La tortura
Una mujer trans quedó paralítica en las cárceles de Vidal mientras persiguen a su defensor
Mónica Mego tiene 36 años y está postrada en una cama en un hospital de La Plata. Mónica es, además, una mujer trans y desde finales del año pasado en prisión preventiva, acusada de narcomenudeo. En las cárceles bonaerenses empezó a sentir dolores terribles, pero el único tratamiento que recibía era ibuprofeno. Después, solo desatención y burlas. Cuando la internaron, terminó operada. Al salir del quirófano, le anunciaron que no iba a volver a caminar y que iba a tener que usar pañales por el resto de su vida. Desde el hospital de La Plata donde está internada, Mónica denunció al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). “Quiero justicia”, escribió. Pero su presentación está perdida en alguna oficina, sin el menor de registro de avance.
Lo que sí se mueve a paso firme es la denuncia contra el defensor público que tomó su caso, impulsada por la Procuración bonaerense – a cargo de Julio Conte Grand. Justicia a la carta.
El martirio
Mónica llevaba pocos días detenida. Era octubre del año pasado y estaba alojada en la Alcaidía 1 de Olmos, cuando empezó a sentir dolores en los riñones. El SPB se tomó su tiempo, pero le hizo análisis de orina y una ecografía. No saltó nada que indicara qué le pasaba.
En diciembre, los dolores no la dejaban dormir. Empezaron a aplicarle calmantes. En simultáneo, iba creciendo un bulto en el lado derecho de la espalda, un poco más arriba de los riñones. Le prometieron que iban a sacarla a un hospital a ver a un traumatólogo.
Eso no sucedió, aunque sí la sacaron para trasladarla a la Unidad 32 de Florencio Varela. Ahí, ya casi no podía caminar. Las compañeras de pabellón se turnaban para llevarla hasta la oficina de Sanidad. Al principio, la llevaba una. Cuando empeoró, la arrimaban entre dos. Después no había forma y la trasladaban con una camilla.
Como no había respuesta del SPB, las detenidas iniciaron una huelga de hambre. El 18 de mayo, a Mónica la sacaron, supuestamente para llevarla a un hospital, pero en realidad la movieron hasta la Unidad 23 del mismo complejo.
—No tenés nada –le dijo, con gesto de fastidio, un enfermero.
De vuelta a la Unidad 32. Pero esta vez quedó en una camilla al costado de la oficina de Sanidad.
En esos días, la sacaron dos veces hasta el hospital de Varela, Mi Pueblo. Una fue para ver a un urólogo. La otra, un simple paseo. La llevaron tarde y perdió el turno.
Al regreso, la pusieron en una celda de castigo – un buzón. Tenía solo un colchón y una silla. Cuando otra interna, que colaboraba con el área de Sanidad, quiso levantarla, el cuerpo de Mónica colapsó. “El día 21, luego de que me derrumbara, se me murió el cuerpo totalmente”, escribió.
Después de una placa en la Unidad 22 de Olmos –en la que los médicos no veían nada—, la llevaron al Hospital San Martín de La Plata. De ahí, directo al quirófano. Pus en la médula. Un absceso epidural en la médula por una tuberculosis no atendida.
—No vas a poder volver a caminar. Vas a tener que usar pañales y sondas –le dijeron cuando se recuperó de la anestesia.
Como su cuerpo en el buzón, lo que se derrumbó en la cama del hospital fue toda esperanza de un futuro mejor. “Desde entonces no sé qué es lo que voy a hacer con mi vida”.
La visita
El 16 de mayo llegó a la Unidad 22 Mario Coriolano, el defensor ante la Cámara de Casación bonaerense y responsable del registro de casos de tortura de esa oficina. Iba a ver a Mónica y entró junto con una periodista del portal Infobae.
Las reuniones entre un defensor y una persona privada de su libertad deberían ser confidenciales, pero este no fue el caso. Una oficial, encargada del anexo, se acercó al defensor y a la periodista cuando vio que ella estaba registrando el testimonio de la interna postrada en la cama.
Cuando Coriolano se retiró, la misma suboficial junto con el jefe de guardia y al de vigilancia fueron a preguntarle a Mónica de qué habían hablado – nuevamente violando todos los protocolos. Le hicieron firmar un acta que decía: “Junto al defensor de Casación vino también una periodista que me hizo una nota para los medios sobre mi situación, me sacó fotos y me filmó en el celular. TEXTUAL”. Ese reportaje jamás se publicó.
Después de esa visita, Coriolano logró que Mónica pasara a estar en un régimen de detención domiciliaria en el Hospital San Juan de Dios de La Plata. Entre otras cosas porque se le formaron escaras porque en el SPB no la rotaban en la cama. El cuadro se agrava porque es portadora de VIH. En el centro médico ya dijeron que no tienen las condiciones para su tratamiento, por eso el defensor está reclamando que la trasladen al Hospital El Dique –especializado en el tratamiento de enfermedades crónicas— en el partido de Ensenada.
Durante su internación, fueron varios los médicos que le dijeron a Mónica que, con atención a tiempo, el cuadro pudo haber sido reversible. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue una medida cautelar para proteger la vida de Mónica y que le garantice un dispositivo de contención, ya que su madre y su hermana viven en Perú, quieren cuidarla, pero está lejos de sus posibilidades económicas costear viajes y estadías.
Denuncias que sí
Después de la visita de Coriolano a Olmos, el jefe del SPB, el abogado Xavier Areses, presentó una denuncia ante la Procuración bonaerense –a cargo de Conte Grand— contra el defensor. Básicamente sostenía que Coriolano había engañado al SPB para hacer entrar a una periodista.
En la presentación de Areses se destacaban dos cuestiones. Por un lado, que el SPB monitorea las visitas de defensores con sus defendidos. Areses concretamente decía de la encargada del anexo: “Se encontraba en el sector y pudo observar”. Por otro, que incorporó un acta que le hicieron firmar a Mónica después de la visita de su defensor. El acta dice que ella habló de su situación, pero no consta que se haya referido a ninguno de los maltratos y negligencias del SPB.
El 25 de junio, el secretario de Política Criminal de la Procuración, Francisco Pont Vergés, ordenó remitir la denuncia de Areses a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento y, por otro, mandar copia a la fiscalía general de La Plata. Una vía administrativa y una penal para el defensor.
El 16 de julio, el fiscal Marcelo Martini desestimó la denuncia contra el defensor. Dijo que no estaba acreditado que él le hubiera facilitado el acceso a la periodista y que, en todo caso, era responsabilidad del SPB certificar la identidad de quienes concurren a visitar a la población carcelaria. “Su inacción genera responsabilidad propia y no ajena”, escribió Martini.
La resolución no cayó especialmente bien, y su superior, el fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo, dejó sin efecto la desestimación.
Mucho que esconder
Como la denuncia contra Coriolano avanzaba, la fiscal María Cecilia Corfield le tomó declaración el 12 de agosto a Areses. El titular del SPB contó que hay dos grupos de WhatsApp: uno con los 12 jefes y jefas de complejos penitenciarios y otro con las autoridades del Ministerio de Justicia que comanda Gustavo Ferrari.
—¿Consideran como visita institucional que un defensor vaya a entrevistar a un defendido y, por ende, debe ser informada? –le preguntó la fiscal.
—Sí –respondió Areses.
En 2012, el Congreso argentino aprobó la ley 26827, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. A través de esa ley, Argentina da cumplimiento a las obligaciones asumidas en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, de Naciones Unidas. Todas las normativas sostienen que las visitas periódicas, sin aviso previo, a los lugares que alojan detenidos y detenidas, son una de las medidas más eficaces para prevenir la tortura y los malos tratos.
Denuncias que no
Después de lograr el traslado al hospital San Juan de Dios de La Plata, Mónica pidió denunciar lo que había pasado en esos meses en las cárceles del SPB – mientras sigue en prisión preventiva.
“Me presento ante Usted para que investigue los hechos de desatención médica, maltratos, sufrimientos psíquicos, dolores físicos y negligencias que me dejaron paralítica, con uso de pañales y una sonda de por vida para controlar mis necesidades”, dice la denuncia que el 5 de julio presentó ante la fiscalía general de La Plata el abogado Aníbal Hnatiuk, de la Defensoría de Casación.
La presentación de Mónica sigue perdida en una oficina de notificaciones, a diferencia de la de su defensor que avanza a paso redoblado.
La situación de Mónica suscitó la intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), creado por la ley 26827, porque la omisión intencional y prolongada de tratamiento es considerada una forma de tortura.
El Comité pidió una reunión con el presidente de la Corte Suprema bonaerense, Eduardo De Lázzari, y otra con el procurador Conte Grand. De Lázzari los recibió el viernes al mediodía. De Conte Grand, nunca tuvieron respuesta. Van a insistir la semana próxima.
Conte Grand llegó a la Procuración bonaerense en diciembre de 2016 de la mano de la gobernadora María Eugenia Vidal – con quien tiene una larga relación. Tanto que para el cumpleaños que siguió a su nombramiento le obsequió unos muñequitos de Heidi y su abuelito, buscando representarse a ellos mismos, como le contó a la revista Noticias.
En la carta que el CNPT le envió a De Lázzari, los expertos sostienen que la vulneración de los derechos de Mónica son consecuencia de un trato discriminatorio en función de su condición de género. También que la denuncia penal y la administrativa contra Coriolano podría obstaculizar su tarea como defensor de derechos humanos y amedrentarlo para otros casos que deba denunciar.
La denuncia contra quien denuncia parece un círculo vicioso para que lo que sucede en las cárceles bonaerenses quede en las cárceles bonaerenses – el sistema de la crueldad, como lo llama la Comisión Provincial por la Memoria, que en el último año registró 12.421 casos de malos tratos o torturas.
“Es el concepto de la cárcel encriptada en sí misma –dice Juan Manuel Irrazabal, presidente del Comité, después de la reunión en la Corte—, para que los que están adentro no puedan dar a conocer su voz”.
Mónica sigue reclamando que alguien la escuche desde la cama del hospital en la que quedó postrada por la desatención y el verdugueo del SPB. El SPB que denunció a la única persona que la escuchó y la sacó de ahí. “Quiero justicia”.
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