La Universidad como derecho universal
Movilidad social, soberanía cultural, científica y política
El primer párrafo de la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe del 2008 dice: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región”.
La profundidad de esta declaración y sus implicancias son enormes. Considera a la Educación Superior como bien público, es decir trasciende el ámbito de lo privado y se enfrenta a las fuertes tendencias actuales de mercantilización. Luego establece que es un derecho humano y universal, es decir inherente a los individuos; pero a todos ellos, en todos los países, bajo todo gobierno y forma de estado. Finalmente propone al Estado como el encargado de garantizar este derecho.
Argentina es uno de los pocos países en el mundo con acceso libre a la universidad pública (en la inmensa mayoría de los casos), gratuita (primero por decreto de Juan Domingo Perón desde 1949 y luego por Ley desde el 2015 por iniciativa del Frente para la Victoria) y laica.
Estas tres características tienen una profunda raíz en la concepción del acceso a la educación de tercer nivel como un derecho, son de carácter inclusivo y al mismo tiempo liberal en tanto respeta las preferencias religiosas de los individuos. Mediante la gratuidad y el acceso libre, el Estado argentino suma elementos tendientes a garantizar ese derecho para todos y cada uno de los habitantes.
Esta concepción de la universidad como derecho se contrapone con la concepción de origen de la universidad en Occidente, en palabras de Eduardo Rinesi: “Una fábrica de elites”. La concepción elitista de universidad se encuentra ampliamente extendida en un segmento de la población en nuestro país, que considera a la generación de “egresados útiles” como la misión de la universidad, y con especial énfasis la misión de las universidades públicas. Dicha utilidad se traduciría en mejores puestos de trabajos, bien pagos, en disciplinas prioritarias. Este segmento de la población además propone una universidad medida en términos de eficiencia y para esto las universidades deberían incorporar restricciones en el ingreso, ya sea por cupos, por arancel, por examen o todo juntos.
Con una insistencia que impresiona aunque no sorprende, diversos medios en su mayoría conservadores y de discurso hegemónico desprecian a la Universidad Pública de Argentina por ineficiente (bajo número de egresados), laxa (acceso libre) y como consecuencia de lo anterior la consideran de baja calidad.
No caben dudas que la Universidad Pública de Argentina tiene innumerables problemáticas; muchas de ellas se desprenden de la complejidad que requiere garantizar libre acceso y gratuidad. Por otro lado no se discuten las complicaciones de un ingreso a primer año en una carrera con 3.000 estudiantes con el dictado de clases en tres turnos en aulas para 500. No podemos hacernos los distraídos. Sin embargo la respuesta a eso no puede ser establecer cupo de 1.500 estudiantes, sino disponer de más aulas y más docentes, revisar contenidos y modalidades de dictado de clases y profundizar o continuar con la formación docente, entre otras. Los conservadores en Argentina sugieren amputar la pierna apenas ven una uña encarnada. Responden automáticamente sin analizar o realizar diagnósticos sobre situaciones reales. Sus soluciones son marciales, simplistas y someras.
Recientemente algunos medios, periodistas e “influencers” de redes sociales expresaron su asombro y claro descontento por el mayor número de egresados en ciencias sociales y humanidades comparadas con las ciencias exactas de universidades públicas. Inmediatamente caen en la tentación de proponer cupos y exámenes para restringir el ingreso y mencionan como variable de corte el establecimiento de áreas prioritarias. Asocian directamente bajos o altos números de egresados o de ingresantes al establecimiento de prioridades.
En primer lugar el tema es claramente de mayor complejidad. Esta tendencia es global. El porcentual de egresados de universidades en ciencias sociales y humanas en todo el mundo oscila entre el 50% y el 65%. En casi todo el mundo, los abogados, pedagogos, educadores y economistas son la mayoría. Las siempre bien valoradas ciencias físicas, matemáticas, naturales, tecnologías, y estadísticas no superan el 23%, esto es independientemente de si existen cupos o no. (Ver en el informe de la Organización de Comercio de Europa, OCDE, Education at Glance 2017.)
En segundo lugar la OCDE reconoce que este patrón obedece a preferencias vocacionales por carreras que denomina como más populares o por los vínculos que pudieran existir en algunos países entre el nivel medio y el nivel superior. Mal haríamos quienes integramos la comunidad universitaria y el Estado a través del Gobierno en desentendernos de los desafíos que impone garantizar el derecho humano universal a la educación superior. El ingreso libre debe ir acompañado de las condiciones que garanticen luego su permanencia y el egreso.
Sobre este último aspecto, las universidades hacen esfuerzos enormes y los resultados son significativos. Las universidades revisan e implementan nuevas metodologías para el ingreso y la permanencia. Los planes de estudios están en permanente revisión. Aún con inconvenientes o demoras, todos los indicadores académicos en el periodo 2003 al 2015 mejoraron notablemente, esto incluye entre otros el porcentual y número de estudiantes que ingresan a la universidad, la tasa de egreso y la baja de la tasa de abandono. (Ver Anuarios SPU y EPH para el periodo 2001 al 2015.)
El Estado debe acompañar la garantía de este derecho, en primer lugar aumentando el presupuesto y no reduciéndolo, promoviendo la revisión de contenidos, articulaciones, inserción entre otros aspectos, inclusive de aquellas carreras numerosas en ingresantes y egresados, nunca restringiendo. Abogacía puede ser una prioridad si se piensa menos en el número de abogados que “se necesitan” y más en qué se espera de ellos. La pregunta no es cuántos abogados, sino abogados para qué y dónde. Sin dudas en un país en desarrollo se deben impulsar aquellas carreras con una eventual mayor demanda o de cara a impulsar en el futuro un desarrollo particular. Bajo ningún punto de vista eso significa que las otras carreras deban ser necesariamente recortadas.
Da la impresión que el egresado es pensado como parte de una cadena de producción. Un egresado por puesto de trabajo en la disciplina específica. La universidad como derecho piensa al sujeto desde otro plano, como alguien que también posee derechos: a instruirse, a tener formación, al acceso, a nutrirse de otros saberes, a superarse, a completarse y madurar, a insertarse socialmente, a conocer sobre cómo funciona el sistema universitario.
La pregunta que surge invariablemente desde el conservadurismo político y el liberalismo económico empresarial y mediático es: ¿podemos darnos el lujo de que todos asistan a la universidad si no somos un país rico? La pregunta es falaz. Los países ricos no se dan ese “lujo”, simplemente porque no se trata de tener el dinero para hacerlo. Los países ricos y otros no tan ricos siguen un modelo. Argentina sigue otro. Nuestro país invierte en acceso, en formación, en equidad e igualdad. Los países ricos segmentan y concentran. Si la educación es pilar de desarrollo de las naciones, entonces Argentina ha hecho desde que declaró el acceso libre y la gratuidad de las universidades públicas, la mejor inversión posible.
La Educación Superior como un derecho universal es una forma de movilidad social, de soberanía cultural, científica y política. Es clave en el empoderamiento de la ciudadanía y rompe drásticamente con la lógica neoliberal.
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