La salud es una sola

 

Dos persistencias a priori, tanto en el acto celebrado el 18 de diciembre de 2020 en el Estadio Único como en el que tuvo lugar el 14 de junio de 2021 frente al Hospital de Niños Sor María Ludovica, ambos en La Plata, sirvieron para que Cristina postulase la necesidad de una reforma integral del sistema de salud argentino, reconocido por las enormes dificultades de financiamiento y articulación virtuosa de sus subsectores públicos y privados (estados, sindicatos propietarios de efectores de media y alta complejidad y obras sociales, grupos de salud propietarios de sanatorios, clínicas especializadas, prepagas y aseguradoras de riesgos de trabajo). Si bien la Vicepresidenta y el equipo de salud que suele hacer base en el Instituto Patria venían trabajando sobre el tema, a fines de 2020 –con el Plan Estratégico de Vacunación en papeles y con una agenda de gestión poblada de urgencias asociadas a los efectos económicos y sociales de la pandemia–, la reformulación integral del sistema sanitario argentino parecía una bravata de fin de año montada en la ola de la flamante Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1.000 días (contenidos en el documento que se filtraba a la prensa), un anticipo con títulos para probar el tamaño y cantidad de las resistencias que seguramente iba a desatar.

Pero Cristina lo hizo de nuevo: a tres meses de las PASO y con las capacidades de respuesta del sistema de salud al límite o colapsadas por la magnitud de la tercera ola de la pandemia, reinsertó el tema en agenda al advertir que “las prepagas no saben dónde colocar a la gente, lo peor que puede pasar es negarnos a discutir la realidad”. Es definitivamente una reforma estructural pendiente para una de las líderes del Frente que hizo posible una fórmula capaz de retener el alto piso de votos kirchneristas y reunificar al peronismo bajo la promesa de transformación con diálogo y moderación encarnados en Alberto Fernández. Cristina insiste, avalada por las experiencias positivas pero sobre todo por los desajustes y abandonos producidos por los sistemas de seguridad social donde se articulan Estado y privados, allí donde el Estado cubre y costea las internaciones, prácticas, tratamientos y medicamentos que los sanatorios desestiman por costosos, incluso violando su obligación de cubrirlos en el marco del Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente. Y también se hace cargo de cubrir los déficits operativos y de cobertura de muchas obras sociales sindicales o de las aseguradoras de riesgos laborales a través de la atención de accidentes y enfermedades profesionales –agravados en pandemia por el Covid-19 como nuevo riesgo biológico no listado– y por cifras varias veces millonarias. Porque como diría la principal espada empresarial y mediática de los prestadores privados, Claudio Belocopitt, eso de que “la salud no tiene precio es una hermosa frase pero la salud tiene un costo” y donde no hay mercado es el Estado el que se hace cargo de un bien esencial, de dramática preponderancia, como garante de última instancia de un sistema que –utilizándolo como socio bobo– sigue generando utilidades extraordinarias.

Pero esta vez –y pese a que aún el Presidente no ha emitido opinión al respecto– la iniciativa parece encarnar en las principales figuras del Frente de Todos al punto que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admite que “nadie está hablando de estatizar el sistema, pero la reforma te la están planteando por izquierda y por derecha, y hay que redefinir cómo se financia el sistema”. Esto clarifica el fondo de la discusión y enfrenta las operaciones clásicas de la prensa opositora para aislar al kirchnerismo como una célula extremista que complica el delicado equilibrio dialoguista o de empate formal que pretende el Presidente. La mismísima ministra de Salud, Carla Vizzotti, admite que “estamos todos trabajando para disminuir la fragmentación del sistema, la pandemia fue una oportunidad para entender que la salud es una sola”.

Es cierto además que muchas de las propuestas contenidas en el paper (Proyecto Reforma Sistema de Salud . 2020 - 2021) –que sigue recibiendo aportes y coordinan los equipos de Daniel Gollan y Nicolás Kreplak– formaron parte de las conclusiones de los equipos técnicos de salud y sobre el sistema de riesgos laborales coordinados por Nicolás Trotta durante la campaña y que también contaron con el aporte de Mario Róvere, Lilian Capone, Alicia Stolkiner, Jorge Kohen y profesionales vinculados a Ginés González García, entre otros.

Y fue precisamente Ginés el primero en probar –en abril del año pasado, con niveles de contagio y fallecimientos inferiores a los actuales, y antes que Cristina– la dura oposición de la corporación médico-sanatorial, para luego retroceder desde un borrador de DNU para declarar de interés público a todo el sistema de salud a una resolución ministerial para monitorear en tiempo real la disponibilidad de camas de terapia intensiva.

Con la certeza de que el mayor activo político del Frente de Todos es la unidad –sin la fractura del peronismo y la puesta en disponibilidad de sus votos Juntos por el Cambio no tiene chances, sea cual fuese el candidato–, parece ir ganando consenso la idea de que para producir transformaciones significativas hay que afectar intereses. Y los que se anudan en torno del negocio de la salud se desentienden de todo filantropismo, discuten básicamente por plata, macartean primereando con el fantasma de la estatización como si estuvieran en la posguerra fría, y son realmente poderosos.

 

 

SNISA, apuntes para el debate

La reforma del sistema de salud bajo la forma de un complejo regulado y monitoreado por el Estado, que materialice en los hechos preceptos como “la salud es un derecho universal y una conquista social e histórica” o “la universalización de los servicios de salud debe darse con calidad y gratuidad”, es una tarea inmensa para encarar de inmediato y aprovechando el durísimo test de eficacia que una pandemia inédita y prolongada le impuso a todos los subsectores. Pero va a insumir –si se persigue una ley verdaderamente transformadora y con alguna aplicación fáctica– más tiempo que el que suelen proveer las urgencias electorales.

 

 

El paper de entre 13 y 15 páginas que se difunde por estos días como la base para discutir la reforma es el mismo que se deslizara en 2020 ante la presión de la CGT, la Unión Argentina de Entidades de Salud, las espadas parlamentarias de la oposición y en pantalla nacional por Claudio Belocopitt, en su condición de titular de 20 empresas de salud e integrante del grupo Vila/Manzano/Belocopitt, con el 40% de las acciones de América TV.

(Digresión pertinente: uno supone –porque no está publicada– que la compra del 40% de América TV que estaba en poder de Francisco De Narváez fue debidamente aprobada por el ENACOM y está disponible en el Registro Público de Licencias y Autorizaciones, tal como dispone la aún vigente Ley de Medios en sus artículos 57 y 72 inciso e.)

Consultas directas con el Instituto Patria y algunos de los profesionales involucrados en la redacción de los lineamientos que orientan la reforma, permiten avizorar que este es un camino que recién comienza y hay que madurar, a partir de un cúmulo de ejes estructurales y propuestas listadas bajo los apartados: Reestructuración del sistema de salud, Política nacional de medicamentos, Recursos humanos en salud, Salud laboral, Sistemas de información, Salud Mental, Salud y Género, Salud de niñas, niños y adolescentes, Salud, Ciencia y Tecnología y Salud Ambiental, entre los principales.

El SNISA (Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino) no se propone como una supraestructura destinada a gerenciar o administrar en forma directa la infraestructura y los recursos del sistema privado, es decir la temida expropiación con que se espantan empresarios del sector. La cita textual del borrador que reproducimos al pie de esta nota lo define así:

“El SNISA es un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional, con municipios crecientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva, provincias coordinando servicios e infraestructura de complejidad creciente y una fuerte intersectorialidad orientada a la promoción; estableciendo una alianza estratégica con el mundo del trabajo y de la seguridad social, con mecanismos de regulación ágiles y transparentes para el subsector privado y con un Ministerio de Salud a nivel nacional que ejerza rectoría, construya soberanía sanitaria y cuente con instrumentos que garanticen el derecho a la salud y la equidad global del sistema en todo el territorio nacional”.

La sintonía fina, la letra chica para operacionalizar algunos de los objetivos planteados en el documento, está pendiente, pero lo que escandaliza a las corporaciones privadas son definiciones como “poner en marcha el sistema de recupero de prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de Obras Sociales y de medicina prepaga”, la posibilidad de una auditoría por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud para determinar “la cantidad y calidad de prestaciones” con vistas a simplificar el espectro de cobertura o de “utilizar el poder del Estado para la planificación y centralización de compras” de insumos y medicamentos críticos, con fines de garantizar el acceso igualitario y combatir precios abusivos.

Que el Estado a través del Ministerio de Salud o la Secretaría de Comercio ponga el ojo en las estructuras de costos o los márgenes de rentabilidad de grupos y sindicatos empresarios es el verdadero temor desatado.

 

 

La salud, ¿un bien social de mercado?

Entre los organismos nacionales que recuperarían la gobernanza del sistema de salud hay un olvido sugestivo, dado que el documento posee un apartado con una docena de propuestas para mejorar la prevención y cobertura de accidentes y enfermedades laborales: no aparece la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Cierto es que al momento en que se redactaran estos lineamientos era conducida por Gustavo Morón, uno de los funcionarios macristas de mayor resiliencia en el gobierno del Frente de Todos, pero que fue reemplazado a principios de año por un hombre de confianza de Alberto Fernández y Claudio Moroni. Por sus incumbencias, misión y funciones, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo debería ser incorporada.

El apartado referido a la Salud Mental establece como piso normativo una de las leyes que el macrismo inertizó y repudió con vigor, pero –al igual que la Ley de Medios– no acertó a derogar: la 26.657 de 2010. Pero las medidas contempladas implican la creación y federalización de un sistema para la prevención y tratamiento de consumos problemáticos de sustancias que hoy no existe sino como una expresión testimonial y desarticulada. El desafío es enorme y requiere de muchos aportes que hoy no están presentes, al menos en la redacción que conocemos.

El peronismo transformador –como le gusta decir al Presidente– no echa por la borda lo realmente existente, no hace política en el vacío sino que opera sobre la realidad con los actores de coyuntura y con objetivos propios. Se trata de comparecer dos lógicas contrapuestas: la de que la salud no tiene precio (para el Estado) pero es un fenomenal negocio (para los privados) y tiene un costo (para todos). Con o sin ley al final del camino, debatir y enriquecer esta propuesta de reforma, abrirla a la sociedad por encima de mezquindades y chicanas, puede ser uno de los mayores aportes a la inclusión en condiciones igualitarias del gobierno que conducen Alberto y Cristina Fernández.

 

 

 

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