La salida al laboratorio neoliberal

 

Hace un año y medio se produjo un terremoto devastador en Chile y las alarmas no funcionaron, probablemente porque se situó en el orden político. El movimiento brusco de la corteza política fue consecuencia de la liberación de energía social acumulada debido al lento y constante acomodo de las placas tectónicas: se trata de movimientos subterráneos imperceptibles que van concentrando una gran cantidad de energía, liberada en un momento inesperado. En el país de Salvador Allende la energía se había acumulado durante tres décadas, aunque por su magnitud cabe suponer que algunas tensiones vienen de tiempos más lejanos.

En el plebiscito de 1989 Chile votó por un arcoiris. El colorido del No representó el alineamiento entre la política y una parte mayoritaria de la sociedad: les chilenes querían construir un país libre y supusieron que la política institucional encarnaba esa aspiración. Pero el arcoiris se destiñó: de los diecisiete partidos que conformaron la Concertación –en un arco amplio que iba desde la llamada centro-derecha hasta la izquierda– en poco tiempo quedaron sólo cuatro. Chilenas y chilenos se fueron enterando de que la política era un asunto demasiado complejo para ser realizado junto al pueblo. La Transición no fue colorida sino gris, un gris cada vez más oscuro.

Entre tanto, Chile crecía, la pobreza se reducía y se expandía el consumo, pero algo no funcionaba: crecía la desigualdad y la ficción de un país moderno fue cargada sin piedad sobre los hombros de los individuos, a quienes se les exigía un gran esfuerzo a cambio de un paraíso de meritocracia. Mientras tanto se concentraba la riqueza, se deterioraban las condiciones laborales y se consolidaba el carácter verticalista, autoritario y elitista de la sociedad.

Desde 2011 el malestar individual se fue transformando en expresión colectiva: las placas comenzaron a moverse y la energía acumulada fue provocando sismos de intensidad considerable. La protesta estudiantil, las luchas medioambientales de las comunas de Freirina y Petorca, el importante movimiento feminista y las manifestaciones contra las AFP (Administradoras de Fondos de Pensión), fueron algunos ejemplos. Sin embargo, estos temblores no produjeron daños apreciables en la estructura política: la élite chilena había perdido los anteojos y caído en las trampas del mismo sistema que sostenía y la sostenía. Leía la realidad apelando a centros de estudio o analistas que muchas veces funcionan como lobbistas –Alfredo Zaiat dixit– y otras tantas le dicen a quien los contrata lo que quiera escuchar. El establishment hablaba de un país de novela que fue vendido al mundo entero y llegó a creer que ese era el país real. Al mismo tiempo, sin una salida político-electoral, crecía la frustración social. El tsunami estalló en octubre de 2019 y fisuró hasta las bases mismas del edificio político-institucional.

 

 

Inferencias

El proceso iniciado en noviembre de 2019 –que incluyó el plebiscito del 25 de octubre de 2020 en el que se optó por elaborar una nueva Constitución y se eligió la fórmula para la conformación del órgano encargado de redactarla– ha tenido una instancia decisiva en la elección de constituyentes del pasado fin de semana. Sumado a lo explicado anteriormente, me animan a hacer las siguientes apreciaciones:

• La tendencia decreciente de la participación electoral que se observa desde 1993, agravada con la reforma electoral de 2012 –voto voluntario, primer gobierno de Sebastián Piñera– no es tanto consecuencia de la despolitización del pueblo chileno como de la notable y prolongada pérdida de legitimidad del aparato político-institucional. Vale decir, de la ruptura con el orden pinochetista y de la decepción con la Transición de vastos sectores sociales. Pruebas que avalan esta afirmación son, por ejemplo, la gran elección para la Constituyente de los “independientes” –la mayoría sin partido pero identificados con ideas de izquierda– y las encuestas realizadas a partir de octubre de 2019 que revelaron el alto grado de aceptación de las protestas y reclamos (entre el 60 y 65 % de la población).
• El proceso constituyente vio lesionadas sus legitimidades de origen y de desempeño en la medida que fue diseñado en el marco institucional del viejo orden –el de la Constitución pinochetista y normas derivadas– y conducido por una mayoría de miembros del establishment impugnado: una contradicción tan evidente como la astucia de la derecha chilena. En general, las consecuencias originadas en este estado de cosas se tradujeron en limitaciones a la soberanía del poder constituyente y posibles trabas en el funcionamiento de la Convención.
• Si a las consideraciones anteriores se agrega que las elecciones de constituyentes se han realizado en el contexto de la pandemia, se deduce que el porcentaje relativamente bajo de concurrencia a las urnas tampoco puede atribuirse al puro desinterés de les chilenes, sino en buena medida al miedo al virus. Por lo tanto, si la Convención satisface las expectativas populares, es probable que el porcentaje de votantes se incremente en el llamado Plebiscito de Salida, último paso para la puesta en vigencia de la nueva Carta Magna.
• No obstante la derrota electoral sin atenuantes de la derecha y del otrora poderoso Partido Demócrata Cristiano –dadas las reglas que regirán el funcionamiento del Poder Constituyente y la agonía, no el desmembramiento, del bloque de poder que gobierna– una pregunta clave es quién conducirá la construcción del nuevo edificio. La tarea comienza por el proyecto, es decir, por la nueva Constitución. La definición dependerá, entre otros factores, de la resolución del juego que opone las habilidades e inteligencias políticas de los contendientes: por un lado, las expresiones de los sectores dominantes defensores del status quo, y por el otro, los representantes de los sectores que anhelan un cambio radical y progresivo. También girará en torno a las posibilidades de movilización del pueblo chileno en tiempos de pandemia.
• La mayoría de mujeres y el elevado porcentaje de jóvenes que integrarán la Convención son hechos sin precedentes que seguramente se reflejarán en la nueva Constitución.
• De lo que prácticamente no quedan dudas es de que el pueblo chileno ha dado un paso adelante en procura de su liberación. Los cambios podrán ser más o menos lentos, más o menos profundos, pero es impensable que haya marcha atrás: les chilenes saben que un terremoto de semejante intensidad deja huellas indelebles y obliga a involucrarse en la reconstrucción.

 

 

Sismología social

En sismología se entiende por “mecanismo de foco o focal” la información debidamente interpretada que da cuenta del dispositivo de acumulación de energía y su liberación. Por analogía, podemos emplear esta noción para conocer de qué manera se originó el terremoto político-institucional en Chile.

Si Chile fue presentado al mundo como “paradigma del modelo neoliberal exitoso”, es razonable comenzar con una breve referencia al neoliberalismo. Constituye una etapa superior del desarrollo capitalista a escala planetaria que implica un nuevo nivel de infraestructura productiva: la dimensión digital, esencial para la financiarización de la economía global. Pero también incluye nuevas técnicas de restauración del poder de clase del capital y de transformación “molecular” (la imagen es de Antonio Gramsci) de un conjunto creciente de aspectos de la vida social, con énfasis en la despolitización de la sociedad y la fragmentación de las identidades colectivas. Técnicas que hacen uso de políticas de shock como mecanismos de ajuste, tanto a nivel económico como ideológico.

La brutal reacción autoritaria que se concentró entre octubre de 2019 y marzo de 2020 no fue sino la manifestación del temor que causa la plebe como multitud en acción al orden neoliberal: lo que en tiempos que se dicen normales era considerado como democracia “tutelada” o de “baja intensidad”, en momentos de excepción mostró su veta dictatorial. Fueron las condiciones de dictadura las que permitieron hacer de Chile un laboratorio neoliberal, y fueron condiciones similares las que reaparecieron en el momento más apremiante para la defensa del régimen.

La normalidad de la Transición mostró un elemento cíclico: la presencia de una “clase a cargo”. Este concepto de Nicos Poulantzas remite al hecho de que el bloque dominante se ve mucho más expuesto a la deslegitimación cuando tiene que gobernar en forma directa –las dos administraciones del multimillonario Piñera– que cuando existe un sector que lo reemplaza en esa función –gobiernos de la ex Concertación, pacto entre un socialismo lavado y la democracia cristiana–.

 

 

 

 

Crisis neoliberal y momento constituyente

La declaración de guerra que hizo Piñera el 20 de octubre de 2019 contra el “enemigo interno” no hizo sino repetir, en registro de farsa, lo que Augusto Pinochet estableciera como tragedia hace casi 50 años. En este escenario, la lucha de las masas en Chile ha venido demostrando un decidido impulso antagonista hacia el conjunto de la institucionalidad neoliberal, algo que dejó, en cierta medida, paralizados a los partidos de la izquierda. La izquierda ha mostrado escasa capacidad para sincronizar con el movimiento de masas que tomó la iniciativa y tensionó al máximo las relaciones de fuerza, sin que el fenómeno haya podido procesarse en el Parlamento.

Más allá de la izquierda, el importante desborde de la institucionalidad político-partidaria es lo que permite considerar que el proceso tiene un alto potencial de transformación. Se realizará o no en el tiempo que viene, incluso en su momento pandémico actual, que de todos modos permitió una recuperación parcial del poder instituido. Poder que ha hecho uso de un repertorio que comprende la represión directa, el terror mediáticamente inducido, la dilatación parlamentaria indefinida, el desabastecimiento planificado, saqueos coordinados y otras exquisiteces para mantener a una parte de la población expectante del “retorno a la normalidad”.

En realidad, las masas se apropiaron de la política y tal vez puedan generar lo que algunos autores denominan “momento constitutivo”: esos momentos de primacía excepcional de la superestructura sobre la infraestructura, del hecho político con capacidad para actuar sobre la determinación socioeconómica. Si se llega a esa instancia, habrá sido en virtud de los diversos llamados a la autoorganización popular que, desde el mismo momento del insólito decreto de estado de emergencia de Piñera de octubre de 2019, tomaron forma de asambleas constituyentes autoconvocadas. Se realizaron más de 300 asambleas en promedio en todo el territorio en un ejercicio inédito de participación democrática de alta intensidad.

Ahora bien, si cabildos y asambleas facilitaron el tejido de lazos y el esbozo de nuevos criterios de convivencia en comunidad, también han puesto en evidencia las profundas diferencias existentes en el país: parece confirmarse la afirmación de la investigadora Camila Vergara, quien señaló que así como Chile ha sido un laboratorio neoliberal, se dan las condiciones para que devenga en un laboratorio de democracia popular.

La pluralidad de las llamadas estructuras de rebelión convergentes en las movilizaciones implica una variada constelación de tiempos conjugados en el proceso. Se enlazaron la inmediatez del aumento de 30 pesos en el boleto del metro de Santiago, los 30 años de neoliberalismo puro y duro y los 50 desde el desmantelamiento del Estado social de Allende, hasta alcanzar los largos 500 años de la dominación colonial en la presencia del pueblo mapuche.

Durante aquellos últimos meses de 2019 este proceso detuvo, en cierto sentido, el tiempo en Chile. Mientras tanto, las estructuras de rebelión respondían a los embates del Estado neoliberal y a su menú de represión militar y brutalidad policial, de normalización del estado de excepción y estigmatización de la violencia social, de neutralización de la escalada del conflicto y de cooptación selectiva de demandas.

 

 

Actores sociales y conclusión provisoria

A esta altura de los acontecimientos es posible arriesgar una lectura del escenario abierto por la crisis chilena. Se pueden distinguir tres grandes formaciones sociales que convergen en situación subalterna y antagónica respecto del poder instituido y que, sin embargo, todavía carecen de una articulación entre sí.

En primer lugar, se han producido avances innegables en la reconstrucción de un movimiento nacional –y podríamos agregar clasista– de trabajadoras y trabajadores. Con las debilidades de un movimiento obrero que hoy cuenta con tasas de sindicalización cercanas al 20 % y padece la ilegalización de la huelga efectiva y de la negociación colectiva por rama, la formación de un “bloque sindical” en el transcurso de los levantamientos –que vincula a distintas expresiones de trabajadores organizados y que llamó a huelgas generales durante el conflicto– es una señal alentadora, aunque incipiente. No obstante, aparece un obstáculo por cuanto muchas de estas organizaciones están controladas por burocracias sindicales que buscan la contención de sus bases, en lugar de mayores niveles de organización y concientización para la lucha contra el régimen (un fenómeno que aquí conocemos bien). No se han acoplado aún los clásicos sectores de trabajadores organizados –estatales, portuarios y ramas estratégicas como el cobre– con los esfuerzos de organización de sectores precarizados –como comercio minorista (del retail para les chilenes), de servicios y cuentapropistas–.

En segundo lugar, el movimiento de autodeterminación popular ha tenido un capítulo especial en lo que parece ser un nuevo momento en la larga lucha del pueblo mapuche. La cuestión mapuche aparece con fuerza en el conflicto, no sólo por la creciente presencia de sus reivindicaciones generales (llamados a huelga general “plurinacional”) y de sus símbolos (como banderas) en las movilizaciones y por haber alcanzado la incorporación en la Convención Constituyente que ahora será efectivamente plurinacional. También se percibe la toma de conciencia por una parte del pueblo chileno acerca de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos del Estado neocolonial en territorios ancestrales. Más aún, les mapuches han hecho llamados a generar instancias de autogobierno, en lo que podría convertirse en el efectivo comienzo histórico-fáctico de un ejercicio de autodeterminación que, si bien fue ratificado por el Estado de Chile en 2007, en la práctica fue neutralizado por ese mismo Estado, en consonancia con la definición de uninacionalidad impuesta por la Constitución de Pinochet.

 

 

En tercer lugar, es fundamental destacar que la fuerza feminista se ha manifestado sostenidamente desde el comienzo de las movilizaciones. Su presencia en una especie de huelga de masas en las calles, con despliegues culturales, denuncia y práctica de formas de cuidado, ha tenido su ejemplo emblemático en las ollas comunes que se multiplicaron dramáticamente al ritmo del Covid-19. Todo indica que los feminismos consideran que el momento de crisis neoliberal es también de desestabilización patriarcal. La mayoría de mujeres que poblará la Constituyente seguramente logrará que la nueva Constitución incorpore la cuestión de género y otras demandas, no sólo en el texto sino también en la reorganización del aparato estatal. Las mujeres se han convertido en un potente motor de la dinámica de emancipación chilena.

Finalmente, la historia, el camino recorrido por el pueblo de Chile y el estado de situación alcanzado, que ha culminado con un claro predominio numérico en la Constituyente de los diversos sectores que aspiran a terminar con el status quo, inducen a un prudente optimismo. Es evidente que debe entrar en acto la política en una de sus altas expresiones: la aptitud de escuchar y de relacionar armónicamente a los sujetos sociales descriptos permitiría conformar un nuevo bloque histórico con capacidad destituyente del viejo orden y constituyente del nuevo, capaz de trasladar el poder a las mayorías chilenas.

 

 

 

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