LA QUE CABA SE LLEVÓ

 

Escena 1. Es el 18 de enero de 2016. Macri acaba de firmar el Decreto 194/16 para aumentar la participación de la Ciudad de Buenos Aires en el Régimen de Coparticipación. El incremento es del 168 por ciento al pasar del 1,4 al 3,75 por ciento de alícuota. Dos semanas después, Rogelio Frigerio invita a les gobernadores a una reunión en Casada Rosada. En cada una de las jurisdicciones ya se percibe la arbitrariedad en la distribución de recursos: los de CABA crecen mucho más que el resto. Quienes asisten a ese encuentro esperan alguna respuesta, aclaración o rectificación. Pero el ex funcionario quiere hablarles del voto electrónico.

“Pero ustedes están equivocados, faltan dos años para las elecciones. Acá tenemos que discutir por qué empezaron a discriminar a las provincias”. El recuerdo es evocado por uno de los asistentes, cuatro años después, en diálogo con El Cohete. Eran tiempos donde la mayoría de los y las mandatarias provinciales avalaban silenciosos las decisiones de Macri.

Escena 2. Es el 10 de enero de 2019. Alberto Fernández sale del Centro Cultural Kirchner tras una capacitación de la Ley Micaela y al llegar a la Rosada mantiene una breve rueda de prensa con periodistas acreditados. Allí adelanta que le reclamará a la Ciudad los fondos que había recibido de más, “para poner en orden las cuestas del Estado nacional”.

Después de ese día transcurrieron al menos cinco reuniones de alto nivel político entre los funcionarios porteños y nacionales. La última ocurrió en el Ministerio del Interior, antes del inicio de las medidas de aislamiento social en el contexto de la pandemia.

“Ellos quieren que se les financie todo el sistema de seguridad, no sólo el traspaso de 2016. En el expediente que dio origen al decreto de ese año no explican cómo llegaban a ese 3,75 por ciento (que tras el Pacto Fiscal redujeron al 3,5%). No había ningún análisis económico que justificara tamaña transferencia de recursos, que nosotros empezamos a analizar y denunciar cuando éramos oposición. Y en las discusiones que llevamos adelante en estos meses nunca presentaron una contrapropuesta. Luego todos entramos en modo Covid”, sostuvo Silvina Batakis, secretaria de Provincias de la cartera de Interior, tras un diálogo con El Cohete.

La arbitrariedad de Cambiemos fue tal que en 2016 los Recursos de Origen Nacional (RON) crecieron para la CABA un 252 por ciento y para el resto de las jurisdicciones sólo un 32 por ciento. Entre 2015 y 2019, los RON para la Ciudad más rica del país aumentaron un 971 por ciento y para el resto un 331 por ciento. Los pocos gobernadores y gobernadoras que se quejaban de la discriminación fiscal cambiemita tenían razón.

 

 

Doble movida

La jugada del gobierno nacional fue doble. Primero redujo la coparticipación de la CABA del 3,5 por ciento al 2,32, a través del Decreto 235/2020, hasta tanto el Congreso de la Nación apruebe definitivamente el convenio de traspaso de las funciones de seguridad. Luego envió al Senado el proyecto en cuestión que restablece el coeficiente de coparticipación en 1,4 por ciento de la torta a distribuir junto a una transferencia específica del Tesoro nacional para cubrir los servicios de seguridad. “Es una medida que busca equidad y legalidad”, enfatizaron a este periodista desde Jefatura de Gabinete.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta presentó el viernes por la mañana su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para anular el decreto de Alerto Fernández, escrito al que tuvieron que sumarle las referencias al proyecto de ley.

Se sabe que en el camino del Poder Judicial todo puede ocurrir, pero el propio derrotero de la inclusión de la CABA al Régimen de Coparticipación avala la utilización de decretos simples para su modificación. Y el proyecto de ley refuerza la estrategia del PEN.

La iniciativa comenzará a ser analizada por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto a partir de mañana con la presencia de funcionarios de Interior. La senadora María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) cursó una nota al jefe del interbloque Cambiemos, Luis Petcoff Naidenoff, para que sumen expositores al debate.

Con la discusión en el Congreso, no será ilógico que las provincias reclamen que esos dos puntos de coparticipación que volverán al Tesoro Nacional goteen al conjunto de las jurisdicciones y no sólo a la provincia de Buenos Aires.

 

 

Los números no mienten

La Ley 23.548 (Régimen Transitorio de Distribución entre Nación y provincias) establece en su artículo 8 que el Estado nacional entregará a la Ciudad una participación de la coparticipación federal. El 26 de marzo de 2003, a través del decreto 705, se estableció el coeficiente del 1,40 por ciento que rigió hasta la llegada de Macri a la Casa Rosada.

En el apuro por consolidar los recursos para el distrito que lo había catapultado a la presidencia, el ex mandatario le triplicó el coeficiente de la coparticipación con la excusa del traspaso de las “funciones de seguridad en todas las materias no federales” pero con un detalle: en el decreto 194 se habían olvidado de mencionar que ese excedente era para financiar el traspaso; por eso tuvieron que publicar otro decreto, el 399/2016 del 24 de febrero, para aclarar lo que habían omitido un mes antes.

Incluso Frigerio reconoció en un programa de TN que en el apuro se les había traspapelado justificar para qué se usaría ese dinero de más. “La Ciudad no va a recibir un peso de más de lo que necesite para cubrir el traspaso de la Policía”, aclaraba el ex funcionario. Pero el excedente fue millonario.

“La incidencia presupuestaria de los coeficientes adoptados en los Decretos 194/16 y 257/18 no condice con las necesidades reales para cumplir con las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales que asumió la CABA; redundando en una desigualdad aún mayor respecto de las provincias y privando al Estado nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales existentes y cuya implementación deviene urgente e imperativa”, puede leerse en el proyecto de Ley que ingresó al Senado el pasado 16 de septiembre.

Para afrontar la discusión con la administración de Larreta, el Ministerio de Interior calculó que con un incremento del coeficiente de copartipación del 0,92 por ciento hubiera alcanzado para cubrir los servicios de seguridad. Por ende, si se le adicionaba la alícuota vigente hasta 2016 (1,4 %) el porcentaje que le correspondía era del 2,32 por ciento y no del 3,75 por ciento.

El cálculo fue el siguiente: los gastos netos de la Ciudad para cubrir la transferencia de los servicios de seguridad (2016–2019) fueron de 39.525 millones de pesos; el incremento de los RON fue de 125.794 millones. Por ende, el regalo de Macri a Larreta fue de 86.269 millones de pesos.

Para evitar nuevas arbitrariedades –sostienen desde Nación– se apuesta a que la coparticipación de CABA quede en el 1,4 por ciento y se establezca en el Presupuesto nacional una partida específica para financiar ese traspaso, estimada en 24.500 millones de pesos. Es lo que deberá discutir el Congreso, algo que Macri no se animó a hacer.

 

 

Antifederalismo M

En los albores de la gestión cambiemita, las críticas a la distribución de recursos no abundaban. Pero para 2018 la situación ya era otra: provincias endeudadas en dólares y el FMI que reclamaba un nuevo Pacto Fiscal. Para convencer (o empujar) a las provincias a firmar ese acuerdo, la administración de Macri les había garantizado que reduciría las transferencias de recursos hacia la CABA y que mantendría el Fondo Federal Solidario, constituido con el 30 por ciento de lo recaudado por las retenciones a las exportaciones de soja. La baja de las transferencias a la Ciudad fue exigua (de 3,75 a 3,5 por ciento) y luego eliminó de cuajo el FFS. Así funcionó el federalismo cambiemita.

Entre 2016 y 2019 es verdad que aumentó la masa de recursos de transferencia directa hacia las provincias y CABA, en parte porque se había eliminado la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables destinados a la ANSES. Pero no menos cierto es que hubo solamente dos jurisdicciones beneficiadas de manera extraordinaria.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal publicó un trabajo en donde detalló que del incremento total de la masa coparticipable entre 2016 y 2018, un total de 96.700 millones de pesos más que en 2015, el 73 por ciento fue para CABA y Provincia de Buenos Aires.

Quizás lo más federal que tuvo Cambiemos fue el endeudamiento: el stock de deudas públicas provinciales creció a razón del 150 por ciento promedio anual, según analizó la administración de Alberto Fernández en el mensaje del proyecto del Presupuesto 2021. De estos desequilibrios hablaba el Presidente cuando le adelantó a Larreta que recuperaría los millones que Macri le había regalado. La pandemia solo retrasó el cuándo.

 

 

Presupuesto post pandemia

La Alianza Cambiemos se jactó de su (supuesto) federalismo. “Muchos hablan desde la retórica pero pocos desde los hechos”, afirmaba Rogelio Frigerio en 2019. Casi una confesión de parte. El poco recordado Plan Belgrano –que sólo favoreció algunos negocios sojeros en el norte del país– fue casi una cáscara vacía y el Plan Patagonia “no fue más que una conferencia de prensa y una planilla de Excel”, como resumió a este periodista la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner (Agencia Cadena del Sur, 29.07.2019).

Durante la campaña electoral del año pasado, Fernández buscó mostrar su impronta federal para confrontar con Cambiemos. El Presupuesto 2021 intenta dar cuenta de ese espíritu. “No existen ni existirán provincias viables y provincias inviables para esta Administración. La reducción de las grandes desigualdades hacia dentro del territorio argentino ocupará un lugar preponderante dentro de la agenda de desarrollo económico nacional, siendo fundamental la primacía de la solidaridad de las regiones más ricas de la Argentina para con las más postergadas”, puede leerse en el mensaje enviado el pasado 15 de septiembre.

Si la administración Macri empujó a las provincias a tomar deuda en dólares (por más de 12.000 millones) y recortó la inversión pública que intentó reemplazar con los contratos de Participación Pública Privada, la ley de leyes prevé un cambio de lógica.

Entre 2015 y 2019, la inversión pública registró una caída del 61 por ciento en términos reales, es decir una contracción de 1,6 puntos porcentuales del PBI. La mitad de esta reducción se explicó por los recortes en “Energía, Combustibles y Minería”, mientras que la otra mitad fue por caídas en “Vivienda y Urbanismo” y “Agua Potable y Alcantarillado”.

Para empezar a revertir este cuadro, el gobierno apuesta a llevar a la inversión pública del 1,1 por ciento el PBI (2019) al 2,2 por ciento, es decir una inversión estimada en 835.000 millones de pesos. En 2015, la inversión pública era del 2,7 por ciento del PBI.

 

 

 

“La infraestructura volverá a ser un motor de la economía, la generación de empleo y la competitividad de las empresas argentinas con un criterio inclusivo y federal”, indicaron desde Economía.

Por otro lado, Nación prevé una transferencia a provincias y municipios en gastos de capital (inversión) cercana a los 3.008 millones de pesos.

El rol de la cartera de Interior fue clave para sostener a las provincias en el contexto de la pandemia a partir de la distribución de ATN (60.000 millones de pesos) y los préstamos a tasa subsidiada a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional (otros 60.000 millones).

Del paquete de ATN en el contexto de la pandemia ya fueron distribuidos 40.000 millones de pesos entre todas las provincias; los 20.000 restantes para este año se distribuirán en función de las necesidades económicas específicas de cada jurisdicción, según señaló Batakis a El Cohete. Hasta ahora se habían transferido según coeficiente de coparticipación y la urgencia sanitaria. Para 2021, se prevé una erogación de ATN por 24.270 millones de pesos.

 

 

Ampliar la torta

La cuestión del federalismo excede la manera (la buena fe) de distribuir los recursos desde la Administración central con un criterio equitativo. Dejando de lado la posibilidad de avanzar en una nueva ley de coparticipación como marcó la reforma de la Constitución Nacional de 1994, existen dos ejes rectores que podrían guiar al Gobierno federal según señaló Roberto Álvarez, director de Asuntos Fiscales del sindicato que nuclea a les trabajadores de la AFIP: por un lado preguntarse cuánto debe invertir el Estado nacional en términos del desarrollo de cada jurisdicción, y por otro ampliar la torta a distribuir.

“Hay que ir por un sistema tributario que grave más los impuestos progresivos, avanzar más sobre las actividades de nicho como la minería o la agropecuaria, donde la rentabilidad está basada en los recursos naturales. El instrumento puede ser Ganancias o Bienes Personales”, agregó Álvarez.

¿Y por qué no considerar también el Aporte Solidario de las mayores fortunas del país como un tributo permanente?

En 2020, los ingresos por el Impuesto a las Ganancias representaron el 5 por ciento del PBI, mientras que IVA fue del 6,76 por ciento; y Bienes Personales apenas un 0,56 por ciento.

En el mensaje del Presupuesto 2021 se especifica que el gobierno nacional “se encuentra trabajando intensivamente en una armonización de la estructura tributaria argentina de manera tal de consolidar una distribución del ingreso más progresiva y en alinear los incentivos que el sistema tributario emite al sector privado con foco en la producción nacional, las exportaciones y la generación de empleo digno”. ¿Una reforma tributaria con el sello Fernández–Guzmán?

 

 

 

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