La salida del laberinto argentino

 

 

“De todo laberinto se sale por arriba” (Leopoldo Marechal)

 

Con este trabajo se pretende cuantificar el impacto y poner sobre la mesa una posible salida a uno de los principales problemas argentinos abordados por Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del pasado 10 de marzo al recibir el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Río Negro: la informalidad de nuestra economía y las demandas que exigen quienes la generan, pese a no contribuir al Estado nacional con los aportes que corresponderían. También se pretende aportar al reclamo de mayor ambición en nuestras propuestas, para dar soluciones efectivas a las necesidades de las grandes mayorías populares de nuestro país.

Al diagnosticar recientemente el estado del desarrollo argentino se señaló que —a la hora de explicar los problemas que impiden alcanzar un nivel de desarrollo acorde con nuestras potencialidades— una gran mayoría de los sectores políticos señala a la inflación como la madre de todos nuestros males. Los poderes empresariales, los políticos conservadores y neoliberales, con el respaldo de sus economistas, consultoras y medios de comunicación, agregan y machacan cotidianamente con los problemas que originan la presión impositiva, los costos laborales y la inseguridad jurídica. Los reclamos del poder económico ocultan las ventajas que lo favorecen: la inflación como herramienta permanente de reducción del salario real; un régimen impositivo que es de igual o menor presión al de los países más desarrollados, pero cuya estructura penaliza a los consumidores, en especial a los sectores más desfavorecidos, y beneficia a las empresas y a los más ricos; un sistema financiero y jurídico que privilegia al capital especulativo y a las empresas, en especial a las extranjeras y a las actividades extractivas que no generan mayores oportunidades de trabajo; todo ello complementado con un Poder Judicial que opera a su servicio y que, pese a lo declamado, constituye una real garantía de seguridad jurídica.

Los reclamos de los poderes fácticos y su cotidiana reiteración ocultan la causa primera y principal de nuestro decepcionante nivel de desarrollo, que ya lleva demasiados años sin demostrar una movilidad social ascendente, causa que radica en la muy elevada informalidad económica y laboral que caracteriza a nuestro país. Un nivel de economía informal del 27,3 % del PBI, una informalidad laboral del 37,4 % y un nivel de exportaciones en negro estimado en el 30 % o más del total nacional no solamente dan origen a las restricciones presupuestarias del Estado nacional —de disponibilidad de divisas y de financiamiento de obras públicas necesarias para el desarrollo y las prestaciones sociales en materia de educación, salud y jubilaciones—, sino que a su vez distraen fondos para el pago de la deuda externa, incrementan la pobreza, reducen la demanda de bienes y dan origen a una enorme fuga de divisas que alimenta la inflación. La informalidad es una de las razones de los desequilibrios que muestra nuestra economía, que repercuten no solo en la desigualdad social y en la asignación de recursos necesarios para accionar en modo efectivo a favor de una justa distribución de la riqueza, sino también traen aparejados un lamentable desempeño económico de largo plazo.

Para cuantificar el grado de impacto que significa la economía informal, en la Tabla 1 se muestra la composición del resultado fiscal primario en base con los datos provistos por el Ministerio de Economía para 2022 y los valores equivalentes medidos en dólares con base al tipo oficial informado por el BNA. En la Tabla 2 se muestra lo que resultaría en dos escenarios de formalización económica a generarse a lo largo de ocho años, lapso equivalente a dos períodos de gobierno. El primer escenario prevé una reducción de la economía informal desde el nivel presente, estimado en un 30 % del PBI hasta el 20 % del PBI; el segundo escenario prevé una reducción hasta el 10 % del PBI en igual período.

 

 

Las estimaciones realizadas muestran que, en ocho años, la reducción de la economía en negro desde el 30 % actual hasta el 20 % del PBI permitiría eliminar el déficit primario en poco más de cinco años, logrando en el octavo año un superávit superior a 8.000 millones de dólares. En el caso de que la reducción llegara en igual período al 10 % del PBI, el déficit primario se eliminaría en poco más de tres años, alcanzando en el octavo año un superávit superior a los 16.000 millones de dólares.

La reducción de la informalidad en 20 puntos porcentuales es consistente con los niveles de superávit que caracterizan a los países desarrollados, que oscilan entre el 7 % y el 10 % de sus respectivos productos brutos. La generación de un superávit fiscal permitiría al Estado nacional mejorar sus prestaciones en materia de previsión social, educación, inversión en ciencia y tecnología y obra pública y, a la vez, facilitaría el repago del endeudamiento externo. Además, lo más importante, reduciría drásticamente o inclusive eliminaría por completo la injerencia del FMI sobre el manejo de nuestra economía. También queda claro que tal situación habilitaría una negociación con el sector privado para la reducción real de la carga impositiva.

Hasta aquí el intento de estimar el impacto del sinceramiento económico reclamado por Cristina Fernández de Kirchner, que esperamos resulte suficientemente demostrativo de su importancia. Retomando ahora el desafío planteado al inicio —de generar propuestas audaces que beneficien al conjunto de las grandes mayorías de nuestro país—, estamos firmemente convencidos de que la solución debe procurarse de manera de evitar los eternos ajustes sobre los sectores populares, tal como reclama el neoliberalismo. Lo que aquí se propone es que la salida del laberinto argentino la paguen los que tienen que pagar.

Como fenómeno multicausal, la informalidad económica posee una elevada complejidad, tanto en lo conceptual como en lo político. Entre las cuestiones que hacen a la complejidad conceptual es necesario diferenciar las razones y los mecanismos que tienen que ver con la informalidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias —en especial los impuestos de carácter general: bienes personales, ganancias, IVA, etcétera— de las razones y los mecanismos de la informalidad en el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, y de los que surgen de los derechos de exportación y de importación, en tanto son los principalísimos tres componentes de los ingresos del Estado nacional. El diseño de las políticas y los mecanismos necesarios para abordar las problemáticas específicas de cada uno de estos componentes del ingreso fiscal deberán ser encarados por especialistas de cada área, conforme a la problemática de cada una. La complejidad política de las posibles soluciones a la informalidad económica se origina en la multiplicidad de actores involucrados, que abarcan a prácticamente la totalidad del espectro social, desde grandes empresas nacionales y multinacionales hasta pequeños emprendedores, y desde las grandes fortunas hasta los consumidores más carenciados. Por ello, las soluciones a la informalidad económica dependerán de quién las formule. Con seguridad, los costos, los beneficios y los principales beneficiarios de las soluciones impulsadas desde el peronismo serán diametralmente opuestos a los que eventualmente pudieran ser planteados desde los sectores concentrados de la economía y las políticas neoliberales.

Este trabajo no pretende un análisis definitivo, ni elaborar las propuestas detalladas que serán imprescindibles para solucionar la informalidad económica. Sí se pretende problematizarla y poner en discusión algunos criterios que permitan recorrer el camino hacia una mayor formalidad económica. Es presumible que los sectores económicos más concentrados prefieran mantener el statu quo existente, en tanto la informalidad favorece la fuga de divisas y les permite mantener en jaque continuo a cualquier gobierno que no responda a sus intereses. También es previsible que, si esta problemática gana suficiente entidad política y social como para iniciar las tratativas aún en ausencia de esos sectores, estos se vean obligados a participar en defensa de sus propios intereses.

Para empezar el sendero hacia una mayor formalidad parece necesario alcanzar dos acuerdos básicos con el mayor consenso posible, que hagan viable el objetivo planteado. El primero de esos acuerdos es la negociación y la formalización de un consenso político y económico que —con carácter de política de Estado— otorgue prioridad a la formalización de la economía y que establezca que la distribución de los beneficios resultantes solo se efectivizará una vez que sus resultados se hayan constatado. El segundo de los acuerdos básicos es el consenso económico y social sobre en quiénes deberán recaer los esfuerzos iniciales y sobre las prioridades para la distribución de los beneficios que resulten de la formalización de la economía. Desde nuestra postura política, los mayores esfuerzos deberán recaer sobre los que más se benefician de la estructura económica y del trabajo argentino, comenzando por los sectores exportadores, las grandes empresas y grandes fortunas, e iniciando una suerte de derrame en el soporte de costos desde arriba hacia abajo, hasta alcanzar, en última instancia, a estos sectores una vez que los beneficios de la formalización económica sean perceptibles para el conjunto de la sociedad, las pequeñas empresas y los actores de la economía popular. Las prioridades para la distribución de beneficios deberían ser establecidas en modo de optimizar las prestaciones básicas de salud y educación y la generación de empleo, así como favorecer a una mayor inclusión social, una mejor distribución federal del desarrollo y la imprescindible defensa de nuestra soberanía. Los beneficios, además de hacerse efectivos una vez que se hayan constatado las mejoras, deberían destinarse en mayor proporción a los sectores económicos que más y mejor aporten a la formalización de la economía.

No desconocemos que los sectores representativos de los intereses económicos pugnarán por la reducción de los impuestos y de los aranceles de importación y la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Consideramos que cualquier reducción de impuestos debe estar supeditada a un adecuado funcionamiento del Estado en materia de salud, seguridad, prestaciones de seguridad social e inversiones en obras públicas; en definitiva, a asegurar el funcionamiento de un Estado presente. En especial, la eliminación de las retenciones a la exportación de productos agrícolas y agroindustriales debe demostrar, como contraprestación indispensable, un abastecimiento satisfactorio del mercado interno a precios acordes y accesibles a las necesidades populares. Bajo esas premisas no vemos problemas en llevar gradualmente a cero las retenciones.

Todavía conservamos la esperanza de que nuestra dirigencia económica termine de comprender que la reiteración de las recetas que llevaron a nuestro país a la situación de crisis que todavía estamos padeciendo solo conducirá al naufragio de nuestro país o, al menos, del modelo económico en el que —pese a todo— todavía creemos.

Para finalizar, quiero dejar sentado mi convencimiento personal de que en nuestra Argentina presente —si bien nuestro gobierno, con Alberto Fernández a la cabeza, demostró una enorme fortaleza y capacidad para hacer frente a la crisis de la deuda externa generada por el macrismo, a la pandemia y a las limitaciones impuestas por el FMI, una guerra y una sequía sin precedentes— existe un solo liderazgo con capacidad para conducir con éxito las complejidades conceptuales y políticas que encierra la implementación y la gestión de los acuerdos y las políticas necesarias para reducir la informalidad económica existente, y ese es el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.

Agradezco los aportes y opiniones que me hicieron llegar Jorge Gaggero, Miguel Saiegh, Stella Martini, Jorge Lamas, Manuel Pedreira, Carlos Ahumada, Juan Luis Vendrell Alda, Alejandro Raele, Sylvia Schulein, Guillermo Moretti y Sandra Nicolás. En todos los casos, los aportes recibidos fueron incorporados al texto según mi propio criterio, que no necesariamente coincide con el de quienes me los hicieron llegar. Por ello, el texto final no compromete la opinión de los consultados y mucho menos la opinión de las organizaciones o instituciones a las que pertenecen. También mucho agradeceré cualquier aporte o comentario que merezcan estas ideas y que hagan llegar a mi correo [email protected], así como su difusión.

 

 

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