LA REPÚBLICA Y LA CALLE

 

En el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones del corriente año, se destaca un momento crucial al referirse al Poder Judicial: “En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, Internet y la televisión por cable o satelital. A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir, no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”. También dijo que la oposición cambiemita había resistido una reforma judicial para evitar cambios que involucraran a jueces amigos, sobre todo en el fuero federal y en lo que se conoce vulgarmente como la justicia de “Comodoro PRO”. Esta posición confrontativa con la Corte Suprema, la corporación judicial y sus aliados en Juntos por el Cambio, denota un reconocimiento de la imperiosa necesidad de transformaciones judiciales para combatir el crecimiento de los poderes fácticos, particularmente el económico, y de ese modo recobrar la fuerza de la política. El señalamiento del comportamiento judicial y de sus aliados de la oposición resultan asumidos como un límite a las voluntades transformadoras del poder político.

La correcta y abierta crítica de Alberto Fernández respecto de las conductas y complicidades institucionales con el poder económico merece un debate respecto de la dinámica y sujetos de la vida política. Si el ámbito de ésta última se restringe al funcionamiento republicano, la capacidad transformadora se revelará impotente. El grado de concentración de la economía ha diseminado lógicas corporativas en otros ámbitos de la vida institucional y social. Los monopolios de los medios de comunicación también impregnan e intervienen en la construcción de hegemonía para garantizar el continuismo del estado de cosas. Los sectores de la economía concentrada logran sus objetivos de reducir los grados de autonomía de la política, que avasallan en forma permanente. Resulta imprescindible entonces no asumir la correlación de fuerzas como un insumo inmutable, proveniente de las mayorías y minorías parlamentarias, ni de las amenazas del poder económico concentrado respecto a la desestabilización económica.

 

 

 

FMI: imposiciones e injerencias

En el tema del “entendimiento” con el FMI, el discurso del Presidente y del Ministro de Economía tiene un espíritu diferente al que usan para abordar el problema judicial. Respecto al Fondo, se afirma que se logró el mejor acuerdo al que se podía arribar. Pero  esa apreciación —que siempre es subjetiva— no resulta acompañada por lo que se debería expresar: la Argentina tenía objetivos que no logró alcanzar en la negociación. Una parte sustancial del Frente de Todos cuya expresión más institucional fue su bloque de senadores, expidió dos cartas en las que se pronunciaba por una extensión de plazos del acuerdo por lo menos hasta 20 años. Respecto de la tasa de interés, el Ministro de Economía sostuvo una larga negociación para eliminar los sobrecargos sobre una deuda que el FMI se esmeró en generar, asociado con el gobierno de Macri. En este punto, el  organismo multilateral no sólo no los eliminó, sino que tampoco los mitigó y, en cuanto a los plazos, el “entendimiento” desconoce los necesarios para que la deuda sea afrontable,  más irrazonables si se considera que el objetivo del gobierno era pagar con una política de crecimiento.

Pese a que el origen de la deuda con el FMI fue el apoyo a un gobierno al que se le admitió su utilización para la fuga de capitales –destino expresamente prohibido por el dispositivo normativo del Fondo—, éste es caracterizado discursivamente como “acreedor poderoso” o como “el mundo”. Pero el FMI es otra cosa; una contraparte de carácter imperial, enemigo de los gobiernos y experiencias nacional-populares, que no atendió los vicios de origen al momento de renegociar la deuda impagable y que se negó a atender los pedidos de mayores plazos y reducción de intereses. Por fuera de la consideración de si el “entendimiento” es el “mejor alcanzable”, resulta necesaria una expresión clara y contundente respecto al carácter del organismo. Como así también a su rol intrusivo en las políticas internas de los países deudores. No es un buen camino decir que no se aceptaron condicionamientos externos. El FMI impuso condiciones. Las impuso en las decenas de préstamos que Argentina tomó del organismo, y las impone siempre en todos los préstamos que ha otorgado a todos los países que acudieron a él. Este mensaje al pueblo no es sólo un deber, es una necesidad.

Si el destino de la deuda con el Fondo fue la fuga, ¿por qué el Fondo estableció como centro de la discusión  del refinanciamiento, la cuestión de la consolidación fiscal, que no es el problema central de la Argentina? Sí lo es la permanente formación de activos externos por parte de los sectores concentrados. Ahí debería fijarse el núcleo de las preocupaciones y no en la cuestión fiscal. Tener un déficit primario del 3% no es un desmadre de la economía ni la causa, ni siquiera una de las causas, de la inflación. Y aun si se aborda el tema del déficit, el centro no debe ponerse en las tarifas sino en una reforma tributaria progresiva que acreciente los ingresos fiscales. En este sentido, el impuesto a las grandes fortunas de modo permanente mientras dure el acuerdo, podría contribuir con un 0,5% anual sobre el PBI, asimismo, un impuesto a la herencia podría acercarse al 1%, o sea que hay margen para una mejora fiscal por el lado tributario.

Pero las necesidades de dólares transforman también las prioridades del gobierno. Esas necesidades son provocadas por la negativa del FMI a una reestructuración de largo plazo. Así, por ejemplo, el proyecto de ley promovido desde el consejo agroindustrial prevé una medida ofertista de estímulo a las exportaciones que incluye eximición de retenciones para los incrementos de las mismas. Quedarían de este modo amparadas por el beneficio, exportaciones de bienes en los cuales Argentina es tomador de precios y cantidades. En lugar de esto, si se retomara el camino de legislar un régimen de derechos de exportación móviles, el país podría agregar otro rubro sustantivo para mejorar sus ingresos fiscales, a la vez de provocar un desacople de precios internos y externos, que sería un fuerte golpe a la inflación.

Pero respecto de la regresividad o progresividad de las medidas anti-déficit aparecen factores internos, conglomerados económicos locales y extranjeros que actúan en el mercado local, que se oponen al camino de reordenar las cargas a favor de la recuperación de los ingresos populares. Se reitera la presencia del poder fáctico como límite a la independencia y la autoridad de la política democrática.

El Ministro de Economía siempre se refirió a una reestructuración de la deuda, objetivo que no fue alcanzado porque el FMI tampoco accedió a conceder en esta cuestión, en su lugar otorgó una refinanciación con desembolsos trimestrales calzados con los vencimientos, cada uno de los cuales quedaría sujeto a las múltiples revisiones periódicas que el programa prevé. Estas últimas disposiciones del “entendimiento” son una injerencia manifiesta del Fondo en la vida Argentina y una espada de Damocles que en cualquier momento puede caer ante el menor incumplimiento en las metas cuantitativas que fija el acuerdo.

Esto para los primeros dos años y medio. Con la refinanciación la deuda quedaría para ser pagada entre 2026 y 2034. El programa no menciona ni reforma previsional ni reforma laboral, lo que es un mérito de lo alcanzado. Pero aunque no diga ajuste, la lógica de consolidación fiscal lleva a eso. Si bien la segmentación tarifaria en los servicios es un camino correcto, los objetivos fiscales no podrían ser alcanzables con los ajustes tarifarios previstos. Y la adopción de una devaluación que nunca esté por debajo de la inflación conduce a una aceleración de ésta, porque la causa de más impacto en disparar el crecimiento de precios es la suba del tipo de cambio. Los salarios deberían crecer aún más para que el programa de redistribución de ingresos del Frente de Todos se cumpla. Puede asegurarse que el FMI no persigue este objetivo sino todo lo contrario.

En realidad, el fin principal del organismo nunca fue cobrar los préstamos acordados, sino direccionar hacia el neoliberalismo la vida política y económica de los países donde intervino. Aquí lo hizo para apoyar a Macri y evitar el triunfo de una fuerza transformadora.

 

 

Organización y movilización popular

La cuestión judicial y la negociación con el FMI constituyen dos aspectos medulares que muestran la necesidad de un cambio de rumbo de la modalidad de acción política del Frente de Todos en el gobierno. En el primer caso, se demuestra cómo se debe hacer un discurso de cara a la sociedad. El segundo no tiene esa virtud. Pero ambos ponen en evidencia que el carácter del poder concentrado no permite que con el simple funcionamiento de las instituciones de la República vayan a lograrse las transformaciones que permitan acabar con el régimen neoliberal. Resulta imprescindible la organización y la movilización popular. Tener confianza en su potencia. Establecer una lógica confrontativa y no consensualista con quienes tienen el poder económico y la hegemonía en el manejo de los medios, factores que debilitan sensiblemente la vida ciudadana.

Bajo estas premisas debe ser retomada la puja con el FMI, la corporación judicial y la Corte Suprema.

 

 

 

 

 

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