La salud como botín

 

El intempestivo reemplazo de la conducción de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), pasado sólo un mes y medio de la asunción presidencial y horas después de la masiva movilización de las centrales obreras del 24 de enero, sorprendió a sus propios protagonistas y se inserta en una historia de rivalidades sectoriales y despojo del Estado que vincula al menemismo, al macrismo y al actual gobierno de Javier Milei.

Son las mismas tres décadas en que se desempeñó en OSDE, la Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas, el nuevo superintendente Gabriel Oriolo. Su designación fue leída como una respuesta a la demostración de fuerza gremial, porque OSDE es parte del grupo de obras sociales y prepagas que pujan con las sindicales por los recursos que de acuerdo a la legislación original deben asignarse bajo “un criterio de justicia distributiva”.

Enrique Rodríguez Chiantore, antecesor de Oriolo, se quejó del trato “bestial” del gobierno nacional que integró fugazmente y relató que supo de su cese por las condolencias que recibió en su celular en el amanecer del jueves 25. Debió confirmarlo en el Boletín Oficial, que no fundaba el cambio en otras razones que en el hecho de que “resulta necesario”.

La designación de su reemplazante es un nuevo capítulo en la relación de OSDE con una Superintendencia que durante el gobierno de Mauricio Macri declinó de una demanda iniciada en 1998 contra la obra social por una década de incumplimiento de aportes obligatorios. El comienzo y el (hasta ahora) final de la historia estuvieron estrechamente vinculados con la disputa por el mercado de cobertura de salud del grupo de asalariados con mayor poder adquisitivo, en desmedro del rol designado al Estado: la atención de los sectores más postergados y vulnerables.

 

 

Telón de Fondo

En diciembre de 1988, el Congreso creó un Sistema Nacional del Seguro de Salud, cuyo financiamiento provendría —entre otras fuentes— de lo reunido por un Fondo Solidario de Redistribución (FSR) integrado por los resultantes de multas aplicadas, rentas de sus propias inversiones, donaciones, y porcentajes de los aportes recibidos por las obras sociales de su masa de afiliación. Para las del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios se estipuló una contribución obligatoria del 15%. El Fondo fue creado bajo la órbita de la Administración Nacional del Seguro de Salud, antecesora de la actual Superintendencia.

En 1998, una crítica situación financiera llevó a la Asociación del Personal Superior (APS) a reclamar a la SSS la restitución de alrededor de 20 millones de pesos, aludiendo que había abonado por error al Fondo recursos que consideraba no exigibles.

La Superintendencia acababa de cambiar su gerencia y recurrió al abogado Alberto Herrera, que estudió el reclamo de la APS y encontró no sólo que era improcedente sino que existía medio centenar de casos de bancos y obras sociales de personal jerárquico que habían incumplido los aportes obligados por las leyes que los regulaban. La ausencia de acción sobre las deudas configuraba además una violación a los deberes de la función pública por parte de las gestiones precedentes.

Frente a ello, fueron promovidas por la SSS 50 demandas judiciales y de ese modo se interrumpió el plazo de prescripción decenal que hubiera operado casi de inmediato.

Uno de los pleitos abiertos fue contra OSDE, que a fines de diciembre de ese mismo año se quedó con el 45% del padrón de la APS ya en quiebra. Para financiar el traspaso de afiliadas y afiliados, la Superintendencia resolvió compensar a las receptoras durante un trimestre con recursos del Fondo Solidario al que OSDE adeudaba años de aportes. Por aquellos días, el diario La Nación daba cuenta de que la puja por esos fondos no se limitaba al enfrentamiento de las obras sociales de ejecutivos contra las sindicales, sino que involucraba también disputas al interior del primer grupo.

 

 

La guerra y la paz

La inacción judicial en varios tramos del expediente y bajo diversos gobiernos fue abonada por comunicaciones que aludían a tratativas iniciadas entre las partes, aunque sin que se certificasen notas, actas ni ninguna otra constancia documental que acreditase las negociaciones.

La singular resolución del caso no resultó del impulso del Estado por recuperar lo impago, sino que se derivó una nueva disputa posicional de las prepagas en el mercado. Fue entonces cuando el tema tuvo repercusión pública.

Transcurrido un año de macrismo, el recrudecimiento de esa guerra se tradujo en una acusación de Swiss Medical contra OSDE ante la SSS, por prácticas restrictivas de la competencia y abuso de posición dominante. Aunque en los hechos Swiss Medical es una mera intermediaria entre aportantes y los servicios de salud que prestan otras empresas de su grupo, la denuncia —en rigor, un reclamo administrativo— se basaba en los comprobados incumplimientos de OSDE al FSR.

Corría enero de 2017. Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y de varios sanatorios, se ocupó de señalar en rueda de prensa que se trataba del “hecho de corrupción más grande del país”. A comienzos de febrero, Belocopitt se reunió con la denunciadora serial Laura Alonso, a cargo de la Oficina Anticorrupción. El tema, que enfrentaba intereses empresarios, no fue objeto de sus habituales indignaciones mediáticas.

La denuncia de Swiss Medical ante la SSS fue girada a la Secretaría de Comercio y disparó también la intervención de Gabriel de Vedia, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES). Frente al conflicto, el Presidente Mauricio Macri dejó trascender que evaluaba la intervención de OSDE. Una vez más, su reconocido poder de persuasión dio resultado. A comienzos de marzo, pese a los calificativos utilizados por su propietario semanas antes, Swiss Medical desistió de la denuncia. Menos de un semestre después, el Ministerio de Salud y la SSS aceptaron una propuesta de pago por parte de OSDE. Desde entonces y por más de un año, el triunfal Belocopitt mantuvo reuniones mensuales con el vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui.

 

 

En cómodas cuotas

La victoria de Swiss Medical no resultó una derrota total para OSDE, cuyas deudas con el FSR cumplían ya un cuarto de siglo. Argumentando que por la extensión del juicio iniciado en 1998 no podía esperarse “una sentencia más favorable”, la SSS aceptó la propuesta de la obra social para abonar 6.850 millones de pesos y renunciar a créditos pendientes por otros 1.650 millones.

El acta, fechada el 2 de agosto de 2017, no explica en qué consistió el “intercambio de ideas” que enuncia antes de detallar los resultados de la reunión de dos horas en que se sellaron los términos del acuerdo, que incluía como condiciones que la SSS renunciase a la acción judicial y asumiese el pago de las costas.

Ninguna línea del documento ni de la resolución del Ministerio de Salud que lo avaló describe cómo se arribó a la suma de 8.500 millones de pesos a saldar, cuando el fiscal de Vedia había calculado casi 12.000 millones y Belocopitt cifró “el mayor hecho de corrupción” en 16.000 millones. Sí quedó escrito que OSDE podría elegir la tasa de interés a aplicar para las 120 cuotas en que la SSS consintió percibir ¾ partes de lo comprometido. Naturalmente, los pagos se convinieron en una moneda nacional ya sometida a constantes devaluaciones. Dos décadas antes, OSDE había practicado la retención de aportes en pesos, pero convertibles entonces al mismo valor nominal en dólares.

 

 

Quedamos así

Alberto Herrera, el letrado que en 1998 detectó los incumplimientos y preparó las demandas, fue el único que siguió el trámite y objetó las condiciones del acuerdo de 2017. Hacía ya largos años que no asesoraba a la SSS, porque su contrato de locación de servicios fue por tiempo limitado, pero continuaba siendo reconocido como parte interesada por la eventual regulación de honorarios profesionales.

Cuando en el trimestre final de 2017 el tribunal interviniente admitió el acuerdo, Herrera fue notificado después y no antes, como manda la legislación relativa a los aranceles de profesionales del derecho.

Aunque no logró acceso total a lo actuado, el abogado cuestionó la determinación judicial por una razón de fondo: al tratarse de rentas públicas, una deuda como la de OSDE no podía ser objeto de transacción, encubierta como desistimiento de la acción. Tanto el Código Civil y Comercial en vigencia como el anterior a la actualización de 2014 legislan en tal sentido. El allanamiento al pago o la sentencia configuraban la única posibilidad de que concluyesen las actuaciones. De hecho, de las decenas de demandas promovidas en 1998, la dirigida contra OSDE fue la única en registrar esa finalización sui géneris. La renuncia a la acción se produjo omitiendo incluso que existían dos recursos de queja pendientes de resolución final, uno por cada parte y ambos relativos a una cuestión relevante: el plazo incluido en el reclamo.

Además de defender el acuerdo que suscribió con OSDE, la SSS se opuso a que se regulen honorarios para el profesional que promovió la acción original y su cuerpo letrado elevó una presentación en contra de Herrera ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que desestimó el planteo.

El juzgado interviniente, por su parte, negó sin mayor argumentación el pedido del profesional de litigar sin gastos en el expediente judicial. Como acreditaba la prueba documental y testimonial aportada, el abogado jubilado sólo contaba entre sus propiedades con una vivienda y un automóvil, capital e ingresos que no resisten comparación con los de OSDE ni con el monto que la obra social acordó abonar a la SSS en el generoso plazo de una década.

El pedido de nulidad del acuerdo permanece sin resolución de la Cámara de alzada y, con ese silencio judicial como fondo, el nuevo gobierno formalizó el imposible maridaje de intereses que se supondrían en conflicto.

 

 

 

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