La región en alerta por Brasil
La injustificable prisión de Lula encendió alarmas en el mundo entero
Más de 60 organizaciones sociales y de Derechos Humanos de toda América, entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS advirtieron que la detención de Lula en cumplimiento de una condena que no está firme ante la justicia de Brasil “abre cuestionamientos sobre el futuro de las democracias y el Estado de derecho en la región, con consecuencias graves para los derechos humanos”. La declaración que también firman organizaciones globales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); nacionales de Estados Unidos (School of the Americas Watch) más Venezuela (PROVEA), México (Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos) y Chile (Humanas), entre otras, afirma que los procesos judiciales en los que se condenó a Lula son “cuestionables tanto en relación a sus bases jurídicas como a sus procedimientos, mientras él es el candidato líder en las encuestas para las elecciones de 2018”.
Este es el texto y la lista de firmantes:
El resultado de la decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de negarle al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva un hábeas corpus contra su prisión, en cumplimiento de una sentencia penal condenatoria no firme, abre cuestionamientos sobre el futuro de las democracias y el Estado de derecho en la región, con consecuencias graves para los derechos humanos. La prisión de Lula fue solicitada en el marco de procesos judiciales cuestionables tanto en relación a sus bases jurídicas como a sus procedimientos, mientras él es el candidato líder en las encuestas para las elecciones de 2018. Si bien los avances en la investigación y sanción de la corrupción son claves para el funcionamiento de las instituciones democráticas, la llamada Operación Lava Jato presenta indicios de incumplimiento de las garantías de imparcialidad y del debido proceso, así como del derecho de defensa y la presunción de inocencia de los imputados. Las obligaciones del Estado de investigar hechos de corrupción con consecuencias, también, para la vigencia de los derechos humanos pierden legitimidad si la acción de la justicia se torna selectiva con el fin de interferir en los procesos democráticos y conculcar los derechos políticos de un sector de la población.
Elementos centrales del derecho internacional de los derechos humanos fueron sesgados o no fueron tenidos en cuenta por la mayoría de los jueces del tribunal, lo que pone en cuestión la obligación de la Suprema Corte de justicia de mantener su rol de garante de la democracia y los derechos fundamentales en medio a la crisis institucional de Brasil.
Esta decisión está inserta en un contexto de golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y del espacio creciente de las fuerzas armadas en la seguridad pública y en la conducción de los asuntos políticos internos del país.
El general Eduardo Villas Bôas difundió mensajes preocupantes la noche anterior a la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre el ex presidente Lula. El comandante afirmó que repudia la impunidad y que “el ejército se mantiene atento a sus misiones institucionales”. Los militares comandan una intervención federal en Río de Janeiro desde febrero, cuando las más altas autoridades militares reclamaron “garantías para actuar sin el riesgo de que surja una nueva comisión de la verdad”. Además, lideran operaciones policiales conocidas como “Garantía de la Ley y la Orden”. En este contexto de fragilidad de las instituciones democráticas, en marzo fue asesinada la concejal y defensora de derechos humanos Marielle Franco y las caravanas de la campaña a la presidencia de Lula sufrieron ataques que incluyeron disparos con armas letales.
Ante lo que representan estos hechos en términos de controles democráticos, separación de los poderes, imparcialidad y libertades civiles y políticas en el país, en el contexto de la prisión del ex presidente, hacemos un llamado urgente para que los países de la región en los espacios intergubernamentales correspondientes, como la CELAC, la UNASUR, el MERCOSUR y la OEA, en especial, en el ámbito de la Cumbre de las Américas, que se realizará el próximo 13 y 14 de abril, así como las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se posicionen sobre la gravedad de la situación en Brasil.
Organizaciones regionales
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Colectivo Migraciones para las Américas
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, PIDHDD (Coordinación Regional Subrogante)
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Realizing Sexual and Reproductive Justice (RESURJ)
Red latinoamericana y caribeña de organizaciones que luchan por los derechos de niñas niños y adolescentes (@REDLAMYC)
RESAMA – Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais
Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina y el Caribe
Argentina
Abuelas de Plaza de Mayo
Akahata Equipo de Sexualidades y Géneros
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Coletivo Passarinho
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM – Argentina)
Colectivo para la Diversidad (Copadi)
Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF)
Frente Patria Migrante
Red de Migrantes y Refugiadxs
Brasil
Articulação Justiça e Direitos Humanos – JusDh
Associação Brasileira de Reforma Agrária
Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR)
Associação Paranaense da Parada da Diversidade – APPAD (Brasil)
Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social (CENDHEC)
Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza
Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos
Coletivo Margarida Alves
Comissão Pastoral da Terra (CPT)
Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM-Brasil)
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil
Dom da Terra Afro LGBTI (Brasil)
Grupo Tortura Nunca Mais – Bahia
Justiça Global
Instituto DH
Instituto de Estudos Socioeconomicos – INESC
Movimento Nacional de Direitos Humanos
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca Brasil
Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares – Renap
Sociedade Maranhense de Direitos Humanos
Terra de Direitos
Canadá
Coletivo Brasil – Montreal
Chile
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas
Colombia
Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR)
Costa Rica
Dni Internacional Costa Rica
Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Estados Unidos
Alianza Américas
SOA Watch
Honduras
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
México
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
FM4 Paso Libre
FUNDAR. Centro de Análisis e Investigación
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A. C
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM)
Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)
Paraguay
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)
Perú
Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH)
Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS
República Dominicana
Fundación Étnica Integral (LA FEI)
Venezuela
Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea)
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