La reserva
La ONU pide datos a Macri sobre el parque en Campo de Mayo, pero no hay precisiones sobre el proyecto
La reserva natural que el presidente Mauricio Macri quiere crear en la guarnición de Campo de Mayo, donde funcionaron cuatro centros clandestinos al menos, generó una alarma en Naciones Unidas, que reclamó información al Gobierno y le pidió que garantice las investigaciones y preserve el lugar.
Del parque que Macri anunció en la apertura de sesiones del 1° de marzo de 2018 poco se sabe. Y poco obtuvieron los organismos de Naciones Unidas que le pidieron información al Estado Nacional.
El 16 de noviembre del año pasado, Macri, Marcos Peña y Oscar Aguad decretaron que el predio de Campo de Mayo quedaría bajo un régimen especial de manejo y conservación del ambiente. Según el anexo del decreto, Campo de Mayo quedaba dividido en tres grandes áreas: la Reserva Ambiental de la Defensa de Campo de Mayo, las áreas de uso militar intensivo y un área con actividades no especificadas.
Además del área militar, hay sectores de Campo de Mayo que están bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado –que depende de Peña—, y otros que fueron cedidos al CEAMSE para el tratamiento de residuos. También desde fines de 2016 funciona en la ex Cárcel de Encausados la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, destinada únicamente a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad.
Una de las bondades que le vieron a Campo de Mayo en el Ministerio de Justicia a la hora de reabrir la cárcel fue que estaba el Hospital Militar dentro del predio, donde se podría dar atención médica rápida a una población de edad avanzada como la que conforman los represores de la última dictadura. Organismos de derechos humanos vienen, desde hace tiempo, reclamando que se cierre el hospital que funcionó como lugar de detención y maternidad clandestina.
Un día antes de que se publicara el decreto de Macri, Abuelas de Plaza de Mayo, junto a HIJOS y un grupo de organismos de derechos humanos de la zona, víctimas y querellantes, hicieron una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabián Salvioli.
“Quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger el derecho de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en particular el derecho a conocer la verdad sobre la evolución y resultados de las investigaciones en curso de dichos crímenes y la suerte de las personas desaparecidas y o ejecutadas extrajudicialmente, así como el derecho a obtener garantías de no repetición tales como la preservación de los sitios de memoria histórica sobre el terrorismo de Estado”, escribieron Salvioli y Bernard Duhaime, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Preguntas y respuestas
El 16 de abril Naciones Unidas le pidió precisiones al Estado nacional sobre qué medidas pensaba tomar para preservar los lugares que pudieran ser prueba en los 17 juicios pendientes y qué medidas iba a tomar para garantizar que no se afectaran los lugares donde podrían haber sido enterradas las víctimas. También le preguntaba sobre la participación de la sociedad civil en el armado del proyecto de la reserva.
La Misión Permanente de la República Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra remitió la información el 14 de junio. Curiosamente, la notificación aparece fechada en 2009. Error de tipeo y de chequeo.
Desde el 23 de marzo de 2006, rige una medida cautelar sobre Campo de Mayo para no alterar prueba. Además, en tanto ex centro clandestino, está protegido desde 2011 por la ley 26.691 – conocida como la Ley de Sitios. La Secretaría de Derechos Humanos es la autoridad de aplicación de esa normativa, por lo tanto es la que debe dar respuestas sobre el espacio.
¿Yo, señor? No, señor
El decreto de Macri pone al Ministerio de Defensa como la autoridad de aplicación para la creación de la reserva. Como supuestamente se trata de la creación de un área natural, debe colaborar con la cartera de Aguad la Administración de Parques Nacionales. Aunque el vicepresidente de esa área, Emiliano Ezcurra Estrada, contestó que no le habían solicitado asistencia y que, por ende, no tenía información para aportar del proyecto.
La desinformación del área y de la secretaría de Ambiente –a cargo de Sergio Bergman– contrasta con las versiones periodísticas que el año pasado indicaban que el área ya trabajaba en un borrador con el proyecto para la reserva. Incluso Alejandra Dandan publicó en este medio el guión que manejaban funcionarios para explicar la importancia de la iniciativa.
Mariano Fridman, director del Programa Verdad y Justicia, contestó el 13 de junio que el decreto de Macri no puede acarrear riesgos. “El decreto mencionado no hace más que aumentar su grado de resguardo”.
¿Entonces?
Lo que no aparece en ningún lado de las respuestas de las distintas áreas estatales es cuál es el proyecto, qué plazos tiene y qué interés suscita. Uno de los agujeros negros es que la reserva es sólo un tercio en el que el proyecto divide a Campo de Mayo. La otra parte quedará para lo que se estiman serán proyectos inmobiliarios y la ampliación del CEAMSE. En esas áreas, no rige una medida que impida destruir las pruebas.
Ni a un lado ni al otro de la traza que impone el decreto de Macri en Campo de Mayo hay medidas contra la invisibilización de los crímenes que allí se cometieron.
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