La tragedia de las sierras chicas

 

1.

El puente Gobernador José Manuel de la Sota, según la promoción de las páginas de turismo de la provincia de Córdoba, es único en el mundo. La obra emplazada a cincuenta metros sobre el lago San Roque tiene el diseño de un arco, mide más de 300 metros de largo y soporta dos carriles por sentido de circulación, banquinas y veredas peatonales. Siguiendo el argumento de los promotores, desde su inauguración en abril de 2019 se ha transformado en una postal imperdible de la zona del Valle de Punilla.

“Cuando nos vienen a hablar del puente, que te lo presentan como del Siglo XXII, nosotros le mostramos la montaña destruida. Ese puente arruinó la fisonomía de San Roque porque rompieron todo; un barrio, por ejemplo, quedó tapado de barro. Uno se para y tiene que ver toda esa montaña pelada. En otoño la pintan de amarillo y en verano de verde para que se confunda con el resto del paisaje, con esos parches de bosque nativo que todavía no arrasaron. Parece un chiste, una joda”, se lamenta Marcela Fernández, abogada de la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA).

 

 

Fernández explica que ese puente escondía un proyecto mucho más ambicioso: el primer tramo de la Autovía de montaña, un trazado por el este del faldeo serrano que atravesaría fallas geológicas e implicaría el peligro permanente de desmoronamiento. Además dejó en evidencia que el proyecto no había ponderado la existencia del yacimiento de uranio “Rodolfo”, los bosques nativos de Categoría Rojo (de muy alto valor de conservación y que no deben transformarse) y el impacto en el paisaje por la expansión inmobiliaria. También se probó que el supuesto apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba a la obra nunca existió.

“La resistencia de la población fue muy grande –continúa Fernández–. La gente puso sus vidas en riesgo, se paró delante de las topadoras. Hubo detenciones y por eso interpusimos un habeas corpus al que el juez hizo lugar tiempo después, intimando a la provincia a brindar la más amplia información de la obra a los vecinos".

El Gobierno de Córdoba dio marcha atrás y la comunidad de Punilla celebró. Pero lo bueno, se sabe, suele durar poco.

 

2.

El nuevo proyecto del gobernador Juan Schiaretti a cargo de la empresa “Caminos de las Sierras” plantea la construcción de una Autovía de casi 45 kilómetros y cuatro carriles, que atravesaría todo el Valle de Punilla desde el Dique San Roque hasta La Cumbre. La pretendida novedad sería el trazado por el oeste de la vieja Ruta Nacional 38 con una inversión prevista para la primera etapa –20 kilómetros desde la Variante Costa Azul hasta Molinari– de 100 millones de dólares.

Hasta el Estudio de Impacto Ambiental que acompaña el proyecto reconoció el severo daño ecológico que provocaría la obra. Los vecinos de Punilla organizados en el grupo “Unidos por el Monte” fueron más meticulosos y detallaron que se pretende atravesar un yacimiento de uranio de 100 mil toneladas (uno de los más grandes del país) que terminaría contaminando el agua que ingiere el 70% de los cordobeses; más de tres cuartas partes de su trazado arrasaría zonas rojas, es decir áreas naturales protegidas de bosque nativo, incumpliendo la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y afectando un ecosistema serrano que permite una mejor calidad de aire, regulación térmica, protección de las cuencas y mantenimiento de la diversidad, entre otros beneficios; se ejecutaría la llamada “Tragedia de las Sierras Chicas”, que es el modo que encontraron los pobladores para referirse a la pérdida irreparable del valor paisajístico, cultural y turístico; se insistiría con el trazado sobre una falla geológica que provocaría derrumbes, como ya ocurre en el Camino del Cuadrado; se pondrían en riesgo muchos de los 300 sitios arqueológicos del Valle; demasiados animales se verían afectados, incluidas especies en peligro de extinción como el gato del pajonal, y se avasallaría el derecho de los pueblos originarios –al menos ocho comunidades en la Punilla– al no involucrarlos en procesos de consulta o búsqueda de consentimiento.

Las asambleas también denunciaron que los intendentes de los municipios del Valle cedieron al Gobierno provincial el uso del suelo a espaldas de sus votantes y que la Secretaría de Ambiente desechó seis trazados alternativos que implicarían menos contaminación y destrucción.

En ese contexto, la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) hizo una presentación penal ante la Justicia Federal de Córdoba para que se investiguen “los posibles delitos que pudieran haber cometido el Gobierno provincial y la empresa Caminos de las Sierras para lograr que se construya la Autovía de Montaña entre Variante Costa Azul y La Cumbre”. La ONG realizó también una denuncia ante el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con sede en Caracas, Venezuela, que otorgaría el crédito para la obra.

“No es sólo el impacto de la traza en sí. La Autovía no se va a usar sólo para ir y venir. Lo que está detrás es el desarrollo inmobiliario. Ese fácil acceso promueve pasar de localidades turísticas a localidades dormitorios. Y eso va a generar mayor demanda de servicios como, por ejemplo cloacas, cuando todavía hay muchos lugares del Valle que no tienen acceso ni al agua potable. Ese ordenamiento territorial es una de las tantas cosas que faltan discutir”, dice el biólogo y presidente del Foro Ambiental Córdoba Federico Kopta.

“Nosotros –continúa– planteamos una serie de objeciones al formato de la Audiencia Pública Digital para justamente garantizar la participación ciudadana, pero el Gobierno provincial no contestó ninguna de esas demandas. Muchas personas mayores no saben acceder y tampoco los vecinos de poblaciones rurales. Se necesita conocimiento, dispositivos y conectividad. Pareciera que los funcionarios dan por sentado que todos están en igualdad de condiciones, lo que no es cierto”.

 

3.

Escándalo, bochorno, papelón. No hay calificativos más justos para la primera jornada de la Audiencia Pública Ambiental Digital sobre la Autovía Ruta 38. Aquel viernes 9 de abril la expectativa, que era mucha, enseguida dejó paso a la bronca. Tanto a través de las redes sociales como en los grupos de WhatsApp se difundieron las quejas de expositores de la zona de Bialet Massé, una de las más afectadas por la obra, que no habían podido participar por un corte programado de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Poco le importaron al secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto, los pedidos de impugnación de los vecinos que habían logrado ingresar a la sala del chat: silenció los micrófonos e inauguró el debate. Fue entonces cuando irrumpieron usuarios como Vinicius Da Silva Ramos, Joao Pedro o Cuca Beludo con distorsiones y música brasileña de fondo. Los más familiarizados con el portugués identificaron consignas a favor del presidente Jair Bolsonaro. Escenas de un Hentai, ese género de manga y animé pornográfico, confirmaron el ataque informático y torcieron la voluntad de Scotto, quien –con la voz de las malas noticias– anunció que la audiencia pasaba a cuarto intermedio.

Durante la primera semana de Audiencia Pública Virtual (que finalmente arrancó el lunes 12 de abril y se espera que continúe hasta el 13 de mayo) expusieron más de 100 personas con una distinción clara: funcionarios, empleados municipales, legisladores y representantes de la empresa constructora están a favor del proyecto. Vecinos, asambleístas, científicos, docentes y hasta turistas, en contra. ¿En números? De cada diez oradores, siete rechazaron la propuesta oficial.

 

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“Nos quieren imponer una obra con un nivel de incumplimiento en legislación ambiental alarmante –insiste la abogada Fernández. Nos vienen con el cuento de que necesitamos una ruta para llegar más rápido a los hospitales, pero hay comunidades que no tienen luz ni agua potable. Han desmantelado la salud y la educación de la zona, no han hecho ninguna obra de saneamiento, el lago San Roque es la cloaca de Punilla y esa agua es la que toma la ciudad de Córdoba. Por lo menos queremos opinar, decidir si esta obra es prioritaria o, como venimos denunciando desde hace mucho, sólo forma parte de un plan para lograr la salida al Pacífico a través del corredor bioceánico. La llamada Ruta del Saqueo para que capitales extranjeros puedan llevarse nuestros recursos naturales”.

 

4.

En la Declaración de Asunción de 2015, los entonces presidentes de Argentina, Mauricio Macri, de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, de Chile, Michelle Bachelet y del Paraguay, Horacio Cartes, reiteraron “su decidido compromiso con el proceso de integración regional (…) en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamérica (IIRSA) y el Consejo de Infraestructura y Planeamiento de la UNASUR (COSIPLAN) para el mejoramiento sustancial de la infraestructura física, de la facilitación del tránsito transfronterizo y de la agilización de los procedimientos aduaneros, destinados a hacer más expedita la circulación de personas y bienes entre sus respectivos países, de modo de lograr una alta eficiencia logística, mayor competitividad económica y una integración regional más efectiva”.

Aquel plan de “desarrollo” había comenzado antes, en el año 2000, con la participación de 12 países (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guyana, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Surinam, Argentina y Brasil) que acordaron la ejecución de obras de transporte, energía y comunicaciones para unir y mejorar las economías de la región.

Uno de los proyectos de IIRSA que involucra directamente a Córdoba incluye, casualmente, la ampliación de la Ruta Nacional 38 hasta transformarla en un “Corredor Interoceánico” que comience en Porto Alegre, Brasil, y concluya en el puerto chileno de Coquimbo con la indisimulable misión de “permitir un fluido tránsito comercial desde el centro y norte de la Argentina hacia los mercados del Pacífico, Oriente y Asia”.

La asociación civil Red Ambiental Córdoba considera, en cambio, que la Iniciativa IIRSA propone “adecuar nuestro territorio para facilitar y garantizar la extracción, transporte y exportación de los bienes naturales”. “Es evidente –señala la organización–que esta Autovía no está diseñada ni planificada como se alega desde el Gobierno para atender a las necesidades de la región (acceso turístico, conexión entre Punilla y la Ciudad de Córdoba), sino que responde a intereses ajenos y contrarios a los de la población local”. También argumenta que “esta obra traería aparejadas nuevas configuraciones del espacio donde vivimos, con expansión inmobiliaria y acceso a lugares que hoy son vírgenes y serían potencial foco de explotación”.

El problema, concluyen, no es sólo la Autovía. Sino lo que trae consigo.

 

 

 

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