La trastienda

 

El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas empezó a preparar su retirada hacia Brasil. Le preocupan las causas judiciales que pueden tenerlo como acusado. Hace unos días suspiró con tranquilidad al leer la resolución que lo sobreseyó por el supuesto apriete al juez Luis Carzoglio para detener a Hugo y Pablo Moyano. La misma suerte corrieron la señora 8, Silvia Majdalani, y dos altos funcionarios de la agencia. La fortuna quizá sea efímera. La Cámara Federal ya tiene la resolución y les acaba de pedir que designen abogados. La causa sigue activa y viró hacia el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, para determinar si desde ahí se maniobró para direccionar las declaraciones de referentes de la barra brava roja contra los dirigentes gremiales.

 

 

Detengan a Moyano

El 16 de octubre del año pasado, el juez Carzoglio, de Avellaneda, apareció rodeado de micrófonos para denunciar aprietes y filtración de información de la causa que tenía a los Moyano como investigados. Le apuntaba a Julio Conte Grand, procurador general bonaerense, y reconocía el largo brazo de los servicios en llamadas a su esposa para amenazarla. Cuatro días antes, el fiscal de Lomas Sebastián Scalera había pedido la detención de Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente y número dos de Camioneros.

Scalera había tenido su salto a la fama un año antes, cuando ordenó un megaoperativo para detener a Jorge Castillo, más conocido como El Rey de La Salada. Ahí se ganó el aprecio del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y de la propia Bullrich, al lado de quien se sentó para describir cómo había sido el operativo.

Carzoglio cayó en desgracia después de rechazar el pedido de Scalera. Se motorizó un jury en su contra por causas viejas. Terminó suspendido. Su negativa también motorizó a personajes del subsuelo del inframundo de la inteligencia como Marcelo D'Alessio. Ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, un periodista de América, Gabriel Iezzi, declaró que el falso abogado le había enviado escuchas de Carzoglio. “Me pidieron que me lo lleve puesto”, se sinceró D'Alessio.

 

Los señores de la AFI

El 31 de agosto de 2018 Carzoglio había recibido en su despacho a dos enviados de Arribas, Juan Sebastián De Stefano, el director administrativo de asuntos jurídicos de la AFI, y a Fernando Di Pasquale, el director operacional de análisis de la central de inteligencia.

Le hicieron saber que Mauricio Macri estaba “obsesionado” con la detención de Moyano, tal como declaró Carzoglio. Le preguntaron también qué quería para que esa obsesión se viera satisfecha. Intercambiaron mensajes de WhatsApp entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre del año pasado. También, según declaró Carzoglio, le hicieron llegar un boceto de orden de detención.

De Stefano, de larga militancia radical, es uno de los laderos de Daniel Angelici, el Tano, amigo de Macri y uno de sus operadores predilectos en la justicia. Según Perfil, el poder de De Stefano dentro de la AFI se acrecentó con la salida del ex fiscal Eduardo Miragaya, cerebro, entre otros, de la operación contra el juez federal Sebastián Casanello en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez en la que se pretendía involucrar a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras un paso deslucido por el espionaje, Miragaya retomó su cargo en el Ministerio Público y reporta en la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), a cargo de Ramiro González.

Di Pasquale es contador. Hasta el 22 de octubre del año pasado, cuando ya tenía un cargo directivo en la AFI, era director suplente de FIDESNET, una consultora en gestión de riesgos en el sector público y privado con una importante cartera de clientes.

 

 

La denuncia

Cinco meses antes de que Carzoglio saliera a denunciar las presiones para hacer detener a los Moyano, Hugo Moyano había radicado una denuncia en Comodoro Py. Hablaba de un entramado político-judicial para perseguirlo, desprestigiarlo y lograr la desorganización sindical de su gremio.

La causa en cuestión quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo y en la fiscalía de González. En paralelo tramitaba una denuncia en el juzgado federal de Lomas. Lijo reclamó la competencia hace unos meses y delegó la investigación en la fiscalía. En octubre, González pidió sobreseer a De Stefano y a Di Pasquale. En la resolución que firmó el 27 de noviembre, Lijo dijo que no podía abrir la investigación si no había impulso fiscal y que, si De Stefano y Di Pasquale no habían cometido delito alguno, sus jefes tampoco, por lo que firmó el sobreseimiento de Arribas y Majdalani.

Lijo dio por probada la reunión del 31 de agosto de 2018 en el despacho de Carzoglio. Así lo reconocieron Arribas y Majdalani en una reunión de la Bicameral de Inteligencia, que se realizó el 4 de abril pasado. Arribas también envió un escrito de dos páginas al juzgado en el que decía que él había delegado en De Stefano y Di Pasquale averiguar si los Moyano podían ser detenidos y valorar qué estrépito social podía eso ocasionar.

“Dispuse que dos funcionarios, con competencia específica en la materia, se apersonaran en el Tribunal instructor de la causa a efectos de verificar su estado y establecer la posibilidad cierta de que el magistrado actuante eventualmente dispusiera la detención del Sr. Hugo Moyano y, en su caso, cuándo ello podría eventualmente ocurrir”, escribió el Señor 5.

Arribas y Macri se hicieron amigos jugando al fútbol. Los unió también el negocio que el fútbol trae aparejado. El Negro fue, hasta su desembarco en la AFI, intermediario en la compra-venta de futbolistas. Vivía en Brasil y hacia allí quiere regresar pronto. Fue investigado por el caso Odebrecht, pero la causa se cerró en tiempo récord y terminó con los dos fiscales que lo acusaron denunciados. Su cercanía con Macri es tal que hasta hace unos meses vivió en su departamento de Avenida del Libertador. Un error de cálculos lo llevó a pecar de optimista y se compró una casa, pensando que el triunfo de Macri estaba asegurado – tal como contó Clarín.

 

 

 

La investigación de la AFI

En 2015 se reformó la ley de inteligencia que había sido sancionada en la antesala de la explosión de 2001. La reforma se cocinó al calor de la crisis de los servicios que había tenido erupciones violentas desde que diciembre de 2014, cuando Fernández de Kirchner descabezó la Secretaría de Inteligencia (SI). Los hitos más salientes fueron la denuncia contra ella, Héctor Timerman y otros funcionarios por haber firmado el Memorándum de Entendimiento con Irán en 2013 y la muerte –cuatro días después– del denunciante, el fiscal Alberto Nisman, encargado de la investigación al atentado contra la AMIA.

Uno de los ejes que generó consensos para la reforma fue la necesidad de romper la asociación entre los servicios de inteligencia y los jueces. Por eso se estableció en la nueva ley que sólo podrían tener contacto con los magistrados el número 1 y el número 2 de la AFI y las personas designadas por ellos. El estiramiento delegativo fue grande.

En el expediente, Arribas explicó que él había hecho una delegación permanente al director administrativo de Asuntos Jurídicos –léase, al Enano De Stefano– a través de la resolución 1639/17. No especificó si había una resolución que lo alcanzase a Di Pasquale.

En el mismo escrito, Arribas decía que Carzoglio había denunciado la visita de los emisarios de la AFI para mejorar su suerte ante el jurado de enjuiciamiento. “Si hubiese recibido presiones las habría denunciado inmediatamente, tal su deber como funcionario judicial. Solo un tiempo después, cuando entendió que sería útil para sus intereses de cara al enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones que se hallaba pendiente. de resolución, puso en tela de juicio el accionar del organismo que conduzco en procura de mejorar su situación. Carzoglio pretendió operar anunciando una visita para convertirla en apriete condicionado a cual fuera su suerte en el Consejo de la Magistratura”, escribió el escribano.

La AFI, además, aportó un informe reservado que había hecho sobre el caso Moyano, en el que hay una matriz de riesgo de lo que podría representar una posible detención de un líder sindical del tenor de Moyano. El informe tiene varios apartados. En el último hay una línea de tiempo, que muestra desde cuándo supuestamente estuvo el foco de la central de inteligencia en Moyano. La línea de tiempo arranca el 26 de enero de 2018 y se extiende hasta el 5 de abril de este año.

 

 

La línea Bullrich

¿Por qué la línea de tiempo arranca en enero de 2018? Porque en ese momento imputaron a los Moyano por una supuesta defraudación contra el club de Avellaneda. Los acusaban de estar implicados en la reventa de entradas y de canalizar dinero de la entidad hacia la barra brava. La imputación sostenida por la fiscal Viviana Giorgi y el juez Gabriel Vitale se basaba en las declaraciones de Pablo “Bebote” Álvarez y Damián Lagaronne.

Bebote declaró cinco veces. En todas fue recordando algo más sobre los Moyano. Pidió ser arrepentido, pero no tuvo suerte. Su abogado era Rubén Reznik, aportante del GEN, el partido que tenía a Gerardo Milman como referente. Milman, oriundo de Avellaneda, es el Secretario de Seguridad Interior de Bullrich. Según le informaron a la fiscalía, Reznik pasó a trabajar al Ministerio de Seguridad bajo la órbita de Milman.

El abogado de Lagaronne también se presentó en la causa que tramita en el juzgado de Lijo. Dejó un escrito en el que decía que mientras reportaba a la AFI ejercía la defensa de Lagaronne, como reveló Irina Hauser en Página/12. Denunciaba, además, que Alan Flavio Ruiz, el director de Operaciones Especiales de la AFI, lo había coaccionado para que su defendido direccionara la causa contra Moyano. Como no aceptó, lo despidieron de La Casa.

Ruiz fue funcionario desde 2016 del Ministerio de Seguridad. En 2018 quedó a cargo del programa de búsqueda de prófugos, tal como se publicó en el Boletín Oficial.

 

 

Testigos y algo más

Las sospechas sobre el rol que jugaron los ministerios de Seguridad y Justicia en la aparición de arrepentidos, especialmente en causas contra funcionarios kirchneristas, son muchas y se agigantaron en los últimos días tras la publicación del decreto por el cual el gobierno creaba una agencia nacional de protección de testigos.

La agencia, según el decreto firmado por Macri el 29 de noviembre, queda descolgada del ministerio de Justicia y monitoreada por un consejo consultivo que debe estar integrado por quien ocupe la presidencia de Casación, el procurador general o un representante y por el secretario de Seguridad. Inicialmente la propuesta había sido pasar el área a manos de la Corte Suprema o de la Casación Federal, pero en ambas dependencias encontró resistencias.

Sólo un par de días después de la creación de la agencia, Germán Garavano convocó al consejo consultivo. La reunión ocurrió en la tarde del 2 de diciembre. Asistieron el procurador Eduardo Casal, el secretario de seguridad Eugenio Burzaco y el juez Carlos Mahiques, presidente de la Casación Federal. También estuvo Francisco Lagos, quien estuvo a cargo del programa y ahora de la agencia.

Mahiques pidió, por mandato del plenario de los casadores —según consigna el acta—, que la representación de la Cámara no quede ceñida a su presidente. El resto de los presentes estuvieron de acuerdo. Dos días después, en Casación votaron a Ángela Ledesma para sucederlo en la presidencia del cuerpo. Burzaco, por su parte, pidió compensaciones para los servicios que el Ministerio de Seguridad le presta al programa.

 

 

Revisiones

La semana pasada la fiscalía le pidió a la AFI que confirme si el abogado de Lagaronne fue agente de ese organismo y, en tal caso, que lo releve del secreto para declarar. El pedido salió con la firma de Eduardo Taiano, porque González estaba de licencia.

En la causa, además de Arribas y Majdalani y los dos funcionarios de la AFI hay una gran lista de nombres que incluye al propio Macri, Bullrich, Milman, Elisa Carrió y Graciela Ocaña.  Sus nombres también pueblan el expediente que instruye Ramos Padilla en Dolores. "Están en calidad de imputados", explicaron los investigadores.

El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, apeló el sobreseimiento de los cuadros superiores de la AFI. En su presentación, le dijo a Lijo que él no podía desconocer que las presiones a los jueces existieron durante la gestión Macri porque él es el secretario general de la Asociación de Juezas y Jueces Federales (AJUFE). La Sala II de la Cámara Federal devolvió el expediente el viernes a instrucción para que Arribas y Majdalani designen abogados. Cuando eso esté, convocarán a una audiencia para resolver, según pudo saber El Cohete. En Comodoro Py, apuestan que el sobreseimiento va a ser revocado.

¿Será un traspié para la mudanza de Arribas y el tan anunciado descanso de los dirigentes de Cambiemos?

 

 

 

 

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