La resurrección del mercado interno

El ministro Hernán Lacunza anunció el 28 de agosto que en forma unilateral se modificarían las condiciones de los pagos de los títulos públicos que vencen en el año (Decreto 596/2019), de los que solamente se abonaría el 15% del valor a la fecha original de cancelación y el 85% restante se refinanciaría. (25% a los 90 días y 60% a los 180 días de la fecha de vencimiento.) Dijo también que en relación a los títulos de deuda de mediano y largo plazo, para los que tienen jurisdicción nacional, se enviaría al Congreso un proyecto de ley para el “reperfilamiento” de los vencimientos en forma similar a los títulos bajo ley extranjera. Y que la Secretaría de Finanzas se contactaría con bancos internacionales para recibir propuestas de diagramación y ejecución de un “reperfilamiento” de los títulos públicos regidos por jurisdicciones externas, que vencen en los próximos diez años.

Por otra parte, sabemos que existe un registro de acreedores de títulos públicos argentinos en pesos y en dólares que, a mediados del año pasado, sumaban un total equivalente a 28.000 millones de dólares. De este total, la aseguradora suiza-francesa Allianz SE (Pimco) administraba unos 6.400 millones; el Fondo Franklin Templeton poseía títulos públicos argentinos por el equivalente a 6.200 millones; el fondo BlackRock por unos 3.700 millones de la moneda norteamericana; Goldman Sachs por unos 2.200 millones y la Financiera Lazard [1] unos 1.500 millones. Tras las PASO, lo único que quieren hacer, merced a la liquidez internacional y el aumento de la paridad del dólar, es desprenderse de ellos al precio que les paguen [2].

Entonces, ¿por qué se supone que esos acreedores van a aceptar voluntariamente renegociar las condiciones de dichos títulos con los que ya han perdido mucha plata? Sólo lo harían para mejorar notablemente su rendimiento y ello va en contra del Artículo 65 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control de Gestión del Sector Público Nacional. Los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales deben mejorar, no para el acreedor sino para el Estado Nacional que, de otro modo, no tendrá autorización para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados, mediante su consolidación, conversión o renegociación.

Esos grandes fondos poseen también acciones y obligaciones negociables de empresas argentinas y hacen lo mismo: cuando consiguen a quien vendérselas, realizan la operación a un precio muy menor al que la compraron.

Esto explica el derrape de las empresas locales que operan en mercados internacionales, principalmente las beneficiadas por el gobierno de Cambiemos, los bancos y las empresas energéticas [3]:

De manera tal que, en tres semanas y media después de las PASO, el descenso del precio de las acciones del Grupo Galicia (Escasany, Braun, Ayerza) fue del 75%, con lo que el grupo pasó de valer casi 4.300 millones de dólares antes de las elecciones, a sólo 1.310 millones el 5 de septiembre. En igual lapso, el descenso en la cotización de las acciones en el Banco Supervielle fue del 70,1% y del Banco Macro,71,4%.

Siempre en ese período, mayores fueron las pérdidas registradas en las empresas energéticas. Las acciones de Edenor se derrumbaron en un 79,8%, Pampa Energía, 61,6% y Central Puerto, 70,8%. Los precios de las acciones de YPF cayeron en aproximadamente un 75% desde las PASO. Su valor está en mínimos históricos, a 8,13 dólares en la bolsa de Nueva York, menos de la mitad de su valor de diciembre de 2015 y menos que los 10,5 dólares que valía en el año 2001.

Paralelamente el BCRA desde el 9 de agosto al 3 de septiembre de 2019 tuvo un descenso de sus reservas internacionales por 14.141 millones de dólares, para pasar a ser la misma de 52.149 millones de esa moneda en la última fecha nombrada. Y los depósitos en dólares captados por las entidades financieras locales en dicho período descendieron en 7.596 millones [4].

Paralelamente, las LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) pagaron tras las PASO tasas que superaron el 85% anual. Por las medidas tomadas por el BCRA, las entidades financieras no pueden realizar operaciones de contado contra liqui (que es la venta de títulos y acciones en el exterior y se realiza a un tipo de cambio mayor para fugar capitales), les obligan a que solo el 4% de su RPC (responsabilidad Patrimonial Computable) sea en divisas y no les dejan remitir sus utilidades al exterior, pero siguen ganando fortunas con la diferencia entre las tasas que les pagan a sus ahorristas (tasa de interés pasiva) y la que le cobran al BCRA por las LELIQs, en un claro beneficio para que impulsen a los ahorristas a quedarse en el sistema.

 

El presente inmediato

A lo relatado debemos sumar que el gobierno nacional con fecha 28 de agosto de 2019 declaró desierta la licitación de Letras del Tesoro (LETES) y no se sabe qué va a suceder con las licitaciones programadas para los días 10, 24, y 30 de septiembre de 2019.

A su vez, pese a que los exportadores son conminados perentoriamente a liquidar sus operaciones por el Decreto 609/2019 del 1° de septiembre de 2019, observamos sus dificultades de implementación dado que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan, según ellos, el 41% de las exportaciones argentinas, declararon el lunes 2 de septiembre de 2019 (un día después de la publicación del DNU) haber vendido y liquidado al exterior desde enero 2019 por 15.238,6 millones de dólares. Por lo tanto no tienen mucho apuro en vender los 25 millones de toneladas granos en silos, en primer lugar porque dependen de las compras de afuera y, después, porque esperan que el valor de la divisa siga subiendo, con lo que en el último cuatrimestre del año no sería importante el ingreso de divisas por liquidación de exportaciones y, de realizarse, ingresarán en 2020.

Con respecto a la reprogramación y postergación de los pagos del DNU 596/2019, por más que sea aplicado el mecanismo de reconocer solo el 15% del pago en los vencimientos de títulos de corto plazo, habría que ver como juegan después los reclamos judiciales y el pago de los contratos CDS (Credit Default Swaps), que, siempre al 28 de agosto de 2019, alcanzaban los 3.517,7 millones de dólares y ello también impactará en 2020.

A su vez el gobierno no modificó la estructura de derechos de exportación (retenciones) de septiembre de 2018. Por ende, sigue siendo de $ 4 por dólar exportado en granos y de $ 3 en industria, lo que implica menores ingresos al fisco y encarecimiento de los alimentos a la población por la fuerte depreciación de nuestra moneda.

En el ROFEX (Mercado de futuro de ventas de granos de Rosario-Santa Fe), el precio del dólar estuvo a $ 67,7020 el jueves 5 de septiembre de 2019, cuando ese día cerró el tipo de cambio vendedor en $ 58,21. Por ende, la depreciación esperada es del 65% anual, que es la tasa que se paga para los depósitos Badlar (por encima de un millón de pesos). Pese a que ese tipo de cambio futuro está influido por las ventas a esa fecha del BCRA, nos indica que la tasas pasivas de interés no pueden descender si no desciende el precio futuro del dólar, porque de otro modo se pasarían en bandada a la divisa norteamericana. Entonces la crisis cambiaria se convertiría también en bancaria y con ello el gobierno de Cambiemos no llegaría al 10 de diciembre de 2019.

Ese más que precario e inestable equilibrio es como cerró la primera semana de septiembre, en una economía que no accede a los mercados de créditos internacionales (y que no sabe a ciencia cierta si el FMI le otorgará y cuando el tramo de 5.421 millones de dólares de septiembre 2019), que destruyó su aparato productivo, que cerró empresas y expulsó trabajadores, que no ajusta las remuneraciones ni siquiera en parte de la depreciación, que no genera inversiones y que enfrenta un perfil de vencimientos de deuda imposible de pagar.

 

 

El futuro inmediato

La depreciación de nuestra moneda tiene un impacto desastroso para los asalariados, jubilados y pensionados y para los que producen y venden para el mercado interno. El castigo a la población para que acepte trabajar por bajas remuneraciones y en condiciones de pérdida de derechos es un arma de doble filo. Una, porque debe fomentarse y apuntalarse permanentemente la red de contención de los comedores barriales y escolares, que nunca es digno. Otra, porque la paciencia algún día se acaba. Además, como lo ha demostrado la Argentina tantas veces, el cercenamiento del mercado interno arrastra al descenso sin piso del PIB.

Pero aún así, si el conflicto social no estallase ahora, sería una bomba de tiempo y una pesada herencia para el gobierno que viene, que debe dar respuesta inmediata y consistente y, a la par, restablecer el funcionamiento de la actividad económica.

Todo ello condicionado por las acreencias del FMI y de los grandes bancos y fondos de inversión tenedores de títulos de deuda, que tratarán de salir de los mismos de la mejor forma posible mediante un canje por nuevos bonos que los beneficien.

San Mateo era cobrador de impuestos al pueblo de Jerusalén y Jesús lo convirtió en uno de sus apóstoles. Redactó su Evangelio en torno a los discursos del Nazareno, que en uno de ellos dice: “Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero”. Y esa es la verdadera grieta.

 

 

 

[1] Dicha financiera tenía el mandato de venta de IECSA, la constructora presidida por el primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra y que se vendiera al grupo liderado por Marcelo Mindlin por fuera de la sociedad Pampa Energía.

[2] Un ejemplo claro es el bono de 100 años (Código AC17D) por 2.750 millones de dólares. Cotizaba al jueves 5 de septiembre de 2019 a 38 dólares la lámina de 100.

[3] Entre los sectores ganadores del “macrismo” están los bancos y las empresas ligadas a la energía con precios “regulados” a su favor por el Estado.

[4] Al 9 de agosto los depósitos en dólares totalizaban 32.578 millones y al día 5 de septiembre de 2019 eran 24.982 millones.

 

 

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