La vaca que come carbono

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que vigila el cumplimiento del Pacto fundador de Naciones Unidas en la materia, exhortó esta semana a la Argentina a “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking en la región de Vaca Muerta”, revela un documento publicado en Ginebra.

El Comité manifestó “expresa preocupación por los planes de explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales (gas de esquisto y petróleo de esquisto) ...considerando que la explotación total (…) de todas las reservas (...) consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de Paris” de 2015.

Integrado por 18 expertos independientes elegidos por el voto secreto de los países que han ratificado el Pacto, según una representación regional acorde con las costumbres de la ONU, el Comité alentó a la Argentina a que “fomente energías alternativas y renovables, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y establezca metas nacionales con parámetros de referencia definidos en el tiempo”.

Sin sueldo a cargo de la ONU, que solo cubre sus viáticos, a estos expertos les preocupa que “la fractura hidráulica contradiga los compromisos del Estado con el acuerdo de Paris, con un impacto negativo sobre el calentamiento global y el disfrute de los derechos económicos y sociales de la población mundial y las futuras generaciones”.

Cuestionada por ONGs, al margen de los debates que acaban de finalizar en vista de una Convención sobre multinacionales y derechos humanos, Vaca Muerta se vincula con el conflicto entre los gobiernos de Sebastian Piñera y Mauricio Macri y las poblaciones mapuche de la Patagonia, acusadas de profesar una ideología terrorista, cuyos dirigentes Sergio Nahuelquir, de Argentina, y Héctor Llaitul, de Chile, acaban de negarlo estos días en Ginebra.

“En los últimos años se han reportado varios casos de amenazas y violencia contra los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidad LGTBI, con una tendencia a confrontación violenta y criminalización a quienes solicitan la restitución de territorios indígenas”, señaló el Comité para con Argentina.

Añadió que el gobierno de Mauricio Macri no ha “previsto mecanismo para la titularización de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas” y recomendó que se “impulsen las investigaciones sobre aquellos funcionarios señalados como responsables de actos violentos contra comunidades indígenas”, apuntando al asesinato del activista mapuche Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017.

El Comité instó a la Argentina a “combatir la impunidad en dichos casos, mediante la investigación de las amenazas, actos de acoso, intimidación y violencia y velar por que sus autores sean sancionados”. Se destacan, al respecto, la persecución de los hermanos Facundo y Fausto Jones Huala, el primero extraditado de Argentina a Chile, ignorando medidas cautelares solicitadas por la ONU, el segundo con paradero desconocido, al igual que Lautaro Alejandro González.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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