La realidad efectiva

 

Pasado el 8 de mayo la negociación para reestructurar la deuda externa continúa a paso firme. El principio de sostenibilidad es el pilar. El gobierno asumió esa premisa como un vector hacia el futuro. Sin embargo,  los operadores locales del poder económico financiero presionan para esmerilar la posición argentina y forzar al país a invertir el orden de prioridades. Primero hay que preservar el frente social frente a la pandemia. Lo más urgente: cuidar a los más vulnerables, garantizar ingresos mínimos para las familias, financiar parte de la masa salarial y sostener las fábricas. El gobierno trabaja fuerte en esta línea. Segundo, sentar bases para la recuperación económica a través de un proyecto que ponga en el centro de la escena al Estado como promotor del desarrollo económico. Luego, todo lo demás.

No es un capricho. A nadie escapa que la crisis de Covid se acumula a la crisis económica y social que venía de arrastre y en la que sólo han ganado los bancos, las energéticas y el agro. Tres sectores estratégicos en materia de interés público. A esta altura de los acontecimientos, nadie puede hacerse el distraído: quienes manejan el crédito, la provisión de energía y la comida se llevan la mayor tajada del excedente. Esa es la realidad efectiva del país. La reciente aparición del informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, elaborado por el BCRA refleja en números esta situación, que no hace más que restarle densidad al proyecto nacional. El informe muestra que, entre enero del 2016 y abril de 2018, el país fue el principal colocador de bonos soberanos en mercados internacionales, seguido de cerca por Arabia Saudita e Indonesia. Que, durante esos años, la cuenta corriente como porcentaje del PBI arrojó valores negativos de -2,7 para 2016, -4,9 para 2017 y -5,11 para 2018. Que la especulación financiera y la fuga de capitales registró dos etapas bien definidas. La primera, desde finales de 2015 hasta principios de 2018, se caracterizó por el ingreso de capitales especulativos, mientras que la segunda iniciada en los primeros meses de aquel año y hasta octubre de 2019 (restablecimiento del control de capitales), se caracterizó por la salida abrupta de divisas. Durante esa segunda etapa, el financiamiento especulativo estuvo atado directamente al préstamo del FMI. Así durante todo el ciclo la fuga de capitales alcanzó los 86,1 mil millones de dólares.

La verdad es incontrastable. Mucho más a poco de verificar que el 1% de personas humanas demandaron 16.200 millones en concepto de formación de activos externos. Por otro lado, el 1% de las empresas (853 firmas), se llevaron cerca de 41.124 millones de dólares. La historia se repite.

 

 

Un vínculo pernicioso

A pesar del repunte de los índices bursátiles en Wall Street (SP&500 llegó a caer un 51% entre febrero y marzo de 2020), el terreno económico global es cada vez más crítico, como lo demuestran todos los informes de organismos internacionales, gobiernos y consultoras. A raíz de la pandemia, el 95% de las firmas listadas en el S&P500 sufrieron pérdidas significativas de valor, que en el agregado promedio total del índice rozaron los 9 billones de dólares (trillions). Un estudio publicado en www.nakedcapitalism.com revela que sólo el 46% de las firmas listadas en aquel índice incluyeron modelos de estimación de riesgos ligados con catástrofes naturales o crisis en materia de salud. El resto de las firmas desatendieron la ocurrencia de este tipo de riesgos, a pesar de los antecedentes virales SARS H1N1, Ebola y Zika. En su justa escala, todos provocaron consecuencias sobre la economía, profundizando las condiciones de desigualdad, especialmente las que recaen sobre raza y género (PNUD, Cruz Roja y Media Luna Roja estiman que entre 2015-2017, el virus Zika generó costos totales del orden de los 18.056 millones de dólares en América Latina y el Caribe).

La emergencia del virus corona, sus efectos devastadores sobre vidas humanas, las crisis sanitarias y sus consecuencias económicas, están demostrando que el modelo de creación de valor para el accionista basado en el vínculo entre CFO´s (Chief Financial Officer) y operaciones de alto rendimiento especulativo, no genera ningún beneficio social. Por el contrario, la presión del mercado financiero global por mantener el status quo, dar vuelta la página y retomar la euforia especulativa, no es un hecho novedoso.

Desde la gran crisis de 2008 venimos discutiendo sobre el crecimiento desproporcionado del modelo de inversión basado en la administración de carteras y la desregulación de la intermediación financiera. Estos procesos conllevan serios riesgos para la estabilidad financiera global y no contribuyen al restablecimiento de vínculos genuinos entre finanzas y producción. El crecimiento del shadow banking, la proliferación de portafolios de alto rendimiento, el desarrollo de ETF´s (External Traded Funds) y otros instrumentos de especulación, han derivado en un enorme poder paraestatal con capacidad de condicionar la soberanía de los países y definir las reglas del juego más favorables a libre movilidad de los flujos de capital. Financial Times informa que BlackRock, Vanguard, Pimco y Fidelitiy, forman parte del 1% de actores que controlan el 61% del total del segmento de fondos de inversión a nivel global. Sin embargo, estos grandes jugadores operan en una malla de interconexión compleja con los principales bancos de inversión. Juntos conforman la economía al servicio del 1%. Esa economía se alimenta de la autorregulación, que no es más que la privatización de una función esencial del Estado en las relaciones económicas. El mercado de capitales local refleja lo mismo, pero en chiquitito.

 

 

El mercado paralelo

Mientras el gobierno lidia con estos poderosos intereses a nivel global, en el frente interno los adláteres orgánicos de las finanzas, guiados por una ética de la avaricia, instigan la cotización de las divisas alternativas: dólar MEP, dólar CCL y dólar delictivo. Las tres variantes marcaron fuertes subas durante las últimas semanas. La dinámica de estos tres mercados presenta particularidades.  El dólar MEP y CCL derivan su precio del valor implícito entre la compra de un activo negociable con cotización en moneda nacional y otro en moneda extranjera que puede liquidarse localmente o en el exterior. La primera variante se denomina MEP y opera a plazo standard (48 horas), mientras que la segunda se hace contra cuenta en el exterior y recién a partir del quinto día de concertada la operación. La cuenta de liquidación en el exterior puede ser del tenedor final del título o de un broker dealer que facilita la operación del que quiere fugar divisas.

El dinero que salió del país impacta localmente por tres vías:

1. genera presión sobre el tipo de cambio oficial,
2. compromete obligaciones futuras ligadas con el flujo de fondos del título,
3. en la mayoría de los casos la operación suele estar calzada contra otra de sentido inverso: el mismo broker dealer que liquidó las divisas fuera del país, opera en la repatriación de una cantidad similar de dinero que ingresa por el circuito clandestino del dólar. Este último flujo va directo al paralelo financiando así la oferta de dólar ilegal.

Los corredores de cambio local, junto a otros especímenes como los asesores de inversión, conforman parte de la trama. La diferencia de precios del CCL respecto del MEP refleja el sobrecargo por la apertura y administración de cuentas en el exterior. Todo opera por el borde que divide la clandestinidad de la legalidad.

Las sociedades de bolsa junto con fondos de inversión local tienen deberes de cumplimiento específico frente a la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central y la AFIP y no puede oponer el secreto frente a requerimientos que realicen estos organismos. La previsión del artículo 60 de la Ley de Financiamiento Productivo, establece claramente que el secreto sobre el nombre de los beneficiarios de la operación no es oponible a los reguladores. Quienes retaceen o denieguen esa información, se encuentran en infracción. ¿Por qué los agentes del mercado no brindan esa información frente a un pedido concreto? La razón es simple: podría ser que los subcomitentes, es decir los tenedores finales de la operación, hayan utilizado identidades falsas (existen algunas investigaciones por lavado de dinero vinculadas con esta modalidad), u operado mediante empresas del exterior o mediante sociedades anónimas simplificadas (SAS), que son un instrumento que —por la poca exigencia de documentación contable— permite operar sin mayor grado de conocimiento acerca del cliente. El control sobre el conocimiento del cliente también se aplica a las bolsas y mercados, no están exentos como creen algunos jugadores.

El precio del dólar ilegal, mal llamado blue, no responde a ningún patrón de mercado lícito. Su valor refleja costos operativos y riesgos asociados al mundo criminal. Desde los riesgos propios del traslado del dinero físico en automóviles o motocicletas, pasando por el embute de numerarios en vehículos, el pago de comisiones a quienes cuidan estacionamientos para que no delaten a las mulas, el recargo ante posibles atentados a la vida, sumado a los enjuagues de otra naturaleza ligados con las aristas que hacen a la neutralización policial o la persecución penal. A estos lugares, ocultos en comercios que hacen de fachada, no sólo concurren pequeños ahorristas que compran o venden según necesidad o empresas que operan sin facturación, sino fundamentalmente lavadores de dinero que trabajan para enjuagar el producido ilícito del narcotráfico, la trata, el contrabando, el tráfico ilegal de migrantes y otros delitos organizados de alto poder lucrativo, que tienen lugar en el país y el resto del mundo. Esta relación está más que probada en infinidad de causas criminales que tramitan en el fuero penal nacional y provincial. Allí está el corazón de la trama de la criminalidad organizada que en esencia opera bajo formas de racionalidad empresarial basadas también en la generación de rendimientos positivos. Su naturaleza está emparentada con los bancos, guste o no a sus directivos.

En medio de la pandemia, con calles casi desiertas, con comercios cerrados, sin movilidad abundante de transporte, la brecha entre el ilegal y el oficial alcanzó niveles del 100% en una clara muestra que detrás de este precio hay una finalidad que escapa a pautas de competitividad o razón de alguna índole económica. El precio del blue está sobredimensionado para causar inestabilidad en medio de la negociación de la deuda y de paso presionar para que el gobierno rompa la cuarentena. Los operadores del mercado blue son un puñado pequeño, pero con capacidad de articular flujos ilícitos de fondos. Son actores nocivos para la economía. Las otras cotizaciones, de un nivel un poco inferior, podrían reflejar cierto grado de incertidumbre propio de la negociación, que debiera calmarse si se logra algún tipo de acuerdo con los bonistas.

Lo cierto es que los tres universos del dólar paralelo operan conjuntamente generando dificultades para una correcta administración de las reservas del BCRA.

Si la finalidad del proceso de reestructuración está conectada con la recuperación de un nivel adecuado de reservas, hay que recuperar en toda su potencialidad la legislación cambiaria en material penal y también regulatoria. Estos dos aspectos están íntimamente vinculados, porque no hay política cambiaria posible sin una correcta coordinación con pautas de política criminal orientadas a fortalecer la función de intervención del Estado en la economía. De ello depende la solidez del proceso de reconstrucción de la soberanía monetaria; no de un shock de confianza (para eso tuvimos al anterior gobierno que liberó tasas y regulaciones prudenciales conduciendo al país al marasmo de la deuda). Las transferencias de capital deben quedar bajo regulación

 

 

Rediseñar la actividad financiera

Esto último es tan importante como evitar el reiterado nivel de abusos de los bancos, que una vez más demostraron que lo que mejor saben hacer es aprovecharse de los más necesitados. El débito contra el IFE que varias entidades de la plaza realizaron durante la semana y que mereciera un buen comunicado de BCRA, demuestra el grado de ineficiencia de un sector que opera con elevados costos y sin voluntad real de intermediar entre la oferta y la demanda de crédito. Se suma a las marcadas resistencias a otorgar crédito a tasa del 24% a pesar de la garantía estatal mediante el FOGAR.

La etapa que estamos enfrentando nos plantea enormes desafíos, porque la normalidad de antes ya no volverá a ser la misma. Es momento de repensar una nueva manera de organizar y definir las reglas básicas de actuación de todes como parte de un entramado social local, regional y global. Tenemos un país con hondos índices de desigualdad, problemas recurrentes de balance de pagos, crisis de deuda, niveles de inflación elevados, mercados fuertemente concentrados y un tejido industrial deshecho.

Desde la sanción de la Ley de Entidades Financieras en adelante (dictadura cívico militar mediante), el sistema bancario ha contribuido a profundizar cada uno de estos problemas. Durante los años de la dictadura, mediante la bicicleta financiera, la especulación con seguros de cambio, las operaciones ilegales de autopréstamo, la participación en colocaciones de deuda externa, el impacto sobre la desigualdad ha sido brutal. Esas prácticas ilícitas, continuadas durante los años de transición democrática, terminaron en el vaciamiento emblemático de entidades. El siempre recordado Centro de Asuntos y Estudios Penales del BCRA (CAEP), dirigido por el querido David Tute Baigún, llegó a presentar en aquel tiempo unas 60 querellas contra bancos. La historia oficial sabe que Tute fue expulsado del banco por decisión de Javier González Fraga, Presidente del Banco Central durante el menemismo, y el mismo que benefició al grupo Vicentín con préstamos concedidos en violación a normas sobre límite crédito del Banco Nación.

Durante los años '90 la banca continuó con este tipo de operaciones ilícitas mediante el enjuague de activos a través de mesas de dinero clandestinas conectadas con sucursales offshore de los principales bancos. El BCRA mantuvo una pasividad asombrosa frente a escándalos financieros de magnitud, como fueron por ejemplo las operaciones del Banco República, del Mercurio y las de los hermanos Rhom, quienes facilitaban la fuga de divisas a través de casas de representación ubicadas en Montevideo.

El fin de aquellos años dejó a los bancos con un descalce cambiario fenomenal ni bien terminó el régimen de convertibilidad. En la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, los bancos impulsaron su recuperación y, poco a poco, fueron retomando el vicio de la especulación contra el dólar, las operaciones de inversión clandestinas, al igual que la reaparición de maniobras de sobrefacturación de importaciones y de subfacturación de exportaciones. Ya durante el gobierno de Cristina, las corridas cambiarias tuvieron una dinámica política muy consistente, fueron la reacción a cada una de las acciones de política pública que el gobierno adoptaba. La especulación en el mercado paralelo tomó cada vez más impulso, pero se pudo controlar parcialmente cuando la regulación del Banco Central acotó el margen de spread y a la par desarrolló una mesa de coordinación efectiva entre todos los organismos de supervisión más la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal (PROCELAC). La supervisión y control son clave.

Desconocer estos episodios en los que los bancos y las casas de cambios son protagonistas, es igual a eludir una parte central del drama nacional. Sencillamente, la regulación de todo el sistema financiero necesita ser rediseñada. Es necesario encarar las bases de una profunda reforma que permita direccionar el crédito hacia los sectores económicos definidos estratégicamente en aras de un proyecto de soberanía nacional plena. La Carta orgánica, mediante política de encajes y tasas diferenciales permite avanzar en este sentido, pero aún así se requieren de mayores instrumentos y mecanismos de coordinación con el tesoro y de seguimiento del crédito asignado. La interfaz de coordinación es sustancial en ese sentido porque permite actuar de manera más precisa en la asignación del crédito según el orden de prioridades. Hoy los principales bancos centrales del mundo están trabajando en ese sentido, como demuestra el caso del Banco de Inglaterra que tiene experiencia antiquísima en la materia.

La cuestión del seguimiento del crédito nos plantea un enorme desafío adicional a través de la experiencia de bancos de cercanía, bancos de tasa reducida y otras experiencias similares que además permiten recuperar una vieja idea no por eso menos buena, como es la posibilidad de que cada banco tome parte en el proyecto de inversión de cada empresa. Este modelo es ideal para el entramado pyme. Pero además el seguimiento del crédito posee otra dimensión relativa a cuidar que los empresarios no desvíen el crédito hacia otros fines distintos que los pactados. Por eso es esencial inscribir la actividad como un servicio público, lo que permite establecer reglas jurídicas con cumplimiento prioritario sobre la dimensión privada de la actividad.

La historia del país es rica en episodios de defraudación societaria de esta índole, de modo que el trabajo sobre una reconfiguración del modelo de superintendencia es de especial importancia. Este actor que hoy integra el directorio del BCRA tiene que cumplir funciones ligadas al control efectivo sobre el impulso crediticio (tanto del desembolso a tiempo, como del uso apropiado del mismo por parte del tomador), además de otras funciones, tanto o más importantes, como el cuidado de los sistemas informáticos de bancos, la prevención del fraude bancario a través de ciberataques, el control de la actividad de intermediación clandestina y los nexos con la operatoria cambiaria ilícita y la evaluación de la idoneidad y solvencia de los banqueros que operan en plaza. Las plataformas fintech y la banca digital extreman estas exigencias y además nos obligan a defender el rol de les trabajadores del sector frente a la presión de los dueños de bancos de reemplazarlos por máquinas. Los asuntos de liquidez requieren toda una discusión aparte porque las reglas de Basilea rigen de igual manera para el grande y para el chico, generando exigencias diferenciales y concentración de la actividad.

La defensa del usuario financiero exige también pensar en el diseño de una agencia propia dedicada a monitorear, investigar y neutralizar las conductas abusivas que la práctica bancaria trae de arrastre. Hay una infinidad de ejemplos, desde la aplicación de tasas diferentes a las pactadas, la captura del consentimiento por medio de trámites burocráticos en los que se esconden operaciones activas que no son informadas debidamente al cliente, la aplicación de cargos y comisiones sin base jurídica, la aplicación de tasas de refinanciamiento por encima de lo permitido y ahora el descuento de ingresos de emergencia, lo que replica un problema estructural que también tiene lugar mediante la extracción del salario total mediante el uso de códigos de descuento

Todo esto requiere de un debate serio sobre el perfil de servicio público, los grados de separación entre las categorías de actividad bancaria, el modelo de política monetaria, las relaciones con el tesoro, la delimitación institucional de la famosa “independencia” del BCRA, el control de la actividad más adecuado frente a los problemas que supone el desarrollo tecnológico, los vínculos con el mercado de capitales, la prohibición de operar con guaridas fiscales, la promoción de finanzas respetuosas de políticas de derechos humanos, la inclusión de la perspectiva de género (en la que el regulador dio un paso clave esta semana) y la exposición al riesgo climático y las reglas que pueden trazarse en aras de impulsar esta agenda que es igual de necesaria y urgente que el resto de los temas.

 

 

 

 

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