LA RAZA FUERTE NO HACE MEA CULPA

 

El momento para un mea culpa de Ford no podría ser más adecuado. La Cámara de Casación acaba de confirmar las condenas a dos ex directivos de la automotriz por los secuestros y torturas de trabajadores de la empresa durante la dictadura militar. Es la primera vez que el máximo tribunal penal del país falla contra empresarios responsables de delitos de lesa humanidad. En paralelo, el Ejecutivo está a punto de firmar un acuerdo de reparación a víctimas de Ford ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluye hacer gestiones frente a la empresa para invitarla a reconocer sus crímenes. Ya hubo sondeos oficiales y ahora la pelota está del lado de Ford, que hasta hoy sólo habló del tema una vez, en 2007, cuando negó sus culpas.

La multinacional tiene la chance de convertirse en un caso pionero en la región de autocrítica empresarial por violaciones a los derechos humanos. Casi no existen antecedentes de asunción de delitos de este tipo en América Latina: apenas Volkswagen en Brasil, que en 2020 firmó un acuerdo de indemnización a ex trabajadores víctimas de la dictadura que habían demandado civilmente a la empresa por su complicidad con las fuerzas represivas. Pero los alcances de la solución brasileña fueron tan limitados que incluso se utilizó el término “supuestas víctimas”.

Lo que se le pide a Ford en la Argentina es que adopte medidas explícitas de reconocimiento. Además de ofrecer un mensaje público, que permita la señalización de un sitio de memoria dentro de la planta de General Pacheco, en cuyo “quincho” funcionó un centro clandestino para que el Ejército interrogara a trabajadores y delegados gremiales de la empresa.

El pedido de un mea culpa por parte de Ford es un reclamo histórico de las víctimas, que fue plasmado durante el juicio oral contra el ex gerente de Manufactura, Pedro Müller, el ex jefe de Seguridad de la planta, Héctor Sibilla, y el ex jefe del Comando de Institutos Militares del Ejército, Santiago Riveros. Al condenar a los ex directivos de Ford, en 2018, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín no exhortó a la empresa a un reconocimiento público de los delitos, como habían solicitado las querellas, pero encomendó a la Secretaría de Derechos Humanos la tarea de iniciar gestiones ante Ford para conseguirlo.

Luego de la sentencia del TOF-1, los abogados de la empresa evaluaron que ese fallo no era suficiente como para quebrar el silencio. Que aún faltaba la definición en Casación. Ford se mantuvo en esa postura durante los últimos dos años y medio, aun cuando hubo cierta receptividad de su gerencia ante los sondeos oficiales. Ahora, con las condenas ya confirmadas por Casación, la pregunta es si la empresa estará dispuesta a un cambio de enfoque. Consultados por El Cohete a la Luna, los voceros de Ford no hicieron comentarios.

 

 

Un marco para asumir culpas

Si el fallo de Casación agota las excusas jurídicas de la empresa para no pronunciarse, el avance del caso ante la CIDH puede ofrecerle un marco propicio para hacerlo. Después de casi tres décadas de idas y vueltas, la CIDH emitió en marzo pasado un informe reservado en el que exhortó a la Argentina a que repare los daños sufridos por Pedro Troiani, ex delegado gremial de Ford y uno de los 24 trabajadores secuestrados y torturados con la complicidad de la empresa, quien había demandado al Estado argentino en 1992 por no haberle garantizado Justicia.

La CIDH cuestionó que la Justicia argentina hubiera considerado prescrito un pedido de indemnización de Troiani a Ford. Troiani era delegado de sección en la planta de Pacheco cuando fue secuestrado por el Ejército en abril de 1976. Durante aquellos días, todos los delegados de la planta corrieron la misma suerte. Troiani pasó varias semanas detenido ilegalmente en Tigre hasta que lo blanquearon y lo trasladaron a Devoto. Al igual que sus compañeros, fue despedido de Ford por “abandono de tareas” mientras estaba cautivo.

El Ejército tenía las puertas abiertas en la empresa. Durante el juicio se demostró que los directivos de Ford entregaron a las fuerzas represivas un listado de trabajadores para detener, facilitaron legajos personales, fotografías y camionetas para los traslados, permitieron detenciones dentro de la fábrica, en horario laboral y frente a compañeros y directivos, e incluso habilitaron el montaje de un centro clandestino de detención.

Las recomendaciones de la CIDH fueron recogidas por la Secretaría de Derechos Humanos, que abrió un diálogo con Troiani para llegar a un acuerdo que contuviera medidas de reparación integral por las violaciones a los derechos humanos implicadas en el caso. Troiani falleció en agosto pasado, sin haber llegado a enterarse del fallo de Casación, pero el proceso para el acuerdo ante la CIDH sigue adelante entre el Estado y su familia. El gobierno recibió esta semana los últimos ajustes solicitados por la Comisión y el texto final está pronto a firmarse.

El principio de acuerdo incluye varias líneas de reparación, como la reposición ya hecha de la señalización de sitio de memoria de Ford en la planta de Pacheco. Por ahora el cartel está del lado de afuera del predio y se colocó sin participación de la empresa. Entre otras medidas, el área de legales de la Secretaría de Derechos Humanos también se compromete a acompañar un eventual planteo judicial de la familia de Troiani para que se reabra la causa por su indemnización, en busca de que Ford también pague en el plano económico. Se prevé, además, alentar a la empresa a que asuma su responsabilidad en los delitos cometidos. Sumado al fallo de Casación, el acuerdo ante la CIDH deja todo servido para que Ford diga lo que tiene que decir.

 

 

El (casi) mutismo de Ford

La única vez que Ford Motor Company se pronunció sobre su actuación durante la dictadura argentina fue en 2007, en un comunicado en inglés probablemente redactado en sus cuarteles internacionales, en el que dijo que “las actividades realizadas por las fuerzas militares durante el tiempo que permanecieron dentro del predio de la empresa fueron absolutamente independientes y ajenas a los procedimientos y políticas de Ford”.

Luego nunca más un comunicado, lo que significa que la negación de culpas perdura como postura oficial de la multinacional hasta hoy, aun después del juicio a sus ex directivos. No parece una cuestión de solidaridad corporativa con el octogenario Müller y el nonagenario Sibilla sino más bien un cálculo político empresarial en torno a lo que significa romper con un paradigma: en la Argentina y en la región, las patronales aún no hablan de sus pasados pesados (tal como pudo constatarse esta semana en la casi inexistente cobertura mediática sobre el fallo de Casación).

¿Se animará Ford? ¿Sus directivos actuales, algunos de ellos jóvenes, leerán que un nuevo enfoque de derechos humanos puede ser una buena idea en un país donde existe un amplio consenso social acerca de los años de la dictadura? ¿O serán conservadores y se aferrarán otra vez a berretines jurídicos, como el voto en minoría del juez Guillermo Yacobucci a favor de Müller en la Sala II de Casación, o los recursos que ahora presentarán las defensas ante la Corte Suprema?

“Esta es una buena ocasión para que la empresa Ford de hoy dé un paso y empiece de forma institucional a contribuir con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, opina el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en referencia al fallo de Casación, que salió con los votos de mayoría de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques en el caso de Müller y por unanimidad en el caso de Sibilla. “Un fallo histórico”, coinciden todos los consultados y consultadas.

 

Un camino posible

“Lo que consagra el fallo de Casación es un criterio de atribución de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad que hasta ahora no teníamos −destaca Victoria Basualdo, investigadora del CONICET y FLACSO y coordinadora de la Unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos−. No es una receta automática para aplicar en otras causas, porque cada caso tiene sus múltiples especificidades, pero la causa Ford abre un camino y muestra que hay instrumentos para juzgar estas responsabilidades. Que lo que antes decían que era imposible, no lo es. Y lo está diciendo un sector conservador del Poder Judicial”.

Según Basualdo, el fallo de Casación articula tres niveles de análisis sobre los que se construyó la causa Ford. “Primero, la responsabilidad individual de los imputados. Segundo, la trama inmediata de relaciones de poder en que se insertaban esos individuos: así como las víctimas lo fueron en calidad de trabajadores y activistas gremiales de Ford, los victimarios lo fueron en calidad de personal jerárquico de la empresa, y el objetivo de la acción represiva fue el desmantelamiento de las estructuras de poder sindical y la capacidad de organización de los trabajadores. Tercero, el contexto amplio de la dictadura, con un lugar importante en la sentencia, que sitúa a Ford en tramas más vastas y explica el porqué de la alianza militar-empresarial”.

Sobre este último punto, el voto del juez Slokar −que lideró el acuerdo− consideró que “entre los propósitos básicos del golpe de Estado se procuró dinamitar el proceso de industrialización nacional, para lo que se trató de reprimir y hasta aniquilar a dirigentes para el indispensable disciplinamiento del movimiento obrero, de modo de reestructurar las bases de un relativo estado de bienestar en el país, con consecuencias persistentes que se proyectaron en posteriores crisis reeditadas, desde la afirmación de políticas que exaltaron al capital financiero bajo el denominador común de endeudamiento y fuga de capitales”.

En un contexto de crisis del sector automotriz y fuerte movilización gremial de los trabajadores de la planta de Pacheco durante 1975 y 1976, Ford actuó en coordinación con las fuerzas armadas para perseguir a sus empleados, y sus directivos hicieron aportes decisivos “a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”. Esos aportes incluyeron desde la puesta a disposición del “quincho” para montar un centro clandestino hasta la entrega de listas negras de trabajadores y el suministro a las fuerzas represivas de autos Ford Falcon sin patentes ni documentos.

Los actuales directivos de Ford ya tienen en su poder el fallo de Casación que sus abogados decían estar esperando. Tal vez sea el empujón que necesitaban para romper por fin el silencio.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí