La única verdad aún es la realidad

Los recursos no impiden implementar un Plan de Inclusión Previsional y un Ingreso Básico Universal

 

Hace ya muchos años que me dedico a estudiar, analizar y valorar el impacto de la seguridad social en la comunidad. Por tal motivo, tuve oportunidad de participar en cientos de encuentros, cursos, maestrías y doctorados relacionados con este tema. Siempre me sorprendió que en cada uno de esos espacios el 80% del tiempo se dedicó, y aún se dedica, a dilucidar cómo se financia cada una de las prestaciones que se otorgan. Nunca falta algún adalid del neoliberalismo planteando que nada se puede proponer ni hacer sin la identificación de los fondos correspondientes para su financiamiento, lo que lleva inexorablemente al bloqueo de cualquier propuesta de mejorar la distribución del ingreso. Son los mismos que deambulan por los medios de comunicación con un mensaje similar, y obviamente es lo que inevitablemente se termina estableciendo como condicionalidad a los países deudores ante el FMI. Este es el gran triunfo cultural del neoliberalismo. Tanto es así que personas del común, como trabajadores humildes, se horrorizan ante la posibilidad de ampliar los planes sociales o mejorar la cobertura previsional.

Le propongo a quien quiera valorar estas cuestiones que intente una simple reflexión: imagine un encuentro de miembros de las Fuerzas Armadas para mejorar la defensa nacional y que alguien diga que las propuestas planteadas son caras y que es mejor eliminarlas; o imagine un encuentro de docentes para mejorar los contenidos educativos y que alguien levante la voz porque mejorar la educación es onerosa. Así podríamos recorrer todo el andamiaje del Estado, ya que cada medida que se decide encarar desde el gobierno implica un gasto.

La mayoría de los organismos públicos diagraman periódicamente distintas moratorias y planes de pago para que los contribuyentes, las empresas y los empresarios o incluso los profesionales puedan regularizar sus deudas, sean éstas provenientes de la vida y patrimonio personal de las personas –como el impuesto inmobiliario o bienes personales– o producto de la actividad económica personal o empresarial –como el IVA, Autónomos, Ingresos Brutos o Ganancias–. Téngase presente que nadie, nunca, se queja de estas facilidades. Al contrario, cuando nos es posible optamos por estos planes porque aliviana el compromiso impositivo en momentos en que más se nos dificulta hacer frente a ellos por diversos motivos. Sin embargo, existe una excepción a este “visto bueno”: si quien se acoge a un plan para regularizar sus aportes jubilatorios es una mujer, pobre y mayor o un ciudadano empobrecido que no ha podido escapar del trabajo informal y precario vigente en esta Argentina que nos duele, muchas voces se alzan y despotrican virulentamente sobre lo que consideran un dispendio populista. ¿Alguna vez, alguien escuchó en algún medio que se cuestionara una moratoria para pagar el IVA –que generalmente son muchos millones de pesos– orientada a los empresarios? Seguramente no, pero si una moratoria similar beneficia a los más vulnerables, se arman mesas para criticar, vilipendiar y humillar a las personas que con ella podrían tener derecho a su jubilación.

Se ha vendido con bombos y platillos que el acuerdo con el FMI no altera el presupuesto previsto para el sistema previsional. Si esta afirmación es cierta, implica que los fondos disponibles deberían alcanzar para financiar los 6.866.676 beneficiarios existentes en diciembre de 2022, más el crecimiento vegetativo de la población. Pero para que ello ocurra, es imprescindible que se apruebe un nuevo Plan de Inclusión Previsional o moratoria, o plan de facilidades de pago, como quiera llamárselo. Y esto es así ya que en julio próximo vence el plazo de la moratoria vigente, por lo que cada persona que fallezca no será reemplazada y, rápidamente, miles quedarán fuera del sistema. Por ello, insisto: es perentorio que el Congreso se aboque a tratar un nuevo plan o habrá, en poco tiempo, una crisis social de proporciones. Piense, quien lee esta nota, que cuando se expulsa a alguien de la cobertura previsional otro se hace cargo, generalmente los hijos o familiares cercanos, que para colmo se encuentran con salarios muy depreciados.

Hace unos días el Ministro de Economía fue reporteado por el periodista Gustavo Sylvestre y, entre otras cosas, dijo que se crearon 1,2 millones de puestos de trabajo. Con anterioridad, en la TV Pública, el Presidente Alberto Fernández dijo que eran 1,9 millones. Ninguna de las dos cifras es real. Lo del Presidente es disculpable, ya que por definición a él las cifras se las dan los funcionarios que lo acompañan. Pero lo del Ministro me parece un despropósito. El Panorama Mensual del Trabajo Registrado de noviembre y diciembre de 2021, elaborado por la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el 3 de febrero de 2022, menciona al respecto: “Se completa, de este modo, un período de 13 meses de crecimiento ininterrumpido del empleo. Así, desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021, 164.000 personas lograron incorporarse al empleo asalariado registrado. Como resultado de este proceso expansivo, hasta el mes de noviembre de 2021, se reintegró al trabajo asalariado registrado en empresas privadas el 90% del total del empleo perdido durante la pandemia”. Entre 164.000 y 1.200.000 hay una diferencia de más de siete veces. No es un error pequeño.

Si en nuestro país tenemos alrededor de 18 millones de pobres y nos sentamos a esperar que la situación siga mejorando, ¿cuánto se tardaría, por esta vía, para que toda esa gente salga de la pobreza? Me permito decir que si alguien está pensando que esta es la vía para “empezar por los que menos tienen”, como prometió el Presidente, equivocó el camino. La política no se hace con palabras, sino enfrentando la realidad y afectando intereses. Por ello, cada día es más acuciante aplicar un Ingreso Básico Universal o políticas inclusivas –como en su momento hizo Néstor Kirchner con el Plan de Inclusión Previsional o la Asignación Universal por Hijo (AUH) que implementó Cristina– o mostrar el coraje que ella tuvo al reestatizar el sistema de jubilaciones y pensiones. Ese es el camino que permitirá cristalizar en la realidad aquello de que “entre los bancos y los jubilados, yo me quedo con los jubilados”, manifestado por el Presidente en la campaña electoral.

 

 

El financiamiento de las prestaciones

En la nota de la semana pasada me comprometí a probar que la implementación de las dos grandes medidas, un nuevo plan de facilidades de pago para las personas que tienen la edad jubilatoria y el Ingreso Básico Universal, no representan ninguna carga que desequilibre las cuentas del Estado. Veamos cada caso:

 

  • El Plan de facilidades de pago:

Como se ha mencionado en el debate parlamentario, en palabras del Ministro de Economía y del Presidente, el acuerdo con el FMI no implica la disminución del gasto en materia de jubilaciones y pensiones. En consecuencia, estaría garantizado el financiamiento para los casi 6,9 millones de beneficios que se pagan hoy. Pero todos sabemos que si no se aplica un plan de facilidades de pago a partir de julio próximo, rápidamente irá disminuyendo la cobertura. Un nuevo Plan permitiría que aquellos que fallezcan sean reemplazados por nuevos beneficiarios: así funciona cualquier Plan de Inclusión Jubilatoria. Por lo tanto, con los ingresos actuales se financiaría con toda tranquilidad un nuevo Plan de facilidades de pago, pero es imprescindible que se haga cuanto antes. Además, hay que tener en cuenta que por los 60 meses contemplados en la moratoria, todos los que se acogieron al Plan abonarán su cuota ante la AFIP, lo que implica que el Estado seguirá gastando lo mismo, pero recibirá ingresos extras.

 

  • Ingreso Básico Universal:

Aquí hay que poner el acento en dos cuestiones: la primera es el costo real y luego lo que es necesario financiar.

  • En general, cuando se habla de un Ingreso Básico Universal, se hace traslucir que el costo desfinanciaría las cuentas fiscales. Es un auténtico disparate. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la plata en manos de quienes menos tienen va directamente al consumo, es decir, a comprar comida, ropa y otras necesidades básicas, y todos esos productos pagan IVA. Por lo tanto, el Estado recupera el 21%. Imaginemos que una prestación es de $1.000. Apenas recibida por el beneficiario, vuelven al Estado por el IVA $210, por lo tanto, la prestación ya no cuesta $1.000, sino $790. Luego, quien vendió los productos que el beneficiario compró tiene que reponerlos en un mayorista, en consecuencia, los $790 que le quedan pagarán otra vez IVA, por lo que el Estado recuperará por el IVA $165,9, y entonces la prestación tampoco costará $790, sino $624,10. El mayorista hará lo propio con el fabricante, quien también pagará IVA, en este caso por $131,06, y la prestación ahora costará $493,04. En pocas palabras, si el Estado pone $1.000 en manos de una persona pobre rápidamente recupera más del 50% de lo que puso. A eso habría que agregarle que las provincias recaudarían más Ingresos Brutos, y todavía habría que calcular cuánto impacta este proceso en la recaudación del impuesto a las Ganancias, además de los beneficios de la reactivación económica que deviene de un mayor nivel de consumo interno.

Ya sabemos que, en realidad, el costo de un plan social o Ingreso Básico Universal representa el 50% de lo que una persona recibe. Por este motivo, quien para agraviarlos los llama planeros, ahora sabe que, en todo caso, son medio planeros. Veamos cómo financiar el 50% que falta con diversos caminos:

  1. Romper los privilegios que tienen algunas empresas. El Informe sobre Gastos Tributarios de 2021 que hace el Ministerio de Economía dice que los privilegios impositivos alcanzaron el 2,65% del PBI, que a valores de ese año representan $995.798,7 millones, de los cuales $735.661,8 millones están relacionados con normas impositivas. Por ejemplo, las que alcanzan al grupo Clarín y la Nación, que no pagan ni un peso de contribuciones patronales, mientras que $260.136,9 millones corresponden a promoción económica. Es decir, que se pueden dar “promociones” impositivas a distintas empresas, pero no se puede dar un plan a una madre de familia indigente. Eso me parece aberrante.
  2. Terminar con la disminución de las contribuciones patronales inventadas por Domingo Cavallo, que aún perduran entre nosotros. ¿Qué son las contribuciones patronales? Lo que aporta cada empleador por cada trabajador que contrata. La idea con que la “vendió” Cavallo fue que se mejoraría el empleo, pero lejos de ello, el desempleo saltó en forma exponencial. Los gobiernos siguientes pensaron que cobrando menos contribuciones patronales ayudarían a atacar el trabajo no registrado, pero la realidad mostró que tampoco tuvo este efecto y hoy nos debatimos en una crisis sin precedentes de trabajo informal. Hay que dejar en claro que esos recursos son del sistema de seguridad social y, por lo tanto, los perjudicados con esta medida son los que menos tienen, mientras que los que se benefician son los que más tienen. El monto que se quedan los empresarios por esta vía es el 3% del PBI, unos $1.100.000 millones. La vuelta a lo que marca la ley que corresponde pagar puede hacerse fraccionando en universo: por el tamaño de las empresas, por los montos de facturación o de ganancia, por la cantidad de empleados, etc.

Como es fácil ver, los recursos no son un obstáculo para implementar un Plan de Inclusión Previsional y un Ingreso Básico Universal, pero con ello no alcanza: hace falta amor al prójimo, un sentido ético de la vida en comunidad, creer en la justicia social y coraje político para enfrentar los intereses de los poderosos.

Por último, quiero desafiar a quien quiera a encontrar tres países en el mundo desarrollado que, para alcanzar ese nivel, no haya distribuido dinero entre la población. El mejor ejemplo es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que cuando la papas quemaron le entregó un subsidio de 1.200 dólares a cada pobre. Es decir, al país más liberal de la tierra, con el Presidente más de derecha de su historia, no le tembló el pulso para repartir dinero a fin de mantener su economía y su estabilidad social.

 

 

 

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