La salida de Macri

 

El ajuste que el gobierno nacional pactó con el FMI es de tal magnitud que la mayoría de los analistas económicos y políticos lo consideran inaplicable. Las consecuencias del plan económico en curso significaron un permanente deterioro del poder de compra de los trabajadores activos, jubilados y beneficiarios de planes sociales. Con el acuerdo, esas consecuencias se profundizan. La inflación le va ganando al salario desde el año 2016. Las pautas del tratado exigen profundizar estas políticas como condición para seguir adelante con el préstamo.

El problema que enfrenta Mauricio Macri es la resistencia creciente a sus medidas económicas y sociales. Las marchas del 14 y el 18 de diciembre último marcaron un límite a la represión brutal por parte de la policía. Fracasó en su intento de atemorizar y amedrentar a los miles de manifestantes que defendían los derechos de los jubilados y además provocó la reacción de la clase media cacerolera, en su mayoría votantes del PRO. Este plan económico es inaplicable sin represión y también es inviable aún con represión.

En esta encrucijada transitó estos meses hasta la firma del acuerdo con el Fondo Monetario internacional. Ahora se ha quedado sin margen de maniobra y se juega el resto a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior.

En el anuncio realizado ante un grupo de oficiales en Campo de Mayo se refirió al tema como deuda pendiente de la democracia con las Fuerzas Armadas y propuso un debate sincero para definir ese nuevo rol que pretende asignarles. No habían pasado ocho horas cuando dio a conocer un decreto que modifica la legislación vigente. El vértigo que le impuso a las decisiones generó la reacción de todo el arco opositor, más algunos aliados.

El desconocimiento del largo camino recorrido desde la recuperación de la democracia para delimitar taxativamente el rol de las Fuerzas Armadas con expresa prohibición de participar de las cuestiones vinculadas a la seguridad interior es sencillamente un agujero en el muro por donde el gobierno intenta escapar a la encerrona autogenerada. El acuerdo multipartidario fundamental construido durante más de tres décadas está amenazado por el gobierno. La lucha sostenida por los organismos de derechos humanos durante toda la dictadura signó fuertemente a la democracia postdictatorial a partir de 1983. Macri se remonta más lejos y lo desconoce. En realidad pretende recrear el clima de terror de aquellos años para hacer pasar este ajuste salvaje. Con la Policía no alcanza para el escarmiento, hay que probar con el Ejército.

El sábado 21 en Puerto San Martín, localidad vecina a la ciudad de San Lorenzo, un grupo de maestras cuya agrupación se llama “El Apagón”, rememoró los 42 años de la represión y desaparición forzada de activistas obreros y barriales de ese cordón. La complicidad de la empresa provincial de la energía, que generaba apagones masivos para dar cobertura a los secuestros, inspiró la iniciativa de las docentes. La desaparición de los “Sabinos Navarro”, como se los conoce popularmente, recordando el nombre de la unidad básica que los nucleaba, se produjo días después del secuestro de Hugo Parente, estudiante de derecho y delegado de UPCN, principal referente político de todos ellos y que se encontraba cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Al decir de Viviana, su compañera, Hugo es el desaparecido más desaparecido, nunca hubo un solo rastro de él. El único dato aportado fue del vicario castrense Victorio Bonamin quien le mando a decir que no lo buscara más porque “los militares lo tiraron al mar”.

Luego, en dos noches consecutivas, secuestraron a una decena de militantes de base que permanecen desaparecidos. La masiva presencia de familiares, vecinos y compañeros en la escuela donde se realizó el acto sorprendió a las propias convocantes. Pasaron 42 años exigiendo justicia y castigo a los responsables de estos crímenes y la reivindicación de estos luchadores populares.

Quienes conocían a las víctimas nunca dijeron que “en algo andarían” porque eran sus delegados, sus dirigentes barriales, sus amigos con nombre y apellido, no ocultaban sus domicilios, trasformaron su boliche en una unidad básica como Lina Funes, y cuando los vinieron a buscar estaban en sus casas.

Ese día estuvieron presentes los sobrevivientes, acompañados por sus hijos y sus nietos a rendirle homenaje a estos mártires del movimiento obrero, a reclamarles a los jueces por la falta de condena a los asesinos directos y a las grandes patronales que los respaldaron. Además relataron aspectos de la vida de sus desaparecidos como forma de sanar ese dolor profundo que los marcó para siempre. El más nombrado por los oradores fue Roberto Potongo Camuglia. Vivía a dos cuadras de la escuela donde se llevó a cabo el homenaje. Delegado de la aceitera Indo del grupo Bunge y Born, fue despedido por formar parte de una agrupación que enfrentó al burócrata nacional de la Federacion Nacional de Trabajadores Aceiteros de apellido Rosales y oriundo de Puerto San Martin. Desde afuera de la fábrica organizó a sus compañeros, que finalmente recuperaron el sindicato aunque no lograron nunca su reincorporación.

Su hijo presenció el secuestro. Había venido a visitarlo porque vivía en Buenos Aires y había completado las divisiones inferiores en Boca Juniors y firmado su primer contrato profesional con Gimnasia y Esgrima de la Plata.

“Nunca más volví ni a buscar los botines. Me interné en los pueblos de la zona y pasé la dictadura jugando en equipos locales con mi amigo Lapisonde, a quien secuestraron confundiéndolo con su hermano". Fue liberado después de varios días. Con el tiempo, Lapisonde testimonió en la causa donde se ventiló la desaparición de su hermano. Camuglia hijo lo acompañaba junto a otros familiares durante el proceso. En determinado momento le pidió a la jueza  que ordenara a los familiares salir de la sala y cuando quedó solo frente a ella le dijo que durante todos esos años que compartió con su amigo nunca le pudo contar que a su padre lo habían asesinado delante suyo a garrotazos en el centro clandestino del batallón de arsenales 121.

Para esta gente eso significa el ejército en las calles. Vivieron el terror implementado por el personal de arsenales 121 de Fray Luis Beltrán. El intendente municipal de San Lorenzo durante la dictadura fue el teniente coronel Ruben Cervera y el secretario de gobierno el teniente Horacio Maderna. El abogado Pedro “Pili” Rodríguez, su asesor, supo ser militante de la Sabino Navarro y luego colaborador de la dictadura. Fueron juzgados y condenados y hoy gozan del arresto domiciliario. La cercanía que impone la vecindad de todo el cordón los hizo convivir 40 años con sus verdugos.

El decreto reivindica un nuevo rol para las Fuerzas Armadas vinculado a la lucha contra el narcotráfico y a la seguridad interior. Ninguna razón objetiva explica la utilización de esa herramienta para eludir el debate parlamentario. No es por azar que la reacción se produce en cabeza de los organismos de derechos humanos que con la misma velocidad que le imprimieron a la aparición del mencionado decreto respondieron con un comunicado de repudio convocando a una concentración frente al Ministerio de Defensa.

Mientras tanto el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba presentará en la legislatura su propio proyecto de regulación de la actividad energética en antagonismo con los borradores del  gobernador Schiaretti, que sólo pretende desmembrar la empresa y privatizar el negocio. Los metrodelegados siguen con su plan de lucha de paros rotativos y liberación de los molinetes, los despedidos de Télam mantienen la ocupación pacífica desde hace un mes y los portuarios de Juan Carlos Schmit continúan su acampe en el puerto de Buenos Aires. Esta vanguardia resistente está acompañada por centenares de reclamos por los despidos, las paritarias negadas y las amenazas de intervenir sindicatos como les sucede a los camioneros de Moyano.

La comisión directiva de Luz y Fuerza Zona del Paraná que representa a los 260 despedidos de planta permanente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) anunció un paro por tiempo indeterminado, exigiendo su inmediata reincorporación, por violar las garantías establecidas por el Convenio Colectivo de Trabajo. Su secretario general Daniel Duran firma  el comunicado. Esto afecta la planta nuclear de Atucha y suma otra lucha más defendiendo los puestos de trabajo. Su destrucción en masa se ha convertido en el principal objetivo del gobierno nacional.

Cuando el pasado se hace presente en la carne de las injusticias y los atropellos la memoria de los trabajadores ya no es memoria sino conciencia.

 

 

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