La resurrección del plan Pinedo

 

Luego de firmar el acuerdo con el FMI y actuar como vocero de compras de tierras en la cordillera por parte de capitales árabes, el gobierno busca licuar los alcances reales de Ley 26.737 que estableció el régimen de protección al dominio nacional sobre las tierras rurales, imponiendo restricciones al capital extranjero. Federico Pinedo ingresó al Senado un proyecto de reforma de la ley que libera totalmente la tierra al capital trasnacional, avanzando incluso en la incorporación al mercado de cursos y espejos de agua, de acuerdo a un primer análisis del texto.

Este movimiento busca otorgar mayores garantías legales e institucionales a los capitales (nacionales y trasnacionales), desplazar a los estados provinciales y municipales de la aplicación de la norma, legalizar la incorporación de otros bienes de la naturaleza a las reglas del mercado, según surge de la lectura comparada de los textos de la ley aprobada en 2011, el decreto flexibilizador de junio de 2016 y el proyecto ingresado por Pinedo en julio pasado.

En un contexto nacional signado por la caída drástica del poder adquisitivo del salario, el cierre de fuentes de trabajo y recorte del gasto público, Magdalena Odarda, senadora nacional de Río Negro, y Florencia Gómez, ex titular del registro nacional de tierras rurales creado por la Ley 26.737, son algunas de las pocas voces que están advirtiendo sobre los alcances de esta embestida del oficialismo que, de aprobarse, derogaría de hecho las restricciones al capital extranjero en la compra de tierras rurales.

Desde mediados de los '80, los organismos financieros internacionales plantean el valor estratégico de los suelos libres de agroquímicos con sus nutrientes y cargas de humedad, de las reservas de agua dulce sin contaminar, de los servicios medioambientales de la naturaleza, de la biodiversidad y su valor genético, entre otros ejes cuyo soporte material es el suelo y subsuelo, cuya propiedad y control real está en el centro de esta disputa. En esta etapa del neoliberalismo, la agenda de la apertura total del mercado pretende completar el remate de la naturaleza trazado en los '90.

Joseph Lewis (Tavinstok Group) es uno de los capitales trasnacionales desembarcados en los '90, que ahora estaría en plena fase de reformulación y crecimiento al calor de las nuevas y mejores condiciones que les ofrece la fracción del capital en el gobierno nacional. En esta etapa emergen como presuntos compradores de tierras Hamad bin Jalifa Al Thani, emir de Qatar, cuyas negociaciones con el macrismo se iniciaron para la misma fecha que el presidente Macri firmó el decreto flexibilizador de la ley de tierras rurales. La convergencia de ambos flujos de capitales en la cordillera patagónica surge de distintos elementos constatados en el territorio y en documentación, la que desarrollaremos en detalle en un próximo informe.

 

Pinedo, la metáfora

Leer desde Villa La Angostura, sur de Neuquén, el proyecto ingresado por el senador Pinedo, tiene un cierto efecto “túnel del tiempo”. Federico Pinedo, ministro de Hacienda de la Década Infame, participó de la apropiación material y simbólica de esta parte del territorio en favor de la oligarquía porteña. Como parte del gobierno de Agustín P. Justo, garantizó el financiamiento del proyecto original de los Parques Nacionales pergeñado y ejecutado por los hermanos Bustillo, por lo que fue compensado con unas cuantas hectáreas sobre la costa del lago Nahuel Huapi, que fueron expropiadas durante el primer gobierno de Perón y cedidas a la Universidad Nacional de Buenos Aires.

 

 

El Federico Pinedo de este siglo dice, a su modo, que al capital trasnacional no le alcanza con el decreto 820/2016 que flexibilizó la compra a extranjeros y nacionalizó operaciones en paraísos fiscales, bajo el argumento de que la reglamentación que venía del gobierno anterior no preveía “situaciones que surgen frecuentemente en el tráfico comercial, en la práctica de los negocios y, en definitiva, en su aplicación concreta”. Hay ocho amparos presentados por la presunta inconstitucionalidad del decreto simple que continuó aplicándose con la morosidad del Poder Judicial.

A Cambiemos no le basta con el efecto dominó de modificar por decreto simple otro decreto de reglamentación de la ley, estrategia a la que recurre para evitar el debate de fondo y la segura puja política que supondría la derogación lisa y llana de la Ley Nº 26.737. Por eso propone una nueva ley que desplazaría a la anterior, a la que llama genéricamente Ley de Tierras y considera a las personas y los capitales como ciudadanos “del mundo” para evitar “lo extranjero”.

En lo concreto, el proyecto Pinedo identifica a las personas jurídicas cuyos destinatarios finales sean extranjeros, dando vía libre a los argentinos offshore con firmas armadas y registradas en paraísos fiscales. Plantea que “no podrán ser titulares los estados extranjeros o las personas de derecho público extranjeras, ni directa ni indirectamente por medio de cualquier institución, organización o persona jurídica, en ninguna proporción”, lo que tendría que dejar fuera al emir de Qatar.

 

 

Se mantienen las mil hectáreas como superficie máxima a comprar por parte de extranjeros en la zona núcleo, o la superficie equivalente en el resto del país. Pero la decisión de esa equivalencia quedaría en manos de la autoridad de aplicación de la ley, por lo que sería el mismo Ejecutivo el que decidiría esa unidad. De todos modos, cualquiera sea la superficie máxima, el valor estratégico de algunos puntos del territorio está dato por contener nacientes de agua dulce sin contaminar, o ser el hábitat de especies de flora o fauna endémica de valor para la industria farmacéutica, por citar casos concretos en disputa.

Además indica que esa superficie máxima equivalente será determinada por la Autoridad de Aplicación teniendo en consideración “la localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, departamento y provincia que integren”, lo que hace muy vulnerable a la Patagonia con amplias superficies con escasa población. También considerará “la capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación”, criterio productivista que deja fuera otros valores ecológicos y geoestratégicos, como el control real de nacientes de agua y formaciones glaciarias, acceso a espejos de agua y costas marítimas y terrestres; los servicios medioambientales de suelos con bosques nativos intactos, el servicio medioambiental de la fijación del dióxido de carbono, entre otros.

El tope máximo también podría superarse si el criterio discrecional de la eventual autoridad de aplicación interpretara que ese extranjero tiene “antecedentes relevantes y ha desarrollado la misma actividad previamente con resultados positivos”, antesala de la legitimación estatal de la presencia de Lewis y de la belga BURCO, ambos en Río Negro, por citar dos casos con causas judiciales abiertas por varias operaciones de compra-venta profusamente documentadas.

 

La humorada del subsidio

La autoridad de aplicación del gobierno de Cambiemos tendrá en cuenta que el extranjero interesado “no perciba subsidios, incentivos o beneficios fiscales o monetarios por parte de un estado extranjero con incidencia sobre las actividades  a desarrollar en el predio”, humorada del redactor del texto ya que en el caso de Lewis es el propio estado argentino el que le subsidia la central hidroeléctrica en Lago Escondido vía el plan Renovar y el estado rionegrino vía la quita de impuestos.

Por otra parte, abre de pueblo argentino en par la puerta a compras para proyectos “a lo Douglas Tompkins” ya que valorarían positivamente “que el proyecto que se presente resulte favorable para la protección del medio ambiente y la biodiversidad”.

Y, finalmente, incorpora por la trastienda una extensión de derechos del suelo al agua. “Las transmisiones de dominio o la adquisición de derechos que impliquen el uso y/o goce sobre inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes a favor de personas físicas o jurídicas extranjeras, deberán contar con la previa autorización de la Autoridad de Aplicación y del Comité Hídrico Federal (COHIFE).  Todo adquirente, nacional o extranjero, de inmueble que contenga o sea ribereño de cuerpos de agua de envergadura y permanente deberá presentar al COHIFE un plan de uso y explotación del inmueble”, plantea textualmente el proyecto.

De aprobarse en estos términos, legitimaría las apropiaciones de hecho de los cursos del río Chubut en las provincias de Río Negro y Chubut (Burco en las nacientes, Mindlin inmediatamente después, Benetton más al sur); de los ríos Foyel y Villegas (Burco, Lewis, Mindlin); del río Pichi Leufu (Burco en las nacientes en el cerro Carreras y la reina holandesa Máxima Zorreguieta en la desembocadura sobre el Limay), por citar intereses localizados en el radio político territorial más próximo al elegido por el oficialismo para demonizar la demanda del pueblo mapuche-tehuelche.

 

 

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