La salud del Estado

 

Las aventuras del dólar paralelo son viejísimas en la Argentina, y siempre un motivo de preocupación para los gobiernos y una ocasión de ejercicio de un poder extraordinario por parte de los escasos actores que lideran en ese mercado.

Para el festival especulativo y sus difusores mediáticos no importa si las autoridades disponen cómodamente de dólares para cubrir las importaciones y otras operaciones necesarias al valor del tipo de cambio oficial, ni que las transacciones en el paralelo se pacten en mercados poco transparentes y de escaso volumen.

No es un tema de economía, sino de política.

Lo que importa es qué lectura del acontecimiento económico predomina. Y en ese terreno, la mentalidad especulativa de ciertas minorías ha hecho escuela. Se ha construido un aparato de interpretación seudo económica al servicio de los negocios particulares, pero con una importante capacidad de amplificación, que permite hacer pasar por “verdadero saber económico”, lo que es un cuento a medida de quienes manejan a la opinión pública.

Profundizar en la dinámica del dólar paralelo, CCL, MEP, blue, es hablar de quien manda, de quien tiene la voz, de quien dice en nuestra sociedad cómo son las cosas. La instalación de estos datos como indicadores centrales de la economía es un mito del cual viven unos cuantos consultores, periodistas, pero sobre todo intereses especulativos y también monopolios que aprovechan para incrementar beneficios con la excusa del dólar.

Dentro del fenomenal aparato de ideas falsas que se ponen en marcha en relación al dólar, una de las más difundidas es tomar a algún tipo de dólar marginal, manipulado por unos pocos operadores, como un indexador general de precios. Esa operación económica, basada en un argumento falso, no pertenece al campo de los “fríos mecanismos automáticos de la economía”, sino al campo de la decisión de incrementar la rentabilidad de actores particulares.

Para ser serios, se debería ver la incidencia de movimientos reales del dólar en los costos de las empresas, pero en casi ningún caso se puede admitir como justificable una traslación completa. Y menos aún basada en operaciones marginales. Pero hay un sector de empresarios que han fijado sus ganancias en dólares, que tienen capacidad de trasladar a sus clientes los aumentos que deciden, y se comportan indexando el precio final de sus bienes o servicios al dólar, como si operaran en Miami, con la totalidad de sus costos en dólares.

La verdad es otra: pagan en pesos salarios, impuestos, parte de los insumos, servicios (salvo cuando los liberales dolarizan las tarifas de los monopolios de servicios y combustibles). Se puede demostrar matemáticamente que esa indexación completa lleva a incrementar la ganancia en dólares, en perjuicio del resto de los actores de la economía. Por eso la práctica de indexar completamente todos los precios al dólar es simplemente una avivada que se ha establecido como “ley económica”.

De todas formas, la creencia generalizada en que ese dólar marginal es un indicador relevante –prolijamente reforzada todos los días por los publicistas de estos especuladores disfrazados de analistas económicos—, hace que mover el dólar paralelo tenga efectos performativos. Suben efectivamente los precios. Hasta el sector agrario se comporta y reclama como si todos sus insumos estuvieran en dólares, y que no exportaran al mercado internacional. Seguramente parte de los proveedores de insumos de ese sector son también rentistas del “no queda más remedio que aumentar los precios porque subió el blue”.

 

 

 

Los gobiernos populares y el dólar paralelo

En principio, ningún gobierno debería aceptar que vía el dólar marginal se induzcan movimientos de precios que afecten el poder adquisitivo de la población. Inducir procesos inflacionarios a través del movimiento del dólar es precisamente lo que, llevado al extremo, condujo a la caída de Raúl Alfonsín: se estranguló el mercado de divisas, se promovió un brutal desequilibrio entre oferta y demanda de dólares, se instaló un generalizado clima de corrida cambiaria y se puso en marcha una maquinaria remarcadora que se independizó de la capacidad de compra de la población.

Y así como Alfonsín, luego de una desgastante gestión, quedó inerme frente a los embates combinados de múltiples especuladores, el gobierno de Cristina Kirchner debió afrontar en sus últimos dos años una dura lucha contra los especuladores financieros y agrarios, tratando de evitar que ese mismo estrangulamiento del mercado de divisas provocara una gran devaluación y la consiguiente gran ola remarcatoria. Esa calamidad finalmente pudo ser contenida, pero a nadie se le escapaba que de concretarse hubiera erosionado la base electoral del kirchnerismo y se hubiera logrado torcerle el brazo a un gobierno empeñado en sostener el poder adquisitivo popular.

Nos encontramos frente a una cuestión fundamental para el debate político-económico: cuando ocurre una cadena de hechos económicos negativos que determinan un deterioro de las condiciones de vida de la población, ¿cómo se interpreta ese hecho? La que impone la derecha social y comunicacional es que los gobiernos populares son inútiles o perniciosos en materia de política económica, y que las maniobras especulativas son sólo reflejos de la realidad. Por lo tanto, todo deterioro, incluso provocado por los especuladores, es culpa del gobierno.

Sin embargo la perspectiva debería ser otra: si bien los gobiernos son efectivamente responsables por lo que ocurre mientras ocupan el Estado, la crítica correspondiente a gobiernos populares, en cuyas filas no militan ni los especuladores ni los remarcadores, es que no saben o no pueden implementar medidas eficaces para neutralizar esas maniobras y proteger a la sociedad.

No son responsables por lo que las minorías rentistas hacen en los mercados marginales, ni por los mitos económicos implantados en el imaginario social, sino por lo que permiten que esas minorías hagan. En un análisis de más largo plazo, los gobiernos populares deben trabajar sobre las razones económicas e institucionales estructurales que posibilitan que estos jugadores tengan tanta capacidad de daño económico. Desde que se fue la última dictadura cívico-militar, ningún gobierno popular ha gozado de suficientes condiciones de libertad política necesarias para avanzar en reformas profundas con sentido democrático. La democracia argentina sigue aún condicionada por las instituciones y las estructuras económicas legadas por la dictadura del '76.

 

 

Reaccionar a tiempo

Lo cierto es que este viejo mecanismo de presión económico-político, el dólar paralelo, se ha activado en las últimas semanas, y ya se puso en marcha el aparato comunicacional correspondiente. No hay pandemia, ni hay aislamiento, ni hay preocupante caída de los ingresos de las mayorías que conmueva a estos sectores desintegrados del destino común.

No es casual que este trabajo de clímax cambiario se dé en el contexto de la negociación con los bonistas acreedores de la Argentina, que debemos repetir infatigablemente, son extranjeros y también locales.

En un país con mayor cohesión nacional, una negociación de deuda que tiene importantes repercusiones sobre el futuro de la economía debería hacer que el gobierno de turno cuente con un amplio respaldo incluso de los sectores más acomodados. Sin embargo, lo que presenciamos en nuestro país es una situación de acoso interno –cacerolazos incluidos— tendiente a debilitar al gobierno que está llevando a cabo la negociación.

Los argumentos son conocidos, ya que tienden sistemáticamente a eludir la responsabilidad política de los actores económicos. “Yo no fui, fue mi mano”, decíamos cuando éramos chicos, luego de molestar a algún compañero. “No somos nosotros, son las incertidumbres”, dicen los especuladores/bonistas hoy, operando a fondo en los mercados marginales para hacer subir el dólar cada vez que se enteran que el gobierno argentino no retrocede lo suficiente.

Pero lo cierto es que el resto de la sociedad sufre, entre pasiva y enclaustrada, el espectáculo de los especuladores/acreedores dañando la economía y tratando de apostar –en plena pandemia— a lograr una devaluación y/o una capitulación en materia de deuda.

Muy lejos de la idea de concordia, diálogo y consenso, los que operan en los mercados financieros locales apuntan a sacar ventajas en todo momento, incluso ahora. Le generan al gobierno nacional problemas adicionales, interpretando que los múltiples frentes económicos y sociales debilitan la capacidad de reacción estatal.

Nuevos y fuertes traspiés del actual gobierno los hacen soñar con escenarios donde sus ganancias se multipliquen mientras las inmensas mayorías canalicen su frustración contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Sin embargo, con algo de parsimonia no recomendable, el gobierno ha empezado a tomar medidas para frenar el festival especulativo, poniendo la lupa específicamente en los escenarios bursátiles y cambiarios en los que realizan sus operaciones. La voluntad de defender los intereses de los sectores populares debe ser el propulsor para tomar todas las medidas necesarias para impedir el festival de los especuladores y desestabilizadores.

El jueguito del dólar es demasiado viejo para sorprender a políticos avezados, aun si apuestan a la buena voluntad de los factores de poder. Sería un error severo dejarse desgastar políticamente por actores que no producen ni un tornillo en el país, y que se declaran prescindentes en cuanto a la precariedad de la vida de millones de compatriotas, que hoy exceden largamente a los “pobres tradicionales”.

Por otra parte, se está preparando un gran pedido de salvataje de las mayores empresas que operan en el mercado local al Estado Nacional, pero buscando mecanismos para que las autoridades públicas no tengan capacidad alguna de incidir en el comportamiento de esas corporaciones.

La esquizofrenia de las élites parece no tener límites: pretenden ganar en la negociación de la deuda externa, ganar con eventuales devaluaciones y remarcaciones, y al mismo tiempo exigir salvatajes masivos para “no dejar la gente en la calle”. El gobierno parece entender perfectamente que estas demandas son contradictorias e incompatibles con el bien común.

 

 

La negociación

En este momento se discuten, contra reloj, los plazos para comenzar a pagar la deuda externa con acreedores privados, las quitas en capital e intereses, la tasa de interés implícita de largo plazo, y también si el gobierno emitirá en reemplazo de la vieja deuda otra nueva, atada al crecimiento de la economía. Este punto es importante, porque en la experiencia del gobierno de Néstor Kirchner, los acreedores recibieron títulos que mostraron un significativo crecimiento en su valor porque estaban atados a la expansión del PBI, que se verificó con fuerza hasta el estallido de la crisis internacional de 2008. Es casi seguro que luego de la caída que ocurrirá este año, y probablemente aunque atenuada el año que viene, la economía argentina crecerá, aunque fuera por una mera recuperación de niveles productivos previos y mayor utilización de la capacidad instalada. Lograr ese punto les garantizaría a los acreedores una rápida valorización de los activos que recibirían en el canje.

Todo está en negociación. Incluso la eventualidad de seguir negociando, utilizando un enfoque llamado Stand Still por el cual no se cerrarían las negociaciones el 22 de mayo, Argentina evitaría el default y seguiría pagando los vencimientos de deuda hasta que se cierre un acuerdo definitivo. De esa manera se contaría con unos meses más para seguir tironeando. Esta opción tiene una ventaja, que es que en unos meses más se expresará con más claridad y contundencia el tendal de defaults soberanos y quiebras corporativas que se producirán en el ámbito mundial –contexto más favorable a la Argentina para mostrar el cuadro de inviabilidad financiera global—, pero al mismo tiempo el país seguirá perdiendo divisas por los pagos a realizar y estará sometido a la acción desestabilizadora de los operadores financieros, en asociación con otros actores locales.

Es evidente que ni el gobierno nacional, ni el Frente de todos, ni siquiera el kirchnerismo, han preparado políticamente a la sociedad para la eventualidad de un default, como sí ocurrió cuando se disputó fuerte con los fondos buitre, socios de la victoria electoral del macrismo.

Nadie parece creer que tal default pueda ocurrir, y tampoco los acreedores. Conseguir tiempo para hacer vigorosas políticas activas es fundamental. Más que otros elementos del complejo paquete en discusión, en la cual participan variados acreedores con perspectivas bastante diferentes de lo que es aceptable de la oferta argentina, la posibilidad de contar con tiempo para crecer es fundamental para la actual gestión.

 

 

La salud del Estado

Por las razones que listamos más arriba, las capacidades de intervención del Estado en la economía son fundamentales.

Hoy estamos hablando de decenas de millones de argentinxs —y de empresas argentinas— que están siendo socorridxs por el Estado. Este salvataje masivo requiere de fondos suficientes para cubrir las necesidades básicas y poner en marcha la economía. Por lo tanto, cada dólar cedido a los acreedores aleja la posibilidad de mejoría y contribuye a ensombrecer la vida de muchxs.

Tanto para sostener la situación en la pandemia, como para disciplinar a los especuladores que dañan la macroeconomía, y para lanzar un programa de crecimiento y empleo, es central que el Estado cuente con planes económicos inteligentes, personal capacitado para aplicarlos, recursos financieros para implementarlos y decisión política de sostenerlos contra las presiones subdesarrollantes internas y externas.

En ese contexto, es de primera importancia revertir en la opinión pública la hostilidad sembrada durante décadas contra la presencia del Estado en la economía. La derecha cuenta con todo tipo de instrumentos comunicacionales para denigrar a las instituciones públicas, y una ya larga campaña asentada de ataque a lo estatal. Casi un sentido común perfectamente funcional a las corporaciones locales y extranjeras.

Si bien en el campo popular está presente una fuerte convicción de defensa de lo público, hay aún vastos sectores de la sociedad que a pesar de su propia realidad, comparten con la derecha la hostilidad contra el Estado y militan junto con ella contra “los políticos”, el gasto público, los impuestos –aunque sean a los ricos— y las regulaciones necesarias para vivir en una sociedad civilizada.

Gran tarea política en los próximos tiempos será reforzar el sentido de destino común de las grandes mayorías, de necesidad de asociación colectiva para protegernos y salir adelante.

Hoy, en el contexto de la pandemia, se puede visualizar que la salud individual depende completamente de la salud pública.

Falta aún entender que la salud pública depende definitivamente de la salud del Estado.

 

 

 

 

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