LA UNIDAD NACIONAL CONTRA EL AJUSTE

El gobierno ha colocado al país en una senda de creciente enajenación de la riqueza y de los recursos del país, de degradación del tejido social y de gran conflictividad social y política. Este callejón sin salida no es el resultado de una mala praxis. Es la consecuencia de políticas económicas que siembran por el mundo países inviables, saqueados y estrechamente dependientes del capitalismo global monopólico. Cómo salir de esta situación es uno de los interrogantes candentes del momento actual.

Voceros del oficialismo anuncian un ajuste más profundo para consumar la revolución de la alegría prometida en diciembre del 2015.  Con un mesianismo cada vez más notorio, llaman a un mayor esfuerzo para superar lo que definen como “la tormenta” e intentan un pacto con la oposición a fin de lograr que el Congreso apruebe el acuerdo con el FMI. En su momento de mayor debilidad, Macri fuga hacia adelante. Trata de consolidar el apoyo de su núcleo duro y de ganar tiempo enrollando al país con promesas de una primavera que nunca llega y, sin mayores precisiones o definiciones, convoca a un “gran acuerdo nacional” para enfrentar al ajuste. Aquellos sectores de la oposición que para “asegurar gobernabilidad” votaron todas las leyes propuestas por el gobierno, exigen ahora medidas que son sólo paliativos del ajuste actual. Mientras tanto el país se detiene y se sumerge en la catástrofe anunciada.

En este ambiente que transpira situaciones caóticas vividas en el pasado, muchos no ponen en duda la necesidad imperiosa de unidad y movilización de todos los sectores perjudicados. Sin embargo, no puede haber unidad si se desconocen o se ignoran los intereses de los actores involucrados en este drama, sus diferencias, las alianzas posibles y los objetivos que hay que perseguir para cambiar radicalmente la situación actual. Convocar a la unidad postergando definiciones, ya sea por ignorancia o por la picardía de ganar tiempo y espacio para posicionarse mejor de cara a las futuras elecciones, es una receta que anticipa una derrota. En las relaciones de fuerza no existen los espacios vacíos. La indefinición de la oposición permite ganar terreno a los que se benefician con la situación actual y preparan alternativas a este gobierno que son más de lo mismo, aunque se presenten tras la máscara de un “peronismo racional” o de cualquier otro engendro que puedan sacar de la galera. Se trata entonces de conocer cuál es la unidad posible y cómo se concreta —en este contexto local e internacional— un proyecto de país que sea la antítesis del ajuste actual; que propugne una verdadera inclusión social y un desarrollo nacional e integrado. Para llegar a estas definiciones, es necesario dar un paso previo y caracterizar la relación de fuerzas que prevalece en el presente. A esto apunta esta nota.

 

La relación de fuerzas

La situación actual es dramática para los que sufren las consecuencias del ajuste ya realizado y para los que sufrirán los recortes que prometen realizarse en el futuro inmediato. Como todos los que impulsa el FMI, está dirigido primariamente a garantizar el pago de la deuda externa a partir de la imposición de un brutal recorte de los ingresos de los más pobres entre los pobres, de los asalariados, de las jubilaciones, de los subsidios y de los gastos en educación y salud. Esta fenomenal apropiación de los ingresos se profundiza con el mantenimiento del tarifazo: es decir con la dolarización de las tarifas y combustibles. Sin embargo, la eficacia del ajuste propuesto es puesta en duda por el propio FMI. Tanto en la carta de intención como en el Staff Report que la acompaña se admite que “hay una preocupación vinculada a la habilidad que pueda tener el gobierno para construir apoyo a las medidas que deberán pasar por el Congreso”. También se reconoce que “construir consenso social en torno a este programa va a ser crítico y a la vez desafiante”. Mas importante aún, el organismo llega a admitir que “si un cambio en las condiciones de las finanzas globales interrumpe el proceso de retorno de la confianza de los mercados hacia la Argentina”, el país podría desembocar antes de fin de año en un “escenario adverso” de recesión prolongada y fuga de depósitos bancarios, con más ajuste, más devaluación y más inflación. En este contexto el FMI evalúa que la deuda “es sustentable pero no con alta probabilidad”, eufemismo que parece anticipar la posibilidad de un default en un plazo no muy lejano. Si bien el FMI asigna “baja probabilidad” a este escenario, las crecientes turbulencias de las finanzas internacionales cada vez más sacudidas por la volatilidad financiera y la amenaza de una guerra comercial permiten augurar un futuro incierto para el país, y a muy corto plazo.

Distintos factores alimentan la posibilidad de que el acuerdo con el FMI no logre sus objetivos. Por un lado, la protesta social se agolpa en el horizonte. Por otro, el propio acuerdo es en sí mismo insostenible y no puede erradicar el peligro de la corrida cambiaria, que sigue latente. Sólo ha sido contenida por el momento, con mayor especulación financiera y endeudamiento a través de la venta de nuevas letras del Tesoro (Letes, Botes, etc.) que constituyen más deuda futura en dólares. Al mismo tiempo, la bomba de las LEBACs autoproducida por este gobierno continúa amenazando al sistema financiero en su conjunto. En estas circunstancias los dólares frescos “que exige el mercado” para no acelerar la corrida cambiaria, salen del adelanto del préstamo acordado con el FMI y se fugan o se acolchonan o dolarizan  activos bancarios. A este ritmo, buena parte del adelanto del préstamo se irá por este conducto en un plazo relativamente corto. Desde que ingresaron los primeros dólares  y durante el tiempo de vigencia de esta ingeniería se han gastado aproximadamente 2500 millones de dólares del adelanto del préstamo del FMI. A su vez, las reservas del Banco Central cayeron 3.350 millones de dólares en menos de un mes. En un solo día: el miércoles pasado, esta perdida fue de 1.031 millones de dólares.

Los bancos, principales tenedores de LEBACs y aliados del gobierno, han aceptado comprar los Botes y Letes que emite el Tesoro para atraer a los tenedores de LEBACs y supuestamente impedir que a su vencimiento se vuelquen masivamente a la compra de dólares e incentiven la corrida cambiaria. No hay nada inocente en este acuerdo : los bancos aprovechan la generosa emisión de deuda en dólares con estos papeles del Tesoro y mantienen al mismo tiempo su caudal de LEBACs. Así ganan al acrecentar su encaje bancario a costa de  acumular papeles que —a diferencia de un encaje tradicional—  les rinden un interés altísimo y, en buena parte, constituyen una deuda futura en dólares a cancelar en un plazo que va de unos pocos meses a dos años. Asimismo el “mercado” sigue haciendo pingües negocios con las LEBACs. Las altísimas tasas de interés y el dólar momentáneamente “estabilizado” con los dólares del FMI continúan impulsando la bicicleta financiera, saboteando así el objetivo del gobierno de hacer desaparecer las LEBACs y de amortiguar su peligro en el corto plazo. En cada renovación, las LEBACs tienden a concentrarse en el plazo más corto de vencimiento futuro. Aprovechando las altísimas tasas de interés, sus tenedores las reciclan en el plazo más corto posible posicionándose así para salir y fugar hacia el dólar cuando llegue el momento oportuno. Esto deja en evidencia la “falta de confianza” del “mercado” ante la nueva ingeniería desplegada.

La afluencia de los dólares del préstamo del FMI constituye uno de los pilares en que se apoya el muro de contención de la corrida cambiaria. La venta limitada de dólares por parte de los bancos oficiales cuando la situación así lo exige y la liquidación de las divisas de exportación son los otros dos recursos que el gobierno tiene para contener la corrida hacia el dólar. Desde un inicio brindó a los exportadores la posibilidad de liquidar sus divisas a discreción. Haciendo uso de esta prerrogativa, los exportadores han retenido en el pasado de un modo esporádico sus divisas contribuyendo no sólo a la última corrida sino también a la que tuvo lugar en los meses que precedieron a las PASO en 2017. Hoy existe un pacto implícito con el gobierno: mantenimiento de la liberación total de las retenciones a las exportaciones a cambio de liquidar gradualmente las divisas para proveer al mercado de los dólares frescos que este exige. Sin embargo, este pacto es ahora minado por la exigencia del FMI de frenar la liberación de las retenciones a las exportaciones de soja. Esta circunstancia es una fuente de creciente tensión entre el gobierno y sus aliados políticos y entre los distintos sectores empresarios.

 

Un acuerdo insostenible

Así, el gobierno y el Fondo han articulado un acuerdo insostenible, que ignora la necesidad de reactivar la producción para generar dólares genuinos. Ha dado lugar a una ingeniería incapaz de erradicar la corrida cambiaria, incentiva la especulación financiera y no logra desactivar la inminencia del peligro a corto plazo inherente a la venta de las LEBACs. La emisión de nuevos papeles del Tesoro genera más deuda en dólares, una deuda cuyo vencimiento es sólo cuestión de meses o a lo sumo a uno o dos años. Esto ocurre en un contexto económico internacional convulsionado por factores económicos, financieros y geopolíticos de carácter inédito, de alta volatilidad financiera internacional y gran escasez de financiamiento externo. De aquí surgen límites ciertos al baile especulativo en el que están abrazados, tanto el gobierno como el propio FMI. La gravedad de la situación ha llevado a Deloitte, uno de los estudios contables y de consultoría internacional más importantes del mundo, a advertir a principios de este mes sobre la existencia de indicadores cuantitativos y cualitativos de hiperinflación en la Argentina. Asimismo, hace muy pocos días, la propia Security and Exchange Commission –órgano regulador del mercado de valores norteamericano—  calificó a la economía argentina como hiperinflacionaria. Esta calificación dinamita el argumento de la sustentabilidad de la deuda externa argentina y coloca en el centro de la evaluación del riesgo argentino al cáncer que ha corroído al capitalismo argentino en los últimos 70 años de su historia: la inflación. Históricamente ha sido la expresión de una permanente puja entre las principales fracciones empresarias por obtener una mayor cuota del excedente económico producido y de la masa de ingresos y riqueza acumulada en el país. Esta puja ha sido constante. Ya sea de un modo larvado o desmadrado, ha signado a todos los gobiernos y se ha desarrollado en el contexto más general de otra puja intermitente: la lucha de los que menos tienen por defender sus ingresos ante el avance de la codicia de los que más tienen.

La incapacidad de formular una alianza entre las grandes fracciones empresarias que contemple concesiones entre sus respectivos intereses inmediatos y entre estos y los intereses de los sectores populares, ha condenado a nuestro país a la inestabilidad política creciente y al estancamiento económico. Más precisamente, esta puja entre los que más tienen por acrecentar sus respectivos bolsillos se ha dado incluso en circunstancias donde los gobiernos (democráticos o militares) los han favorecido con políticas específicas. En este sentido, uno de los rasgos más relevantes del período que se inicia con este gobierno en 2015 ha sido precisamente el desmadre creciente de la puja por la apropiación de ingresos dentro del núcleo duro que sustenta a este gobierno: las fracciones del capital más concentrado, aquellas que controlan monopólicamente los puntos neurálgicos de nuestra economía. Hoy esta puja amenaza a la ingeniería dispuesta para frenar la corrida cambiaria, y domina de un modo subrepticio y solapado a la propia coyuntura política.

 

A las puertas de la híper

La política de apertura al mundo de Macri ató la economía del país a una coyuntura financiera internacional altamente volátil, dominada por burbujas con alto riesgo de implosión. En la práctica, esta apertura implicó una fuerte presencia del capital financiero internacional en las finanzas locales. El carry trade entre las LEBACs y el endeudamiento externo se convirtió en el principal mecanismo de apropiación de los ingresos y de la riqueza generada localmente. Si bien desde un inicio las políticas de este gobierno provocaron transferencias de ingresos desde los asalariados y sectores más pobres de la población hacia las grandes fracciones del capital ubicadas en distintos sectores de la economía, también incentivaron la disputa dentro de su propia base de apoyo, por apropiarse de una mayor cuota de la masa de ingresos de la población. Las fracciones más concentradas del capital no solo apostaron a la bicicleta financiera, sino que ejerciendo su control monopólico sobre sectores estratégicos de la economía determinaron constantes subas de sus precios bloqueando el intento oficial de controlar a la inflación. En este contexto, la dolarización de los precios de los combustibles y de las tarifas contribuyó a esta puja entre sectores concentrados, que no dudaron en transferir con creces estos aumentos a los precios de sus productos.  Los negocios del Presidente y de su familia, amigos y entenados y la diversificación de sus fortunas personales en sectores estratégicos (energía, transporte y comunicaciones,) seguramente contribuyeron a la erosión de la credibilidad del proyecto oficial dentro de su núcleo duro. De nada valieron los reiterados llamados del Presidente a los grandes empresarios para que “crean y apuesten por el cambio”, “inviertan sus dineros y generen  trabajo”, “contengan sus precios” y “asuman su liderazgo, pero de verdad”. De nada valió su apoyo al ministro de Producción que los caracterizó  de “llorones”, ni tampoco fue efectiva su recriminación a  “una cantidad de empresarios vivos que cada vez que hay 2 de inflación te enchufan 4 y por las dudas te enchufan 8”. La inflación avanzó incontenible alertando a los capitales extranjeros (buitres devenidos en golondrinas) que vinieron a maximizar ganancias a cortísimo plazo. El descontrol de la inflación y una deuda externa imposible de pagar sacaron a la luz del día la precariedad de la economía argentina y constituyeron el principal detonante local de la corrida cambiaria desde principios de 2018. Por ese entonces comenzaron los graznidos y el aleteo de salida de los fondos de inversión y bancos extranjeros. Hoy vivimos el desmadre de la supuesta transferencia a los precios de la brutal devaluación ocurrida en los últimos meses. El intento oficial de controlar la formación de precios de algunas grandes empresas durante la corrida cambiaria ha quedado en la nada y hoy Macri le ruega a los principales empresarios que demuestren su apoyo al ajuste fiscal impuesto por el FMI. La inflación en el primer trimestre llegó al 16% superando en un punto porcentual la meta pactada para todo 2018. La medición interanual arrojo un 29,5% de incremento, la inflación  mayorista del mes de junio muestra al país al borde de la hiperinflación y de la temida ruptura de la cadena de pagos y el gobierno debe asumir el récord histórico de un país que no pudo cumplir con un acuerdo stand-by con el FMI a solo un mes de haberlo firmado.

El acuerdo fue inicialmente bendecido por los grandes empresarios locales. Preocupados ante la situación actual, creyeron que esta era la “ultima posibilidad de administración racional” que “pueda dar respuesta al problema de fondo: bajar el costo argentino, laboral y tributario”. Sin embargo, ante la letra chica del ajuste ha cundido la alarma. Así el Foro de Convergencia, que nuclea a las mas grandes asociaciones empresarias y a institutos de profesionales que las representan, está haciendo circular entre sus afiliados una carta abierta en la que pretende alertar a la población sobre los peligros del momento actual y la necesidad de que la presión fiscal del ajuste recaiga sobre el sector publico y no sobre el privado (LPO 16/8/2018  ). Temen que el gobierno pretenda reducir el gasto público vulnerando la reforma tributaria recientemente aprobada con los gobernadores, que incluía entre otras medidas la reducción y unificación del impuesto a los ingresos brutos y la eliminación total de las retenciones a las exportaciones. También se manifiestan contra toda medida que sea un paliativo del ajuste actual: desde los préstamos a tasas subsidiadas y la adopción de criterios alternativos para la actualización de las tarifas públicas hasta otras medidas que aumenten el costo fiscal (léase subsidios sociales). Mas allá de estas declaraciones tendientes a desviar el costo del ajuste de las grandes fracciones del capital, estas no han perdido tiempo en la defensa de sus respectivos feudos y de su cuota de apropiación de ingresos. Con la excusa de la devaluación hoy aumentan sus precios indiscriminadamente y empiezan a retener sus productos. El comienzo del desabastecimiento en puntos clave de las cadenas de valor amenaza con volcar la estantería de la cadena de pagos. Esta es el arma letal y “apolítica” que el “poder fáctico” tiene para condicionar tanto al gobierno como al FMI. A  las puertas de la hiperinflación, la “sustentabilidad” de la deuda desaparece. Esto el país ya lo vivió en el pasado, y ahora se vuelve a repetir.

Entre otras cosas, el acuerdo con el FMI intenta imponer un disciplinamiento a todos los sectores del gran capital local. A través de altísimas tasas de interés y servicios de la deuda externa que crecen exponencialmente, privilegia la succión y fuga al exterior del excedente, los ingresos y la riqueza acumulada. La estampida de precios desvía ingresos hacia feudos locales controlados monopólicamente por un puñado de grandes empresas de capital local (extranjero y nacional), ubicadas en sectores estratégicos de la economía. El acuerdo con el FMI tiene cláusulas que raspan los intereses inmediatos de estos sectores. Entre ellas: la eliminación de las desgravaciones impositivas acordadas en el pacto fiscal con los gobernadores y por lo tanto la posible reimposición del impuesto a los ingresos brutos y a las cargas sociales y la suspensión de la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Asimismo, el acuerdo congela la obra pública, blindando un espacio en el que tradicionalmente “la patria contratista” ha realizado enormes ganancias. Este bloqueo de la obra pública afecta no sólo a la industria de la construcción sino también a la producción de bienes intermedios y específicamente al feudo indiscutido de uno de los principales patrones de la economía local. En estas circunstancias, estos sectores empresarios presionan fuertemente al gobierno para que el PPP (proyecto de participación pública y privada en la obra pública) no sea desactivado por el FMI en tanto el mismo constituye adquisición de más deuda pública.

 

Danza macabra

Las medidas propuestas en el acuerdo con el FMI intentan aumentar la recaudación del Estado con el objetivo de disminuir el déficit público y liberar ingresos para el pago de los servicios de la deuda externa. En la práctica, imponen límites a la puja distributiva entre los que más tienen, acotando los espacios de disputa y los mecanismos de absorción del excedente, la riqueza acumulada y los ingresos de la población. El mismo objetivo es perseguido con la dolarización de los combustibles y tarifas cuyo mantenimiento reclama el FMI y hoy es cuestionado por el mundo empresario, a excepción de algunos pocos entre los que se cuentan los grandes capitales que controlan el sector energético. Como en épocas pasadas, esta dolarización es el ariete por el que se cuela la dolarización del conjunto de la economía, recurso ya intentado en otras ocasiones por el FMI con el objetivo de disciplinar la puja por la apropiación de ingresos tanto dentro las grandes fracciones del capital, como entre estas y los sectores populares que luchan por mantener sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

Empiezan a oírse las quejas de los grandes empresarios ante el mantenimiento de las altísimas tasas de interés, la recesión que se anuncia sin ambages y la creciente falta de credibilidad del gobierno. Estas quejas se suman a las de los principales perjudicados dentro del mundo empresario: los pequeños y medianos capitales en todos los sectores de la economía, amenazados de extinción pues, como lo evidencia la  historia reciente, este revoltijo conduce rápidamente al aumento de la concentración del capital y a la extranjerización del conjunto del sistema productivo. Los ganadores en estas circunstancias han sido siempre los formadores de precios, que han impuesto al conjunto de la sociedad sus intereses inmediatos. Su visión no admite la existencia de un interés general, común a toda la sociedad, ni el interés nacional propio de un territorio y un pueblo que lo habita. Su visión es de corto plazo y no admite concesiones de ningún tipo. Su norte es siempre maximizar ganancias en el menor tiempo posible caiga quien caiga, y fugarlas rápidamente al exterior. Ahora este conglomerado pelea contra sus propios socios del capital financiero internacional e intenta acomodarse de la mejor manera posible en esta danza perversa en la que están abrazados el FMI y el gobierno. El dólar, las tasas de interés y los precios marcan el ritmo de esta danza macabra y definen quién gana, cuánto gana y cómo se fuga en el menor tiempo posible.

De ahí que cualquier intento de unidad de los excluidos de este baile y de esta repartija tiene que tener en cuenta algo tan básico como lo que significan el interés general y el interés nacional en las actuales circunstancias del mundo y de la Argentina. Hoy las turbulencias económicas y políticas son de tal magnitud que oscurecen  peligrosamente estos significados y conducen a la indefinición y a la confusión respecto del “quién es quién” a la hora de proponer la unidad nacional y un proyecto de país alternativo. Además conducen a invisibilizar los mecanismos que tiene el Estado para desarrollar políticas alternativas. El desconocimiento de estas problemáticas hace posible el sometimiento a situaciones de facto que —como la que impone el acuerdo con el FMI— aseguran la continuidad del ajuste en el futuro, independientemente de cuál sea el resultado de las próximas elecciones.

La confusión respecto al significado del desarrollo nacional en el mundo actual ha conducido en el pasado reciente al intento de “reconstruir la industria nacional” protegiendo y subsidiando a grandes empresas de capital nacional y extranjero que dominan desde hace décadas a sectores estratégicos de la industria. Estas empresas forman los precios, generan muy poco empleo e insertan al país en eslabones precarios de cadenas de valor global que, reproduciendo la dependencia tecnológica y la restricción externa, arrojan a la economía a periódicas crisis de la balanza comercial y al endeudamiento externo. Esta confusión sobre el significado de lo nacional también ha conducido en el pasado a ignorar la segmentación existente entre las distintas fracciones del capital en el sector agropecuario, desconociendo así sus diferentes intereses inmediatos y aglutinándolas en un todo supuestamente homogéneo designado con la etiqueta del “campo” y definido como un conglomerado que responde unánimemente a los intereses económicos y políticos de la fracción más concentrada de la producción agropecuaria, vinculada estrechamente con la exportación. Esto está alejado de la realidad, y contribuye a la perdida de posibles aliados a una política de desarrollo nacional e integrado.

 

Los desconocidos de siempre

Es muy probable que hoy, al amparo de la emergencia de nacionalismos de distinto tipo en el mundo y de un  “proteccionismo” que esconde una guerra tecnológica, se intente salir de la situación caótica actual a través de un “ gran acuerdo nacional” liderado por los desconocidos de siempre: los formadores de precios en los puntos estratégicos de la economía. De ahí la necesidad imperiosa de definir lo que se quiere y lo que no se quiere. En este sentido, la carta abierta al FMI suscripta por diversos organismos sindicales, movimientos sociales y dirigentes políticos de la oposición es un paso nuevo de gran importancia, un paso que hay que profundizar con propuestas concretas que trasciendan los paliativos —siempre necesarios para contener el hambre y el desempleo que hoy golpea fuertemente a los sectores más vulnerables— e incorporen políticas concretas destinadas a producir un cambio radical de la situación actual. Aunque la movilización y la “unidad en la calle” han sido y son de importancia crucial en el momento actual, no son suficientes. Ha llegado la hora de potenciar  la protesta en la calle y liderarla con propuestas concretas que definan cuál sería la salida del caos que permita proteger y beneficiar al conjunto de la sociedad. Se trata entonces de cimentar un frente amplio de oposición que proyecte hacia la sociedad un camino claro de convergencia, un camino que corte las aguas entre el ajuste y el conglomerado de intereses que lo representa localmente y la inclusión social con desarrollo nacional e integrado. Esto no puede postergarse. Es una condición para el cambio de relaciones de fuerza que domina el presente y es lo que permitirá que el resultado electoral no sea más de lo mismo.

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí