La seguridad también en crisis

 

Durante los días 9 y 10 de abril se realizaron en la ciudad de Buenos Aires las Segundas Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía en el edificio Volta de la Universidad Nacional de San Martín. Cerca de trescientos investigadorxs de todo el país, que se especializan en temas vinculados a la seguridad, nucleadxs en más de 30 equipos de investigación de diversas universidades públicas, organismos de derechos humanos y observatorios sociales, se reunieron para debatir las políticas públicas de seguridad y hacer un diagnóstico en una coyuntura tensada por tiempos electorales. El encuentro fue organizado por la Facultad de Humanidades de la UNLP; el Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre violencias de la UNQ; el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Villa María; el Centro de Antropología del IDES, el Instituto Gino Germani de la UBA y el IDAES de la UNSAM.

Durante el evento los equipos consensuaron un documento crítico que contiene acuerdos básicos para el diseño de una política criminal eficaz en la prevención y persecución de delitos que sea respetuosa de los derechos humanos y el resguardo del estado de derecho. En el documento se subraya la emergencia que atraviesa la seguridad democrática, así como el deterioro y/o abandono de políticas públicas claves en materia de seguridad; el desdibujamiento de la distinción entre seguridad interior y defensa; la criminalización selectiva de la población migrante; el aumento del hostigamiento y estigmatización policial hacia jóvenes y la represión de la protesta social; la ilegalización de las economías populares y la construcción de enemigos públicos a través de acciones gubernamentales y declaraciones de autoridades que no guardan proporción con la realidad. Se sostiene que la retórica gubernamental hace uso de la amenaza y el miedo como política de Estado y que a través de este posicionamiento se justifica y legitima el uso de la fuerza y la violencia institucional. En el mismo sentido, se destaca que los discursos gubernamentales que se difunden como un apoyo a las fuerzas de seguridad en realidad ponen en peligro la libertad, el trabajo y la vida del personal policial. El texto también expone la problemática de las armas de fuego, al considerar que su control debería ser uno de los pilares de una política de seguridad tendiente a reducir los niveles de violencia en la sociedad. Se resaltan la ausencia de mecanismos de control externos de la actuación policial, pero se destaca, además, la importancia de darle lugar al debate público sobre los mecanismos de protección de derechos sociales y laborales de los funcionarios/as, tales como su derecho a la libre agremiación y negociación colectiva.

La situación del sistema carcelario es otro punto importante. Dice el documento: “La administración de justicia penal, tanto federal como nacional y provincial, juega un papel relevante en el agravamiento de los problemas estructurales que se vienen mencionados. Predomina la focalización en delitos callejeros y la ausencia de políticas judiciales orientadas a formas criminales más complejas. La judicialización de cuestiones políticas y la politización de cuestiones judiciales son rasgos configurados en el largo plazo que lejos de revertirse se ha profundizado. En cuestiones carcelarias, la sobrepoblación obedece tanto al abuso de la prisión preventiva como medida cautelar, como a la aplicación de penas impuestas mediante los regímenes de flagrancia y juicio abreviado. El sostenido aumento de las tasas de encarcelamiento profundiza la violación sistemática de los derechos sociales, civiles y políticos de las personas detenidas.”

Finalmente, el documento cuestiona las graves falencias de la política de control de drogas; la baja de la edad de punibilidad y señala la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las diversas agencias, especialmente en las agencias judiciales y policiales.

 

 

Para leer el texto completo: https://drive.google.com/open?id=1WUhQg7MqsV6fIoWSIK-kG4pBbG_LzC1B

 

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