La puta ama

 

Quince años atrás, allá por el 2004, la organización y reivindicaciones alrededor del trabajo sexual no tenían el nivel de visibilidad y aceptación que tienen hoy en el movimiento de mujeres, disidencias sexuales y feministas. Y estos movimientos tampoco gozaban del reconocimiento con el que cuentan hoy.

En ese entonces en nuestro país existía ya la organización sindical de trabajadoras sexuales Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina). En Rosario era un sindicato fuerte y su secretaria general se llamaba Sandra Cabrera. Eran tiempos donde en la provincia de Santa Fe aún existían artículos en el Código de Faltas que habilitaban a prácticas abusivas y al ejercicio de la violencia policial institucional sobre las prostitutas.

Sandra era quien denunciaba los abusos de los uniformados contra sus compañeras, y también de las pocas voces que se animaban a hacer público el involucramiento de la policía provincial —La Santafesina S.A. como le decimos acá— y la Federal con los negocios ilegales de la trata y el narcotráfico. Para inicios del 2004 Sandra ya había recibido varias amenazas de muerte, contra ella y su hijita Macarena. Aun así, le quitaron la custodia que debía proteger su integridad.

El 27 de enero del 2004 a Sandra le dan un tiro certero en la nuca, tan certero como que a Sandra la mató la policía. Iriondo al 600 se convertiría en el escenario final de la crónica de un femicidio anunciado. A metros de su casa, en su territorio de trabajo y militancia. Así buscaron acallar una voz pública fuerte a nivel local. A Sandra la mataron porque era la puta ama.

 

No basta un botón

Unos pocos días antes de su femicidio, la dirigenta sindical había realizado la última denuncia en la Fiscalía, nuevamente contra integrantes del (ahora ex) Departamento de Moralidad de la Policía de Santa Fe. ¿El motivo? Habían detenido a una compañera, Stella Maris Longoni, luego de haberle cobrado 50 pesos como peaje en la zona. En esa última visita a la fiscalía, también había mencionado al ex cabo Sergio Bermejo por seguir cobrándole a las trabajadoras sexuales, a pesar de haber sido corrido de Moralidad. Por eso Bermejo fue uno de los primeros señalados como sospechosos en la causa.

Quienes la conocieron dicen que ese era el recorrido que hacía incesantemente desde fines de los '90 hasta sus últimos días; primero denunciaba en Tribunales y luego denunciaba en los medios de comunicación.

Durante los escasos tres años que la causa por su asesinato tuvo algo de movimiento, sólo hubo un imputado: Diego Parvluczyk, que era subjefe de Drogas Peligrosas. Fue el último vínculo amoroso que se le conoció a Sandra. La policía hizo correr el rumor de que Sandra era su informante con el objetivo de desprestigiarla. Según las compañeras de Sandra, este policía era el principal sospechoso, pero no el único. Porque enemigos en las fuerzas no le faltaban. La primera vez que Parvluczyk fue a declarar por el femicidio, lo hizo acompañado de su jefe, Alberto Lomonte. Seguramente había mucho por controlar y vigilar de ese testimonio proveniente de la Federal.

Las denuncias de la secretaria general de Ammar molestaban y muchísimo. En septiembre del 2003 había logrado descabezar a la cúpula del disuelto Departamento de Moralidad. La Comisaría Séptima, la misma que diez años después desaparece y tira en el río Paraná al joven Franco Casco, era también la principal ejecutora de violencia institucional contra las trabajadoras de la zona de la Terminal. La Federal hacía lo suyo también, a través del Departamento de Drogas Peligrosas.

Los abusos por parte de las fuerzas eran constantes, perseguían y cobraban peajes a las trabajadoras sexuales de la zona de la Terminal. Ellas significaban una competencia para los dueños de las whiskerías, y eso había que pagarlo. Sandra también había denunciado cómo la policía “gestionaba” documentos para adulterar la edad de menores para estos establecimientos. La explotación sexual infantil era visibilizada en la ciudad por el sindicato de las trabajadoras sexuales. Otra de las prácticas que las meretrices señalaban como habituales por parte de las fuerzas policiales era la comercialización de los remanentes de la droga allanada, que la policía obligaba a las meretrices a “ubicar” durante la noche.

Todo este entramado narcocriminal y proxeneta por parte de las fuerzas policiales se profundizó, y así llegamos a la cruda realidad que atraviesan la ciudad y provincia de Santa Fe. La impunidad que reviste la causa sobre el femicidio de Sandra es la muestra de cómo la Justicia y el poder político protegen los intereses de las mafias y corporaciones criminales.

“En todo el expediente las tres palabras que más se repiten son: policías federales, provinciales y droga. Sin embargo no existió una búsqueda que intentara desarticular semejante grado de connivencia entre los sectores que supuestamente deben combatir al delito y que, en realidad, lo practican”, escribe el periodista y —actualmente— diputado provincial, Carlos del Frade, en un artículo con motivo de los 10 años del asesinato de Sandra.

El único imputado que tuvo la causa fue Parvluczyk. Pero fue sobreseído en 2007 cuando tomó la causa otro juez, Alfredo Ivaldi Artacho. Desde ese momento no hubo ni un movimiento más. La causa duerme en algún cajón del viejo Tribunal provincial de la ciudad.

 

Palabra de Puta

Las compañeras de Sandra relataron estas irregularidades cuando declararon en la causa, muchas otras las callaron producto de las presiones y amenazas que sufrieron luego del asesinato de su líder.

A las que se animaron, tampoco se las tomó en cuenta. Operó un fuerte y conveniente prejuicio judicial contra la credibilidad de la palabra de las putas. El primer juez que tuvo la causa fue Carlos Carbone y el fiscal, Ismael Manfrín. Este último declaró hace unos años: “Yo creo que la causa hubiera tenido otro transcurso con más protección”.

Para las trabajadoras sexuales no solo faltó protección, también hubo un desentendimiento de sus testimonios por parte del poder judicial. Para Georgina Orellano, actual secretaria general de Ammar a nivel nacional, “los testimonios de las siete compañeras de Sandra fueron subestimados por el fiscal, cuestionaron su estilo de vida por ser prostitutas. Para nosotras el asesinato de Sandra no sólo implicó demostrar la impunidad en la que conviven ciertos actores estatales y judiciales. Sino que además, fue una forma de aleccionamiento para sus compañeras. Reflejo de esto es la consecuente disolución de Ammar al poco tiempo del asesinato de Sandra y las dificultades con las que nos hemos encontrado año a año para organizar a las compañeras, que tienen miedo y no quieren ser visibles”.

Georgina Orellano no conoció personalmente a Sandra, pero este lunes 28 de enero estará presente en Rosario para las actividades por los quince años del femicidio de la dirigenta. Presentarán la película de Lucrecia Mastrángelo Sexo, dignidad y muerte, junto a Myriam Auyeros, quien fuera parte de Ammar Rosario por aquellos años y compañera cercana a Cabrera.

 

 

Georgina viene a ser parte de un recambio generacional en Ammar, y también en el feminismo popular. Ella cree que en este contexto “un asesinato como el de Sandra sería más acompañado. A diferencia de ese entonces, hoy hay compañeras de Sandra que quieren reactivar la filial porque ven cómo las trabajadoras sexuales se han convertido en un sujeto político que se respeta y que se incluye dentro del feminismo. Que hace posible que muchas trabajadoras sexuales jóvenes, a pesar del estigma, puedan hacerse visibles y hablar de su vida en primera persona”, relata.

A quince años de su femicidio, cuesta imaginar una Justicia que repare luego de tanto silencio. Pero hay un feminismo dispuesto a acompañar a las nuevas generaciones de putas, porque somos parte de un mismo movimiento.

Nuestra venganza es organizarnos y nuestra Justicia una bien distinta a la de los tribunales de cartón. Que quince años no sean en vano, por Sandra y por todas las trabajadoras sexuales que fueron y son víctimas de la violencia estatal.

 

 

 

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