La venganza de la realidad

 

“Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo

estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a

 la liberación de las fuerzas productivas”.

José Alfredo Martínez de Hoz, 2 de abril de 1976, nueve días después del golpe de Estado.

 

 

 

“El Presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023

con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación”.

Comunicado de Presidencia de la Nación, 6 de febrero de 2024, horas después de que el proyecto de ley Ómnibus regresara comisión.

 

 

El ministro Martínez de Hoz usaba la expresión “liberación de las fuerzas productivas” para caracterizar un programa económico que en la Argentina llevó la pobreza de un 5% en 1975 a un 28% en 1983, consolidándola como estructural. Que aumentó la deuda externa de 320 a 1.500 dólares por habitante. Que aniquiló al peso argentino como moneda de referencia y de reserva de valor. Que hizo perder 10 puntos la participación de la industria en el PBI y llevó la distribución del ingreso del 50% para el trabajo y 50% para el capital, al 30% y 70% respectivamente. Este tipo de programas que agreden ferozmente el tejido productivo, social y cultural, no pueden sino implementarse por la fuerza. Ayer, por la dictadura militar. Hoy se intenta la restauración con protocolos de convalidación de la violencia represiva y con los súper-poderes de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (ley Ómnibus). Este proyecto de ley, iniciativa del Poder Ejecutivo bajo el número de expediente 25-PE-2023, al final no pudo pasar el Congreso. Las instituciones de la Constitución, a pesar de su desprestigio, sirven para esto.

Los libertarios y entusiastas del ómnibus legislativo no deberían sentirse apesadumbrados. Mucho tiempo tuvieron en vilo a la sociedad con su artilugio. Más de lo que la razonabilidad y la legalidad les debiera haber permitido. Las leyes ómnibus son llamadas en Estados Unidos “ugly bill” (leyes horribles) y están prohibidas constitucionalmente en 41 de los 50 estados de la Unión. Justamente, para evitar que pasen cosas como las que han estado pasando en estos dos últimos meses por aquí. Porque el ómnibus legislativo de La Libertad Avanza en realidad era un tren que arrastraba 42 vagones, en el proyecto denominados “títulos”. Y cada uno de estos vagones acarreaba disimuladamente distintos polizones, paquetes dudosos y productos en descomposición. Se incluían temáticas diferentes y sin relación entre sí, como la delegación de súper-poderes, la reforma del Estado, la reorganización económica, la seguridad, la justicia, la educación, la infraestructura, el medio ambiente, el turismo, los honorarios profesionales, la (no) defensa de la competencia, el transporte, medidas fiscales, tributarias, canonjías al capital foráneo y la lista sigue a lo largo de medio millar de artículos. Se trataba de una supuesta re-fundación de todo sistema legal argentino, con carácter exprés, en un solo cuerpo y con pretensiones constituyentes. Parece que se quiso crear el precedente mundial, no del ugly, sino del disgusting bill. Dos meses fue demasiada vida para semejante monstruosidad frankesteiniana, prepotente y con ínfulas de mesianismo.

 

No la vio

Sin embargo, lo principal del proyecto era el Título I, la declaración de emergencia y delegación de facultades legislativas al Presidente (súper-poderes). Y ese vagón ya lo habían hecho pasar. Esos primeros cuatro artículos lo eran todo. El oficialismo nunca entendió (no la ven) la victoria que estaba obteniendo ya que, si el resto se rechazaba, de todas maneras el Presidente hubiera podido haberse vuelto feliz y no llorón desde Israel. Hasta aquel instante de la tarde del 6 de febrero, el Presidente estaba consiguiendo sus súper-poderes para hacer por decreto lo que le viniera en ganas. Pero minutos después, cuando se empezó a considerar en particular el artículo 5, arrancó una sucesión de votaciones negativas en los detalles del articulado. Y, por una mala praxis oficialista, se pidió que el proyecto salga del recinto y vuelva a comisión, sin haber leído el artículo 155 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que establece: “Consideración de un proyecto vuelto a comisión. Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna”. No entendían que lo que estaban haciendo significaba perder el inmenso terreno que habían ganado y regresar todo a fojas cero. Porque lo que conseguían era difuminar la aprobación en general y la de los primeros cuatro artículos (los que importaban) del proyecto.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, probablemente seguía rigiéndose e interpretando el proceso conforme el reglamento de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (donde se había desempeñado como legislador antes de ser diputado nacional). Allí el artículo 195 inciso 6° se refiere a una moción para que se aplace la consideración de un asunto pendiente, por tiempo determinado o indeterminado. En la jerga habitual, se le llama “reserva en Secretaría”. En este caso, sí se retoma en comisión el tratamiento donde se había quedado. En el Reglamento de la HCDN, lo más parecido hubiera sido solicitar un cuarto intermedio para seguir negociando y limando diferencias. Pero la impericia y falta de conocimiento lo llevó a pedir moción de vuelta a comisión, retrotrayendo todo al inicio, al momento del ingreso del proyecto a la Cámara baja.

Para hacerlo más gráfico, el oficialismo le devolvió al plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados el inmenso regalo que habían recibido ya: las facultades extraordinarias para legislar por decreto. Esto, entre otras concesiones que los hoy diputados demonizados como casta habían cedido días antes.

 

La nulidad de la aprobación en general

La aprobación en general (que es sólo una puerta que se abre para empezar válidamente la discusión artículo por artículo) del proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos, dada por la HCDN el viernes 2 de febrero, fue nula de nulidad absoluta. Esto porque la voluntad de los legisladores (su voto) fue excluida por error esencial. La cuestión (el proyecto) se consideró con antecedentes inexistentes o falsos, debido a que los diputados y las diputadas nunca tuvieron en sus manos un dictamen final consolidado. Lo que se les entregó era una orden del día que se iba cambiando minuto a minuto, por comunicaciones verbales y por borradores que aparecían y que no se sabía de dónde salían. Pero que eran refrendados in voce por la Secretaría Parlamentaria, que comunicaba “lo que se vota es esto, no lo que tienen en papel”. Al final de ese día, ninguno de los diputados y diputadas supo bien qué estaba votando. Esta ausencia o falsedad del antecedente cae en el inciso a) del artículo 14 de la ley 19.549 (Procedimiento Administrativo) que penaliza con la nulidad absoluta el acto que haya nacido con tal falencia. Además, también se violó la ley aplicable. Se avasalló el Reglamento de la HCDN, de rango constitucional según el artículo 66 de la Constitución Nacional y jurisprudencia vigente que así lo considera. Por esto, también la votación queda viciada de nulidad absoluta a tenor del inciso b) del artículo 14 de la ley 19.549. Veamos este punto.

El artículo 106 del Reglamento estatuye que las comisiones dictaminan en las dependencias de la HCDN, salvo autorización del Presidente de la Cámara para hacerlo en otro lugar. No existen registros de que se haya autorizado a comisión alguna a dictaminar en un departamento de Recoleta. Nulidad absoluta por violación a la ley aplicable.

Por otra parte, todos los asuntos en el recinto deben tratarse previo despacho de comisión, según el artículo 147 del Reglamento. Y lo que acá había era un Orden del Día, borradores y dichos oficiales que contradecían a ese orden del día, con pretensión sustitutiva. Al momento de encararse los dictámenes en minoría o las disidencias parciales en el debate en particular, no estaba claro cuál iba a ser el documento base a utilizar en esa discusión. Esta carencia podría haberse enmendado con una resolución que obtuviera las dos terceras partes de los votos emitidos, aunque también eso es dudoso ya que en las cuestiones que implican gastos en ningún caso puede prescindirse del despacho de comisión, y aquí no se sabía bien cuál era ni dónde estaba. De todas maneras, y habiendo obtenido la aprobación en general del proyecto por 144 votos, no se alcanzaron los 169 que hubieran remediado la carencia de un despacho final a la vista.

Así las cosas, en absoluto el Poder Ejecutivo le puede achacar a la Cámara de Diputados y sus integrantes una actitud renuente y obstructiva. No sólo dieron quórum, sino que trataron el asunto, lo hicieron rápido, no le plantearon las nulidades que hubieran podido plantearle, le aprobaron el proyecto en general y los cuatro artículos decisivos del mismo. Quien malogró el triunfo oficialista fue su propia bancada, al volver a comisión el expediente, por impericia y desconocimiento absoluto de las normas aplicables al asunto. Que no vengan ahora a decir que fue una jugada del Presidente para desenmascarar a la casta. Por favor, hicieron un papelón histórico de tal magnitud que les costará al menos un poco. Se votó un Presidente para tal función ejecutiva, no un monarca o emperador, en cuyos casos no hubieran sido necesarias las elecciones.

 

 

La post-verdad puede fallar

El basamento político de La Libertad Avanza es la post-verdad, que es una lectura de la realidad que no tiene nada que ver con la verdad material de los hechos. Así ligeramente se puede decir que estamos ante la peor crisis de la historia como si la dictadura militar, la híper-inflación del ‘89, la caída de la convertibilidad en el 2001 y la pandemia del 2020 no hubieran existido. Se puede sostener que fuimos la primera potencia mundial cuando en 1904 Bialet Massé le informaba al Presidente Roca que éramos un país de hambreados y analfabetos. Ahora la post-verdad se empeña en decir que el Presidente tiene un 55% de respaldo en sus propuestas, porque ganó un balotaje (una definición por penales donde la ciudadanía no adscribe a un programa, sino que vota en contra del que aborrece más) prometiendo que acabaría con los privilegios que hoy promueve. Es la misma post-verdad que se empeña en decir que la Constitución no vale, y que el cargo de Presidente debe tener potestades equiparables a las de un monarca.

El día de la derrota legislativa del oficialismo fue el mismo día en el que el gobierno nacional aumentó un 250% el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires a la gente que lo usa para ir a trabajar. Cuando se pasa la SUBE en el ómnibus, o se pretende pasar un ómnibus por encima del Congreso, por más post-verdad que se intente instalar, la realidad siempre aparece. Y se venga.

 

 

 

 

* Miriam Aragón es magister en Ciencias de la Legislación UNSAL y Universidad de Pisa, profesora de postgrado en UBA Derecho y ex subdirectora de Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

** Javier Ortega es doctor en Derecho Público y docente UNDAV y UNLA.

 

 

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