La única estrategia es el desguace del sector Defensa
Los militares son los máximos sorprendidos de ser manejados mediante un Excel
Muchos rumores se han desatado respecto de una inminente “reforma militar”. Tal vez los debates recientes del Congreso de la Nación, en los que se materializó un asalto a la caja de los jubilados por medio de la mal llamada “Ley de reforma jubilatoria”, puedan ayudarnos a contextualizar lo que se pondrá en marcha en Defensa. O, mejor dicho, lo que ya se viene implementando y se profundizará en 2018. Cuando el gobierno de Cambiemos pronuncia la palabra “reforma” en cualquier área de las políticas públicas, los sectores populares saben que se trata de más y nuevos ajustes.
La hoja de ruta del gobierno en materia de Defensa no es diferente. Lo que está en el horizonte es un brutal ajuste sectorial. Es lo único esperable de un gobierno que no ha tenido ninguna definición estratégica para la jurisdicción. La única estrategia es la de los CEOs, quienes —desde la jefatura de gabinete y con la planilla de Excel en la mano— imparten las instrucciones para la reducción de gastos que conduce al desguace del área. Desde el edificio Libertador se ejecutan las decisiones de la Casa Rosada ante la atónita mirada de los uniformados que, contrariamente a lo que imaginaban, descubren que la sintonía ideológica con un gobierno conservador no es impedimento para la supresión de viejas prerrogativas. La agenda del gobierno tiene por objetivo, en consecuencia, la reducción de las estructuras del Ministerio de Defensa —lo que incluye al entramado de fábricas compuesto por Fabricaciones Militares, la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) y el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR)— y de las propias Fuerzas Armadas, a las que se les recorta sensiblemente su capacidad operativa.
Pero en lugar de manejarnos con rumores (que incluyen desde cuestiones insensatas acerca de una eventual absorción de la Prefectura Naval por parte de la Armada Argentina, hasta cuestiones razonables como el fortalecimiento de la “conjuntez” para evitar superposiciones o redundancias), conviene detenernos en los pocos hechos concretos que tenemos a mano y extraer de allí algunas conclusiones.
Cuando decimos que no hay estrategia, no hacemos referencia a una generalidad. Decimos concretamente que el gobierno, a más de dos años de haber asumido, ha incumplido con la obligación de emitir, a través de un decreto, su Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), que es el documento liminar que establece los lineamientos estratégicos del sector. En consecuencia, muy difícilmente podríamos tener una noción clara de la reforma militar que pretenden cuando a mitad de mandato todavía no han sentado las bases de una política para el área. Ni siquiera hemos tenido la posibilidad de que los responsables políticos de la cartera —a pesar de la media docena de invitaciones cursadas por la Comisión de Defensa Nacional a los ministros Julio Martínez y Oscar Aguad— informaran a la Cámara de Diputados sobre los objetivos de la política de Defensa.
No habiendo aclarado el gobierno cuál es el horizonte estratégico de lo que denomina “reformas”, no queda otra que apoyarse en las declaraciones de sus funcionarios para extraer alguna idea aproximada. Tanto el presidente como los ministros del área han manifestado, en repetidas oportunidades, que las Fuerzas Armadas debieran desempeñar un rol en la conjuración de las denominadas “nuevas amenazas” (narcotráfico y terrorismo, entre ellas), lo que contradice el plexo jurídico vigente en la Argentina. En cuanto a la cuestión doctrinaria, emplear a los militares en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es equivocado porque pretende que una institución con la misión, el adiestramiento y el equipamiento para la guerra en defensa de la Nación ante amenazas o agresiones de otros estados, se dedique a actividades de naturaleza policial. Estas últimas suponen la investigación de ciudadanos y organizaciones, el dominio de la inteligencia criminal y la realización de tareas de vigilancia y detención de personas, todos temas para los cuales las Fuerzas Armadas no están preparadas. Por otra parte, la experiencia internacional comparada demuestra con holgura que el peor error que se puede cometer es declarar guerras convencionales a enemigos invisibles con capacidad de infiltrarse en las estructuras del Estado.
En la Argentina las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional fueron aprobadas con amplios consensos y establecen una clara división de responsabilidades y jurisdicciones. Las razones por las cuales los militares argentinos tienen vedado realizar tareas de seguridad pública o inteligencia están inextricablemente ligadas a nuestra historia. Cuando lo hicieron, esas actividades no funcionaron en beneficio de la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas se corrompieron y se erosionaron las capacidades para el cumplimiento de la misión principal que es la defensa del territorio, su población y la soberanía de la Nación.
En lo que hace a la dimensión geopolítica, no puede perderse de vista la histórica presión de los Estados Unidos —ejercida a través del Comando Sur— para que las Fuerzas Armadas de los países de la región avancen hacia esta confusión entre las funciones de defensa nacional y seguridad pública. Hoy Washington identifica a un gobierno argentino absolutamente permeable a estos lineamientos, lo que incluye la pretensión de que los militares argentinos no sólo asuman un eventual rol en materia antiterrorista fronteras adentro, sino que contribuyan en el combate al terrorismo global. Cabe señalar, en este sentido, la solicitud de los Estados Unidos —y también de Francia— para que la Argentina envíe tropas a Malí y a la República Centroafricana, dos naciones africanas que han sido escenario de bajas para los Cascos Azules y en las cuales no hay ningún tipo de interés vital para nuestro país. Así pues, mientras por un lado la Argentina se reacomoda geopolíticamente bajo la égida de los Estados Unidos y se especula con nuevos roles para sus militares en el exterior, por el otro se ajusta el presupuesto y se dilata el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Pasemos, en consecuencia, a la cuestión del presupuesto del sector Defensa. Los más entusiastas asesores desde la época de la Fundación Pensar —algunos de ellos coroneles retirados, que actualmente son funcionarios políticos del ministerio— contribuyeron a efectuar la evaluación que el macrismo hizo del sector al llegar al poder. En el informe “El estado del Estado” se afirmaba: “En diciembre de 2015 el Ministerio de Defensa se encontraba desarticulado. Contaba con el presupuesto más bajo de su historia en relación con el tamaño de la economía (…) El 70% del presupuesto del ministerio, que el año pasado fue 57.000 millones de pesos, estuvo dedicado a pagar sueldos y jubilaciones. No había margen para invertir en el crecimiento, la capacitación o la modernización de las fuerzas armadas”.
En el presupuesto elevado en 2017 por Cambiemos, el pago de salarios y retiros alcanzó un 81,8% del total del gasto de la jurisdicción Defensa, lo que denota un retroceso evidente en los fondos destinados a la operatividad del instrumento militar. El gasto en funcionamiento (15%) también se ubicó por debajo de las erogaciones en ese rubro para el periodo 2011-2015. Incluso algunos medios y analistas especializados, que nunca han tenido una especial consideración por la política de Defensa del kirchnerismo, hoy retratan con claridad el retroceso que han significado los dos años del macrismo en materia presupuestaria.
Por ejemplo: Edgardo Aguilera, en una nota para Ámbito Financiero, señaló que el 30 de octubre la secretaria de Servicios Logísticos del ministerio de Defensa transmitió a los directores de Planes, Programas y Presupuestos de las tres fuerzas un recorte de más de 300 millones de pesos en la cuarta cuota del presupuesto para funcionamiento y gastos operativos de 2017. Por su parte, el especialista y editor de Zona Militar, Mariano González Lacroix, señaló que “durante los dos últimos ejercicios la voluntad política para concretar una renovación ha brillado por su ausencia o, en caso de haber habido alguna intención, no ha surtido efecto. Lo cierto es que la tendencia presupuestaria actual mantiene casi un 85% destinado a gastos corrientes y el resto para gastos de capital y de operación, lo que implica que puertas adentro existan quejas y resignación sobre la posibilidad de contar con un sistema defensivo eficaz”.
En cuanto a las adquisiciones de material, la gestión del Ministerio de Defensa ha consistido en llenar las páginas de los diarios con anuncios rimbombantes, pero los resultados han sido muy pobres. Sintetizando: a) no se han reemplazado los desprogramados Mirage III; b) no hay avances en cuanto a la remotorización de los Pucará; c) nada se sabe de la supuesta adquisición a China de más de cien blindados a rueda; d) no se concretaron compras de aviones de transporte; e) no se registraron avances en materia de compra o producción local de los patrulleros oceánicos multipropósito; e) tampoco de buques multipropósito; y f) pese al anuncio de compra de 24 Texan II de origen estadounidense para la Fuerza Aérea Argentina, la reducción del presupuesto acotó la adquisición a doce unidades, de las cuales sólo cuatro llegaron al país. A pesar de las afinidades ideológicas que a priori parecieran existir entre el gobierno y los hombres de armas, “el margen para invertir” en la modernización de las fuerzas armadas retrocedió considerablemente en los últimos dos años.
Por otra parte, la subasta de inmuebles y campos militares —33 millones de dólares ingresaron por la ex Sastrería Militar de Palermo destinada hoy a emprendimientos inmobiliarios y 5 millones de dólares por el Campo General Paz de Remonta y Veterinaria en Córdoba— no se apoya en ningún tipo de apreciación estratégica ni ha supuesto mejoras operativas para el instrumento militar. No es un rediseño de las Fuerzas Armadas ni un redespliegue atado a nuevas concepciones estratégicas lo que ha determinado estas decisiones, sino que lo único que despunta como verdadero objetivo de los CEOs es el aprovechamiento de los terrenos castrenses para la realización de negocios privados. En esta línea deben leerse las informaciones que trascendieron en un documento oficial de marzo de 2017, denominado “Detalle de reducción del gasto en la Jurisdicción Defensa”, en el que se plantea un ahorro de casi 340 millones de dólares a través de la venta de infraestructura e inmuebles del sector militar. El reciente decreto de “Desburocratización y simplificación” (N° 27/2018), mal llamado de “Reforma del Estado”, profundiza esta línea, limitando la potestad que tenían el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de explotar los bienes bajo su custodia.
Cuando no se trata de emprendimientos inmobiliarios, lo que está por detrás son los negocios aerocomerciales. Este es el caso, por ejemplo, de la base aérea de El Palomar. El gobierno decidió que esta unidad histórica de la Fuerza Aérea sea utilizada por aerolíneas low cost como Flybondi (ligada al viceministro de Gabinete Mario Quintaba) o Norwegian Air. Pese a la orden emitida por la jueza federal Martina Forns para que cesaran las obras en el predio, las máquinas y los obreros continúan imperturbables con su trabajo. Contaminación ambiental y sonora, destrucción de espacios naturales protegidos, riesgos a zonas residenciales y escuelas e instalación del aeropuerto en la I Brigada Aérea El Palomar —declarada “sitio de la memoria” por ser uno de los puntos desde los que partían los “vuelos de la muerte”— son algunas de las importantes razones que arguyen los vecinos para rechazar el aeródromo que el gobierno quiere instalar allí.
La premisa gubernamental de que la única estrategia es el desguace del sector Defensa lo confirman las recientes noticias de diciembre y enero. Pese a las promesas en contrario, los telegramas de despido llegaron a un área sensible del Ministerio de Defensa: la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Allí el ministro Aguad, instrumentando los lineamientos del plan de “dotaciones óptimas” del Ministerio de Modernización, impulsó la desarticulación de un área fundamental para la reparación de los delitos de lesa humanidad. Despidió a 70 trabajadores que habían cumplido un papel central en la apertura y sistematización de los archivos de la última dictadura cívico-militar. De esa área ha surgido información crucial, tanto para la justicia federal como para el Ministerio Público Fiscal, en las investigaciones llevadas a cabo en el marco de causas por violaciones a los derechos humanos. Las cesantías han llegado también para los trabajadores de la Dirección de Políticas de Género, otras de las dependencias de la Dirección Nacional antes mencionada. Desde allí nuestro gobierno impulsó la equidad entre mujeres y varones en las instituciones de la defensa, garantizando acceso y permanencia en igualdad de condiciones, y desterrando prácticas discriminatorias y de violencia basadas en razones de género.
La acelerada desarticulación del tejido industrial del sector es el otro dato sobresaliente de estos días. A pesar de que el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, y el intendente de Azul, Hernán Bertellys, lo habían negado rotundamente, el interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y ex CEO de IMPSA, Luis Riva, reconoció el cierre de la fábrica de explosivos Fanazul y la cesantía de 219 trabajadores de esa unidad productiva. También aquí, como han revelado diversos medios, sobrevuela la posibilidad de negocios inmobiliarios en las 1.200 hectáreas que se cuentan entre las mejores y más productivas de la provincia.
La creciente desarticulación del polo industrial y tecnológico para la defensa constituye un severo retroceso en relación con las políticas implementadas durante los doce años previos al macrismo. Los tres conglomerados de empresas industriales del sector —Fabricaciones Militares, FADEA y el CINAR—, con su entramado de siete fábricas y treinta plantas productivas, generaron empleo directo para unos 4.500 trabajadores y empleo indirecto para miles de operarios y técnicos de muchísimas PyMES. De esa manera se lograron revertir las consecuencias nefastas de las políticas económicas de los años noventa, que a través de la privatización, liquidación o cese de actividades dejaron en una situación terminal a las empresas estatales del complejo industrial-militar.
En síntesis, no pareciera casual que los retrocesos de la gestión Macri en materia de Defensa tengan el foco actualmente en dos de las áreas de verdadera “reparación histórica” de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es todo parte de un mismo espíritu de revancha que anima a quienes propugnan un modelo de desindustrialización, financiarización de la economía y prisiones domiciliarias para los genocidas del terrorismo de Estado.
Con aciertos y con errores, me tocó conducir el Ministerio de Defensa entre 2005 y 2010. Bajo precisas instrucciones presidenciales, siempre buscamos coherencia estratégica y eficiencia en todas nuestras decisiones. Completamos el entramado normativo del sector, promovimos el accionar militar conjunto, establecimos un planeamiento estratégico-militar articulado con el planeamiento de recursos, impulsamos trascendentales definiciones de nivel presidencial (reglamentación de la Ley de Defensa, Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas, Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, Directiva de Política de Defensa Nacional), llevamos adelante cambios fundamentales y democráticos como la derogación del Código de Justicia Militar (que suprimió la jurisdicción militar asignando el juzgamiento de los delitos militares a los tribunales civiles federales), creamos un área para instrumentar y difundir en el sector de la Defensa las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las políticas de género, avanzamos en un proceso de reforma y modernización de la formación de los ciudadanos militares, impulsamos la reconstrucción del tejido industrial del sector y dimos pasos sin precedentes para el desarrollo de un sistema científico-tecnológico de la Defensa.
Sin dudas quedaron cuentas pendientes. Entre ellas, la de destinar una mayor parte del presupuesto a funcionamiento e inversiones de manera de contar con una fuerza operacional, integrada por elementos de las tres Fuerzas Armadas, en plena capacidad de cumplir con sus misiones. Las condiciones para avanzar hacia allí estaban dadas en diciembre de 2015, luego de una primera etapa exitosa de fortalecimiento de las capacidades de conducción política del sector.
El macrismo, carente de cualquier definición estratégica para el área, revela que su único objetivo es el desguace del Estado. La creciente desarticulación del sector y la falta de soluciones para los problemas operativos que afectan a las Fuerzas Armadas avanzan a una velocidad inusitada. Los militares son los máximos sorprendidos cuando la gestión de la Defensa se reduce a cumplir con las previsiones de una planilla de Excel.
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