al volante de la Ford Ranger, espera detrás del pelotón, atento a cualquier instrucción para avanzar.
Los uniformados permanecieron toda la madrugada en la zona a pesar de que la Ruta Nacional 40 ya se había liberado a las 3 de la madrugada. Recién a las 11.15 de ese día, los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen volvieron a pararse sobre el asfalto cuando una camioneta de la Gendarmería empezó a seguir al auto Onix que había salido del territorio con Soraya Maicoño, Nely Garay y Nicolás Jones Huala. Esa fue la provocación que necesitaron los adoctrinados por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –en viaje desde Bariloche– para iniciar la cacería.
11.22. El camión Eurocargo sale desde el cruce con la ruta que va hacia El Maitén, donde Gendarmería había montado una pequeña base de operaciones. El pelotón desciende cerca de la tranquera. Al frente van Pablo Escola, a cargo del operativo tras la huida de Fabián Méndez en busca de un inodoro, seguido por Emmanuel Echazú y Juan Pelozo, quienes guapean con sus cascos, chalecos antibalas y dos de las escopetas anti tumulto. Orlando Yucra se ubica cerca del enrejado, luego de agarrar un chapón que utilizará para ingresar al territorio.
–¡Avancen señores! ¡Avancen! ¡Avancen! –arenga Escola.
Vienen cebados desde que se subieron al camión. “Hay que quemarles todo y listo”, desafían los gendarmes.
–¡Fuego libre escopetas! –insiste Escola.
Echazú se toma en serio su trabajo y enfila hacia el enrejado. Se para en diagonal hacia la guardia de seguridad de la Pu Lof, en dirección a su flanco izquierdo. Muy cerca está Santiago. Dispara cinco veces. Luego otra ráfaga de siete y otros cinco. En total, 17 tiros. Son las 11.27.
El kilómetro 1.848 de la Ruta Nacional 40 está enclavado en plena cordillera patagónica. La señal de celular es escasa. A 10 kilómetros se encuentra la entrada a la estancia Leleque, de los Benetton. Adentro, un museo que pretende mantener a los pueblos originarios lejos, bien lejos. También funciona como base de operaciones de un destacamento de la policía de Chubut. De un lado, la ciudad de Esquel a 80 kilómetros. Del otro, El Bolsón. El verdadero corte de ruta había sido de los gendarmes, con dos retenes. Diez kilómetros de zona liberada. Les jóvenes de la comunidad y algunxs niños habían quedado aislados.
Son las 11:32:11. Varios agentes saltan el alambrado mientras algunos peñis permanecen cerca de la casilla de guardia. Revolean piedras, les responden con disparos. Ahí está Santiago. A las 11:32:25, Yucra ya está dentro del territorio junto al escopetero Cardozo. Todo sucede muy rápido.
“Hay que atrapar a los mapuches de la RAM a como dé lugar”, había sido la orden de Noceti desde Bariloche, un día antes. La ministra Patricia Bullrich monitorea. Todo lo que sucede con los pueblos originarios es comunicado a Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos. Bullrich y Pompeo construyeron una doctrina de seguridad nacional con los mapuches como chivos expiatorios.
Santiago está parado en el costado izquierdo de la casilla. Tiene una campera celeste que había intercambiado con Matías Santana. La cacería es inminente. A las 11:32:33 emprende su corrida hacia el río.
Tan sólo 25 segundos después (11:32:58), dos verdeoliva corren por el camino ubicado a la derecha del puesto de guardia. A las 11:33 los vehículos dominan el territorio, llegan hasta la pendiente antes del río. Tres minutos después, más de 15 gendarmes ya están sobre el río. No están quietos, se mueven sobre la costa. Otros miran desde la cima de una pequeña barranca.
Santiago huye en línea recta desde la casilla hacia el río. Lo siguen Echazú, Yucra y Zoilán.
“Primero me tiré yo al agua y luego se tiró él. Cuando yo ya estaba nadando, él estaba entrando al agua, iba más lento. Él se metió al agua y después volvió sobre sus pasos. Yo creo que él no pudo avanzar porque yo sabía que él no sabía nadar y además el agua estaba muy fría. Cuando estoy del otro lado del río sacándome el buzo, puedo ver que había gendarmes en la barranca arriba tirando con 9mm, escopetas y piedrazos pero abajo en el agua estaba solo Santiago. Ahí ya no lo vi más”, declara Lucas Pilquimán, uno de los jóvenes que pudo escapar ese día.
Elizabeth Loncopan está dentro del territorio. También corre y huye. Primero busca a un niño. No lo ve. Continúa con su escape hasta que observa a varios gendarmes cerca de ella.
–Eran tres pero no me ven. Venían como buscando algo. Me cruzo a otro monte retrocediendo hacia la izquierda. Cuando vi que los de arriba de la fila avanzaban hacia mí, salí corriendo hacia el río que estaba a unos 30 metros más o menos. “Estos se van a venir todos”, pensé y corrí. Esquivo sauces, montes y antes de meterme al agua veo una especie de pozo, como una covacha, me meto ahí y me quedo quieta, casi sin respirar. Al ratito escucho pasos arriba mío, sacuden la hojarasca, se frenan y uno dice: “¿Dónde se metió ese hijo de puta? Seguro que agarró por acá”. Ahí otro responde que “vino para este lado” y que “tiene una capucha azul”.
–Cuándo estabas escondida, ¿qué escuchaste? –pregunta este cronista.
–Muchas cosas: pasos, ruidos, a un gendarme enfurecido con un tono norteño. Esa voz la recuerdo muy clara. Después, en el segundo grupo que avanza hacia donde estaba, uno grita: “¡Acá está! ¡Quedate quieto! ¡Gendarmería!” Luego escucho una voz como cansada que responde: “¡Ya está, ya está!”. Eso fue tipo 11.45, tenía dos celulares encima y uno estaba prendido, por eso sé la hora. Ese era el Brujo.
Santiago Maldonado no estaba solo. Lo persiguieron y lo acorralaron hasta que llegó al río. Ese es el contexto de su desaparición por 78 días y su muerte. Una parte de un enorme rompecabezas que constituyó un crimen de Estado –donde hubo planificación para la cacería y para el encubrimiento– y que la familia sigue reclamando que se investigue como desaparición forzada.
El rompecabezas
“Hay una causa principal que debe investigar qué pasó el 1º de agosto, otra por escuchas ilegales. Está la causa por todo el espionaje ilegal de Macri, la vinculación de Carabineros con Gendarmería y la denuncia contra Noceti que hizo el Ministerio de Seguridad. Todo esto conforma la desaparición forzada. Por eso decimos que tiene que haber una investigación general realizada por un grupo independiente”, sostiene Sergio Maldonado.
Cada una de estas pesquisas forma parte de un enorme rompecabezas que podría explicar lo que hizo Cambiemos antes del 1º de agosto, con una planificación del escenario para salir a cazar al pueblo mapuche, la represión ese día y las maniobras de encubrimiento para salvar a la Gendarmería, conducida en ese momento por Gerardo Otero. Que todas estas causas estén diseminadas en diferentes juzgados no hace más que garantizar la impunidad de todos los involucrados.
El expediente principal duerme por ahora en los despachos de la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver si la pesquisa debe continuar con el juez Gustavo Lleral, quien firmó que Maldonado había muerto solo, o si se designa otro magistrado.
Lleral aparece en una nota de texto dentro del celular de Darío Nieto, secretario privado de Macri. “Lo nombramos nosotros. Está bien. Serio. Ya tuvimos contacto. (Juan Bautista) Mahiques va a verlo el lunes”, apunta en referencia a uno de los operadores judiciales del macrismo.
La única novedad fuerte en estos últimos años fue la resolución de la Cámara de Casación que determinó que había que realizar una reconstrucción completa de los hechos y sobre todo precisar el vínculo entre la muerte de Maldonado y el accionar represivo de la Gendarmería, tarea que Lleral no hizo.
“La cuestión de la posible ilegalidad del procedimiento llevado adelante por la Gendarmería constituye un aspecto medular de la determinación de las posibles responsabilidades –directas o mediatas– también derivadas de la muerte de Santiago Maldonado”, sostuvo el juez Gustavo Hornos, otro de los visitantes asiduos de Macri en Olivos.
El actual fiscal subrogante de Esquel, Federico Baquioni Zingaretti, también cree que debe unificarse la causa principal con la pesquisa sobre el accionar represivo de la Gendarmería. Una actitud bien diferente a la que tuvo la fiscal Silvina Ávila, responsable junto al procurador interino Eduardo Casal de esconder un dictamen de la Procuvin donde pudo reconstruirse mucho de lo ocurrido hace cuatro años.
Otro absurdo es lo que sucede con la causa iniciada por la actual conducción del Ministerio de Seguridad contra Pablo Noceti por su rol en la planificación de la represión a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen.
La denuncia, formulada durante los primeros días de agosto de 2020, recayó primero en el juzgado de Sebastián Casanello pero el fiscal Carlos Rívolo se la envío a la magistrada María Eugenia Capuchetti, que tiene desde 2019 otro expediente donde se investiga a los entonces funcionarios Bullrich, Noceti, Gonzalo Cané y Gerardo Millman por haber aplicado un posible “plan sistemático contra las comunidades mapuches”. Capuchetti se la sacó de encima. ¿Quién debe investigar a Noceti? Lleral, el mismo juez que ya opinó que Santiago murió solo.
Pero Capuchetti sí tiene un expediente que podría resultar clave, que surgió de una denuncia de la APDH. Allí debe investigarse todo el accionar de Bullrich contra las comunidades mapuches. El fiscal Franco Picardi también solicitó medidas de prueba para dilucidar la coordinación que pudo existir entre Carabineros de Chile y el área de inteligencia de Gendarmería, encabezada por Jorge Domínguez, el mismo que metió sus manos en la pesquisa trucha sobre Nisman. Esa coordinación incluyó documentos secretos en los que ambas fuerzas acordaban intercambiar información sobre “blancos subversivos”. La jueza no movió una sola ficha.
No es el único expediente que tiene por objetivo determinar si hubo espionaje ilegal. El juez Daniel Rafecas tiene una causa impulsada por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) donde se deberían determinar las maniobras de espionaje de la Gendarmería contra Sergio Maldonado e integrantes de la APDH a los pocos días de la desaparición del Brujo.
“Le pedimos muchas medidas al juzgado para que el Ministerio de Seguridad informe sobre el Centro de Reunión de Información (CRI) de Gendarmería, como también medidas para identificar a las personas que estaban en el mismo hotel donde Sergio fue espiado. Pero no se avanzó. Le hemos pedido informes al Ministerio de Seguridad por fuera de la causa sobre el CRI y nada. Quizás haya un blindaje para preservar a la fuerza y sólo apuntar contra Bullrich y el anterior director de la Gendarmería”, asevera el abogado del CEPRODH, Matías Aufieri.
El enorme rompecabezas que constituye todo el caso Maldonado está paralizado.
“Este es un gobierno que entiende de derechos humanos. (El secretario del área, Horacio) Pietragalla acompañó desde el principio la causa. Pero hay temas sobre los que no toman posicionamiento. Por ejemplo, con el cuerpo de expertos independientes. Se necesita otra cosa, voluntad política para avanzar en la causa”, enfatiza Sergio.
El Estado es responsable
Por estas horas, la Secretaría de Derechos Humanos tiene la voluntad de presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear la responsabilidad del Estado en la muerte de Santiago Maldonado. “Reconocemos que el Estado hizo todo mal”, afirma Pietragalla Corti.
Ese reconocimiento implica el maltrato que sufrió la familia de Santiago por parte de la administración Macri y del Poder Judicial en cuanto ocurrió su desaparición, la estigmatización que sobrevoló el caso y, obviamente, la represión de la Gendarmería.
El reconocimiento tiene una fecha temporal, que va desde el 1º de agosto de 2017 hasta el 17 de octubre cuando encuentran el cuerpo del joven.
Aquí las posturas difieren. La querella de la familia reclama que se sostenga la figura de la desaparición forzada. “A Santiago se lo empezó a buscar el 5 de agosto. El juez (Guido Otranto) y la fiscal (Ávila) se sentaron primero con la Gendarmería y el gobierno de Macri. Para nosotros, según entendemos del expediente y nuestras objeciones a la autopsia, el cuerpo no siempre estuvo donde lo encontraron”, enfatiza Sergio.
El Estado fue responsable. Esto también se desprende de la denuncia formulada por la ministra Sabina Frederic contra Noceti y del rol que tuvo el funcionario Daniel Barberis al presionar a los gendarmes antes de que declarasen como testigos, situación que es investigada internamente como posibles “apremios ilegales”.
Una ventisca de Justicia
Sea cual sea la figura penal bajo la cual se investigue el caso –porque en algún momento deberá realizarse una investigación penal seria–, el Estado bajo la gestión Cambiemos ejecutó una planificación de la represión a los mapuches, les inventó decenas de causas penales y coordinó acciones de espionaje con Carabineros mientras Santiago seguía desaparecido. Bullrich planificó el encubrimiento de la Gendarmería.
Santiago era artesano, anarquista y solía escribir. Un día en Esquel, su cuñada Carolina me contó que los textos del Brujo tenían algo de premonitorio. No lo creí hasta que me envío unas líneas que había redactado el 4 de mayo de 2017 y que incluí en el libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado (Acercándonos Ediciones).
“Oh lobo incandescente envuelto en el antiguo espíritu ancestral. El bosque te llama. Los cazadores no podrán detenerte, cuando lo intenten serás ventisca helada que penetrará en sus iris repletas de especismo antropocentrista, hasta que caigan arrodillados besando la tierra que les dio abrigo incondicionalmente y sin privilegios”.
Esa frase, ventisca helada que penetrará en sus iris, siempre me pareció la representación de la mirada de Santiago que brega por Justicia.
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