La tormenta perfecta

 

Seguramente, puertas adentro, cuando habla de la pesada herencia el mejor equipo de los últimos 50 años se refiere a la inversión social efectuada en la Argentina en tiempos del kirchnerismo. Hacia fuera, solo pequeñas frases tiradas al pasar dan la pauta de lo que los hace sufrir esa pesada herencia: el régimen previsional es insustentable, se despachó el Presidente; todo el déficit se puede explicar con el sistema previsional, retrucó el Ministro de Hacienda, para luego redoblar la apuesta con aquello de que la gente me pide que dé de baja las jubilaciones de la moratoria. Los medios hegemónicos no se quedan atrás: “Los discapacitados tienen coronita”, se atrevió a publicar Jorge Lanata, reclamando que se den de baja las pensiones; idéntica brutalidad dijo el diputado Martín Lousteau en el tratamiento de la ley de presupuesto.

La pesada herencia del kirchnerismo, entonces, se concentra en: el mayor índice de cobertura previsional de la historia alcanzado a partir del Plan de Inclusión Jubilatoria, estigmatizado en “ los jubilados de la moratoria” como los desmerece la derecha canalla; la jubilación mínima más alta de América Latina; la Asignación Universal por Hijo, la ley de movilidad jubilatoria y la reestatización de las AFJP; un millón de pensiones no contributivas para los discapacitados; el 82% móvil para el régimen docente; el régimen de cobertura social para trabajadores del servicio doméstico; el pago directo a cargo del Estado de las asignaciones familiares; el incremento del monto de las prestaciones a residentes en zonas australes, que pasó del 20% al 40%; el régimen especial de los científicos; las pensiones honorificas a los ex combatientes de Malvinas y la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A esto habría que agregarle los ingresos indirectos como fueron los subsidios a los servicios públicos, el control de precios de los medicamentos, el plan Remediar, etc.

Era demasiado para destruirlo en tan poco tiempo, por ello desde el primer día empezaron a dar batalla en todos los frentes posibles. Claro que algunos temas eran los más importantes y sobre ellos pusieron toda la artillería. Vamos por partes:

 1.- El escarmiento

A fines de 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de reestatizar los fondos de pensión y de esa manera llevar nuevamente el sistema previsional a un esquema solidario de reparto. Esa medida provocó una enorme repercusión tanto nacional como internacional. El responsable de tamaña medida fue el entonces Director Ejecutivo de ANSES, Amado Boudou — según ha sido ratificado por la propia ex  mandataria en su libro Sinceramente.

A partir de aquella fecha comenzó una feroz persecución contra Boudou, primero con más de 200 tapas del diario Clarín acusándolo de las cuestiones más disparatadas y estigmatizándolo como el paradigma de la corrupción. Esta descomunal campaña se redobló a partir de la toma del gobierno por Cambiemos, donde se consolidó la alianza político mediática y judicial que terminó llevando a Boudou a la cárcel.

Creyeron que esto era suficiente, pero no contaron con un detalle, la entereza y la fortaleza de Amado, como lo llaman los jubilados argentinos. (Nunca mejor puesto, un nombre.) Confieso, por ser testigo de los sentimientos que genera Amado entre los adultos mayores argentinos, que es realmente una relación de amor. Amor que siente Amado por los beneficiarios de la seguridad social y amor es lo que los adultos mayores le retribuyen. Por ello, lejos de lograr un efecto de castigo y humillación, la prisión se transformó en un acto que enaltece a quien padece el castigo. Amado es la mejor demostración de que “el amor vence al odio”.

Claro que hoy en la Argentina hay decenas de presos políticos y lo dicho de Amado no invalida el pedido de libertad de todos y cada uno de los que están injustamente encarcelados, ya que es intolerable esta situación en democracia y nunca es mucha la solidaridad con quienes están ilegalmente privados de su libertad.

 

2.- La disminución del poder adquisitivo

El último aumento de las jubilaciones y pensiones en la etapa kirchnerista fue en septiembre de 2015. En ese tiempo la jubilación mínima era $4.299, si actualizamos este monto sólo con el índice de inflación representaría hoy $13.370; a esta cifra corresponde agregarle la pérdida de ingresos indirectos que padecen estos sectores: el incremento desmesurado de los medicamentos, la eliminación del plan Remediar y la desprotección a que ha condenado al abandono a los afiliados el PAMI, el aumento desenfrenado de las tarifas públicas que pasaron de representar el 6% del salario mínimo a más del 21%, y por supuesto la falta de control del aumento de los alimentos. Si se suman todas estas pérdidas, para mantener el poder adquisitivo del 2015, la jubilación mínima debería ser de $ 18.102, cuando en realidad hoy es $8.340.

 

3.- Disminuir la mínima jubilatoria

Apenas seis meses después de su asunción, el gobierno implementó la llamada ley de Reparación Histórica, que creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esa prestación incrementa la edad de las mujeres de 60 a 65 años, es incompatible con cualquier otra prestación —incluso con trabajar— y no genera derecho a pensión ni siquiera en los hijos discapacitados y paga el 80% de la mínima jubilatoria, es decir el 80% de los $10.400 resulta en  los $8.340 indicados. El 23 de julio vence el “Plan de inclusión jubilatoria” al que el neoliberalismo llama despectivamente como los jubilados de la “moratoria”. En consecuencia, a partir de esa fecha aquellos que no alcancen a los 30 años de servicios con aportes solo tendrán un camino: la PUAM, que ya cobran más de 122.000 personas y que con el correr del tiempo cobrarán millones. Vale aclarar, asimismo, que las intenciones del gobierno, de la mano del FMI, son continuar reduciendo esta prestación al 70% de la jubilación mínima.

 

4.- Consumir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad

En noviembre de 2015, en el FGS habían $641.429 millones, que con una cotización de un  dólar a razón de $9,75 representaban U$S 65.788 millones. En marzo de 2019 el FGS ascendía a  $1.863.061, que a razón de $43,34 por dólar representaba U$S 42.987 millones. Es decir que en 39 meses el FGS no solo no ganó sino que perdió U$S 22.800 millones, que como por arte de magia se esfumaron. Pero esto no es todo. En ese mismo período ingresaron por el escandaloso blanqueo de capitales que permitió la ley de Reparación Histórica alrededor de U$S 11.000. Por lo tanto, la pérdida real fue de U$S 33.800 millones. Efectivamente, como se lee, más del 50% de lo registrado en el FGS cuando el macrismo llegó al gobierno que se fue por la letrina de la timba financiera. Pero aun queda más porque según prevé la ley de presupuesto 2019, a partir de mayo se empezarán a pagar prestaciones corrientes con dinero del FGS.

Las causas de esta pérdida son múltiples: venta de acciones, venta de dólares para sostener el tipo de cambio, negociados varios como la compra de LEBACs con la intermediación de Caputo, la devaluación, el uso indebido de lo recaudado por el blanqueo de capitales con una contabilidad paralela y el uso indebido de los fondos como el préstamo a tasa preferencial al Banco Nación, los créditos subsidiados e incobrables en muchos casos con las provincias y la propia incapacidad en el manejo de los fondos, en la creencia que si la operación sale mal quien paga es el otro. Pero ese otro son los jubilados y pensionados argentinos, presentes y futuros.

 

5.- La estigmatización de los beneficiarios

Hace algún tiempo el Ministro de Hacienda dijo, muy suelto de cuerpo: “Mucha gente sentada en sillas comentando la política económica nos pide que demos de baja las jubilaciones que fueron otorgadas por el régimen de moratoria. Durante el kirchnerismo, de dos millones pasamos a cinco millones y medio de jubilados. Tres millones y medio entraron por moratoria, en muchos casos aportando un dinero que se licuó y que aportaron muy parcialmente a su jubilación”.

Las palabras del ministro Dujovne tienen un único objeto: denigrar, ofender y estigmatizar a millones de beneficiarios que cumplieron estrictamente lo que marca la ley. Eso se llama discriminación. Pero no es una simple discriminación semántica, tiene efectos prácticos de ribetes dramáticos, porque lo que se intenta es hacerle creer al resto de los beneficiarios que la culpa de que ellos ganen poco es “responsabilidad de los jubilados de la moratoria o sin aportes”. Este perverso mensaje cada día se instala más en la sociedad, testigo de ello son los comentarios que surgen constantemente en las colas de los bancos, en los medios de comunicación y todo ello profundizado por un mensaje xenófobo que nace del poder político. Claro que es absurdo que si se eliminaran los 3,5 millones de beneficiarios la situación de los que quedarían mejoraría, porque cuando alguien adquiere un beneficio lo hace según las normas vigentes y esas normas son las mismas con o sin plan de inclusión jubilatoria, pero el mensaje distorsiona la realidad y enfrenta pobres contra pobres. Esta es la más perversa forma de discriminación y los únicos beneficiarios son los acreedores externos que tienen más fondos de donde cobrar sus acreencias.

Luego aparecen los indignos de siempre, que con absoluto desconocimiento dicen lo que por su imaginación pasa en el mundo, repiten consignas de la derecha fascista, donde la culpa de todos los males la tienen los más vulnerables, los viejos, los desocupados, los discapacitados, los chicos pobres, etc. Así dice el diputado Wolff: "En el sistema previsional se metieron 3.600.000 nuevos jubilados sin aportes. Dieciocho millones de personas, cada 1° de mes, cobran del Estado en la Argentina, cuando ocho millones trabajan". La derecha energúmena no se hace cargo de nada y le echa la culpa a los beneficiarios de la seguridad social de los desastres que han provocado ellos mismos. Para desmentir la falacia del ignorante, téngase presente que los 3,6 millones de beneficiarios a que hace referencia Wolff le cuestan al Estado argentino menos de la mitad de los intereses que paga nuestro país por la deuda externa contraída en estos tres últimos años, sin haberse vislumbrado hasta ahora algún destino productivo o alguna mejora en la infraestructura del país de tamaño endeudamiento.

También se pliega a esta ola discriminatoria el diputado Lousteau, cuando en plena sesión parlamentaria donde se debate el presupuesto hace una disquisición sobre el número de discapacitados beneficiarios de la seguridad social, argumentando que es exagerado. Lo insólito fue que el argumento para justificar su aseveración fueron los muertos en la Segunda Guerra: “Tenemos en la Argentina hasta el año 2007, 180.000 pensiones por invalidez, hoy hay 1.050.000 (...) hay 800.000 de más (...) Son más que los muertos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos juntos en la Segunda Guerra”. Ninguna exactitud técnica ni estadística, y lo más insólito es la falsedad en la información sobre los muertos en esos países, ya que alcanzaron los 8,2 millones de personas, es decir diez veces más. Pero estas palabras no son inocentes, tienen un objeto claro: estigmatizar. Téngase presente que no hace mucho tiempo asistimos al triste espectáculo de ver que miles de beneficiarios discapacitados fueron dados de baja en forma indiscriminada, y que a pesar de que la ministra de Desarrollo Social prometió rever la medida y que una jueza ordenó el inmediato restablecimiento de los beneficios, ello aún no ha ocurrido. Sería bueno que Lousteau, en lugar de sentenciar a la inanición a miles de personas discapacitadas, hiciera una recorrida por los institutos destinados a la protección de estos hermanos, verificar el estado deplorable en que se encuentran y lo dramático de la situación económica que viven esas instituciones.

En el mismo sentido, Jorge Lanata en un texto titulado “Los que tienen coronita” dice: “La pensión no contributiva por invalidez laboral se otorga a una persona que tiene una discapacidad laboral del 76% o más, certificada por un médico, junto a su vulnerabilidad social. En 2006 había 170.000 beneficiarios; hoy hay más de 1.046.000 personas que cobran mensualmente este derecho de carácter vitalicio. Eso significa que en doce años se agregaron 876.000 inválidos, el doble que los muertos americanos en la Segunda Guerra Mundial: fueron 405.399. El incremento en la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral fue, desde 2006, de más de 500%, significan 88.000 millones de pesos al año. La Agencia Nacional de Discapacidad investiga caso por caso esperando poder corregir este delirio”.

Nunca se les ocurrió al periodista ni al diputado imaginar, siquiera, que lo más probable fuera que antes hubiera una cobertura inferior a la real discapacidad existente en nuestro país. Una simple recorrida por internet les hubiera demostrado lo absurdo del análisis. Según el Censo Nacional de 2010, “en Argentina, más de cinco millones de personas viven con dificultad o limitación permanente, lo que representa el 12,9 por ciento del total de la población. Son más mujeres que varones (14% a 11,7%), viven mayormente en áreas urbanas y la edad influye en su limitación, que aumenta a medida que envejece la población”. En igual sentido el diario Clarín: “El último dato del Censo 2010 dio que el 12,9% de la población tenía alguna discapacidad”. Es posible que el diputado Lousteau y Lanata, llenos de prejuicios por la tarea de los técnicos argentinos, pudieran haber creído que los números fueron manipulados, así que veamos que pasa en Europa: Alemania 17,3%; Austria; 12,5%, Bélgica 12,9%; España 9,9%, Francia 15,3%; Reino Unido 18,8% y el promedio de la Unión Europea 14,5%. Si en la población argentina hay 12,9% de discapacitados, eso significa que sobre una población de alrededor de 44 millones de habitantes, habría 5,7 millones de personas con discapacidad. En un país con más del 30% de su población debajo de la línea de pobreza, ¿es disparatado que algo más del 18% de ellos reciba una prestación asistencial? Claro que no. Lo que ocurre es que la intención del diputado y de Lanata no es otra que discriminar y estigmatizar.

 

6.- La mentira de la sustentabilidad

La vuelta del FMI a la Argentina vino acompañada de una palabra que funcionarios y comunicadores repiten como un mantra: “sustentabilidad”. El origen de la idea de que los regímenes de seguridad social tienen que ser sustentables no proviene del FMI sino del Banco Mundial, y últimamente es una bandera de la OCDE. Pero es el FMI, a la manera de un grupo de tareas, el que se lo impone a las economías en “vías de desarrollo”.

En los albores del macrismo, mediante la ley de Reparación Histórica y a instancias del Banco Mundial, se creó la “comisión de sustentabilidad previsional” que tiene a su cargo proponer una nueva ley previsional, es decir hacer una reforma. Cualquier lector podrá darse cuenta que si esa comisión iba a proponer una reforma debería llamarse “comisión de reforma previsional”, pero no: se llamó —y se sigue llamando— “comisión de sustentabilidad previsional”. Aunque no haya hecho nada luego de casi tres años, ¿alguien cree que esto es una cuestión inocente? Claro que no. A los dos meses de aprobada la ley de reparación histórica, el FMI y funcionarios del gobierno realizaron en noviembre de 2016 lo que se conoce como la revisión del artículo cuarto, dejando como primera recomendación emergente “hacer un régimen previsional sustentable”. Luego el propio Presidente disparó que el “sistema previsional es insustentable”, el Ministro de Hacienda con otras palabras dijo lo mismo y los medios repiten a diestra y siniestra que el régimen previsional es “insustentable”.

Invito al lector de esta páginas a revisar si alguna vez en la etapa kirchnerista escuchó a algún funcionario, al Presidente Kirchner, a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner o alguno de sus ministros de Economía decir que la seguridad social es insustentable o siquiera quejarse por lo que cuesta el sistema de seguridad social. Todo lo contrario, el gasto creció año a año y sin embargo reivindicaron las políticas de inversión social.

Esta es la verdadera grieta, porque cuando se dice que algo es insustentable lo que se pretende hacer es eliminarlo  o al menos achicarlo al máximo posible. ¿Cómo se achica o se elimina la insustentabilidad en materia previsional? Solo hay cuatro formas: achicar el gasto (disminuyendo el poder adquisitivo); no dejar entrar a nadie más; pasar el sistema previsional a manos privadas; hacer un mix de las tres opciones a la vez. Esta última alternativa es la que eligió el macrismo, con la complicidad del mercado financiero internacional y la custodia del FMI. Ya se explicó la perdida de poder adquisitivo de las prestaciones, la reducción de la puerta de ingreso al sistema, que se empezará a concretar el 23 de julio con el fin del Plan de Inclusión Jubilatoria o la “moratoria” como les gusta decir a los amigos del mercado. El final ya lo sabemos, luego de ello llegará el plato fuerte, es decir el renacer de la Capitalización Individual. Sin embargo, hoy parece que para ello será necesario que ganen las elecciones.

 

7.- El incumplimiento de los pactos Internacionales

Nuestro país ha suscrito y ratificado infinidad de acuerdos internacionales en los que se protege el derecho a la seguridad social: las Declaraciones Americana y Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Incluso la Convención Americana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, si bien fue suscrito por el anterior gobierno fue ratificado por el Parlamento argentino durante el gobierno de Cambiemos. En consecuencia, todos ellos tienen lo que algunos doctrinarios llaman carácter supraconstitucional y por ende son de cumplimiento obligatorio.

En todos estos pactos la idea subyacente es que en materia social, económica y cultural, los tres poderes del Estado tienen la obligación de observar la progresividad de las normas económicas, sociales y culturales. En palabras simples, el Estado se compromete a no tomar ninguna medida que restrinja derechos y que todas las decisiones deben garantizar un estadio superior al alcanzado hasta ese momento.

De más esta decir que si algo ha violado en forma flagrante el actual gobierno es justamente este principio de progresividad. No recuerdo que en un periodo tan corto de tiempo los sectores populares hayan perdido tantos derechos como en el actual.

 

8.- Las picardías del FMI

Hace pocos días que se cumplió un año en que el gobierno tomo la fatídica decisión de recurrir a FMI, y los resultados han sido desoladores. Todos los índices económicos y sociales han sido fuertemente negativos. Desde el día en que asumió Cambiemos el gobierno, con acuerdo o sin acuerdo, con stand-by o sin él, para el FMI el sistema previsional ha sido una obsesión. A las ya explicadas recomendaciones del artículo IV respecto de la sustentabilidad hay que agregarle que el FMI ha hecho una verdadera cuestión de vida o muerte con:

1. La disminución de la tasa de sustitución, es decir el porcentaje que debe ganar un trabajador cuando se jubila, que hasta diciembre de 2017 era el 60% y con el cambio de la Ley de Movilidad bajó al 48%. El próximo objetivo es llevarla al 35%.
2. Hacer uso discrecional del FGS.
3. Eliminar los regímenes diferenciales y especiales, en particular docentes e investigadores.
4. La armonización de los regímenes provinciales con el Nacional.
5. Hacer una reforma previsional que prevea un sistema de tres pilares: un régimen no contributivo; un régimen general que abone la mínima jubilatoria y la vuelta a un régimen de Capitalización Individual.

9.- La complicidad del Poder Judicial

Nada de lo que pasa en materia de seguridad social puede hacerse sin la complicidad del Poder Judicial. La mayoría de los jueces de la seguridad social han abandonado la idea de justicia y la han reemplazado por la idea de la jurisprudencia. No importa que se argumente que algo viola el principio de progresividad o el derecho humano a la seguridad social o cualquiera de los pactos internacionales o incluso la ley en sentido estricto, todo se responde con una argumentación del tipo “como dijo el superior en el caso…”. No importa si el superior lo dijo hace uno, diez o cincuenta años, si está dicho así se hará, en otras palabras nada cambiará.

Si los jueces de la seguridad social cumplieran su obligación, ¿usted cree que la PUAM, que abona el 80% de la mínima jubilatoria, hubiera sobrevivido un instante frente al principio de progresividad, que el FGS hubiera perdido tan fácilmente más de 22.000 millones de dólares,  que hubiera sobrevivido un minuto el cambio de la ley de movilidad jubilatoria, que nuestras ciudades se hubieran llenado de viejos, jóvenes y niños tratando de hurgar en la basura para ver si encuentran algo que comer?

La crisis de la Justicia es de tal envergadura que nos han hecho creer que el fallo Blanco, que beneficia al 3% de los jubilados de mayor poder adquisitivo y que se empezará a abonar dentro de tres años, es un acto que demuestra la independencia de la Corte respecto del Poder Ejecutivo. Pienso que demuestra exactamente todo lo contrario, el contubernio espurio entre el Poder Ejecutivo y los Supremos, al decidir sobre un caso justo pero que beneficia sólo al 3% del universo de jubilados cuyo efectivo pago se hará recién dentro de tres años, mientras no se trata la inconstitucionalidad de la ley de movilidad que alcanza a 18 millones de beneficiarios de la seguridad social y es de pago inmediato. Lo mismo pasa con el fallo de la Corte que estipula que los haberes de los jubilados y pensionados quedan exentos de pagar ganancias hasta que el Parlamento resuelva un régimen especial en esta materia, ya que esta medida también involucra al 3% de los beneficiarios y los obliga a iniciar juicio para hacerse acreedor de ese fallo, con lo cual, con suerte también podrá abonarse dentro de tres años teniendo en cuenta el stock de sentencias pendientes de liquidación que tiene ANSES.

 

10.- No hay otro camino

Cada vez que el Presidente se planta ante las cámaras de televisión o le ponen un micrófono delante, repite como un mantra que no hay otro camino y luego insiste con que si lo hubiera ya lo habría encarado. Este discurso, pero a los gritos y con la cara totalmente desencajada, se lo espetó también a los legisladores el 1° de marzo en la apertura de sesiones legislativas. Cuando el escritor Mario Vargas Llosa, en un reportaje en el Congreso de la Lengua 2019 en Córdoba, le pregunto qué haría si ganara las elecciones, muy suelto de cuerpo dijo que lo mismo pero más rápido. La idea de la verdad “única”, que de Margaret Thatcher para acá ha pretendido instalar el neoliberalismo, ha sido además de autoritaria, falsa. Nuestro país es testigo de que, en seguridad social, otro camino es absolutamente posible. Entre dos gobiernos neoliberales, el de Menem y el de Macri, tuvimos 12 años que fueron hermosos, donde se demostró que la seguridad social puede ser además de una herramienta de distribución del ingreso un fenomenal instrumento de crecimiento económico.

Estamos próximos a un proceso electoral, y tanto en el período de Menem/De la Rúa como en el actual gobierno, los beneficiarios de la seguridad social fuimos la variable de ajuste del neoliberalismo, mientras que en la etapa kirchnerista fuimos partícipes de la distribución de la renta nacional. Hay otro camino. Solo hace falta tener memoria y pelear por lo que creemos. Y si lo hacemos todos los días hasta octubre de 2019, tendremos algo que festejar: ¡que cada día queda uno menos de neoliberalismo salvaje!

 

 

 

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