La vejez desinvertida

 

 

“No deja de sorprenderme cuánto empeoran las cosas a medida que uno envejece”.

Elizabeth Taylor, en Prohibido morir aquí.

 

La vida se ha ido estirando, las expectativas de sobrevida son mayores que siglos atrás. La industria de la salud y los progresos científicos, las mejoras condiciones laborales y de vida en general en la ciudad permitieron a muchos sectores de la sociedad aplazar la muerte, un aumento de la longevidad. Muchas otras personas, en cambio, padecen en su vejez el efecto acumulado de las desigualdades padecidas a lo largo de toda la vida.

Pero el envejecimiento de las sociedades y el incremento de las esperanzas de vida se explican también en la intervención y compromiso del Estado con el bienestar de la población en general. La Organización Mundial de la Salud calcula que la población mundial de mayores de 60 años se duplicará con creces, de 900 millones en 2015 a unos 2.000 millones en 2050, y que la gran mayoría de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. En la Argentina, el 15,5% de la población (6.983.377 habitantes) forma parte de esta franja etaria, siendo el 43% varones y 57% mujeres.

 

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El primer peronismo fue el autor de “Los Derechos a la Ancianidad”. Hasta la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo, la ancianidad era un privilegio de las elites o dependía de la capacidad de ahorro de cada familia. Los viejos debían seguir trabajando o estaban atados al presupuesto familiar que, dicho sea de paso, nunca era excesivo y estaba vinculado a la cantidad de hijos. En el peor de los casos la ancianidad era sinónimo de mendicidad, y cuando llegaban a ese lugar las damas de beneficencia se hacían cargo de ellos. La felicidad les estaba vedada a los veteranos. Lo digo con las palabras de Evita: “Lo que ayer fue privilegio de potentados, es hoy patrimonio del pueblo (…) Lo que hasta ayer fue monopolio de una oligarquía improductiva, fría y sin pasión nacional, vendepatria, ajena a todos los problemas y los dolores de los humildes, se denomina desde este momento Parque Los Derechos de la Ancianidad”. Y agregaba en otro discurso el 3 de julio de 1950 en el teatro Colón, con motivo de entrega de pensiones a la vejez: “Desgraciados los pueblos que no ennoblecen y enaltecen a la ancianidad, porque esos pueblos no serán grandes jamás. Enalteciendo y ennobleciendo la vejez, se enaltece y ennoblece a la Patria”. No sólo había que dignificar a los trabajadores sino también a los ancianos. La demanda estaba instalada, formaba parte de los reclamos de la familia trabajadora. Al dignificar a los trabajadores se está dignificando la vida de los ancianos, garantizando que lleven una vida feliz. La Fundación de Ayuda Social Evita reemplazó a la Sociedad de Beneficencia y los “pobres vergonzantes” se transformaron en los “humildes”. La ancianidad dejó de ser un deporte privado filantrópico y pasó a ser una política de Estado.

En efecto, con el peronismo la ancianidad no sólo alcanzó un inédito rango constitucional de avanzada mundial sino que la universalización de las jubilaciones creó mejores condiciones para que las personas participasen de los derechos que se consagraban. Prueba de ello son los derechos contenidos en la Declaración de los Derechos de la Ancianidad sancionada por el decreto 32.138/48 y luego consagrados en el artículo 37 de la Constitución de la Nación sancionada en 1949, derogada tras el golpe militar del '55. Derechos que fueron presentados y defendidos por el jurista Arturo Sampay. Esos derechos resultaron pioneros y trascendentes, de hecho ese mismo año la Argentina los presentó en las Naciones Unidas, convirtiéndose en el primer intento de establecer derechos que fijen estándares internacionales para las personas mayores. Su lectura nos parece importante porque continúa siendo un programa vigente para cualquier gobierno que haga de la inclusión una bandera:

"De la ancianidad

1. Derecho a la asistencia - Todo anciano tiene derecho a su protección integral, por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creados, o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos, para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.
2. Derecho a la vivienda - El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana.
3. Derecho a la alimentación - La alimentación sana, y adecuada a la edad y estado físico de cada uno, debe ser contemplada en forma particular.
4. Derecho al vestido - El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior.
5. Derecho al cuidado de la salud física - El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente.
6. Derecho al cuidado de la salud moral - Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.
7. Derecho al esparcimiento - Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera.
8. Derecho al trabajo - Cuando el Estado y las condiciones lo permitan, la ocupación por medio de la laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad.
9. Derecho a la tranquilidad - Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones, en los años últimos de existencia, es patrimonio del anciano.
10. Derecho al respeto - La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes".

No es casual entonces, como nos cuentan Horacio Gaggero y Alicia Garro en el libro Sueños de bienestar en la Nueva Argentina: Estado y políticas públicas durante el peronismo, compilado por Patricia Berrotarán, Aníbal Jáuregui y Marcelo Rougier, el alcance y magnitud que adquirió el sistema previsional argentino en el período 1943-1955. Más allá de las limitaciones y tensiones que generaban los sindicatos que se negaban a centralizar el sistema y a pesar de la evasión de los aportes patronales, “bajo el peronismo se amplió enormemente el número total de afiliados a cajas jubilatorias, incluyendo numerosos gremios que antes estaban fuera del sistema”. Si en 1942 el total de jubilados afiliados en las seis cajas nacionales existentes era de 452.843 personas, en 1955 era de casi 5 millones en las distintas cajas que se fueron creando.

El peronismo transformó a los abuelos en jubilados. La categoría jubilado (iubilare) es una noción que estaba a la altura de las expectativas del peronismo: jubilar significa gritar de alegría y hace alusión al sonido de la trompeta que anunciaba a las personas el año de retirarse, un retiro que merecía ser festejado comunitariamente con todas las recompensas por las tareas hechas a lo largo de su vida. Esa alegría no sólo se explicaba en la asistencia del Estado planificador sino en la presencia de la familia que no renegaba de los abuelos. Las casas eran bastante grandes y siempre había una mujer que cargaba con el mandato de cuidar a los padres mayores. No estoy justificando ni romantizando las desigualdades que imponen las estructuras patriarcales. Sólo diciendo que el peronismo de entonces encontraba en la mujer una aliada fundamental para organizar los cuidados en la familia en general y de los adultos mayores en particular. El peronismo incluso encontró en la iglesia otro socio, porque más allá de las idas y vueltas, el voluntarismo de los parroquianos fue imprescindible para el sostenimiento moral de la vejez desamparada. Había que ayudar a la vejez desvalida proporcionando asistencia médica gratuita y creando hogares de ancianos. El Estado colaboraba en la integración y consolidación del núcleo familiar completando la ayuda material con el reconocimiento moral. Sobre estas transformaciones institucionales recomiendo la lectura del excelente libro de Hernán Otero Historia de la vejez en la Argentina.

 

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Estas transformaciones sociales impactaron en las políticas del Estado argentino, que fue ampliando su presupuesto a lo largo del siglo XX a medida que se hacía cargo del bienestar de la población, por lo menos hasta el último golpe militar, el menemismo y el macrismo, cuando una serie de reformas empezaron a descomprometerlo de los problemas que hasta hacía muy poco constituían su razón de ser. Todos estos gobiernos empezaron a desinvertir en la salud y la asistencia de la vejez. El presupuesto que el Estado destinó a los adultos mayores continuó siendo millonario, pero si se lo compara con el gasto público en décadas anteriores o luego durante el kirchnerismo, nos daremos cuenta que es muy inferior. Todavía hoy día, el presupuesto destinado a los adultos mayores se lo llevan las jubilaciones y la industria medicinal: los laboratorios, los hospitales y geriátricos, los remedios, los médicos especialistas y la industria de los estudios, las funerarias, es decir, la salud sigue viéndose a través de sus síntomas individuales.

Por ejemplo el PAMI, que cuenta con más de 650 oficinas en ciudades y pueblos de todo el país, destina por cada afiliado RAM (en Residencia de Adulto Mayores) 41.973,96 pesos, y 48.259,61 pesos por afiliado con soporte psiquiátrico. Si se calcula que PAMI tiene aproximadamente 5 millones de afiliados (entre jubilados y sus familiares a cargo, discapacitados, pensionados y veteranos de Malvinas) se darán cuenta de que es una torta de plata muy importante.

No es casual que haya sido durante el menemismo y el macrismo cuando los adultos mayores recibieron menos atención. A medida que el mercado ganaba terreno, los cuidados empezaron a cargarse otra vez a la cuenta de cada grupo familiar, dependiendo de la capacidad de consumo de las personas mayores. Eso puede verse en el siguiente cuadro preparado por el equipo de asesores del diputado nacional Leonardo Grosso. Allí se vemos como el “aumento” del presupuesto que el macrismo destinaba a PAMI lo licuaba la inflación, y el repunte durante el gobierno de Alberto Fernández.

 

 

Según un informe de 2019 realizado conjuntamente por CEPA (Centro de Economía Popular Argentina), el CEPPEMA (Centro de Estudios Públicos para Personas Mayores) y ALGEC (Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria), durante el macrismo no sólo se recortaron las prestaciones sino que el impacto inflacionario licuó la capacidad adquisitiva y disparó el precio de los medicamentos. Durante el período 2015 y 2018 la jubilación aumento un 143,6%, pasando de $3.821 a $9.309. Sin embargo, la inflación de los medicamentos para ese mismo período ascendió a 244,3%, llegando algunos medicamentos esenciales a superar el 540%. Sólo en 2018, en promedio, los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron 53,24%, ubicándose por encima de la inflación anual que cerró en 47,6 de acuerdo al INDEC.

A eso hay que sumarle la Resolución 005 de PAMI que estableció condiciones extraordinarias para acceder al subsidio del 100% de la cobertura en medicamentos (tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina pre-paga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo), lo que se traduce en una disminución del acceso de jubilados y jubiladas a esta prestación. El informe completo puede consultarse en este sitio.

En definitiva, para el neoliberalismo la vejez fue un problema con el que se midieron los funcionarios encargados de apretar los números para que cierren las cuentas, un renglón del presupuesto señalado por los organismos financieros internacionales que debía ser objeto del ajuste de rigor. Se cambió la atención digna por la mera farmacopea y las prestaciones médicas privadas. Las residencias se “profesionalizaron” y con ellos los cuidados se volvieron más fríos, indolentes, esporádicos, opacos.

 

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El mundo de los viejos es un mundo lleno de eufemismos. No hay plata o ésta sigue siendo insuficiente, pero hay muchas palabras nuevas para no herir susceptibilidades. El mundo de los viejos fue también colonizado por el correccionismo. Si los viejos no tienen el trato que se merece por lo menos que no se note. Por ejemplo, ya no se habla de viejos o ancianos, ni si quiera está bien visto decir “abuelos” o “jubilados”. La gerontología, que es el campo de la ciencia encargado de estudiar al viejismo, suele distinguir entre los viejos-jóvenes o los viejos-viejos, es decir, entre la tercera y cuarta edad. La diferencia entre un grupo y el otro hay que buscarla –quizá– en la fragilidad de la salud. Si en el primer grupo predominan las personas independientes, en el segundo prevalecen las personas que han perdido autonomía producto de la fragilización de la salud: ausencia de capacidades funcionales y la merma o disminución en dos de los siguientes dominios: senso-motor, locomoción, metabolismo energético, memoria y capacidad física. Pero no se trata de estados fijos, porque como han señalado María Julieta Oddone y Paula Pochintesta en el libro Desde la niñez a la vejez, compilado por Mariana Paredes y Lucía Monteiro, si bien es cierto que la salud se complejiza en la población envejecida, no todas las personas que superan los 80 años sufren dependencia física. No hay ritos sociales de pasaje como pueden existir para otras etapas de la vida. Dicho en otras palabras, la cuarta edad no es sinónimo de enfermedad y dependencia, por eso algunos gerontólogos prefieren hablar de adultos mayores, una categoría móvil, muy heterogénea.

Tampoco conviene hablar de geriátricos u hogares de ancianos sino Residencias de Personas Mayores, Casas de Retiro, incluso algunos proponen hablar de Centros de Cuidados Continuados. Las sociedades se fueron transformando y el lugar que ocuparon la mujer y los actores religiosos no fue reemplazado por otras instituciones con dinámicas acordes a sociedades más complejas con poblaciones cada vez más longevas y complejas. Los partidos políticos y movimientos sociales suelen ir al barrio, a la fábrica, la universidad y la cárcel, pero no suelen referenciar todavía a los geriátricos o clubes de jubilados como lugares de militancia y organización. Hay excepciones, de hecho hubo gestiones en algunas de las agencias del Estado que dedicaron especial atención, por ejemplo la gestión de Luciano Di Cesare durante el gobierno de Cristina Fernández.

 

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Ya dije que el Estado aporta dinero para sostener la vida de los viejos en los geriátricos. Pero no es una vida de lujo y diversión. Más bien todo lo contrario: el aburrimiento y la pobreza continúan organizando la vida de los moribundos y supervivientes. Siempre amueblados con baratijas y mucho descarte. Las sillas siempre están destartaladas y los sillones destrozados. En todos estos años que acompañé a mi mamá por los distintos geriátricos que frecuentó, pude chequear la modorra y falta de imaginación de los funcionarios y sus empleados en general. La verdad que no se les caen muchas propuestas. El Estado invierte mucho tiempo y creatividad en les niñes que, dicho sea de paso, están cada vez más sobre-estimulados con las redes sociales, la televisión, los deportes, el ocio recreativo, etc.; en cambio, cuando se trata de las personas mayores se quedan sin ideas. Nunca vi cuentacuentos, músicos y bailarines. Me imagino que no hace falta mucha cabeza para organizar y presupuestar talleres de literatura o trabajar con fotos de los familiares en talleres de memoria, para discutir noticias, aprender a bailar, hacer cursos de repostería, jardinería, tejido, bordado, pintura o dibujo, yoga, tai-chi chuan, etc. No hay bibliotecas, videotecas, ni juegotecas. No se organizan salidas colectivas a museos, teatros u otros espacios de esparcimiento y consumo. Todo el tiempo muerto suele cargarse a la cuenta del televisor: el gran chupete de los ancianos. El Estado invierte mucha plata en los viejos pero no controla el destino de esos recursos cuando llegan a las residencias. Es cierto que muchas veces el Estado se demora en girar la plata, pero eso no justifica la falta de imaginación, la pereza en la composición de políticas públicas que hagan la vida de los adultos mayores más feliz, menos solitaria y angustiante.

Si el Estado puede ajustar estas políticas o limitarse a la atención económica a través de la jubilación universal –lo cual no es poca cosa– es porque la sociedad se olvida de los viejos. La garantía del ajuste o la falta de imaginación somos nosotros: si el dueño de un geriátrico puede contratar menos enfermeros de los que se necesitan; si la calidad de la alimentación no es la adecuada o no suele tener los componentes nutrientes que demanda la dieta de un adulto mayor; si el ocio se rellena apelando a la televisión; y si pueden exceptuarse de rendir cuentas o dibujar los números, es porque nosotres no visitamos a los viejos, miramos para otro lado. Prueba de ello es que el Estado no sabe fehacientemente cuántos geriátricos hay hoy y cuántos viejos en ellos. Se calcula que son 3.800 las residencias registradas, pero hay una gran cantidad de residencias clandestinas que sólo aparecen a la luz cuando se incendian o hay que evacuarlos porque los viejos se intoxicaron. Si el Estado no puede controlar periódicamente a los geriátricos de manera sistemática, es porque la sociedad no quiere saber mucho de los moribundos.

En otras palabras: el aislamiento social como forma de rentabilidad. El abandono de las familias, el debilitamiento de los vínculos entre las distintas generaciones y la dejadez del Estado son la mejor garantía que tienen los dueños de geriátricos para valorizarse a expensas de los moribundos y supervivientes, eludir el mantenimiento de la infraestructura y evitar cumplir con los compromisos asumidos con PAMI o las otras obras sociales con sus afiliados. Cuanto más solos estén los viejos habrá menos medicamentos, menos médicos, los enfermeros estarán sobrecargados de trabajo, habrá menos personal terapéutico o cuidadores, la alimentación será de mala calidad, se prolongará el uso de los pañales, habrá menos actividades recreativas, es decir, tendrán más ganancias. No importa que el Estado demore en girar los recursos, ellos saben que tarde o temprano la plata estará en sus cuentas bancarias. Mientras tanto podrán cobrar a los familiares una cuota extra con la excusa de que el gobierno no les está girando el dinero. La culpa o la impotencia de la familia, el desconocimiento de todes, juega a favor de los empresarios que administran la muerte.

 

 

*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.

**La ilustración de esta nota fue especialmente realizada por el artista Martín Kovensky.

 

 

 

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