La súper María Bros

 

Hay una foto emblemática del día de la detención de Lázaro Báez, 5 de abril de 2016. Vestido con chaleco negro, las manos en la espalda y escoltado por policías, subió a un vehículo que lo sacaba del aeródromo de San Fernando entre un enjambre de cámaras y periodistas. Al volante iba un policía vestido con chaleco de la Policía Federal Argentina y remera roja y azul. El policía es Juan José Reiriz, mano derecha del entonces jefe de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Pero en el aquí y ahora tiene una historia desconocida: es esposo de María Mercedes Funes Silva. Mechi, parte de los espías de la Super Mario Bros, que por directivas de Silvia Majdalani montó una operación de espionaje ilegal sobre Cristina Fernández de Kirchner en 2018.

 

 

La presencia de su esposo alrededor de la custodia de Baéz extiende las fronteras de la banda hasta el ámbito más estrecho de la entonces Ministra Patricia Bullrich. El modo y día de esa detención son todavía uno de los puntos más discutidos de la causa. Hubo una falsa información sobre el plan de vuelo de Lázaro Báez y dos policías que la hicieron caer —a la hora precisa y en el momento indicado— en manos del juez Sebastián Casanello.

 

La operación

Juan José Reiriz no era un policía más. Revistaba en la Superintendencia de Investigaciones Federales bajo el ala del jefe Claudio Tapia. Sebastián Casanello nunca había pedido intervención a la AFI para sus causas. Pero el 31 de marzo de 2016 escribió un oficio dirigido a la ministra de Seguridad para que designe “una fuerza de seguridad idónea para que de manera encubierta proceda a la localización y seguimiento de Lázaro Báez” y de sus hijos en Santa Cruz. Casanello había citado a indagatoria a Baéz para el 7 de abril. No quería que nada fallara. El Ejecutivo blandía la agenda de la lucha contra la corrupción y el juez soportaba desde hacía tres años el bullyng de tortuga de Jorge Lanata.

De acuerdo a los papeles del juzgado, Bullrich designó para la tarea a la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (DIFOC). El área depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Es decir, de Tapia. El día 5 de abril, Lázaro Báez abordó un avión de su propiedad con plan de vuelo marcado a San Fernando. A las 14.o0 los informantes de la ministra se comunicaron con el juzgado: en lugar de decir que ese plan existía, dijeron que “aún no se había presentado el plan de vuelo”. Con Lázaro Báez en viaje a Buenos Aires, Casanello emitió una orden de captura nacional e internacional. Pocas horas mas tarde, la DIFOC se desplazó al aeropuerto de San Fernando acompañada por el despliegue cinematográfico de cámaras para las primeras tomas del empresario preso. Casanello se sorprendió cuando vio a los medios: no era él quién los convocó.

 

 

 

A Báez lo trasladaron a la Unidad de Investigaciones en lo alto de la comisaría 23 del barrio de Palermo en el vehículo conducido por el mismo policía de chomba y chaleco. Bajó del auto y poco más tarde salió rumbo a los calabozos de la Superintendencia en la calle Madariaga. Además del revuelo de cámaras, en Palermo lo habían acechado cacerolas.

 

 

 

 

La detención se produjo en el momento adecuado. Corrió de la agenda el estallido de los Panamá Papers: la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas se había publicado el 4 de abril, sólo un día antes. Mauricio Macri aparecía entre los cinco mandatarios en ejercicio que integraban sociedades offshore en 21 paraísos fiscales. Inmediatamente, en la causa pasó de todo. Leonardo Fariña declaró como arrepentido coucheado por el gobierno, según reveló su abogada más tarde. Dio datos de cuevas financieras. Pero también llevó papeles escritos, con anotaciones subrayadas. Un dato en el que el juez reparó y dejó por escrito. Ante esos papeles, Fariña de pronto habló de un plan sistemático de corrupción por fuera del eje de la causa de lavado. La idea del plan no prosperó, pero a él le permitió introducir el nombre de Cristina Fernández. Y al fiscal Guillermo Marijuan que oía atentamente le permitió escribir una imputación. Al día siguiente, Clarín llevaba a tapa el nombre de la entonces ex Presidenta con letras de molde. Todo pasó en sólo cinco días.

 

 

 

 

La intervención de Bullrich y de los policías es aún materia pendiente. Báez no se iba a fugar. Sus abogados eran Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari. Iban a verlo al día siguiente para preparar la indagatoria. Maximiliano Rusconi entró a la causa poco más tarde. Y pidió declaración de la ministra y policías. ¿Riesgos procesales? ¿Peligro de fuga? ¿O sólo una construcción artificial para legitimar una privación ilegítima?, preguntó en un escrito.

“Yo todavía me pregunto –dice ahora Rusconi—: ¿desde qué hora sabían todos dónde iba a aterrizar el avión? ¿Cómo lo sabía Patricia Bullirch? Porque si vos tenés un destino incierto, no sabes dónde va el avión hasta que aterriza. Si no sabés, no podés prever el destino. Entonces, ¿cómo hacés para que cuando aterriza, ya esté la gente de Patricia Bullrich y la DIFOC? Fue todo un montaje. Se decidió políticamente detenerlo y punto. Y después se justificó como venga. Cuando se lo advertimos, Casanello no hizo nada por investigarlo, se escudó en que la Cámara sostuvo sus decisiones. Pero eso no quiere decir nada. Que yo sepa, que la Cámara sostenga un disparate no lo anula sino que lo duplica. Una vergüenza”.

En 2017, el policía Juan José Reiriz pasó a la Superintendencia de Seguridad de Estado y Protección del Sistema Republicano en compañía de su jefe. En 2018 volvió a Investigaciones Federales. Recibió un ascenso a subcomisario en 2019. Hoy revista en la División de Investigación del Robo Organizado. De acuerdo a la información del ministerio, Bullrich encomendó a Tapia la investigación de Lázaro Báez por lo cual él puso a su mano derecha a ocuparse de los traslados del empresario. Si fue así, ¿cuánto duró la presencia de esa sombra? ¿Fue sólo al comienzo? ¿Continuó? Báez fue una de las víctimas de las escuchas del Área 50 del Servicio Penitenciario Federal. Extorsionado luego por una abogada que se presentó en nombre de Majdalani. Acusado en una causa en la que la AFI llegó a poner testigos falsos para inventar un encuentro entre el juez y la ex mandataria. ¿También lo infiltró la PFA? ¿Todo era parte de la misma Operación?

 

 

La casa de Mechi

Mercedes Funes Silva entró en el año 2000 a la División Informaciones y Conductas Delictivas de la Policía Federal. Pasó al Comando Único de Control de la Policía Metropolitana y luego a la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4. Y el 5 de enero de 2016, subió al segundo piso del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. La esperaba el comisionado Carlos Massimini con un sobre cerrado. Le dijo que se iba en comisión a la AFI. Y le dio el sobre dirigido a la subdirectora Silvia Majdalani.

 

 

Esta semana, leyó un escrito al ser convocada por la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. En la Metropolitana había trabajado con Jorge Sáez, un ex penitenciario que había sido convocado por el Director de Operaciones Especiales de la AFI, Diego Dalmau Pereyra. Dalmau Pereyra es un oficial del Ejército que había dado clases en la Escuela Nacional de Inteligencia donde conoció a Sáez. A su vez, Sáez reclutó a Mercedes Funes y a Leandro Araque, también de la Metropolitana. Entre julio y agosto de 2016, ella puso a disposición de la Agencia un departamento entre Mataderos y Liniers donde empezó a funcionar una Base.

“Respecto del departamento ubicado en la calle Pilar 1460, primer piso, de esta Ciudad, propiedad de mi madre –dijo—, Sáez me refirió que la AFI necesitaba alquilar un lugar en esa zona. Así fue que se pactó un alquiler mensual de aproximadamente entre 7 y 8.000 pesos. A partir de ese momento, Sáez y Araque se hicieron cargo de la unidad, y si debía concurrir, ellos debían estar presentes porque yo ya no tenía llaves”.

Llegado el mes de mayo del año 2018, dijo, “se me informó que ya no debía concurrir a calle Pilar, desde ese momento tendría que reportar a la Base ubicada en inmediaciones de Tecnópolis, en la localidad de Villa Martelli, que se identificaba como 95. Allí se cumplían estrictos protocolos de ingreso”.

Ella entregó informes en Casa de Gobierno, hizo trabajo de calle e investigaciones de pesquisas de datos a través de Internet. Cuando Dalmau Pereyra dejó al grupo, Mercedes quedó a cargo del reemplazante, Alan Ruiz. Ante la Bicameral, negó “cuentapropismo” e inscribió su tarea como parte de una cadena que “subía” a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

“Yo estuve en ese lugar y la sensación clara, contundente y categórica que me quedó –dijo—, no me hace dudar que jamás observé que haya escisión o independencia de la actividad de los directores respecto a los superiores máximos; todo lo contrario. Toda la información 'subía' de manera pormenorizada a Majdalani y a Arribas”. Y tan es así, dijo, “que tanto Diego Dalmau Pereyra, en un principio, como Alan Ruiz, posteriormente, son personas de confianza y trato habitual de Majdalani y de Arribas. Fueron ellos quienes los convocaron, seleccionaron para cumplir funciones tan importantes y con el correr del tiempo decidieron sus ascensos y traslados”.

 

La jefa

Alan Ruiz introdujo a Patricia Bullrich en el corazón de la investigación de la AFI. Llegó a la Agencia recomendado por la ex Ministra a realizar seguimientos a los opositores políticos y a los integrantes del espacio político del gobierno con los que había diferencias internas. Quienes lo conocieron en la Dirección de Operaciones Especiales dicen que le decía jefa a Bullrich. Pero solía sentarse con confianza canchera en el sillón de Silvia Majdalani. Esta semana declaró en la Bicamera su antecesor, Dalmau Pereyra. Y sobre esa relación introdujo dos datos importantes. Dijo que Alan Ruiz se llevaba muy bien con Patricia Bullrich: “Tenía muy buena relación con el equipo, se llevaba bien con Burzaco, estaba bien posicionado, bien parado”.

—¿Según él o le constaba a usted? —preguntó el diputado Rodolfo Tailhade.

—No, no —respondió—. Yo lo vi dirigiendo reuniones de coordinación. Estaba bien parado.

Dalmau dijo que Alan Ruiz manejaba esas reuniones con destreza. El diputado Rodolfo Tailhade volvió a ese punto más tarde. ¿Coordinación? ¿En qué ámbito? ¿En qué circunstancias?

—Había coordinaciones por temas de seguridad, donde nos daban una invitación. Pero era con jefes de la fuerzas. Era muy normal. Yo tenía una mesa de Contraterrorismo a la que también venían jefes; y había otra mesa que era de Analistas. O sea, él manejaba una coordinación –dijo Dalmau Pereyra.

El segundo punto es que Dalmau Pereyra dijo que fue él quién llevó a Alan Ruiz a la AFI, por lo tanto intentó desplazar a Patricia Bullrich de ese linaje. Otra nota de esta edición analiza la declaración. Pero ese dato no es menor. Ruiz es dueño de la voz que salió en todos lados con las órdenes de seguimiento político. Una voz que habla y habla como habló y habló Marcelo D'Alessio. Patricia Bullrich es la dama de plata del espacio duro del PRO en carrera política. Esta causa también la toca a ella. La foto del policía en el aeropuerto de Lázaro Báez aún es sólo una hipótesis. Pero el juez Federico Villena convocó como víctima a un referente de la comunidad mapuche Kaxipayiñ de Neuquén, Gabriel Rolando Cherqui. Y la Comisión Bicameral empezó a preguntar esta semana por el caso Santiago Maldonado y la intervención de la Gendarmería en operativos en Chile. Es la agenda sensible de la que deberá dar cuenta la ex ministra.

 

El hermano

En 2018, Bullrich incorporó como asesor del ministerio de Seguridad al comandante general de Gendarmería Nacional, Marcelo Martinengo. Nilda Garré lo había echado en febrero de 2012 porque llevaba adelante el fichero de inteligencia prohibida del Proyecto X como Director de Inteligencia Criminal de Gendarmería. El comandante general Martinengo es hermano de Susana Martinengo, una persona de la que hasta ahora poco se sabía pero cuya estrecha relación con el ex Presidente Mauricio Macri la convierte en un eslabón importante de una cadena que ciñe con fuerza a la alianza que gobernó entre 2015 y 2019, como escribió el director de este Cohete la semana pasada.

 

 

Colaboradora de Macri desde 2007, Susana Martinengo trabajó como directora del área de documentación presidencial. En diciembre de 2017, pidió información a un agente de la policía porteña asignado a la AFI (Jorge Sáez) sobre los preparativos de la marcha contra la sanción de la reforma jubilatoria para acercarle al secretario privado presidencial, Dario Nieto, cuya casa fue allanada el jueves por el juez Villena. Entre 2018 y 2019, quedaron registradas doce audiencias que concedió en Casa Rosada a Sáez y otros dos agentes investigados por el espionaje ilegal. Su nombre remite a Macri. El de su hermano, a Patricia Bullrich.

El comandante general Marcelo Martinengo es especialista en inteligencia desde 1986. En 2006, hizo una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Inteligencia Estratégica Nacional. En 2012 fue representante de Gendarmería ante la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial. Y luego de su pase a retiro, en 2016 volvió a prestar servicios en la órbita del ministerio de Seguridad de la nueva gestión. Dio clases de Crimen Organizado en el Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional Argentina y aún es profesor de Delitos Trasnacionales en el curso de Actualización en Inteligencia Criminal Estratégica destinado al Personal Superior de la GNA. En 2018, según su CV, se desempeñó como asesor de gestión en la Secretaria de Seguridad de la Nación. Pero eso no es todo.

Durante los años que estuvo fuera del Estado, se recicló como gerenciador de la Consultora ASPP dedicada a Asesoría y Análisis de Riesgo con competencias en inteligencia y contrainteligencia, terrorismo y seguridad corporativa. Entre la amplia gama de actividades y servicios, Martinengo ofrecía saberes en ámbitos que formaron parte de la agenda del futuro ministerio.

• Seguridad de la Información.
• Seguridad en ciudades y centros urbanos.
• Seguridad en countries clubes de campo.
• Seguridad en el transporte de personas.
• Seguridad en plantas hidrocarburíferas.

El Proyecto X era el nombre de un viejo software donado por Estados Unidos para el seguimiento de narcos. Pero sobre esa actividad, Martinengo montó un fichero con información prohibida sobre militantes de agrupaciones de izquierda, periodistas y organismos de derechos humanos En agosto de 2012, el juez Norberto Oyarbide hizo un allanamiento en el edificio Centinela en el que encontró ese archivo de inteligencia en un servidor que había sido ocultado a las autoridades civiles del ministerio. Durante los últimos cuatro años, aquellos mismos actores espiados señalaron una y otra vez que ese proyecto seguía en vigencia. “Sería un gran error continuar analizando los episodios de espionaje como hechos aislados”, dijo días pasados la diputada Myriam Bregman integrante de uno de las organizaciones que impulsó las primeras denuncias y estableció su continuidad. “Espiar a periodistas y a mi partido @PTSarg, junto con las causas Maldonado, D'Alessio, la del juez Villena y demás casos, demuestra la sistematicidad y por ende la responsabilidad política”.

Esa historia continuará.

 

 

 

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